STC4567-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4567-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00077-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jos\u00e9 Anunciaci\u00f3n Merch\u00e1n Basto instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Quinto Penal del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bucaramanga, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2015-00313-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El querellante, en nombre propio, invoc\u00f3 la guarda de los derechos a la \u00abtutela judicial efectiva, debido proceso y contradicci\u00f3n\u00bb, para que, \u00abse declare la nulidad de lo actuado dentro del proceso penal adelantado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga a partir del auto que decidi\u00f3 el decreto probatorio e inclusive hasta su etapa actual\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, en la audiencia preparatoria, s\u00f3lo decret\u00f3 las pruebas testimoniales negando las documentales, al estimar incumplida la carga argumentativa de pertinencia en la causa que se adelanta en su contra y de otros por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros y prevaricato por acci\u00f3n (10 feb. 2022), decisi\u00f3n que el superior ratific\u00f3 (8 jul.). <\/p>\n
Sostuvo que luego el a quo se declar\u00f3 impedido para continuar tramitando el asunto, siendo asignado este al Sexto de la misma categor\u00eda, quien fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n del juicio oral. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, con los pronunciamientos que negaron el \u00abdecreto de las pruebas documentales\u00bb se lesionaron sus privilegios supralegales, en tanto se incurri\u00f3 en defecto sustantivo por inaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 8, 10, 15, 26, 27, 374 y 375 de la Ley 906 de 2004, lo que conllev\u00f3 a la \u00abimposibilidad de la pr\u00e1ctica de unos medios de prueba, que bajo una estrategia procesal, podr\u00edan ser relevantes, para demostrar que lo sucedido de forma antecedente al proceso y que la fiscal\u00eda califica como delito, no lo es, porque no existi\u00f3 dolo alguno\u00bb. <\/p>\n
El Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento indic\u00f3 que le correspondi\u00f3 el dossier recriminado tras declararse impedido su hom\u00f3logo Quinto y, que, est\u00e1 pendiente de continuar la \u00abaudiencia del juicio\u00bb, por lo que no se satisface el requisito de la subsidiariedad y m\u00e1s bien se \u00abcoloca de relieve posibles maniobras dilatorias\u00bb del gestor para entorpecer su cauce normal. <\/p>\n
La Contralor\u00eda Municipal de Floridablanca se\u00f1al\u00f3 que \u00abno objeta las decisiones del Tribunal ni del juez de primera instancia, toda vez que no se evidencia vulneraci\u00f3n al no considerarse necesario el decreto de las pruebas solicitadas\u00bb. <\/p>\n
La representante de v\u00edctimas del Municipio de Floridablanca pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y R\u00c9PLICA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el auxilio, porque no se cumple el presupuesto de \u00abla subsidiariedad\u00bb al encontrarse el paginario reprochado en curso, pues \u00abapenas se inici\u00f3 la etapa de juzgamiento, lo cual significa que ni siquiera se ha proferido sentencia de primer grado\u00bb, de modo que al querellante \u00able subsisten diversos escenarios para ejercer la defensa de sus intereses, como son el recurso de apelaci\u00f3n y el extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor insistiendo en los argumentos del escrito genitor, adverando que el a quo constitucional desatendi\u00f3 la sentencia CC SU 388 de 2021, seg\u00fan la cual, \u00abfrente a una decisi\u00f3n tomada al interior del proceso, y frente a la que no proceden m\u00e1s recursos, la tutela s\u00ed es procedente y no debe esperarse a que se profiera sentencia para discutir la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb, por lo que debi\u00f3 resolver de fondo su resguardo, aunado a que no analiz\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable con lo definido por los despachos censurados, ya que \u00abviolaron el principio de la congruencia al no efectuar un an\u00e1lisis de la totalidad de lo expuesto en sede de la demanda, sino que, dejaron por fuera dicho estudio, llevando con ello, que el juez constitucional tenga el deber de valorar si efectivamente hubo o no violaci\u00f3n a derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En primer lugar, la Corte restringir\u00e1 el an\u00e1lisis al interlocutorio dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga (8 jul. 2022), en el proceso n.\u00b0 2015-00313, porque, pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra el de primera instancia, ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos similares a los que soportaron \u00abel recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (STC2377-2018 reiterada en STC1104-2021 y STC862-2022). <\/p>\n
