STC4560-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4560-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00453-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de marzo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Henry Antonio Pati\u00f1o Arboleda instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo objetado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En suma, adujo que su hijo Alejandro Pati\u00f1o Orozco falleci\u00f3 en un accidente de tr\u00e1nsito ocurrido en el municipio de Rionegro \u2013 Antioquia (21 ag. 2015), momento en el que se encontraba laborando para la Empresa Empaques J.P. y hab\u00eda cotizado un total de (82.29) semanas como afiliado a Protecci\u00f3n S.A., por lo que, solicit\u00f3 a esta el reconocimiento de la \u00abpensi\u00f3n de sobreviviente\u00bb (24 may. 2016), negada a \u00e9l y a la progenitora del causante, en resoluci\u00f3n (26 jul.) que luego ratific\u00f3 (31 ag.). <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro en la demanda ordinaria que \u00e9l y Blanca Irma Orozco L\u00f3pez \u2013 madre de Alejandro \u2013 incoaron contra la AFP Protecci\u00f3n S.A., conden\u00f3 a \u00e9sta al pago del \u00abcincuenta por ciento (50%) de la pensi\u00f3n al se\u00f1or Henry Antonio Pati\u00f1o Orozco y el otro cincuenta por ciento (50%) a la se\u00f1ora Blanca Irma Orozco L\u00f3pez\u00bb (17 jun. 2019); determinaci\u00f3n que el superior infirm\u00f3, al no \u00abhaber encontrado probada la dependencia econ\u00f3mica del se\u00f1or Henry Antonio Pati\u00f1o Arboleda y de la se\u00f1ora Blanca Irma respecto a su hijo Alejandro Pati\u00f1o Orozco\u00bb (23 ag.), al paso que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no quebr\u00f3 la de \u00e9ste (SL3035-2022, 25 jul.). <\/p>\n
Acus\u00f3 la \u00faltima providencia de incurrir en v\u00eda de hecho por \u00ab[d]efecto factico por la valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio\u00bb, al inobservar que los testimonios de Ana Casta\u00f1o, Jos\u00e9 Estaban Grisales y Loren Arango fueron \u00abpedidos y no practicados\u00bb; adem\u00e1s, sobre los otros elementos documentales, dijo que demostraban la dependencia econ\u00f3mica del actor y Blanca Irma como padres de su hijo fallecido. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, esa directriz: (i) Aplic\u00f3 en rigor las reglas de la Casaci\u00f3n, sin observar que si bien \u00ab(\u2026) la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n sea rigurosa y exigente. No obstante, dichas exigencias deben ceder el paso ante situaciones que ameriten un an\u00e1lisis profundo, en aras de proteger derechos fundamentales\u00bb; (ii) Omiti\u00f3 las funciones propias del juez, a fin de \u00abde proferir decisiones que apunten a proferir sentencias en base a los postulados de la verdad y la justicia material\u00bb, y no apreci\u00f3 todas \u00ablas pruebas que se hab\u00edan practicado en el proceso, por cuanto no eran pruebas calificadas, dejando de un lado la importancia del derecho sustancial (art\u00edculo 229 de la C.P. de Colombia) de cuyo reconocimiento depend\u00eda derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la igualdad y la vida digna de los padres del joven Alejandro Pati\u00f1o Orozco\u00bb; y, (iii) Pas\u00f3 por alto que \u00abla Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral de Antioquia no tuvo en cuenta los par\u00e1metros jurisprudenciales sentados por la misma Corte, respecto a los poderes oficiosos del juez, puesto que, de haberlo hecho habr\u00eda concluido que la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Antioquia vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de los demandantes\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 se opuso al resguardo, porque, \u00abcontrario a lo endilgado, la Sala actu\u00f3 en estricto cumplimiento de los mandatos se\u00f1alados en el canon 29 de la CP, relativo al cumplimiento de las formas propias de cada juicio, garant\u00eda imperativa que respeto de los derechos procesales de las partes, sin que pueda ser omitida en beneficio de una de aquellas sin raz\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. dijo que \u00abno es de su competencia realizar manifestaci\u00f3n alguna frente al tr\u00e1mite dado por Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro en primera instancia, a la apelaci\u00f3n surtida en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia Sala de Decisi\u00f3n Laboral, ni a recurso extraordinario de casaci\u00f3n llevado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues es deber de los funcionarios judiciales verificar