STC4485-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4485-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2023-00048-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte las impugnaciones formuladas frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 12 de abril de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mary Nelly Dalla Torres de Ditterich contra el Juzgado Primero de Familia y la Inspecci\u00f3n Octava de Polic\u00eda de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito y la Alcald\u00eda de la misma capital, as\u00ed como intervinientes en los pleitos 1990-12663 y 2013-00451. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el causante \u00abdentro del proceso de sucesi\u00f3n testada cerrada con partici\u00f3n incluida [n\u00b0 1990-12663, de Erardo Ditterich Chamarravi], adelantado ante el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, [el 25 de marzo de 2010] fue librada la orden de entrega del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 230-15645, identificado como finca \u201cLa Camelia\u201d en favor de sus herederos y legatarios para ejercer la administraci\u00f3n de los bienes, [siendo beneficiarios de esta] los se\u00f1ores Erardo Ditterich Chamarravi, Gunther Ditterich Dalla Torre, Werner Ditterich Dalla Torre, Iosiff Fernando Ditterich Dalla Torre y Mary Nelly Dalla Torre de Ditterich en representaci\u00f3n de Erardo Ditterich Dalla Torre\u00bb. <\/p>\n
Que para dicho prop\u00f3sito, el juzgado \u00abexpidi\u00f3 el respectivo despacho comisorio, sin embargo, desde la fecha en que fue librada la orden, el juez de conocimiento no ha trazado lineamiento alguno para la pr\u00e1ctica de dicha diligencia, motivo por el cual en dos oportunidades se ha declarado la nulidad de todo lo actuado (\u2026), al punto que han transcurrido m\u00e1s de diez a\u00f1os, sin que se haya podido materializar efectivamente la orden de entrega del inmueble en favor de los herederos\u00bb, acotando que \u00abla alcald\u00eda en algunas oportunidades se neg\u00f3 a realizar la diligencia, hasta tanto fue modificado el despacho comisorio, cumpliendo los requisitos y acudiendo al conducto regular de la comisi\u00f3n, para que este a su vez sub-comisione (…) en debida forma\u00bb. <\/p>\n
Que el 11 de mayo de 2022, el juzgado \u00abdeclar[\u00f3] la nulidad de lo actuado [por la Inspecci\u00f3n No. 8 de Porf\u00eda – subcomisionada por la Alcald\u00eda de Villavicencio], orden[ando] como medida de restablecimiento de derechos de las victimas (\u2026), librar el respectivo oficio a la entidad comisionada inicialmente (Alcald\u00eda) para la realizaci\u00f3n de una nueva diligencia, donde le sea reintegrado el inmueble a la contraparte, se\u00f1or Gerardo Antonio Alvarado Parra y sus herederos, ello sin tener en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo 338 del C.P.C. referente a la oportunidad de oponerse a la diligencia de entrega, as\u00ed como el tr\u00e1mite del incidente de restituci\u00f3n al tercero poseedor\u00bb. <\/p>\n
Que al haberse presentado \u00abincidente de nulidad en contra del tr\u00e1mite de nulidad propuesto por los apoderados de la contraparte, ello con el fin de dejar sin valor y efecto la providencia de fecha 11 de mayo de 2022 (\u2026), pese a lo anterior, el Juzgado (\u2026) procedi\u00f3 a librar el oficio para el env\u00edo del despacho comisorio 025 de fecha 21 de noviembre del a\u00f1o 2022, mediante el cual se devolvi\u00f3 el despacho comisorio 025 de 2019 (\u2026), incurriendo en una v\u00eda de hecho, pues se salt\u00f3 la orden contenida en el auto e fecha 11 de mayo de 2022, la cual se\u00f1alaba que deb\u00eda ser oficiado a la entidad comisionada inicialmente (Alcald\u00eda) y no al inspector de polic\u00eda\u00bb, lo cual le fue puesto de presente a este. <\/p>\n
