STC4585-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4585-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01831-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n con radicado 2022-00115. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando mediante apoderado judicial, la entidad solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n contra Roberto Calder\u00f3n Quintero y Carmen Cecilia Chiquillo Vargas, en calidad de propietarios del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 260-54775 para el desarrollo del Proyecto Vial \u00c1rea Metropolitana de C\u00facuta y Norte de Santander, Tramo Tib\u00fa-El Tarra – Sector Carretera Tib\u00fa-El Tarra. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, radicada por reparto en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta, en auto de 18 de febrero de 2022 declar\u00f3 la falta de competencia y dispuso su remisi\u00f3n a los Juzgados categor\u00eda circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Octavo Civil del Circuito, bajo radicado 2022-00115, y mediante providencia de 22 de marzo de 2022 dispuso su inadmisi\u00f3n a fin de que se subsanaran 2 falencias, (i) \u00abAll\u00e9guese el dictamen pericial que determine el aval\u00fao comercial del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n. T\u00e9nganse en cuenta que el dictamen allegado con la demanda data del 16 de septiembre del 2019, por lo que el mismo no resulta vigente\u00bb y (ii) \u00abAll\u00e9guese el poder especial debidamente ratificado conforme al art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 806 de 2020, remitiendo aquel a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico para notificaciones judiciales registrado por la accionante o su apoderado judicial, o de ser el caso rem\u00edtase una copia con presentaci\u00f3n personal de aquel\u00bb, <\/p>\n
Explic\u00f3 que, el 25 de marzo siguiente present\u00f3 escrito de subsanaci\u00f3n cumpliendo con los par\u00e1metros exigidos por el art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Sostuvo que, pese a lo anterior, el Juzgado de conocimiento el 6 de abril de 2022 rechaz\u00f3 la demanda, indicando el incumplimiento de los requerimientos efectuados en el auto de 22 de marzo anterior, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, y el a quo mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en providencia de 18 de noviembre de 2022 la confirm\u00f3 determinaci\u00f3n, que en su sentir, vulner\u00f3 los derechos que reclama porque, \u00abLa decisi\u00f3n objeto de tutela, que exige como requisito allegar junto con la presentaci\u00f3n de la demanda de expropiaci\u00f3n judicial, un aval\u00fao con una vigencia inferior a un a\u00f1o de conformidad con lo reglado por el numeral 2 del art\u00edculo 7 del Decreto Nacional 422 de 2000, incurre en defecto sustantivo, por la inaplicaci\u00f3n de la normatividad especial que regula el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n, espec\u00edficamente lo relacionado con la elaboraci\u00f3n y presentaci\u00f3n del aval\u00fao del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 (i) Ordenar al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dejar sin efecto el auto de 6 de abril de 2022, que fue confirmado en providencia proferida el 18 de noviembre siguiente y como consecuencia de lo anterior, (ii) Ordenar al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que admita e imparta tr\u00e1mite a la demanda de Expropiaci\u00f3n, con radicado 2022-00115-00. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad judicial accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1.La Directora Jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD \u2013, refiri\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva dentro del tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n de tutela, habida cuenta que, no tiene injerencia con ninguno de los presuntos hechos transgresores de los derechos alegados por la parte actora, ya que fue la autoridad judicial quien determin\u00f3 la inadmisi\u00f3n de la demanda en el proceso de expropiaci\u00f3n, identificado con radicado N\u00b0. 2022-00115-00. <\/p>\n
2.El Juzgado Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 las actuaciones surtidas con la demanda de expropiaci\u00f3n formulada por la ANI, remitiendo el enlace del expediente para su consulta. <\/p>\n
3.La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, sostuvo que conoci\u00f3 del tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n del auto con radicado 2022-00115, el que resolvi\u00f3 en providencia del 18 de noviembre del mismo a\u00f1o, confirmando la decisi\u00f3n de primer grado, determinaci\u00f3n que realiz\u00f3 un an\u00e1lisis completo del asunto y una valoraci\u00f3n en el marco del principio de independencia que rige la actividad judicial. <\/p>\n
