STC4473-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4473-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00277-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 30 de marzo de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cM\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio radicado bajo el n\u00b0 \u201c2019-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre \u00aby en representaci\u00f3n de mi hija \u201cH\u201d\u00bb, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el accionado, al no dar apertura al incidente de incumplimiento al r\u00e9gimen de visitas establecido dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que bajo un marco \u00abviolencia emocional y psicol\u00f3gica hacia m\u00ed como mujer\u00bb, ante las \u00abdiferencias sobre la custodia y cuidado personal de nuestra hija, presentadas por el capricho e imposici\u00f3n del padre, [tras] varias situaciones ante la Comisar\u00eda de Familia de (\u2026), perd\u00ed la custodia y cuidado personal de mi hija por supuesto maltrato\u00bb, adelant\u00f3 proceso ante el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d. <\/p>\n
Que el referido asunto \u00abculmin\u00f3 el pasado 30 de junio de 2021 mediante acuerdo y aprobaci\u00f3n [en el sentido de que la] custodia de la ni\u00f1a continuar\u00e1 siendo ejercida por el progenitor\u00bb, mientras en lo atinente a visitas se estableci\u00f3 que \u00abla progenitora podr\u00e1 visitar a su hija un fin de semana completo cada quince d\u00edas, iniciando desde el jueves a las tres de la tarde y hasta el domingo o lunes festivo si los hubiere, a las seis de la tarde. La madre recoger\u00e1 y dejar\u00e1 a su hija en el lugar donde la ni\u00f1a reside\u00bb, y se realizaron otras precisiones. <\/p>\n
Que \u00abdentro del acuerdo (\u2026), consensuamos que los periodos vacacionales escolares de nuestra hija ser\u00edan distribuidos en partes iguales, sin embargo, el progenitor de mi hija en varias oportunidades ha cumplido con el derecho de visitas (\u2026), abusando de su posici\u00f3n dominante de padre custodio y no entrega a nuestra hija para disfrutar de su derecho, situaciones que se ponen en conocimiento del Juez pero considera que finalmente las visitas de vacaciones se cumplen, aun cuando son e[n] tiempos diferentes a los pactado[s] o en los fines de semana cuando el padre, sencillamente informa no querer entregarla\u00bb, como lo acaecido \u00abel 15 de julio de 2021 [y] 25 de agosto de 2022\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abpresent\u00e9 escritos al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d (\u2026), con fundamento en el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a, especialmente el derecho a tener una familia y no ser separada de ella\u00bb, y \u00abel 13 de septiembre de 2022 (\u2026) radiqu\u00e9 (\u2026) solicitud de apertura de incumplimiento a las visitas acordado, [advirtiendo que] no es mi intenci\u00f3n modificar el r\u00e9gimen sino garantizar el derecho de la ni\u00f1a y m\u00edo en tener v\u00ednculo y relacionamiento materno durante los d\u00edas se\u00f1alados en el acuerdo, pero desafortunadamente el padre incumple por capricho e imposici\u00f3n\u00bb, a lo cual el juzgado \u00abrequiri\u00f3 al se\u00f1or \u201cI\u201d a fin que se pronunciara\u00bb, y \u00abmediante auto de fecha 17 de noviembre de 2022 resolvi\u00f3 no dar apertura al tr\u00e1mite incidental\u00bb. <\/p>\n
Que al desatar el recurso de reposici\u00f3n que interpuso contra la anterior decisi\u00f3n, el juzgado la mantuvo con auto del 23 de febrero de 2023, aduciendo que \u00abse presentaba una inconformidad con el r\u00e9gimen de visitas acordado entre los padres y por lo cual lo que proced\u00eda era realizar nuevamente el proceso de modificaci\u00f3n de visitas, sin tener en cuenta que se hab\u00eda solicitado un incidente de incumplimiento a la luz del art\u00edculo 127 y ss del AC. G. del P. y con sustento en antecedentes jurisprudenciales\u00bb, incurriendo \u00aben un error de apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica y en un defecto procedimental\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al juzgado que \u00abproceda a dejar sin valor y efecto el auto de fecha 23 de febrero de 2023 y, en consecuencia, d\u00e9 apertura del tr\u00e1mite incidental al r\u00e9gimen de visitas, permitiendo el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, para