Que con auto del 30 de septiembre de 2022 se neg\u00f3 \u00abla nulidad propuesta contra el auto del 11 de mayo de 2022\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual \u00abfue presentado recurso de apelaci\u00f3n (\u2026), de modo tal que en la actualidad se est\u00e1 disputando la validez o nulidad de [dicha] providencia, recurso que fue aceptado y remitido el expediente al superior jer\u00e1rquico (\u2026) s\u00f3lo hasta el d\u00eda 9 de febrero de 2023, ello pese a los m\u00faltiples requerimientos realizados [al juzgado]\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00abel Inspector Octavo de Polic\u00eda de Villavicencio, procedi\u00f3 a fijar fecha para la diligencia de restablecimiento de derechos en favor de los peticionarios, para el d\u00eda 27 y 28 de marzo de 2023, donde adem\u00e1s se\u00f1ala que no se tendr\u00e1 en cuenta oposiciones de terceros poseedores, ni siquiera de buena fe\u00bb. Adicionalmente, \u00abGerardo Antonio Alvarado Parra y sus herederos vienen adelantando un tr\u00e1mite de pertenencia por el predio objeto de la diligencia de entrega ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio [rad. 2013-00451], y en la actualidad requieren ocupar el inmueble (\u2026), motivo por el cual, a trav\u00e9s de procedimientos nulos y faltando a la verdad, han venido tramitando la nulidad de la diligencia, as\u00ed como los tr\u00e1mites de restituci\u00f3n (\u2026), vulnerando nuestros derechos fundamentales al debido proceso y la recta administraci\u00f3n de justicia, sumando a ello la afectaci\u00f3n de mis derechos constitucionales a la propiedad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Pretende, se \u00abdecrete la suspensi\u00f3n provisional de realizaci\u00f3n de la diligencia programada por el Inspector Octavo de Polic\u00eda de Villavicencio, para el d\u00eda 27 y 28 de marzo de 2023, ordenada en comisi\u00f3n librada por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, hasta tanto no sea por lo menos corregido los oficios de fecha 21 de noviembre del a\u00f1o 2022 (\u2026), en el entendido de enviarlo al funcionario competente designado en el resuelve del auto de fecha 11 de mayo de 2022 (Alcalde)\u00bb, y \u00abhasta tanto no sea definido en segunda instancia la nulidad propuesta en contra de la providencia de fecha 11 de mayo de 2022, ello para efectos de evitar un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero de Familia de Villavicencio, luego de referir -en lo pertinente- la actuaci\u00f3n surtida en el juicio, dijo que \u00abla solicitud de ordenar suspender las diligencias programadas por el se\u00f1or por el inspector 8 municipal de polic\u00eda para los d\u00edas 27 y 28 de marzo del a\u00f1o en curso, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en auto del pasado 11 de mayo de 2011, es un asunto que en principio considera el despacho, que es una facultad que solo le corresponde a dicho funcionario comisionado decidir dentro de sus competencias y agenda, y adem\u00e1s, que este asunto ya ha sido debatido por innumerables acciones de tutela\u00bb, por lo que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno (\u2026), pues la actuaci\u00f3n atacada, (\u2026) corresponde a las actuaciones que ha tratado de desarrollar el inspector 8 de polic\u00eda, en donde no tiene injerencia el despacho\u00bb. <\/p>\n
2. El Inspector Octavo Urbano de Polic\u00eda de Villavicencio, se opuso a lo pretendido \u00abteniendo en cuenta que la Inspecci\u00f3n no ha vulnerado derecho alguno. M\u00e1xime que d\u00edas antes de la diligencia de restablecimiento de derechos, se propusieron 2 recusaciones y una orden de la Corte Suprema de Justicia en tr\u00e1mite de acci\u00f3n de tutela, donde se suspendieron los t\u00e9rminos para la realizaci\u00f3n de la diligencia programada para los d\u00edas 27 y 28 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Primero Civil del Circuito de Villavicencio, inform\u00f3 que en ese estrado cursa proceso de pertenencia instaurado por \u00abGerardo Antonio Alvarado Parra contra Ernesto Ditterich Chamarravi [y otros]\u00bb, a trav\u00e9s del cual \u00abse pretende adquirir el dominio por v\u00eda de la prescripci\u00f3n extraordinaria de un lote de terreno rural de aproximadamente 92 Hts. 3.269,86 M2 que hacen parte de uno predio de mayor extensi\u00f3n denominado antes La Pomposa hoy finca La Camelia con superficie de 170 Hts 8327,60 M2 ubicado en la vereda La Riviera de la ciudad de Villavicencio e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos en el folio inmobiliario 230-15645\u00bb, acotando que \u00abla inscripci\u00f3n de la demanda (\u2026) a\u00fan no se encuentra acreditada [porque] el folio de matr\u00edcula se encuentra bloqueado\u00bb, y que \u00abpor parte de este despacho no se ha vulnerado derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Erardo Ditterich Chamarravi, Werner, Gunther Ditterich Dalla Torre, pidieron \u00abdespachar favorablemente la presente acci\u00f3n (\u2026), por asistirle el derecho y la raz\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. Harol Guti\u00e9rrez \u00d1ustes, \u00abapoderado judicial del se\u00f1or Iossif Fernando Ditterich Dalla Torre\u00bb, manifest\u00f3 \u00abcoadyuvar en todos los t\u00e9rminos\u00bb la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