2.- En el sub j\u00fadice, se advierte el fracaso de la salvaguarda y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo zanjado en primer grado, porque en el prove\u00eddo cuestionado que refrend\u00f3 el expedido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa localidad, que entre otras cosas \u00abneg\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de unas pruebas documentales\u00bb reclamadas por el quejoso, se expusieron las razones para adoptar tal disposici\u00f3n, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser discutida en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, preliminarmente el ad quem hizo una relaci\u00f3n de \u00ablas pruebas documentales\u00bb requeridas por el impulsor, para apreciar que pese a la gran cantidad de estas cuyo decreto quer\u00eda, \u00abno se cumpli\u00f3 con la carga argumentativa necesaria\u00bb para demostrar su pertinencia, conducencia y utilidad en la teor\u00eda del caso de la defensa. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto, no se mencionaron las \u00abrazones\u00bb para que dichos \u00abdocumentos\u00bb hicieran \u00abm\u00e1s probable demostrar\u00bb el hecho que el Merch\u00e1n Basto no actu\u00f3 dolosamente, en tanto, \u00abla mera enunciaci\u00f3n del t\u00edtulo del documento y su fecha\u00bb no satisfac\u00eda \u00abla carga argumentativa relativa a la pertinencia del elemento cuyo decreto se pretende\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abno puede equipararse la relaci\u00f3n directa que puede llegar a tener un testigo presencial de unos hechos il\u00edcitos, con los documentos solicitados en el caso sub examine, en el entendido que, se itera, se desconoce el contenido de los mismos siendo imposible incluso determinar si ostentan una relaci\u00f3n directa o indirecta con el tema de la prueba, contrario a lo que sucede con un testigo presencial, quien indefectiblemente da cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarroll\u00f3 una conducta punible\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, precis\u00f3 que pese a que el recurrente busc\u00f3 \u00absubsanar su falencia argumentativa en lo que respecta a la pertinencia de los documentos descritos\u00bb a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, lo cierto es que se trata de una \u00abmaniobra inaceptable\u00bb, ya que la oportunidad procesal para ello fue en la audiencia preparatoria una vez se elev\u00f3 la solicitud, la cual feneci\u00f3 al ser solventada por el funcionario cognoscente. <\/p>\n
En esa l\u00ednea dedujo, que \u00abla carga argumentativa para acreditar la pertinencia de los citados medios de convicci\u00f3n\u00bb qued\u00f3 delimitada al hecho que \u00abhar\u00edan mas probable la circunstancia de que los procesados no actuaron dolosamente\u00bb, por lo que aspirar \u00absubsanar esta omisi\u00f3n mediante el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb bajo el pretexto de tratarse de \u00abcircunstancias adicionales\u00bb, lo irrebatible es que no fueron puestas en examen cuando \u00abpresent\u00f3 la solicitud probatoria\u00bb, olvido que llev\u00f3 a la denegatoria de sus anhelos. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el tutelante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda tuitiva, cuyo objetivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para rebatir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC9232-2018, reiterada en STC2544-2021 y STC1648-2022). <\/p>\n
4.- Ahora, en lo que concierne con la violaci\u00f3n de los atributos b\u00e1sicos que, seg\u00fan el libelista, obliga a que por esta senda \u00abse declare la nulidad de lo actuado a partir del auto que decidi\u00f3 el decreto probatorio por afectaci\u00f3n a [su] derecho de defensa\u00bb, aquel no ha acudido a los medios legales de oposici\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, esto es, la invalidez prevista en el art\u00edculo 457, mediante el cual puede hacer evidentes, ante el juez natural, las irregularidades que aqu\u00ed reclama para que se estudie su viabilidad o no, situaci\u00f3n que deja claro el desconocimiento del \u00abrequisito de la subsidiariedad \u00bbque caracteriza esta ayuda y, por contera, el fracaso del socorro suplicado. <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico, esta Magistratura ha dicho que <\/p>\n
(\u2026) para la procedencia de la salvaguarda, es necesario que el impulsor carezca de otras herramientas para conjurar el agravio, entre ellas, el proceso, medio por excelencia. Entonces, no ser\u00e1 dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de atacar las actuaciones que combate. <\/p>\n
Como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (STC6908-2020 reiterado en STC6515-2021, STC13322-2022 y STC3137-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4567-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4567-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00077-01 (Aprobado en Sala de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero de 2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73263","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73263"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73263\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73263"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}