si se est\u00e1 cumpliendo o no con el tr\u00e1mite procesal previsto por el legislador y si se respetan los lineamientos que regulan el debido proceso Constitucional\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego porque la sentencia criticada no se aprecia irrazonable, dado que \u00abel juez constitucional no debe inmiscuirse en los asuntos asignados funcionalmente al natural y, en especial, si la injerencia tiene que ver con el modo en el que valor\u00f3 el tema a su cargo, e interpret\u00f3 y aplic\u00f3 la normatividad, pues lo contrario ser\u00eda quebrantar su autonom\u00eda e independencia. Excepcionalmente, cuando las providencias se apartan abruptamente del ordenamiento y resuelven con arbitrariedad, o son producto de negligencia extrema, es que se habilita esa intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.- Refut\u00f3 el precursor insistiendo en los argumentos del escrito genitor, agregando que el a quo, \u00abno efectu\u00f3 un pronunciamiento de fondo en el asunto planteado [porque] nada dijo respecto a la omisi\u00f3n del Tribunal Superior de Antioquia de hacer uso de sus facultades oficiosas, que en un caso como el planteado se dilucidan como deberes del juez\u00bb, de ah\u00ed que, se trata \u00abdel hogar de una persona que falleci\u00f3, habiendo cumplido los requisitos de cotizaci\u00f3n al sistema, necesarios para del otorgamiento de una pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de su grupo familia\u00bb. <\/p>\n
Con todo, resalt\u00f3 el \u00abestado de salud de la madre del causante y sobre las dificultades econ\u00f3micas que est\u00e1 padeciendo el hogar del fallecido\u00bb; aunado al hecho que \u00aben las planillas de ingreso a los juzgados de Rionegro-Antioquia, debe constar que los testigos ANA CASTA\u00d1O y ESTEBAN GRISALES, asistieron a rendir testimonio en la hora y fecha se\u00f1alados, raz\u00f3n por la cual no puede afirmarse que, dicha prueba no se practic\u00f3 por falta de diligencia de la parte actora\u00bb, entonces si la \u00abprueba testimonial\u00bb respecto de ellos no fue practicada, ello no obedece a la \u00abinactividad probatoria de la parte demandante\u00bb, sino a que el juzgador de primera instancia no la encontr\u00f3 necesaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como aspecto preliminar, la Corte restringir\u00e1 el an\u00e1lisis al veredicto SL3035-2022 (25 jul.) dictado por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral porque, pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra el de segunda instancia (23 ag. 2019), ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos similares a los que soportaron \u00abel recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (STC2377-2018 reiterada en STC1104-2021, STC862-2022 y STC3690-2023). <\/p>\n
2.- En el sub j\u00fadice, se advierte el fracaso de la salvaguarda y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo zanjado en primer grado, porque en el prove\u00eddo objetado que \u00ab[no cas\u00f3] la sentencia dictada el veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019), por la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia\u00bb, en el proceso combatido, se expusieron las razones para adoptar tal disposici\u00f3n, por \u00abgraves deficiencias\u00bb de t\u00e9cnica en el cargo primero y resultar impr\u00f3spero el segundo, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
Para arribar a dicha inferencia, previamente, frente al primer cargo, asever\u00f3 que \u00abse trajeron normas procesales sin sustentar una violaci\u00f3n medio\u00bb, en tanto, <\/p>\n
\u00abIncluye en su proposici\u00f3n jur\u00eddica los preceptos 60 y 61 del CPT, as\u00ed como el 63, 176, 244 del C\u00f3digo General del Proceso, pero, no lo encauza como violaci\u00f3n medio. Sobre esto, debe decirse que \u00abLos textos de naturaleza procesal solamente se pueden acusar por violaci\u00f3n medio y en relaci\u00f3n con los de car\u00e1cter sustancial, ya que la infracci\u00f3n de la ley en realidad se produce inicialmente sobre aquellos que son el veh\u00edculo para alcanzar los preceptos sustanciales\u00bb (CSJ SL1379-2019), ni siquiera explic\u00f3, como era de su carga, de qu\u00e9 manera la afectaci\u00f3n de lo procesal a que se refiere desat\u00f3 la de las normas sustantivas que incorporan el derecho pretendido, enlistadas en el acervo jur\u00eddico del ataque, requisito indispensable que la jurisprudencia ha destacado como falencia insuperable (CSJ SL5032-2021)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en ese mismo embate, respecto de \u00ablas pruebas no h\u00e1biles\u00bb manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 7.\u00b0 de la Ley 16 de 1989, los \u00fanicos medios probatorios h\u00e1biles en casaci\u00f3n para estructurar un error de hecho son: la confesi\u00f3n, la inspecci\u00f3n judicial y el documento aut\u00e9ntico (CSJ SL, 28 may. 1993, rad. 5800, reiterada en CSJ SL1978-2021) y en caso de que se presenten reparos frente a otras pruebas estas solo pueden ser estudiadas si se logran a acreditar los dislates indicados con un elemento de juicio calificado. <\/p>\n