6. Lizeth Johanna Alvarado Rico y Carlos Eduardo Alvarado Garc\u00eda, en su calidad de \u00abherederos y adjudicatarios de parte de los derechos de posesi\u00f3n [de] mi padre se\u00f1or Gerardo Antonio Alvarado Parra (q.e.p.d.), de un lote de terreno rural en extensi\u00f3n aproximada de 92 ha 3.269,86 m2, que hacen parte del predio denominado Finca La Camelia ubicado en la comuna 8 barrio Ciudad Porf\u00eda\u00bb, manifestaron oponerse a la acci\u00f3n de tutela, por cuanto \u00abla accionante no es parte ni tiene inter\u00e9s dentro del proceso de sucesi\u00f3n (\u2026), no tiene derecho de postulaci\u00f3n ni es agente oficioso [y porque], los hijos y el esposo ya presentaron una acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos y pretensiones la cual se encuentra en tr\u00e1mite de segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia radicado 50001221400020230002701\u00bb. <\/p>\n
7. Gerardo Antonio Alvarado L\u00f3pez, se opuso a lo pretendido, aduciendo que \u00abno se configuran ninguna de las causales de procedencia general, ni espec\u00edficas para interponer la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb, y que \u00abes evidente que se ha presentado con la finalidad de dilatar el cumplimiento de la orden judicial (\u2026), por cuanto es falso que se est\u00e1 generando amenaza alguna a los derechos fundamentales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
8. Jair Bocanegra Devia, quien dijo ser \u00abapoderado judicial de Ernesto Ditterich Huertas\u00bb, consider\u00f3 que la disputa refiere a \u00abuna promesa de compraventa [de] derechos herenciales vistos en un testamento cerrado vigente (\u2026), con partici\u00f3n incluida con vocaci\u00f3n del causante, se\u00f1or Federico Erardo Ditterich Hopfenmeller (\u2026), y no a la venta de un bien y menos a la posici\u00f3n de poseedores, en ese sentido ruego se falle en derecho y a quien m\u00e1s le asista el derecho\u00bb. <\/p>\n
9. Pedro Alejandro Carranza Cepeda, quien se present\u00f3 como \u00abrepresentante de v\u00edctimas en los procesos [2021-50623-00 y 2020-00079-00], concretamente de los herederos del se\u00f1or Gerardo Antonio Alvarado Parra (\u2026), que cursan [en] el Juzgado Segundo y S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Villavicencio\u00bb, solicit\u00f3 \u00abnegar el amparo (\u2026) por no existir vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales, as\u00ed como tampoco reunirse los requisitos m\u00ednimos de procedibilidad de la acci\u00f3n\u00bb, y \u00abpor tratarse de una actividad sistem\u00e1tica, cuya finalidad es impedir el cabal cumplimiento de la decisi\u00f3n contenida en el auto de fecha 11 de mayo de 2022, [pidi\u00f3] compulsar copias para que sea investigada la actuaci\u00f3n de la accionante, su familia y abogados\u00bb. <\/p>\n
10. La Personer\u00eda Municipal de Villavicencio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solicitaron su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio, se\u00f1alando que \u00absin desconocer que [en la salvaguarda n\u00b0 2023-00027] con auto del 22 de marzo [se] suspendi\u00f3 [la diligencia de entrega]\u00bb, esta acci\u00f3n \u00abno es el mecanismo para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo de diligencias judiciales (\u2026), no se advierte un solo motivo que habilite la intromisi\u00f3n del juez constitucional de modo transitorio, ya que tampoco se pregon\u00f3 un perjuicio irremediable derivado de dicha orden, sin desconocer que est\u00e1 en curso el referido recurso de apelaci\u00f3n ante [el tribunal], donde se determinar\u00e1 si se mantendr\u00e1 la orden de rehacer el acto de entrega o deber\u00e1 proveer el juez de conocimiento nuevamente sobre la invalidez alegada por aquellos que se dicen poseedores\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de este recurso, Lizeth Johanna Alvarado Rico solicit\u00f3 \u00abaclarar y corregir lo se\u00f1alado en la consideraci\u00f3n tercera del fallo\u00bb, porque, contrario a indicado por el a-quo, la Corte \u00abnunca ha proferido una providencia que ordene suspender la realizaci\u00f3n de la diligencia de restablecimiento de derechos, pues lo que dispuso fue suspender los t\u00e9rminos para resolver el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
