STC4495-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4495-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2023-00030-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Jefferson Arbey Mendivelso Garc\u00eda contra el fallo proferido el 10 de marzo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que \u00e9l inco\u00f3 contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Santana y Civil del Circuito de Moniquir\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abpersonalidad jur\u00eddica\u00bb y \u00abdignidad humana\u00bb, presuntamente conculcadas por las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que el Banco Davivienda S.A. (antes Leasing Bol\u00edvar S.A. – Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento) inco\u00f3 contra el accionante, surtidas las etapas de rigor, en audiencia del 6 de septiembre de 2022 el Juzgado municipal acusado dict\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 infundadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el \u00faltimo y dispuso seguir adelante el cobro, con sus consecuenciales ordenamientos; determinaci\u00f3n que all\u00ed apel\u00f3 el apoderado del ejecutado, exponiendo y sustentando de forma oral sus reparos frente a la misma. <\/p>\n
2.2. El 27 de noviembre de 2022 el ad-quem convocado admiti\u00f3 tal censura vertical y, en aplicaci\u00f3n del canon 12 de la Ley 2213 de 2022, indic\u00f3 \u00abconceder a la parte apelante un t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas\u2026 para que [la] sustente por escrito\u00bb; sin embargo, el 13 de diciembre siguiente la declar\u00f3 desierta, al advertir que \u00abdentro del t\u00e9rmino antes mencionado [el recurrente] no alleg\u00f3 dicha sustentaci\u00f3n\u00bb; decisi\u00f3n que mantuvo el 31 de enero \u00faltimo. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, el actor adujo que, incurriendo en \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb, se declar\u00f3 desierta su alzada, dejando de atender que \u00ab[a]nte [el] Juez [a-quo] que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n, posterior a la notificaci\u00f3n en estrados de la sentencia\u2026[,] interpuso y sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la misma, en virtud de lo previsto en los art\u00edculos 320 y 322 numerales 1\u00ba y 3\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, sumado a que lo correcto, al calificarse el recurso por parte del juzgador ad-quem, era se\u00f1alar fecha para la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, acorde con el numeral 3\u00ba del canon 327 ib\u00eddem, comoquiera que, en su sentir, tal disposici\u00f3n no fue modificada por \u00abel Decreto 806 de 2020 [ni] la Ley 2213 de 2022\u00bb, en tanto que estas normas se ocuparon fue de \u00abla entrada y permanencia de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado municipal al dictar sentencia incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, despachando adversamente su \u00abexcepci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u00bb, la que debi\u00f3 prosperar al hallarse plenamente acreditada. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Santana se opuso \u00aba las pretensiones del tutelante y\u2026 solicit[\u00f3]\u2026 se deniegue la acci\u00f3n de tutela\u2026 por improcedente y[,] adem\u00e1s[,] por no existir vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
2. La abogada Gloria Yazmine Bret\u00f3n Mej\u00eda, quien anunci\u00f3 actuar como \u00abapoderada de la entidad demandante\u00bb en el juicio recriminado, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por la \u00faltima para intervenir en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite constitucional, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00ablas autoridades judiciales accionadas adoptaron la decisi\u00f3n\u2026 con criterios de interpretaci\u00f3n y dando aplicaci\u00f3n a las normas vigentes sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el promotor insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…) (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia de la impugnaci\u00f3n propuesta, lo que impone revocar el veredicto del Tribunal de primer grado para, en su lugar, acceder al resguardo deprecado, pero con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la parte accionante, la autoridad ad-quem cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el sentenciador de primera instancia. <\/p>\n
3.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en la audiencia de 6 de septiembre de 2022, contrario a lo aducido por el quejoso, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en la Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aquella, en su canon 12, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que la norma referida a espacio reprodujo \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del prenotado Decreto 806 de 2020, que busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 no s\u00f3lo la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito sino la validez de su presentaci\u00f3n previa ante al a-quo, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado canon 14 del Decreto 806, hoy recogido en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal retorno, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado decreto (adoptado como legislaci\u00f3n permanente en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022), expuso que \u00e9ste modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con anterioridad al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso, con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con el C\u00f3digo General del Proceso, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, adoptado como legislaci\u00f3n permanente con la Ley 2213 de 2022, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al primer sistema; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia de la aludida Ley 2213 de 2022 que, se reitera, adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 13 de diciembre de 2022 el Juzgado ad-quem acusado declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por el ac\u00e1 accionante, por cuanto \u00e9ste no la sustent\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas de que trata el canon 12 de la Ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 \u00edntegramente lo establecido en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020), decisi\u00f3n que mantuvo el 31 de enero de 2023. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, respecto a lo que aqu\u00ed interesa, para desechar la alegaci\u00f3n del recurrente en torno a que la apelaci\u00f3n frente a la sentencia \u00abfue interpuesta y sustentada en estrados al momento de su notificaci\u00f3n\u00bb, el despacho del circuito de Moniquir\u00e1 adujo que no le asist\u00eda \u00abraz\u00f3n ni elementos de juicio al recurrente\u00bb, comoquiera que, como se le indic\u00f3 en el auto atacado, \u00abno sustent\u00f3 dentro del t\u00e9rmino concedido el recurso de apelaci\u00f3n que interpusiera ante el Juzgado\u2026 Municipal\u2026, raz\u00f3n por la que\u2026 [lo] declar\u00f3 desierto\u2026[,] conforme lo dispone el art\u00edculo 12\u00ba de la Ley 2213 de 202[2]\u00bb. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3, tras citar apartes de los c\u00e1nones 322 del C\u00f3digo General del Proceso y 12 de la Ley 2213 de 2022, que \u00abdicha sustentaci\u00f3n deber\u00e1 ser presentada por escrito, pues la sentencia de segunda instancia es proferida igualmente por escrito. Adem\u00e1s que, las alegaciones presentadas en la sustentaci\u00f3n del recurso, deber\u00e1n sujetarse a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia como puntos de reparo\u00bb. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Juzgado ad-quem atacado con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo, de forma oral en la diligencia de 6 de septiembre de 2022, comoquiera que, se itera, contrario a lo considerado por aquel juzgador, all\u00ed no s\u00f3lo se formularon los reparos concretos frente a la sentencia de primer grado, sino que tambi\u00e9n se desarrollaron los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
De ah\u00ed que el proceder reprochado al Juzgado Civil del Circuito de Moniquir\u00e1, injustificadamente, impidi\u00f3 que el quejoso obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la Ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020) -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n se presenta ante el a-quo que no frente al ad-quem. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo anterior, en relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en los que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020 (planteamientos que resultan aplicables en vigencia de la ley 2213 de 2022, comoquiera que se trata de disposiciones normativas id\u00e9nticas), es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario se\u00f1alar que la Sala, como m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le eran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de 2021 (STC5630-2021). <\/p>\n
As\u00ed pues, el criterio actual de la Sala se concentra en que: <\/p>\n
\u2026en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada (CSJ STC5499-2021, reiterada en CSJ STC8661-2021). <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, aunque con alcance parcial, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del tutelante, por lo que se ordenar\u00e1 al Juzgado del Circuito acusado que, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 31 de enero de 2023 y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso propuesto por el censor contra el auto del 13 de diciembre de 2022, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Finalmente, como lo concluido trae consigo la carencia de firmeza de la sentencia dictada por el a-quo en el asunto fustigado, por sustracci\u00f3n de materia, resulta inviable que por ahora la Corte se ocupe de cr\u00edticas restantes del reclamante, en tanto que no le es dable anticiparse a los eventuales veredictos que al respecto y por ley le corresponde emitir al fallador natural; motivo por el cual, sumado a lo atr\u00e1s dicho, en todo lo dem\u00e1s se denegara la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca el fallo opugnado y, en su lugar, ampara, con alcance parcial, el derecho al debido proceso de Jefferson Arbey Mendivelso Garc\u00eda. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Civil del Circuito de Moniquir\u00e1 que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso criticado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 31 de enero de 2023 y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio que inco\u00f3 el Banco Davivienda S.A. (antes Leasing Bol\u00edvar S.A. – Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento) contra el accionante (radicado 2021-00083), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso propuesto por el quejoso frente al auto del 13 de diciembre de 2022, atendiendo a lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Promiscuo Municipal de Santana remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional al estrado referido a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, se deniega el resguardo reclamado. <\/p>\n
Cuarto. Remitir copia de esta providencia al a-quo constitucional para que vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Quinto. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Salvamento de Voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Salvamento de Voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2023-00030-01 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n en la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 10 de marzo de 2023 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jefferson Arbey Mendivelso Garc\u00eda contra los Juzgados Civil del Circuito de Moniquir\u00e1 y Promiscuo Municipal de Santana. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En el proceso ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3 el el Banco Davivienda SA -antes Leasing Bol\u00edvar S.A. – Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento- contra Jefferson Arbey Mendivelso Garc\u00eda, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santana en sentencia proferida en audiencia de 6 de septiembre de 2022 dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el apoderado del demandado exponiendo y sustentando de forma oral sus reparos en esa diligencia. <\/p>\n
Recibido el expediente por el Juzgado Civil del Circuito de Moniquir\u00e1, admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n el 27 de noviembre de 2022 y, posteriormente en providencia de 13 de diciembre la declar\u00f3 desierta por no haber sido sustentada en el t\u00e9rmino concedido en esa instancia, decisi\u00f3n que mantuvo el 31 de enero de 2023, al resolver la reposici\u00f3n que se interpuso. <\/p>\n
Por lo anterior, Mendivelso Garc\u00eda interpuso acci\u00f3n de tutela que neg\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil Familia en sentencia de 10 de marzo de 2023, que impugn\u00f3 el accionante. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, revoc\u00f3 la sentencia constitucional impugnada y, en su lugar concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia de la impugnaci\u00f3n propuesta, lo que impone revocar el veredicto del Tribunal de primer grado para, en su lugar, acceder al resguardo deprecado, pero con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la parte accionante, la autoridad ad-quem cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el sentenciador de primera instancia. <\/p>\n