que las partes sean escuchadas, sus pruebas recepcionadas y se emita la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, dijo que frente al \u00abincidente de incumplimiento al r\u00e9gimen de visitas (\u2026), por auto del 23 de febrero de 2023 se indic\u00f3 a la interesada que no es posible imprimirle el tr\u00e1mite a dicha solicitud, en virtud de lo dispuesto por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia STC7020-2019 (\u2026), donde la alta corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que dicho \u201cincidente no est\u00e1 contemplado en la ley\u201d(\u2026), y, en este evento, ciertamente no hay una disposici\u00f3n normativa que autorice tramitar ese conflicto a trav\u00e9s de un incidente, determinaci\u00f3n que fue objeto del recurso de reposici\u00f3n, resuelto negativamente por auto de fecha 23 de febrero de 2023\u00bb, y por ello, \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
2. \u201cI\u201d, se opuso a la prosperidad del amparo en raz\u00f3n a su \u00abimprocedencia\u00bb frente a providencias judiciales, por cuanto \u00abno se explic\u00f3 c\u00f3mo se hab\u00edan cumplido los requisitos generales y especiales de procedibilidad\u00bb, y respecto del \u00abincidente de incumplimiento al r\u00e9gimen de visitas\u00bb, para lo cual cit\u00f3 lo definido por esta Corte en sentencia STC7020-2019, y solicit\u00f3 la \u00abinaplicabilidad del art\u00edculo 311 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb que all\u00ed tambi\u00e9n se indic\u00f3, porque \u00ablo relativo a entrega de personas incapaces [seg\u00fan] la doctrina nacional\u00bb, procede para proteger menores \u00aben situaciones extremas y urgentes en las que se est\u00e1n viendo amenazados o se est\u00e1n vulnerando sus derechos fundamentales, [y ac\u00e1] nada as\u00ed ha ocurrido\u00bb. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda de \u201cX\u201d, pidi\u00f3 se declare a favor de esa entidad, las excepciones que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de la accionante por parte de la Personer\u00eda y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
4. La Comisar\u00eda de Familia (\u2026), refiri\u00f3 lo actuado en ese despacho sobre la regulaci\u00f3n de derechos y obligaciones respecto de la menor base de este asunto. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el resguardo al advertir que, de cara al incidente por desatenci\u00f3n al r\u00e9gimen de visitas, el juzgado incurri\u00f3 en \u00abactuaciones contradictorias y dilatorias\u00bb, las cuales \u00abdeja[n] sin soluci\u00f3n una conflictividad asociada al incumplimiento de la providencia que aprob\u00f3 el acuerdo alcanzado por las partes para regular la custodia y visitas de la ni\u00f1a\u00bb, y desconocen precedentes de esta Corte [STC11867-2016, STC17234-2017, STC6990-2018 y STC8212-2018, STC124-2020], en tanto, \u00abexigir, como lo hace el despacho reprochado adelantar un nuevo proceso de regulaci\u00f3n de visitas ante el incumplimiento del [acuerdo] aprobado en la sentencia, torna inocua su intervenci\u00f3n e in\u00fatil la protecci\u00f3n de los derechos prevalentes de los ni\u00f1os a tener una familia y no ser separados de ella\u00bb. Dej\u00f3 sin efectos los autos proferidos por el accionado el 17 de noviembre de 2022 y el 23 de febrero de 2023, y le orden\u00f3 \u00abiniciar el tr\u00e1mite incidental solicitado por [la ac\u00e1 accionante]\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El disenso contra la anterior resoluci\u00f3n provino del vinculado \u201cI\u201d, para reiterar que mediante sentencia STC7020-2019, esta Sala \u00abrecogi\u00f3 y corrigi\u00f3 su postura anterior (\u2026) que permit\u00eda que se adelantara un \u201cincidente\u201d no regulado por la ley\u00bb. Tambi\u00e9n insisti\u00f3 en que en este caso no era aplicable el precepto 311 del estatuto adjetivo, por no evidenciarse \u00aburgencia\u00bb para la \u00abentrega\u00bb de la menor, y que \u00ablo que proced\u00eda era lo que se estuvo materializando por el juzgado durante algunos meses: requerimientos de cumplimento a ambas partes -emitidos de plano por el juez natural previo traslado- y la adopci\u00f3n de las medidas que el juzgador considere necesarias para salvaguardar los intereses superiores de la menor\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al no haber dado curso al incidente de desacato al r\u00e9gimen de visitas establecido dentro del proceso n\u00b0 \u201c2019-00000\u201d. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia de esta Corte, la acci\u00f3n constitucional dirigida contra decisiones jurisdiccionales, solamente procede cuando los funcionarios incurren en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo. Ello, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez de tutela no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por tanto, aunque los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento legal, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo y, por tanto, se hace indispensable restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: \u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC7763-2022, 22 jun., rad. 00440-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que se extracta de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la concesi\u00f3n del auxilio, comoquiera que el accionado incurri\u00f3 en defectos espec\u00edficos de procedibilidad del amparo que amerita la injerencia del fallador excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se hace necesario recordar que esta Sala ha enfatizado en m\u00faltiples pronunciamientos, que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de dicho juicio, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Lo anterior porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00abLos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991, y posteriormente con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 9\u00ba ibidem, se\u00f1ala que \u00abEn todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y en caso de existir controversia \u00abentre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, recu\u00e9rdese que, para una tutela judicial efectiva, los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia esperan que el derecho declarado sea cierto. Por tal raz\u00f3n, la autoridad al verificar el cumplimento de las \u00f3rdenes por ella misma impartidas, no puede trasladar la incertidumbre y menos las consecuencias desfavorables de la demora en su ejecuci\u00f3n, como carga a los beneficiarios de la prestaci\u00f3n, dado que se trata de personas de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.2. Descendiendo a la funci\u00f3n del juez de cara al fallo que profiere, de vieja data se ha sostenido que esta \u00abno se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2003, exp. 00526-01), porque, en lo posible, debe mantenerse diligente para procurar que la ejecuci\u00f3n de dicha providencia se haga efectiva, brindando con ello, una eficaz respuesta al usuario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En este asunto se evidencia que, para adoptar la decisi\u00f3n confutada, esto es, la de rechazar el diligenciamiento de un incidente dirigido a establecer el incumplimiento del r\u00e9gimen de visitas, el convocado desconoci\u00f3 el constante, reiterado y vigente precedente jurisprudencial emanado de esta Corporaci\u00f3n sobre esa especial situaci\u00f3n familiar. <\/p>\n
En efecto, en trat\u00e1ndose de la reglamentaci\u00f3n de visitas, inicialmente se advierte que, en sede de tutela, aval\u00f3 la orden impartida al juez de conocimiento, para que aplicara los \u00abpoderes correccionales\u00bb a la parte que obstaculizaba el ejercicio del derecho de visitas a su menor hija, se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00absi bien penalmente existen una serie de sanciones, tal y como lo expuso el Juzgado aludido por el ejercicio arbitrario de la patria potestad, lo cierto es que estas penalidades se deben tener como un mecanismo alterno para hacer efectivos los derechos de los infantes, pues lo cierto que a m\u00e1s del mandato de citado en precedencia, la referida codificaci\u00f3n estipula una corresponsabilidad de todas las autoridades en la garant\u00eda de las prorrogativas de los menores, de all\u00ed que era del caso tomar las medidas pertinentes con el acompa\u00f1amiento de todas las entidades involucradas en la protecci\u00f3n de aqu\u00e9llos, para que de una manera integral se cumpla o se modifique el r\u00e9gimen de visitas establecido en pret\u00e9rita oportunidad, siendo necesaria entonces, la apertura de un incidente con el fin de verificar esa puntual tem\u00e1tica\u00bb (CSJ STC11867-2016, 25 ago., 00207-02). Se destaca. <\/p>\n