2. Erardo Ditterich Chmarravi, Werner y Gunther Ditterich Dalla Torre, tambi\u00e9n cuestionaron el fallo, afirmando que \u00abse debe cumplir la orden del juez [contenida en] el auto del 11 de mayo de 2022, [y] no se debe tener a los herederos de Gerardo Antonio Alvarado Parra como poseedores con derechos supuestamente de la finca la camelia\u00bb. Adujo que si bien \u00abexiste un recurso de apelaci\u00f3n en un incidente de nulidad contra el auto que declar\u00f3 la nulidad de la diligencia de entrega, el cual no ha sido resuelto a\u00fan (\u2026), la tutela [se promovi\u00f3] como un mecanismo transitorio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente acci\u00f3n satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por la actora, al disponer lo pertinente para rehacer la diligencia de entrega de un inmueble dentro del juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 1990-12663. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Seg\u00fan la constante y reiterada jurisprudencia de esta Corte, la salvaguarda no procede contra actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, se ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
De igual modo, recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de los reclamos y cotej\u00e1ndolos con la informaci\u00f3n extractada de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, precisando que lo ser\u00e1 porque no supera el requisito gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de prematura. <\/p>\n
3.1. En efecto, el aludido impedimento de procedibilidad emerge porque los reparos que se enfilan contra el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, atinente a la decisi\u00f3n de rehacer la diligencia de entrega del inmueble y verificar el restablecimiento de derechos a sus ocupantes, y por consiguiente la actuaci\u00f3n desplegada por el funcionario comisionado para tal prop\u00f3sito, a\u00fan no ha sido definida en sede ordinaria. <\/p>\n
Ciertamente, la Sala observa que el auto proferido por el juzgado el 11 de mayo de 2022 al interior del juicio sucesorio, -mediante el cual se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado por el Inspector Octavo de Polic\u00eda de Villavicencio, y se le orden\u00f3 retomar la diligencia de entrega atendiendo los correctivos all\u00ed advertidos-, fue objeto de una nueva solicitud de nulidad propiciada por otros interesados, y tras su desestimaci\u00f3n con auto del 30 de septiembre de 2022, contra tal resoluci\u00f3n se interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual a\u00fan no se ha desatado, pues para tal efecto, recientemente (9 de marzo de 2023), el asunto fue remitido al tribunal. <\/p>\n
Sobre la invocaci\u00f3n del amparo en las circunstancias anotadas, esta Sala ha dicho que mientras est\u00e9n en tr\u00e1mite otros instrumentos encaminados a corregir los defectos endilgados al acusado, la tutela resulta impertinente, toda vez que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC15806-2022, 24 nov., rad. 00819-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del juez ordinario a quien la ley le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir el caso, y aquel no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada para pronunciarse, no es posible que los aspectos cardinales para tal pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n en sede excepcional, por cuanto: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada entre otras en STC4031-2023, 27 abr., rad. 00024-01 y 00032-01). <\/p>\n