Para ello, endilga la indebida apreciaci\u00f3n de diferentes medios de acreditaci\u00f3n, con los cuales estima se derruyen las inferencias del Tribunal, esencialmente, porque refrendan la significancia del aporte del finado al aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Con base a lo anterior, debe precisarse que el elemento denunciado por el promotor del recurso no cuenta con tal calidad, debido a que: <\/p>\n
i) Los Informes de investigaci\u00f3n administrativa sobre dependencia econ\u00f3mica, no son prueba apta en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuando los documentos allegados al proceso son de car\u00e1cter declarativo y provienen de un tercero, no pueden ser considerados como un elemento probatorio id\u00f3neo en esta sede, pues ello se asimila a un testimonio (CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 43422 y CSJ SL2176-2017). <\/p>\n
En ese sentido no aflora posible abordarse el estudio del informe de investigaci\u00f3n administrativa adelantado por la sociedad Alianza Seguros Integrales Ltda. (f.\u00ba 75 a 87, cuaderno principal) al ser este emanado de una compa\u00f1\u00eda no vinculada al tr\u00e1mite, tal y como ense\u00f1\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo CSJ SL2247-2021: <\/p>\n
2. Respecto al formato de entrevista (f.\u00ba 81 a 85, cdno. ppal.) y al documento resultante de la investigaci\u00f3n adelantada por la firma Servicios de Consultor\u00eda, Siniestros de Seguros e Investigaciones Generales (f.\u00ba 88 a 93, cdno. ppal.), acusados por su err\u00f3nea apreciaci\u00f3n, esta Sala tiene definido que los informes que recogen las investigaciones realizadas por las administradoras de pensiones, a efectos de establecer la convivencia o la dependencia econ\u00f3mica, se asimilan al testimonio y, en esa medida, no son prueba calificada en casaci\u00f3n, salvo que est\u00e9n suscritos por la demandante, lo cual no acontece en el asunto bajo escrutinio, y as\u00ed lo ha dicho la Corporaci\u00f3n en muchas de sus sentencias, por ejemplo, en las CSJ SL1921-2019 y CSJ SL5605-2019 (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Como se observa, solo podr\u00eda ser valorado si se encontrara signado por el convocante, lo cual no sucedi\u00f3 en el caso bajo estudio. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la censura en el desarrollo del cargo se refiere a los testimonios, no obstante, esta prueba no es un medio h\u00e1bil en casaci\u00f3n para estructurar un yerro f\u00e1ctico, a menos previamente se demuestre un error protuberante un medio de medio de convicci\u00f3n calificado. <\/p>\n
Al respecto en sentencia CSJ SL1954-2021, expuso: <\/p>\n
[\u2026] y en lo que ata\u00f1e a la prueba testimonial, de la que tambi\u00e9n pretende inferir dislates por parte del juez colegiado, hay que decir, que tampoco constituye elemento de juicio h\u00e1bil en materia de casaci\u00f3n laboral, en tanto que solo lo son el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial e inspecci\u00f3n ocular (art. 7 Ley 16 de 1969); pues si bien se ha admitido su an\u00e1lisis en algunos casos, ello ocurre siempre y cuando se demuestre la ocurrencia de protuberantes y evidentes yerros f\u00e1cticos, con medios de convicci\u00f3n calificados en el recurso extraordinario, lo que no sucede en el asunto bajo examen. <\/p>\n
Con lo anterior, resulta improcedente el estudio de estas evidencias, por lo que no son medio apto en Casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
\u00abCarta de respuesta de Protecci\u00f3n S. A. a la demandante, calendada 31 de agosto de 2016 (f.\u00b0 22, 23 y 24, ibidem). <\/p>\n
Bosqueja el atacante que el Tribunal no valor\u00f3 esta documental, en la que se plasm\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
[\u2026] los egresos reportados para el grupo familiar no eran cubiertos por el afiliado fallecido en su totalidad puesto que los gastos reportados suman $1.140.000 mensuales y el afiliado solo aportaba la suma de $300.000 y que contaba para la fecha del deceso con un salario m\u00ednimo mensual legal vigente para el a\u00f1o 2015 de $644.350, del cual era necesario realizar las respectivas deducciones para la seguridad social, as\u00ed como cubrir gastos personales, dentro de los cuales se encuentra el transporte. <\/p>\n