El criterio anterior se ampli\u00f3 y concret\u00f3 en sentencia STC17234-2017, 20 oct., rad. 00627-01, al se\u00f1alarse, de manera clara y precisa, que el mecanismo jur\u00eddico id\u00f3neo para definir sobre la desatenci\u00f3n al r\u00e9gimen de visitas, correspond\u00eda al tr\u00e1mite incidental, al sostener: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) indudablemente, aunque puedan coexistir otras acciones de \u00edndole sancionatorio2, que no en todos los casos llegan a coaccionar al padre o madre incumplido, si en cuenta se tiene que, por un lado, muchas veces las peculiaridades de la situaci\u00f3n no se logran enmarcar en los presupuestos para su adelanto, impulso o tramitaci\u00f3n3, y por otro, estas mismas circunstancias en algunas ocasiones pueden tornar inoperante la realizaci\u00f3n de las visitas4, lo cierto es que, para la Corte, acudir directamente al juez de familia que las reglament\u00f3, resulta ser el mecanismo m\u00e1s efectivo para hacer respetar o cumplir el r\u00e9gimen impuesto, cuando, claro est\u00e1, no se controvierte \u00e9ste5, en la medida que, como se expuso, dicha autoridad tiene el deber constitucional y legal de proteger, antes que el derecho del progenitor a tener contacto con su hijo, la prerrogativa ius fundamental del menor a tener una familia y no ser separado de ella, en prevalencia de su inter\u00e9s superior, competencia que viene dada por la ley6, la cual debe ser interpretada a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia en la materia y los principios que la orientan. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, la Sala se aparta del raciocinio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-431 de 2016, donde de manera puntual dicha Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que \u00abel mecanismo id\u00f3neo para perseguir el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas (\u2026) es el proceso ejecutivo, el cual puede adelantarse ante el mismo juez para ser tramitado dentro del mismo expediente del proceso verbal en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, en armon\u00eda \u00abcon los art\u00edculos 422, 426 y 433 del C\u00f3digo General del Proceso, que en su orden regulan el t\u00edtulo ejecutivo, la ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de hacer y el procedimiento a seguir cuando la obligaci\u00f3n a ejecutar es de hacer\u00bb (Subraya de la Sala), por cuanto que para esta Colegiatura tal mecanismo no tiene la idoneidad y la eficacia para lograr dicho cometido, pues, por un lado, si bien la instituci\u00f3n de las visitas puede ser equiparada a una obligaci\u00f3n de hacer, esta, por las vicisitudes que ya dijimos pueden presentarse, dif\u00edcilmente podr\u00eda el juez de familia forzar su cumplimiento, pues, hasta en la hip\u00f3tesis m\u00e1s simple, cual es la del deudor que se niega a ello, no habr\u00eda la m\u00e1s m\u00ednima posibilidad de dar aplicaci\u00f3n a lo previsto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 433 del citado Estatuto Procesal, alusiva a que \u201c[c]uando no se cumpla la obligaci\u00f3n de hacer en el t\u00e9rmino fijado en el mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido en subsidio el pago de perjuicios, el demandante podr\u00e1 solicitar, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al vencimiento de dicho t\u00e9rmino, que se autorice la ejecuci\u00f3n del hecho por un tercero a expensas del deudor; as\u00ed se ordenar\u00e1 siempre que la obligaci\u00f3n sea susceptible de esa forma de ejecuci\u00f3n. Con este fin el ejecutante celebrar\u00e1 contrato que someter\u00e1 a la aprobaci\u00f3n del juez\u201d, en raz\u00f3n a que a m\u00e1s que al ejecutante no le interesa el pago de unos perjuicios sino tener contacto con su hijo, la sola idea de autorizar a un tercero resulta totalmente il\u00f3gica y descabellada, por lo perjudicial o inconveniente que puede resultar para el infante involucrado. <\/p>\n
