STC4500-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4500-2023 1 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01595-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda P\u00e9rez contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia. Al rito fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga-Magdalena, as\u00ed como Juan Pedro y La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos Luis Andr\u00e9s y Valentina L\u00f3pez P\u00e9rez, el patrocinio de las prerrogativas esenciales al debido proceso y \u00abACCESO A LA JUSTICIA\u00bb de todos, presuntamente conculcadas por la corporaci\u00f3n repelida. <\/p>\n
En concreto, se conmine al decaimiento de lo resuelto, en segundo nivel, dentro del expediente de responsabilidad civil n.\u00b0 \u00ab20\u2026-000\u2026\u00bb. Y\/o el ejercicio de las facultades \u00abextra y ultra petita\u00bb en lo constitucional, de devenir necesario. <\/p>\n
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2. Como soporte adujo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga-Magdalena, ante quien se surti\u00f3 el descrito litigio verbal por ella instaurado2 frente a Juan Pedro y La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, para el reconocimiento y pago de los perjuicios provenientes de la muerte de su compa\u00f1ero permanente y progenitor de los ni\u00f1os Luis Andr\u00e9s y Valentina \u2013tras la colisi\u00f3n de la motocicleta en la que iba el occiso, con un tractocami\u00f3n de propiedad del primer enjuiciado en cuesti\u00f3n\u2013, hubo de proferir sentencia adversa a las pretensiones en audiencia de 19 de agosto de 2022. <\/p>\n
Reproch\u00f3, entonces, que el Tribunal encausado declarara \u00abdesierto\u00bb mediante auto de 10 de octubre siguiente el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso, en condici\u00f3n de demandante, contra el aludido fallo oral desestimatorio, pues esa corporaci\u00f3n quiso pasar por alto que tal r\u00e9plica vertical se hallaba apropiadamente sustentada en estrados desde la primera instancia, en desmedro de los intereses suyos y de sus menores hijos a la prevalencia del derecho sustancial sobre la \u00abmera formalidad\u00bb. <\/p>\n
Se tiene que el citado prove\u00eddo de deserci\u00f3n de la alzada lo confirm\u00f3 el mismo ente colegiado en providencia de 11 de enero postrero, al tramitar la \u00abs\u00faplica\u00bb intentada por la tutelante como remedio de reposici\u00f3n, a la luz del par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte dio apertura al pliego supralegal del ep\u00edgrafe y, en paralelo, quedaron libradas las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Tribunal se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. Comparti\u00f3 enlace de la controversia de responsabilidad. <\/p>\n
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2. El Juzgado hizo informe de lo sucedido en la disputa declarativa y tambi\u00e9n brind\u00f3 copia digital del pleito. <\/p>\n
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3. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) enunci\u00f3 que los embates le son extra\u00f1os y que, con todo, es acertada la resoluci\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de las garant\u00edas fundamentales, susceptible de invocar siempre que resulten agraviadas o en peligro inminente, por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en lo que concierne a las actuaciones de los jueces, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por obviedad, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por ese trasegar, en los precisos casos en los cuales el funcionario cognoscente incurra en desempe\u00f1o claramente desviado, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro camino de auxilio. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces de tutela pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante contraposici\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, en este nivel ha manifestado que <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el fallador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Corte que el resguardo deprecado se halla investido de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar escrito de sustentaci\u00f3n en segunda instancia, a pesar de que ya hab\u00eda atendido tal carga sustentatoria oralmente ante el juzgado de primer rango. <\/p>\n
3.1. Lo primero a se\u00f1alar es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en la audiencia de 19 de agosto de 2022, en la cual el ente dispensador a-quo dict\u00f3 su sentencia, estuvo gobernada por las reglas establecidas en la ley 2213 del mismo a\u00f1o, norma que en su canon 12, inc. final, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que la norma referida a espacio reprodujo integralmente el precepto 14 del otrora decreto 806 de 2020, el cual busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones all\u00ed vertidas, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar(\u2026) sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado decreto expuso que este modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas\u2026 (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dijo: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, en espec\u00edfico, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural, esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n3\u2026 (destacado adrede. CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema de oralidad que gobierna el comentado estatuto (criterio respaldado por la Corte Constitucional en SU-418\/19), al devenir improbable la sustituci\u00f3n de las intervenciones orales por escritas; sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia del decreto 806 de 2020 -hoy ley 2213 de 2022-. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (subrayas propias. CC T-352\/12). <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar la gesti\u00f3n de esa colegiatura con los derroteros expuestos en precedencia, para establecer la incursi\u00f3n en el defecto procedimental aludido, pues al margen de que la tutelante sustentara o no su alzada dentro del traslado corrido en segundo grado para tal efecto, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de desierta de la alzada en cita se mostraba inviable porque, en \u00faltimas, cumpli\u00f3 la carga sustentatoria ante el juzgado a-quo, de forma oral, en la audiencia de 19 de agosto de 2022, en la que fue adoptado el veredicto definitorio de la primera instancia; exposici\u00f3n en la que no s\u00f3lo se exteriorizaron los reparos concretos sino que quedaron pregonadas las razones de disenso, desarroll\u00e1ndose a partir de un ejercicio sustentatorio detenido. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a la colegiatura judicial enjuiciada impidi\u00f3 que la ahora quejosa -y sus menores hijos- obtuvieran la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la ley 2213 de 2022 -en cuyo imperio se produjo la actuaci\u00f3n-. Se sigue la l\u00ednea trazada por esta Magistratura en mayor\u00eda desde CSJ STC5499-2021 (18 may., rad. 01437-00). <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el despacho a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado de segundo nivel para el efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la accionante y sus peque\u00f1os descendientes, impidi\u00e9ndoles el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que consideran ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, abrir paso a la clama dispensada, habida cuenta del desacierto de procedimiento atr\u00e1s constatado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo implorado por Mar\u00eda P\u00e9rez, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos. Y en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia, que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del litigio fustigado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 11 de enero de los corrientes, y los que de \u00e9l dependan, adopte una nueva resoluci\u00f3n respecto al recurso de reposici\u00f3n4 propuesto por la tutelante frente al auto del pasado 10 de octubre, atendiendo lo diserto en la motiva de este veredicto. <\/p>\n
Segundo. Conminar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga-Magdalena para que remita de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el dossier contentivo del asunto objeto de la queja tutelar a la referida colegiatura, para que pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s eficaz y, de no impugnarse, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01595-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Mar\u00eda P\u00e9rez5 promovi\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes, <\/p>\n
En el proceso de responsabilidad civil que promovi\u00f3 en su nombre y de sus hijos menores de edad, contra Juan Pedro y La Previsora SA Compa\u00f1\u00eda de Seguros, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga en sentencia de 19 de agosto de 2022, neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 en la audiencia. <\/p>\n
Remitido el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, admiti\u00f3 el recurso y en providencia de 10 de octubre de 2022 lo declar\u00f3 desierto, determinaci\u00f3n que mantuvo el 11 de enero de 2023. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo reclamado por Mar\u00eda P\u00e9rez, tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Corte que el resguardo deprecado se halla investido de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar escrito de sustentaci\u00f3n en segunda instancia, a pesar de que ya hab\u00eda atendido tal carga sustentatoria oralmente ante el juzgado de primer rango. <\/p>\n
3.1. Lo primero a se\u00f1alar es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en la audiencia de 19 de agosto de 2022, en la cual el ente dispensador a-quo dict\u00f3 su sentencia, estuvo gobernada por las reglas establecidas en la ley 2213 del mismo a\u00f1o, norma que en su canon 12, inc. final, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, con auto de 10 de octubre de 2022 el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que propusiera la aqu\u00ed accionante al concluir el desperdicio de \u00abla carga de sustentaci\u00f3n\u00bb en segunda instancia, acorde a la ley 2213 tan en comento; decisi\u00f3n mantenida en providencia de 11 de enero de los corrientes, en senda de \u00abs\u00faplica\u00bb interpuesta por ella (r\u00e9plica surtida como de reposici\u00f3n conforme al canon 318 -par\u00e1g.- del C. G. del P), sobre la base de que, grosso modo, era imperioso sustentar ante el ad-quem a voces de doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar la gesti\u00f3n de esa colegiatura con los derroteros expuestos en precedencia, para establecer la incursi\u00f3n en el defecto procedimental aludido, pues al margen de que la tutelante sustentara o no su alzada dentro del traslado corrido en segundo grado para tal efecto, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de desierta de la alzada en cita se mostraba inviable porque, en \u00faltimas, cumpli\u00f3 la carga sustentatoria ante el juzgado a-quo, de forma oral, en la audiencia de 19 de agosto de 2022, en la que fue adoptado el veredicto definitorio de la primera instancia; exposici\u00f3n en la que no s\u00f3lo se exteriorizaron los reparos concretos sino que quedaron pregonadas las razones de disenso, desarroll\u00e1ndose a partir de un ejercicio sustentatorio detenido. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a la colegiatura judicial enjuiciada impidi\u00f3 que la ahora quejosa -y sus menores hijos- obtuvieran la definici\u00f3n de fondo de su alzada, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 12 de la ley 2213 de 2022 -en cuyo imperio se produjo la actuaci\u00f3n-. Se sigue la l\u00ednea trazada por esta Magistratura en mayor\u00eda desde CSJ STC5499-2021 (18 may., rad. 01437-00). <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el despacho a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado de segundo nivel para el efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la accionante y sus peque\u00f1os descendientes, impidi\u00e9ndoles el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que consideran ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, abrir paso a la clama dispensada, habida cuenta del desacierto de procedimiento atr\u00e1s constatado (\u2026). <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, no incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Mar\u00eda P\u00e9rez. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
La Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, consagra en el art\u00edculo 12, \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb, norma que reproduce \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo dem\u00e1s, en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01595-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
Para ello, ab initio anticip\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el resguardo deprecado se halla investido de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar escrito de sustentaci\u00f3n en segunda instancia, a pesar de que ya hab\u00eda atendido tal carga sustentatoria oralmente ante el juzgado de primer rango (\u2026). <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la Ley 2213 de 2022 que adopt\u00f3 el Decreto 806 de 2020 como legislaci\u00f3n permanente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el art\u00edculo 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado canon 14 del decreto 806 -hoy condensado en el art. 12 de la ley 2213-, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (\u2026). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite; es decir, entend\u00eda como v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema de oralidad que gobierna el comentado estatuto (criterio respaldado por la Corte Constitucional en SU-418\/19), al devenir improbable la sustituci\u00f3n de las intervenciones orales por escritas; sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida en vigencia del decreto 806 de 2020 -hoy ley 2213 de 2022- (\u2026). <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador atacado, bajo una apreciaci\u00f3n de la norma procedimental que desatiende el deber de abstenerse de cumplir y exigir formalidades innecesarias impuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el despacho a-quo o el ad-quem, en cualquier tiempo, desde su formulaci\u00f3n y hasta antes del vencimiento del traslado de segundo nivel para el efecto, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la accionante y sus peque\u00f1os descendientes, impidi\u00e9ndoles el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que consideran ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque el Tribunal Superior de Santa Marta no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la gestora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n de la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la resoluci\u00f3n del juez plural confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Como anotaci\u00f3n preliminar, de este fallo se conservan dos versiones, para protecci\u00f3n de los derechos de los menores involucrados; una, \u00abcon la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb y, la presente, \u00abreemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n\u00bb. Subrayas ajenas. Acuerdo de Sala 034, 16 dic. 2020. <\/p>\n
2\u0002 En nombre propio y como representante legal (madre) de los peque\u00f1os en comento. <\/p>\n
3\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Entendido as\u00ed a la luz del art\u00edculo 318 -par\u00e1g.- del C.G. del. P. <\/p>\n
5\u0002 Como anotaci\u00f3n preliminar, de este fallo se conservan dos versiones, para protecci\u00f3n de los derechos de los menores involucrados; una, \u00abcon la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb y, la presente, \u00abreemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n\u00bb. Subrayas ajenas. Acuerdo de Sala 034, 16 dic. 2020. <\/p>\n
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STC4500-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4500-2023 1 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01595-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda P\u00e9rez contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73248","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73248","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73248"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73248\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}