STC4501-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4501-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2023-00101-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 21 de marzo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Ludy Yaneth Archila Moreno contra la Superintendencia de Nacional de Sociedades -Intendencia Regional de Bucaramanga-1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad jurisdiccional accionada. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que: <\/p>\n
2.1. En junio de 2021 Ludy Yaneth Archila Moreno promovi\u00f3 ante la Superintendencia de Nacional de Sociedades -Intendencia Regional de Bucaramanga-, proceso de reorganizaci\u00f3n abreviado de persona natural comerciante, de conformidad con lo previsto en el Decreto 772 de 2020 y en la Ley 1116 de 2006, tr\u00e1mite en el cual fue designada como promotora. <\/p>\n
2.2. Con auto del 24 de septiembre de 2021 fue removida del cargo, por cuanto no dio cabal cumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas, relativas a la presentaci\u00f3n del inventario de bienes, proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de votos; en su reemplazo fue designada una auxiliar de justicia inscrita en la lista, la cual tom\u00f3 posesi\u00f3n el 29 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.3. El 27 de marzo de 2022, la accionante present\u00f3 solicitud de desistimiento de la totalidad de las pretensiones consignadas en la demanda de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 18 de julio de la pasada anualidad, el juez concursal, fij\u00f3 el 28 siguiente para celebrar audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones y confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, diligencia en la cual no confirm\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y dispuso la liquidaci\u00f3n del patrimonio de la concursada. <\/p>\n
2.5. Frente a lo decidido, en auto del 18 de julio de 2022, la promotora interpuso recurso de reposici\u00f3n, empero, con auto del 18 de agosto de 2022 mantuvo la postura y desestim\u00f3 el desistimiento deprecado, resaltando que \u00aben el proceso de reorganizaci\u00f3n no es posible su desistimiento, conforme al numeral 26 del Auto 400-000112 de 1\u00b0 de septiembre de 2015, proferido por la Delegatura de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 24 de agosto de 2022, la intendencia accionada, design\u00f3 liquidador del patrimonio de la deudora. El 15 de septiembre posterior, la accionante radic\u00f3 solicitud de nulidad parcial del proceso con fundamento en que no se resolvi\u00f3 oportunamente la solicitud de desistimiento de las pretensiones de la demanda; sin embargo, con prove\u00eddo del 17 de noviembre de 2022, se rechaz\u00f3 de plano la nulidad suplicada, decisi\u00f3n confirmada con calenda del 14 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.7. La promotora censura que la intendencia regional accionada, debi\u00f3 \u00abresolver – y no lo hizo- el Desistimiento de las Pretensiones consignadas en la Solicitud para la Admisi\u00f3n del Proceso de Reorganizaci\u00f3n, antes de llevar a cabo la Audiencia de Confirmaci\u00f3n del Acuerdo\u00bb; y sin importar la no asistencia de las partes a la referida audiencia y pese a que la solicitud de desistimiento estaba sin resolver, resolvi\u00f3 declarar la terminaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n y en su lugar determin\u00f3 la liquidaci\u00f3n de su patrimonio econ\u00f3mico. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pretende que se dejen sin valor los autos proferidos el 18 y 24 de agosto, 17 de noviembre y 14 de diciembre de 2022. Como petici\u00f3n subsidiaria pidi\u00f3 declarar nula la audiencia celebrada el 28 de julio de la misma anualidad, que resolvi\u00f3 objeciones y confirm\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La autoridad jurisdiccional accionada respaldo la legalidad de lo actuado. <\/p>\n
2. BAYPORT S.A., SCOTIA BANK COLPATRIA S.A. y TUYA S.A. solicitaron su desvinculaci\u00f3n del asunto por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Claudia Acevedo, liquidadora en el proceso atacado, advirti\u00f3 que el proceso de liquidaci\u00f3n del patrimonio, no se ha podido iniciar, por cuanto la deudora no le ha proporcionado la informaci\u00f3n contable y financiera requerida para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la tutela, porque \u00absi bien es cierto que las peticiones dirigidas a la reprogramaci\u00f3n de la referenciada audiencia, as\u00ed como al desistimiento de las pretensiones fueron resueltas con posterioridad a la diligencia de trato, lo cierto es que las mismas fueron despachadas de manera desfavorable, sin que su determinaci\u00f3n pueda influir en el cauce del tr\u00e1mite fustigado, precisamente por no salir avante\u00bb; y porque en la audiencia que determin\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y el inicio de liquidaci\u00f3n del patrimonio de la deudora, ning\u00fan recurso interpuso \u00absiendo all\u00ed la oportunidad procesal para reclamar algunos de los derechos que por esta senda persigue\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante insistiendo en los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela, resaltando que lo resuelto se aparta ostensiblemente de \u00abla hermen\u00e9utica que corresponde al tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n\u00bb, porque el fallo emitido, por su naturaleza de \u00fanica instancia, no admite recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006 en concordancia con los art\u00edculos 11 y 14 del Decreto 772 de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende que sean amparados sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite surtido en el proceso de reorganizaci\u00f3n abreviada de radicado 102211. <\/p>\n