3.2. En apoyo a lo antedicho, se advierte que, con antelaci\u00f3n, otros interesados1 plantearon similares reproches a los actuales, y al respecto esta Sala, en sede de impugnaci\u00f3n, tuvo la oportunidad de pronunciarse, se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela promovida fue prematura, en la medida en que fue interpuesta antes de que el Tribunal competente resolviera la apelaci\u00f3n del auto del 30 de septiembre de 2022, que neg\u00f3 la solicitud de nulidad elevada para que se dejara sin validez el auto del 11 de mayo de 2022, que, a su vez, declar\u00f3 la nulidad de la diligencia de entrega del 2 de noviembre de 2021. Lo anterior, por cuanto se censuran por esta v\u00eda las actuaciones de las autoridades accionadas, mediante las cuales se da cumplimiento y ejecuci\u00f3n a la providencia cuya nulidad no se ha resuelto, de manera que, eventualmente, la orden all\u00ed emitida puede variar y, a su paso, dejar sin fundamento los actos posteriores que ahora se controvierten, si a ello hubiere lugar\u00bb (CSJ STC3310-2023, 11 abr., rad. 0027-01). Se subraya. <\/p>\n
Bajo tal razonamiento, el cual se muestra garantista de los derechos e intereses de todos los intervinientes, la realizaci\u00f3n de la diligencia depender\u00e1 del resultado que en sede de apelaci\u00f3n se obtenga frente a la \u00abnulidad\u00bb planteada en relaci\u00f3n con la providencia que dispuso su ejecuci\u00f3n, acot\u00e1ndose que en aquella oportunidad, sobre la supuesta \u00abmora judicial\u00bb enrostrada al Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, se encontr\u00f3 configurada una situaci\u00f3n de hecho superado, habida cuenta que \u00abel 9 de marzo de 2023\u00bb, esto es, durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n en comento, \u00abse envi\u00f3 el expediente 1990-12663 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio para desatar la alzada de la nulidad\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque ninguna de las partes demostr\u00f3 estar ante una situaci\u00f3n que ameritara la intervenci\u00f3n para evitar un perjuicio irremediable, el cual, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, se configura cuando: <\/p>\n
\u00aben el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Precisiones finales. <\/p>\n
Sobre el alcance de la coadyuvancia en sede constitucional, cabe recordar que seg\u00fan la jurisprudencia especializada, dicha figura corresponde a \u00abla participaci\u00f3n de un tercero con inter\u00e9s en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que \u00e9ste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estar\u00eda realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuar\u00eda entonces la naturaleza jur\u00eddica de la coadyuvancia\u00bb (CC T-1062\/10), y por ello, la Corte se abstendr\u00e1 de realizar pronunciamiento adicional a aquel que comprende la tem\u00e1tica que plante\u00f3 la actora en su querella. <\/p>\n
Finalmente, se denegar\u00e1 la solicitud elevada por uno de los vinculados, en el sentido de \u00abcompulsar copias para que sea investigada la actuaci\u00f3n de la accionante, su familia y abogados\u00bb, pues sobre el particular se ha dicho y reiterado que quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep., rad. 00321-01, citada, entre otras, en STC12167-2022, 14 sep., rad. 00118-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la improcedencia de la protecci\u00f3n implorada, toda vez que desatiende el requisito de la subsidiariedad por mostrarse prematura, en las circunstancias explicadas en precedencia, sin que tampoco proceda la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, se CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones se\u00f1aladas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La salvaguarda inicial (rad. 2023-00027) la instaur\u00f3 Iossif Fernando Ditterich Dalla Torre, a la cual se acumul\u00f3 la impetrada por Erardo Ditterich Chamarravi, Werner y Gunther Ditterich Dalla Torre (rad. 2023-00031). <\/p>\n
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STC4485-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4485-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2023-00048-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte las impugnaciones formuladas frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73238","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73238"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73238\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}