(\u2026) No obstante lo relatado conviene recordar, dada la particular situaci\u00f3n que se analiza, que la instituci\u00f3n de las visitas tiene como objetivo primordial \u00abel mayor acercamiento posible entre padre e hijo, de modo que su relaci\u00f3n no sea desnaturalizada, y se eviten las decisiones que tiendan a cercenarlo… requiere de modo principal\u00edsimo que no se desnaturalice la relaci\u00f3n con los padres… las visitas no deben ser perjudiciales para los menores, pero tampoco deben desarrollarse de manera de lesionar la dignidad de quien las pide\u00bb8, por ello, entonces, \u00abcada uno de los padres tiene derecho a mantener una relaci\u00f3n estable y libre de condicionamientos frente a sus hijos; y tiene, adem\u00e1s la facultad de desarrollar su relaci\u00f3n afectiva como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses prevalentes del menor\u00bb9; de ah\u00ed que, su funci\u00f3n es buscar el desarrollo integral y arm\u00f3nico de los hijos y, por ende, para efectos de lo anterior, quien tenga la custodia o tenencia del menor, debe prestar m\u00e1s colaboraci\u00f3n para que exista ese acercamiento entre el otro progenitor y el hijo, m\u00e1s no aprovecharse de su situaci\u00f3n de privilegio, pues de lo contrario, estar\u00eda vulnerando el derecho fundamental de su descendiente a no ser apartado de quienes conforman su familia, lo cual podr\u00eda traerle consecuencias adversas10\u00bb. Subraya la Sala. <\/p>\n
Esa postura ha sido reiterada en sendos pronunciamientos (CSJ STC6990-2018, 30 may., 2018, rad. 00157-01, STC8212-2018, 27 jun., rad. 00219-01 y STC11545-2019, 27 ago., rad. 00136-01), advirti\u00e9ndose en este \u00faltimo, que la censura al juzgado radicaba en que, \u00abde plano\u00bb, hab\u00eda rechazado \u00abla posibilidad de revisar si se estaba o no cumpliendo el r\u00e9gimen de visitas a que llegaron las partes respecto de su menor hijo y que ese despacho aprob\u00f3\u00bb, y con ello, \u00abdesatendi\u00f3 la jurisprudencia que sobre el tema tiene sentada esta Corporaci\u00f3n, pues reiteradamente se ha dicho que en circunstancias como la descrita por el accionante, procede la apertura de un tr\u00e1mite incidental donde luego de escuchar a las partes y practicar las pruebas pertinentes, se adopten las medidas que sean conducentes para su cumplimiento o se establezca que no se produjo la desatenci\u00f3n endilgada\u00bb. Se destaca. <\/p>\n
Posteriormente, con sustento en esas premisas, la Sala declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda por incumplir el requisito de subsidiariedad, al establecer que se acudi\u00f3 a ella sin haber agotado el instrumento en comento, puesto que: <\/p>\n
\u00abCiertamente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que cuando se est\u00e1 ante una sentencia de reglamentaci\u00f3n de visitas debidamente ejecutoriada, el interesado en que se hagan efectivas pueda acudir a un tr\u00e1mite incidental donde, tras escuchar a las partes y con ello ponderar el soporte probatorio de sus dichos, se adopten las medidas que sean conducentes para su cumplimiento o se establezca que no se produjo la desatenci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
[As\u00ed] en el evento de que el ac\u00e1 reclamante est\u00e9 en desacuerdo con los t\u00e9rminos en que fueron reguladas las visitas, puede pedir su modificaci\u00f3n acudiendo a un procedimiento breve y sumario que defina su pretensi\u00f3n (art\u00edculos 21 y 392-3 del C\u00f3digo General del Proceso), el cual se muestra con total aptitud y eficacia para salvaguardar los derechos invocados; pero si est\u00e1 conforme con la decisi\u00f3n y lo que pretende es hacerla cumplir, tiene a su alcance el tr\u00e1mite incidental ante el mismo juez cognoscente como lo describi\u00f3 claramente el anterior precedente jurisprudencial\u00bb (CSJ 10249-2021, 12 ago., rad. 00141-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Bajo los postulados antedichos, al desatar un asunto de similares connotaciones f\u00e1cticas, recientemente la Corte enfatiz\u00f3 que \u00absi adem\u00e1s del eventual incumplimiento al r\u00e9gimen fijado frente al cual tiene a su alcance el tr\u00e1mite incidental descrito en el anterior precedente, la actora est\u00e1 en desacuerdo con los t\u00e9rminos en que fueron reguladas las visitas, puede pedir su modificaci\u00f3n acudiendo a un procedimiento breve y sumario que defina su pretensi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3512-2022, 23 mar., rad. 00089-01). Se subraya. <\/p>\n
3.3. Ahora, en lo atinente a la decisi\u00f3n tra\u00edda por el impugnante como criterio de autoridad, esto es, la sentencia STC7020-2019, 5 jun., rad. 00196-01, la Sala estima necesario precisar que los supuestos de hecho del caso all\u00ed examinado, no guardan estrecha relaci\u00f3n con el que ahora se revisa y tampoco con los precedentes aqu\u00ed citados. <\/p>\n