Lo anterior, para concluir que el afiliado fallecido aportaba un total de $300.000, para los gastos del hogar los cuales suman un total de $1.140.000. <\/p>\n
Frente a las inferencias del recurrente, la Sala evidencia de dicha probanza, que efectivamente no fue tenida en cuenta por el Tribunal en su fallo. Pese a esto, lo que se percibe de la misma es que, la entidad demandada hace menci\u00f3n al emolumento dado por el causante y los gastos del hogar, encontrando que dicho aporte no resulta determinante para el n\u00facleo familiar, limit\u00e1ndose a consignar que no hubo acreditaci\u00f3n de la sujeci\u00f3n financiera, lo mismo que se indica en la sentencia emitida, pero, haciendo alusi\u00f3n a los testimonios rendidos por Salom\u00f3n Hern\u00e1ndez, Viviana Carmona Orozco y Johan Arbel\u00e1ez Orozco, quienes aluden lo ya dicho, por lo que pretende inducir a error a esta Corte al insinuar que de tal medio se desligan argumentos que no consigna\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en lo atinente al segundo cargo en la demanda de casaci\u00f3n formulado, \u00aben la modalidad de v\u00eda directa, por violar directamente la ley sustancial al interpretar err\u00f3neamente el art\u00edculo 47, literal d, de la Ley 100 de 1993 modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003\u00bb, anunci\u00f3 que era necesario establecer \u00absi el Tribunal se equivoc\u00f3 con relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n que le dio a la exigencia de la norma en cuanto a la sumisi\u00f3n econ\u00f3mica, en este caso, de Henry Antonio Pati\u00f1o Arboleda respecto de su hijo fallecido\u00bb, para lo cual, sustent\u00f3 conforme a la jurisprudencia de esa Sala que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ha reiterado que para cumplir el requisito de subordinaci\u00f3n financiera no es necesario que el dependiente est\u00e9 en estado de mendicidad o indigencia, solo debe demostrar que no es autosuficiente dinerariamente, esto es, cuando los recursos resultan precarios para satisfacer las necesidades esenciales de subsistencia en condiciones dignas (CSJ SL, 4 dic. 2008, rad. 30385, CSJ SL400-2013, CSJ SL4217-2018, CSJ SL1243-2019, CSJ SL3433-2020, entre otras). <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que la jurisprudencia ha identificado reglas que permiten dilucidar dicha dependencia, a partir del m\u00ednimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la c\u00f3moda subsistencia de cada persona en particular, es decir, seg\u00fan la Corte Constitucional, que los recursos sean suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna (CC C-111-2006). <\/p>\n
De igual manera, en m\u00faltiples pronunciamientos, entre ellos CSJ SL4473-2020, CSJ SL1243-2019 y CSJ SL652-2020 se ha puntualizado: <\/p>\n
De igual manera, se ha instruido que no cualquier colaboraci\u00f3n, estipendio o ayuda que se otorgue a los progenitores, tiene la virtualidad de constituir la dependencia econ\u00f3mica que se requiere para ser considerado beneficiario de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, sino aquel, que sea relevante, esencial y determinante para el sostenimiento de la familia, pues el objetivo previsto por el legislador a esta especie pensional, es la de servir de amparo a quienes se ven afectados y desprotegidos ante la desaparici\u00f3n de su ser querido. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en sentencia CSJ SL, 29 oct. 2014, rad. 47676 reiterada en providencia CSJ SL, 5 oct. 2016, rad. 52951, CSJ SL3425-2018 y CSJ SL1243-2019, discurri\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed, la dependencia econ\u00f3mica tiene como rasgo fundamental el hecho de que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, extinguida la relaci\u00f3n de contribuci\u00f3n econ\u00f3mica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de \u00e9ste (sic) \u00faltimo se ve amenazada en importante nivel, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida. Esto es, una persona es dependiente cuando no cuenta con grados suficientes de autonom\u00eda econ\u00f3mica y su nivel de vida digna y decorosa est\u00e1 subordinada a los recursos provenientes del que fallece. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, no cualquier suma otorgada por el causante a los familiares demuestra de forma cierta la calidad de beneficiario de dicha prestaci\u00f3n, sino aquella que, al faltar, sit\u00faa a estos en un escenario de desprotecci\u00f3n que compromete de forma determinante la garant\u00eda de sus condiciones dignas y m\u00ednimas de vida (CSJ SL4811-2014, CSJ SL14923-2014 y CSJ SL14539-2016). <\/p>\n