3.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en la audiencia de 6 de septiembre de 2022, contrario a lo aducido por el quejoso, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en la Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aquella, en su canon 12, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 13 de diciembre de 2022 el Juzgado ad-quem acusado declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por el ac\u00e1 accionante, por cuanto \u00e9ste no la sustent\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas de que trata el canon 12 de la Ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 \u00edntegramente lo establecido en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020), decisi\u00f3n que mantuvo el 31 de enero de 2023. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Juzgado ad-quem atacado con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo, de forma oral en la diligencia de 6 de septiembre de 2022, comoquiera que, se itera, contrario a lo considerado por aquel juzgador, all\u00ed no s\u00f3lo se formularon los reparos concretos frente a la sentencia de primer grado, sino que tambi\u00e9n se desarrollaron los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
De ah\u00ed que el proceder reprochado al Juzgado Civil del Circuito de Moniquir\u00e1, injustificadamente, impidi\u00f3 que el quejoso obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la Ley 2213 de 2022 (que recogi\u00f3 el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020) -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n se presenta ante el a-quo que no frente al ad-quem. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador del circuito atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda darse ante el a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado surtido en segunda instancia para tal efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo anterior, en relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en los que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020 (planteamientos que resultan aplicables en vigencia de la ley 2213 de 2022, comoquiera que se trata de disposiciones normativas id\u00e9nticas), es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario se\u00f1alar que la Sala, como m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le eran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de 2021 (STC5630-2021). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, aunque con alcance parcial, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del tutelante, por lo que se ordenar\u00e1 al Juzgado del Circuito acusado que, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 31 de enero de 2023 y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente el recurso propuesto por el censor contra el auto del 13 de diciembre de 2022, que declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado.. (\u2026) <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Juzgado Civil del Circuito de Moniquir\u00e1, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Jefferson Arbey Mendivelso Garc\u00eda. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
La Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, consagra en el art\u00edculo 12, \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb, norma que reproduce \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo dem\u00e1s, en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, la sentencia constitucional proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil Familia el 10 de marzo de 2023, no debi\u00f3 ser revocada y, en consecuencia tampoco concedido el amparo propuesto, en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (el Juzgado Civil del Circuito de Moniquir\u00e1) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-22-13-000-2023-00030-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que profirieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo emitido el 10 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la tutela que Jefferson Arbey Mendivelso Garc\u00eda instaur\u00f3 contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Santana y Civil del Circuito de Moniquir\u00e1 y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al \u00faltimo de tales estrados, que \u00ab(\u2026) dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso criticado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 31 de enero de 2023 y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio que inco\u00f3 el Banco Davivienda S.A. (antes Leasing Bol\u00edvar S.A. – Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento) contra el accionante (radicado 2021-00083), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto al recurso propuesto por el quejoso frente al auto del 13 de diciembre de 2022, atendiendo a lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo\u00bb. <\/p>\n
Para ello, ab initio anticip\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la procedencia de la impugnaci\u00f3n propuesta, lo que impone revocar el veredicto del Tribunal de primer grado para, en su lugar, acceder al resguardo deprecado, pero con alcance parcial, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por la parte accionante, la autoridad ad-quem cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el sentenciador de primera instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la Ley 2213 de 2022 que adopt\u00f3 el Decreto 806 de 2020 como legislaci\u00f3n permanente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), sin duda, se retom\u00f3 no s\u00f3lo la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito sino la validez de su presentaci\u00f3n previa ante al a-quo, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado canon 14 del Decreto 806, hoy recogido en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (\u2026). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con anterioridad al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso, con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia de la aludida Ley 2213 de 2022 que, se reitera, adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb (\u2026). <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador del circuito atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n pod\u00eda darse ante el a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado surtido en segunda instancia para tal efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales del gestor, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque el Juzgado Civil del Circuito de Moniquir\u00e1 no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por el actor. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la resoluci\u00f3n del juez confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
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STC4495-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4495-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2023-00030-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Jefferson Arbey Mendivelso Garc\u00eda contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73247","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73247\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}