STC4576-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4576-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 19001-22-13-000-2023-00041-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de abril de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, en la tutela que Lida Marleny Tobar Guti\u00e9rrez instaur\u00f3 contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito y las Notar\u00edas Primera y Segunda, todos de la misma urbe, y Mar\u00eda Carmenza Quina Escobar, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2014-00189. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad, propiedad privada y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se \u00abrevocar[a] la SENTENCIA [proferida el] 11 de abril de 2016\u00bb en el juicio de la referencia; se \u00abDECLAR[ARA] LA NULIDAD ABSOLUTA de las escrituras p\u00fablicas n\u00famero 1747 y 1748 de fechas 15 DE JUNIO DE 2012\u00bb, as\u00ed como las \u00ab1936 y 1937 de fechas 29 de agosto del a\u00f1o 2014\u00bb y, se condenara a los accionados \u00abal pago de perjuicios personales, morales, materiales que se consideren pertinentes\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que, en calidad de vendedora, suscribi\u00f3 con Mar\u00eda Carmenza Quina Escobar dos contratos de \u00abCOMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA\u00bb respecto de los inmuebles con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00b0 120-1032 y 120-657, protocolizados a trav\u00e9s de las escrituras p\u00fablicas n\u00b0 1747 y 1748 de 15 de junio de 2012 de la Notar\u00eda Segunda de Popay\u00e1n, \u00abpactos\u00bb que se \u00abextinguieron\u00bb mediante los instrumentos n\u00b0 1936 y 1937 de 29 de agosto de 2014 de la Notar\u00eda Primera de esa misma localidad. <\/p>\n
Relat\u00f3 que la compradora promovi\u00f3 en su contra juicio de \u00abrestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u00bb (rad. 2014-00189), aduciendo la existencia de un \u00abcontrato de arrendamiento verbal\u00bb, el cual culmin\u00f3 con sentencia que acogi\u00f3 las pretensiones (11 abr. 2016), que apel\u00f3; pero, la alzada no fue concedida y, al insistir en sede extraordinaria de revisi\u00f3n, la demanda fue rechazada (4 may. 2017). <\/p>\n
Sostuvo que firm\u00f3 los aludidos negocios jur\u00eddicos con enga\u00f1os, ya que le hicieron creer que \u00abse trataba de una escritura de pr\u00e9stamo de mutuo con hipoteca\u00bb, aunado a que el precio pagado fue muy inferior al avalu\u00f3 comercial de las propiedades, por lo que sufri\u00f3 \u00abLESI\u00d3N ENORME\u00bb y, por si fuera poco, Quina Escobar fue una tercera a cuyo nombre fue puesta la titularidad de tales bienes por parte de los verdaderos contratantes, anomal\u00edas que no fueron advertidas por las mentadas \u00abnotar\u00edas\u00bb, circunstancias que, en su sentir, torna viable su querella. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n y la curadora ad-litem de Mar\u00eda Carmenza Quina Escobar pidieron negar el resguardo por no cumplir el requisito de la inmediatez frente a la resoluci\u00f3n que solvent\u00f3 de fondo el pleito censurado. <\/p>\n
Las Notar\u00edas Primera y Segunda de Popay\u00e1n se opusieron al auxilio, tras manifestar que las \u00abescrituras p\u00fablicas\u00bb reprochadas \u00abse autorizaron conforme a la normativa legal vigente en la materia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y LA REFUTACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Popay\u00e1n desestim\u00f3 el ruego por no atender los presupuestos de procedibilidad de la \u00abinmediatez\u00bb y la \u00absubsidiariedad\u00bb, dado que, por un lado, \u00abhan transcurrido varios a\u00f1os desde la celebraci\u00f3n de los actos de compraventa (m\u00e1s de diez a\u00f1os), la extinci\u00f3n del pacto de retroventa (m\u00e1s de ocho a\u00f1os) y la emisi\u00f3n de la Sentencia (siete a\u00f1os)\u00bb y, por el otro, \u00abexisten mecanismos ordinarios id\u00f3neos para solicitar la declaraci\u00f3n de nulidad (\u2026) de los actos o contratos instrumentados en las escrituras p\u00fablicas y\/o para rescindirlos por nulidad o lesi\u00f3n enorme\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 la gestora reafirm\u00e1ndose en los raciocinios inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito y, por ende, que el veredicto de primera instancia merece ser respaldado, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
1.1.- El anhelo de Lida Marleny Tobar Guti\u00e9rrez est\u00e1 encaminado, preliminarmente, a que se \u00abrevoque\u00bb el pronunciamiento por medio del cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n accedi\u00f3 a las s\u00faplicas incoadas en su contra por Mar\u00eda Carmenza Quina Escobar en el proceso de \u00abrestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u00bb n\u00b0 2014-00189, ya que, en su sentir, dicha autoridad no escuch\u00f3 sus argumentos de defensa. <\/p>\n
Sin embargo, para la Sala tal aspiraci\u00f3n no puede salir avante, comoquiera que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia, si en cuenta se tiene que desde la data en que esta se dict\u00f3 (11 abr. 2016) hasta la radicaci\u00f3n de la \u00abdemanda de tutela\u00bb (12 abr. 2023), transcurrieron aproximadamente siete (7) a\u00f1os y un (1) d\u00eda, y si se tomara la fecha en que fue \u00abrechazada la demanda de revisi\u00f3n\u00bb interpuesta frente a aquella (4 may. 2017), dicho lapso fuera de cinco (5) a\u00f1os, once (11) meses y ocho (8) d\u00edas; es decir, en todo caso se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el socorro. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada recientemente en la STC3625-2023 y STC3872-2023, entre otras). <\/p>\n
Por consiguiente, la tardanza de la precursora en ejercer este mecanismo descarta la presencia de un perjuicio de las connotaciones de irremediable y la urgencia en la provisi\u00f3n de una soluci\u00f3n por este sendero excepcional. <\/p>\n
1.2.- Ahora, en lo que concierne con el reproche contra las \u00abescrituras p\u00fablicas\u00bb criticadas, se advierte que la impulsora no hizo uso de las herramientas establecidas en el ordenamiento jur\u00eddico patrio para deprecar la rescisi\u00f3n de los convenios all\u00ed instrumentalizados por nulidad relativa (art. 1741 C\u00f3digo Civil) o, en su defecto, por \u00ablesi\u00f3n enorme\u00bb (art. 1946 ib\u00eddem), en tanto, pregona que su consentimiento fue viciado y que el valor cancelado por los \u00abinmuebles\u00bb enajenados fue muy por debajo del \u00abprecio comercial\u00bb de la \u00e9poca. <\/p>\n
De modo que, no puede Lida Marleny valerse de la \u00abtutela\u00bb para excusar su incuria o desatenci\u00f3n, ya que era a trav\u00e9s de tales instrumentos que deb\u00eda hacer prevalecer los planteamientos que ac\u00e1 expone, debido al car\u00e1cter residual del medio tuitivo. <\/p>\n
Esta Colegiatura tiene decantado, que <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, mencionada en STC1769-2023 y STC4080-2023). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, como se anunci\u00f3, el prove\u00eddo opugnado ser\u00e1 convalidado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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