Conforme a las anteriores precisiones es claro que esta Corte ha ense\u00f1ado que frente al requisito estudiado esta tiene que ser: i) cierta y no presunta; ii) regular y peri\u00f3dica y, iii) significativa, caracter\u00edsticas que deben ser probadas por quien pretende ostentar la calidad de beneficiario y, a la administradora, le asiste \u00abel deber de desvirtuar esa sujeci\u00f3n material mediante el aporte de los medios de convicci\u00f3n que acrediten la autosuficiencia econ\u00f3mica de los padres para solventar sus necesidades b\u00e1sicas\u00bb (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026 y CSJ SL6390-2016)\u00bb. <\/p>\n
Con base en tales derroteros, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn el sub lite, para edificar el fallo impugnado, desde lo jur\u00eddico, la Colegiatura acudi\u00f3 a la providencia CC C111-2006 y los prove\u00eddos CSJ SL4103-2016 y CSJ SL6390-2016, con soporte en esas reflexiones consider\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] No debe perderse de vista que la pensi\u00f3n de sobrevivientes est\u00e1 orientada a proteger a la familia del causante que depend\u00eda econ\u00f3micamente de \u00e9l frente a la contingencia de su muerte, evit\u00e1ndose de esta manera el desamparo y desprotecci\u00f3n que pueda originarse por el hecho de su fallecimiento. Doctrinariamente se ha definido esta prestaci\u00f3n como la remuneraci\u00f3n peri\u00f3dica que reciben los miembros del grupo familiar del fallecido. Este concepto corresponde al que se ha conocido como sustituci\u00f3n pensional y que se asimila a un seguro de vida a favor de los beneficiarios. Es una transmisi\u00f3n vitalicia, siempre y cuando, para el caso de los padres, aparezca acreditado que depend\u00edan econ\u00f3micamente del hijo fallecido. En punto a este requisito en las demandas de los progenitores se afirm\u00f3 que el causante conviv\u00eda con sus padres y hermana, que ellos depend\u00edan en gran medida de los ingresos del fallecido, ya que contribuyen de manera activa en el pago de los gastos del hogar, tal como se lea folios 3 y 105. Sin embargo, no se suministraron en tales escritos detalles de la forma como se materializaba esa dependencia [\u2026]. <\/p>\n
[\u2026] escuchados a instancia de la parte demandante, poca credibilidad le merece a la sala, am\u00e9n de que las versiones entregadas por Dora Viviana y Jhon Esneider est\u00e1n afectadas de sospecha por el parentesco que los une con la demandante Blanca Irma. Fue notable en ellos el esfuerzo por traer en sus declaraciones o por tratar de hacer ver en sus declaraciones a los demandantes como dependientes de su hijo. Versiones que adem\u00e1s no coinciden con las entrevistas suscritas en el curso de la investigaci\u00f3n administrativa. Ahora bien. Para la sala. Lo que s\u00ed es cierto y se puede saber de dichas versiones es que para el momento en que el causante falleci\u00f3, el grupo familiar estaba integrado por los demandantes en su calidad de esposos y padres del causante Alejandro Pati\u00f1o Orozco y una hija, pues las otras dos ya no viv\u00edan con ellos y que Henry Antonio trabajaba en un supermercado, devengando m\u00e1s de un salario m\u00ednimo. A partir de entonces, del hecho de que Henry Antonio ten\u00eda una vinculaci\u00f3n laboral formal, la sala concluye que en principio el sostenimiento del grupo familiar estaba a su cargo, destinando sus recursos de origen laboral para subvencionar los gastos familiares. Y esto ocurri\u00f3 mientras que su hijo Alejandro empez\u00f3 a laborar y despu\u00e9s de su fallecimiento, de modo que incumb\u00eda a los demandantes acreditar eficazmente que mientras el joven afiliado estuvo laborando desde el 15 de enero de 2014. Ciclo desde el cual aparecen cotizaciones en su historia laboral visible a folio 59 y a pesar de los ingresos del c\u00f3nyuge demandante, el aporte econ\u00f3mico del finado era subordinante y determinante para el sostenimiento del grupo familiar, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
El sentir de la Sala no aparece que as\u00ed hubiera sido. Para ese per\u00edodo no se acredit\u00f3 que el demandante Henry Antonio, no hubiera conservado los ingresos que ten\u00eda para el sostenimiento de grupo familiar y que el joven Alejandro se hizo cargo de la subsistencia del grupo. Es que fue el mismo Henry Antonio quien admiti\u00f3 que laboraba en un supermercado y que por dicen ahora percibi\u00f3 un salario, pero no prob\u00f3 ni \u00e9l ni su c\u00f3nyuge que el monto de sus ingresos fueran tan \u00ednfimo como para que su subsistencia dependiera en forma determinante de los ingresos laborales de su hijo. <\/p>\n