2. Sea lo primero destacar que, la posici\u00f3n consolidada por esta Corporaci\u00f3n, referente a \u00ablos tr\u00e1mites de los que trata a ley 1116 de 2006 [que] son de \u00fanica instancia y las determinaciones que se profieran en amparo de dicha normativa, no son apelables\u00bb2. En lo atinente, en un fallo tutelar, esta Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se revela trascendente insistir en la inviabilidad de apelar las decisiones adoptadas en asuntos como el criticado, pues el r\u00e9gimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, tiene como finalidad \u201c(\u2026) la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo (\u2026)\u201d; y para el efecto, dise\u00f1\u00f3 una arquitectura compatible con los \u201cprocesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial (art. 1\u00ba) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[\u2026] Por tanto, para alcanzar los cometidos precedentes, el legislador entendi\u00f3 indispensable crear un procedimiento caracterizado por la eficiencia y la celeridad, en el cual, las autoridades cognoscentes adoptar\u00edan sus decisiones en el menor tiempo posible, preservando los intereses y derechos, tanto de la sociedad intervenida como de sus acreedores y, por esa senda, impedir el estancamiento del aparato econ\u00f3mico o la aniquilaci\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas, con la promoci\u00f3n de procesos extenuantes. <\/p>\n
[\u2026] Una de las principales medidas para llevar a cabo este cometido, en procura de un salvamento pronto es el ya citado par\u00e1grafo 1\u00b0 del canon 6 ej\u00fasdem, seg\u00fan el cual, \u201c(\u2026) el proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de \u00fanica instancia (\u2026)\u201d, como instrumento para evitar un litigio interminable (\u2026)\u201d. (CSJ STC8123-2016, reiterada en CSJ STC3668-2021). <\/p>\n
3. Ahora bien, aclarado lo anterior, se advierte que la salvaguarda no satisface el presupuesto de subsidiariedad, porque la reprogramaci\u00f3n de la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones rebatida, fue iniciada el 26 de enero de 2022 y su suspensi\u00f3n en diferentes ocasiones obedeci\u00f3 a la necesidad de que la concursada negociara el acuerdo para obtener la aprobaci\u00f3n correspondiente, de lo cual ten\u00eda pleno conocimiento. De otra parte, el tr\u00e1mite del recurso frente al auto que se\u00f1al\u00f3 fecha para su continuaci\u00f3n, no imped\u00eda la realizaci\u00f3n de la audiencia en comento. De manera que la promotora teniendo pleno conocimiento de los aplazamientos surtidos desatendi\u00f3 lo reglado en el art\u00edculo 11 del Decreto 772 de 2020, referente a que \u00ab[L]as partes tienen la carga de [\u2026] asistir a las reuniones y audiencias e informarse completa y debidamente sobre el proceso de reorganizaci\u00f3n abreviado y sus consecuencias\u00bb. <\/p>\n
A lo anterior se suma que en el desarrollo de la citada audiencia pod\u00eda reclamar los derechos que por esta senda persigue y advertir las posibles nulidades procesales que hubiesen impedido terminar con el tr\u00e1mite del proceso, al juez del concurso, en el ejercicio del control de legalidad del acuerdo de reorganizaci\u00f3n que fue aportado, as\u00ed como allegar votos adicionales de los acreedores; no obstante ni la deudora ni los acreedores o sus apoderados asistieron a la aludida diligencia judicial; omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que es un mecanismo residual, que no puede ser usado como una instancia adicional, para subsanar la desidia de las partes ni rescatar las oportunidades perdidas. (ver cita en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
Refiri\u00f3 de igual manera, que la Corte Constitucional ha expresado, acerca del principio de oficiosidad de los procedimientos concursales, resaltando que los procesos concursales no terminan por desistimiento, ni le son aplicables las normas sobre perenci\u00f3n. <\/p>\n
5. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas y las pruebas allegadas, bajo una hermen\u00e9utica plausible y con argumentos que no lucen irrazonables ni carentes de fundamento objetivo y, por tanto, la intervenci\u00f3n del juez constitucional es inviable, pues no est\u00e1 instituido para realizar una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb3, aunado a que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb4. <\/p>\n
6. Por lo anterior, se refrendar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite fueron vinculados Claudia Luc\u00eda Acevedo, el Banco de Occidente S.A., Scotia Bank Colpatria S.A., Cooperativa Financiera Bayport Colombia S.A. y TUYA S.A. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 24 del CGP. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 5o. Las decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganizaci\u00f3n, de liquidaci\u00f3n y de validaci\u00f3n de acuerdos extrajudiciales de reorganizaci\u00f3n, ser\u00e1n de \u00fanica instancia, y seguir\u00e1n los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n previstos en el respectivo procedimiento. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 6o. Las competencias que enuncia este art\u00edculo no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza del asunto. <\/p>\n
3\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
4\u0002 Ver cita en los fallos CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022 y CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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