Ciertamente, el asunto all\u00ed estudiado no refer\u00eda el incumplimiento de un r\u00e9gimen de visitas, sino de un fallo que otorgaba la custodia y cuidado personal, cuya obligaci\u00f3n de \u00abdevolver\u00bb la ni\u00f1a, estaba siendo desatendida por uno de los padres, al punto que la pretensi\u00f3n consist\u00eda en \u00abemitir una orden de entrega del menor (\u2026) a fin de hacer efectiva la sentencia (\u2026), y que disponga lo necesario para verificar las condiciones f\u00edsicas, psicol\u00f3gicas, familiares y de derecho del menor\u00bb, y por ello se advirti\u00f3 que \u00abpara zanjar esa clase de disputas\u00bb, lo procedente era \u00abel tr\u00e1mite establecido en el precepto 311 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Contextualizado lo anterior, la soluci\u00f3n dada en aquella oportunidad no se asemeja a la que ahora se ventila, y si bien en esa providencia se hizo referencia a algunas sentencias ac\u00e1 aplicadas, por lo antedicho, su razonamiento no estuvo enfilado a variar la postura que la Sala ha mostrado de cara al tratamiento de los desacatos a la regulaci\u00f3n de visitas, aserci\u00f3n que se respalda con las sendas sentencias que posteriormente se han proferido (como las citadas en esta ocasi\u00f3n), sin que para su proferimiento se hubiera evidenciado disenso alguno, lo que implica pleno respaldo a la posici\u00f3n as\u00ed expuesta. <\/p>\n
3.4. En las circunstancias descritas, queda claro que en el asunto materia de estudio constitucional, el funcionario encartado, al abstenerse de tramitar el incidente deprecado por la actora para hacer efectiva las visitas a su hija, se apart\u00f3 de los postulados que ata\u00f1en al inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a involucrada en este asunto, y desatendi\u00f3, entre otros, los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, actuaci\u00f3n que por configurar yerros espec\u00edficos de procedibilidad, debe remediarse a trav\u00e9s de esta excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
Seg\u00fan lo que acaba de verse, el defecto que dimana del anterior an\u00e1lisis, corresponde al material o sustantivo, toda vez que el querellado se rigi\u00f3 bajo un contenido normativo que est\u00e1 en discordancia con los presupuestos del caso, en particular, al evidenciarse alejamiento del precedente contemplado para la resoluci\u00f3n de casos an\u00e1logos, pues tal yerro tambi\u00e9n se produce cuando una autoridad judicial, \u00ab(iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente (\u2026)\u00bb (CC SU-298\/15) <\/p>\n
Sobre el defecto aut\u00f3nomo de \u00abdesconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb para la procedencia del auxilio, se ha precisado que el que obliga es el especializado y vertical, frente a lo cual esta Sala ha sostenido que: \u00ablos jueces \u00abest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico (\u2026)\u00bb (sentencias del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T. 01892-01 y 2279-01)\u00bb (CSJ STC, 11 oct. 2013, rad. 01713-01 citada en STC8847-2018, 11 jul., rad. 00144-01, entre otras). <\/p>\n
Acorde con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha indicado que no debe desconocerse el precedente cuando se est\u00e1 frente a un caso que guarda connotaciones similares, porque de hacerlo se est\u00e1 transgrediendo prerrogativas de \u00edndole superior como lo son las protegidas en sede de amparo, y para tales efectos lo defini\u00f3 como \u00abaquel conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u00bb (CC T-1029\/12). <\/p>\n
Acerca de su trascendencia jur\u00eddica y estructuraci\u00f3n como defecto de procedibilidad, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3: \u00abla importancia de seguir el precedente radica en dos razones, a saber: La primera, en la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jur\u00eddica, cosa juzgada, buena fe, confianza leg\u00edtima y de racionabilidad, pues la actividad judicial se encuentra regida por estos principios constitucionales (\u2026). La segunda, en el car\u00e1cter vinculante de las decisiones judiciales (\u2026)\u00bb, y, \u00ab[e]n s\u00edntesis, el desconocimiento del precedente se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias emitidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una situaci\u00f3n f\u00e1ctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las razones jur\u00eddicas que justifique el cambio de jurisprudencia\u00bb (T-459\/17). <\/p>\n