En este orden de ideas, no existe en el sentir de la sala medio de prueba eficaces acerca de que en vida el joven Alejandro fue quien asumir\u00eda el sostenimiento de sus padres y menos en las cuant\u00edas en que se acaba de se\u00f1alar por las contradicciones o por la variaci\u00f3n que en las entrevistas que rindieron frente la AFP y las versiones que luego dieron ante el juzgado se presentaron en ellas, pues las declaraciones de parte y la prueba testimonial ya relacionadas no satisfacen tal exigencia de eficacia probatoria y por el contrario aparece acreditado que los se\u00f1ores Blanca Irma y Henry Antonio dependieran ambos de lo que este \u00faltimo percib\u00eda por el salario devengado antes de que su hijo empezara a laborar y despu\u00e9s de su deceso. <\/p>\n
Por tanto, para que se pudiera acceder entonces a la pensi\u00f3n de sobreviviente deprecada, en virtud a la regla de la carga de la prueba le incumb\u00eda a los demandantes acreditar o que en el expediente apareciera probado que el monto de los ingresos que percib\u00eda el padre del causante como trabajador eran insuficientes para atender la congrua subsistencia del grupo familiar y que efectivamente tuvieran que depender de su hijo, adem\u00e1s deb\u00edan acreditar que mientras su hijo estuvo laborando su aporte econ\u00f3mico era determinante y subordinante para el sostenimiento de ellos. Como ninguno de los dos supuestos fue acreditado la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica pedida no pod\u00eda tener buen suceso. <\/p>\n
En efecto, revisada la citada argumentaci\u00f3n, para esta es evidente que el Juez de alzada no cometi\u00f3 el error jur\u00eddico endilgado en la acusaci\u00f3n, pues, adem\u00e1s de citar precedentes de esta Corporaci\u00f3n, aplica en debida manera los criterios doctrinales a los supuestos de hecho de la presente litis, ya que verific\u00f3 la necesidad del aporte en la vida del beneficiario, la periodicidad y la significancia de este, lo que indubitablemente, acarrea que no se configure la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma, pues, no estableci\u00f3 la necesidad de que la dependencia fuera total y absoluta sino que deb\u00eda ser determinante para la subsistencia del progenitor, situaci\u00f3n que no encontr\u00f3 demostrada con el an\u00e1lisis probatorio y cuyas conclusiones f\u00e1cticas no es posible discutir en un cargo por la v\u00eda directa\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el quejoso, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda constitucional, que no es el de servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC9232-2018, reiterada en STC2544-2021, STC1648-2022 y STC3690-2023). <\/p>\n
4.- Aunado a lo anterior, en cuanto al examen que se procura endilgando \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por presunto \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, tampoco brota su estructuraci\u00f3n, toda vez que, el hecho de que disienta de las anteriores elucubraciones por afirmar que los elementos suasorios no se analizaron de forma correcta y contienen \u00abindebidas valoraciones y apreciaciones del material probatorio\u00bb, no es \u00abargumento\u00bb que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que, como se ha indicado, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (CSJ, STC419-2021 y STC13152-2021, citadas en STC12876-2022 y STC3655-2023). <\/p>\n
5.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener lo refutado, advirtiendo que para esta Corporaci\u00f3n es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021), lo que en este evento no sucede. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4560-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4560-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00453-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de marzo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73258","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73258","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73258"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73258\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73258"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73258"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73258"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}