De lo anterior, igualmente surge que el despacho accionado actu\u00f3 al margen del procedimiento en lo relacionado con la verificaci\u00f3n del cumplimiento de lo resuelto en el pleito de regulaci\u00f3n de visitas, pues no tuvo en cuenta los pronunciamientos emanados de esta Corte que tratan sobre dicha problem\u00e1tica familiar y la soluci\u00f3n dada a la misma. <\/p>\n
Acerca del defecto procedimental, esta Corte ha compartido lo que al respecto tiene dicho la Constitucional, en el sentido que se configura cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y en suma cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). Subraya la Sala. <\/p>\n
En ese sentido, tambi\u00e9n se critica que para zanjar la discrepancia en que insisti\u00f3 la demandante, la autoridad querellada no hubiera tenido presente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, para la interpretaci\u00f3n de la ley procesal \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, habr\u00e1 de ratificarse la prosperidad del amparo, advirti\u00e9ndose que, si bien los jueces ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, la decantada jurisprudencia ha reiterado que los falladores de tutela pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo, evento ante el cual se tornan imperiosas las medidas pertinentes para corregir la actuaci\u00f3n defectuosa. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo que otorg\u00f3 protecci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la ni\u00f1ez, y, por tanto, la declaratoria de invalidez de los autos que desconocieron tales prerrogativas y la orden para que se renueve la actuaci\u00f3n al interior del litigio n\u00b0 \u201c2019-00000\u201d, dando tr\u00e1mite al incidente propuesto por la demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Demanda ejecutiva, denuncia penal (Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor \u2013 Fraude a resoluci\u00f3n judicial) y querella administrativa (restablecimiento de derechos). <\/p>\n
3\u0002 Por ejemplo, cuando la autoridad competente determina que la conducta denunciada no encuadra en el tipo penal que se imputa. <\/p>\n
4\u0002 Pi\u00e9nsese en los casos donde se alegue como factores de desatenci\u00f3n violencia intrafamiliar y abuso o actos sexuales abusivos frente a los menores por parte del progenitor (padre o madre) que tiene derecho a las visitas. <\/p>\n
5\u0002 ya que, en caso contrario, lo que procede es su modificaci\u00f3n o la definici\u00f3n de uno nuevo a trav\u00e9s de otro proceso. <\/p>\n
6\u0002 Ya la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica se hab\u00eda referido al respecto, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cAclarado que no se trata de cuestionar la medida judicial sino su ejecuci\u00f3n, la Sala comprende que la cl\u00e1usula general de competencia otorgada a las autoridades de familia para resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad, puede cobijar aquellos que involucren la ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, permitiendo que los interesados acudan a solicitar el cumplimiento del mismo a trav\u00e9s de requerimientos u otras medidas de protecci\u00f3n\u201d (CC T-115\/14). <\/p>\n
7\u0002 Esta postura adem\u00e1s garantiza que no se judicialice a\u00fan m\u00e1s el enfrentamiento o disputa que pueda existir entre los padres, sino que aboga por que se d\u00e9 una soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que se presente, a trav\u00e9s del funcionario que en pret\u00e9rita oportunidad con su decisi\u00f3n garantiz\u00f3 las garant\u00edas superiores que le asisten al menor objeto de las visitas. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC, 25 Oct. 1984, GJ CLXXVI. <\/p>\n
9\u0002 CC T-500\/93. Ver en el mismo sentido, T-012\/12. <\/p>\n
10\u0002 Hasta la p\u00e9rdida de la patria potestad. <\/p>\n
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STC4473-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4473-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00277-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73237","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73237"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73237\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}