4.La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica inform\u00f3 que, encuentra su capacidad limitada a lo dispuesto por la Constituci\u00f3n y la Ley, en ese sentido, y por tratarse de una solicitud dirigida a controvertir una orden judicial y a exigir determinadas acciones a entidades aut\u00f3nomas e independientes, est\u00e1 imposibilitada a tomar cualquier tipo de acci\u00f3n o pronunciamiento al respecto; agreg\u00f3 que la accionante no est\u00e1 imputando alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n espec\u00edfica de esa entidad, lo que evidencia una inexistencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la entidad accionante persigue la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con (i) la providencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 6 de abril de 2022 por la cual rechaz\u00f3 la demanda de expropiaci\u00f3n que present\u00f3 y, (ii) el auto de 18 de noviembre de 2022, por el cual el Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 la del a quo. <\/p>\n
3. De manera preliminar resulta pertinente se\u00f1alar que, si bien el reclamo se dirige contra las providencias proferidas en primera y segunda instancia, el presente examen se circunscribir\u00e1 a la del Tribunal Superior porque fue la que defini\u00f3 el asunto objeto de controversia. (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, STC8328-2021 y, STC4159-2023, entre muchas). <\/p>\n
4. De la revisi\u00f3n de las piezas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, se advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la protecci\u00f3n formulada habr\u00e1 de ser negada, por considerar que la determinaci\u00f3n rebatida no contiene anomal\u00eda que imponga la perentoria intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque la providencia mediante la cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 aval\u00f3 el \u00abrechazo de la demanda de expropiaci\u00f3n\u00bb presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no fue el resultado de criterios subjetivos alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
V\u00e9ase como, la Corporaci\u00f3n accionada record\u00f3 que, para adelantar el proceso de expropiaci\u00f3n de bienes por motivos de utilidad p\u00fablica, se debe acompa\u00f1ar a la demanda, un aval\u00fao del bien objeto del tr\u00e1mite, conforme a lo establecido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Luego explic\u00f3 que, \u00ab(\u2026) el Decreto Nacional 422 de 2000 regul\u00f3 los criterios a los que deben sujetarse los aval\u00faos, entre los cuales se destaca que la vigencia del mismo no podr\u00e1 ser mayor a un (1) a\u00f1o, norma que no se opone al art\u00edculo 399 del CGP; por el contrario, dado que \u00e9ste no contiene ninguna exigencia adicional a la presentaci\u00f3n del dictamen, se podr\u00eda decir que lo complementa puesto que lo necesario es contar con una estimaci\u00f3n del precio del fundo en tiempos cercanos a la expropiaci\u00f3n judicial\u00bb <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en lo atinente al art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1742 de 2014 y el art\u00edculo 10\u00b0 de la Ley 1882 de 2018, el aval\u00fao que all\u00ed se refiere es para efectos de establecer el precio de adquisici\u00f3n en la \u00abetapa de enajenaci\u00f3n voluntaria\u00bb fase previa que debe agotarse para la expropiaci\u00f3n judicial, sin que las aludidas normas modifiquen el art\u00edculo 399 del del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como tampoco el Decreto 422 de 2000. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en el dictamen allegado con la demanda, de fecha 16 de septiembre de 2019, el \u00abmismo\u00bb perito se\u00f1al\u00f3 \u00abVIGENCIA DEL AVAL\u00daO: De acuerdo con el Decreto 1420 de junio 24 de 1998 expedidos por el Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico, el presente aval\u00fao tiene una vigencia de un (1) a\u00f1o a partir de la fecha de expedici\u00f3n de este informe, siempre que las condiciones extr\u00ednsecas e intr\u00ednsecas que puedan afectar el valor se conserven\u00bb. <\/p>\n
Finalmente sostuvo que, no es viable que la documentaci\u00f3n anexa al escrito de apelaci\u00f3n \u00absupere\u00bb los documentos que exige la ley al momento de presentar la demanda, o dentro del t\u00e9rmino de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
5. De lo anterior se advierte que la decisi\u00f3n se motiv\u00f3 razonadamente en las pruebas allegadas y la norma que gobierna el asunto, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal Superior a confirmar la decisi\u00f3n de rechazar la demanda en el proceso referido. <\/p>\n
En efecto, encontr\u00f3 debidamente probados los supuestos del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso que impon\u00edan el rechazo de la acci\u00f3n respectiva, por falta de subsanaci\u00f3n oportuna. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, esta Sala expuso que, <\/p>\n
(\u2026) 2. En el sub lite, la revisi\u00f3n del plenario reprochado pronto permite afirmar que el interlocutorio del Tribunal de Cali que aval\u00f3 el \u00abrechazo de la demanda de expropiaci\u00f3n\u00bb incoada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para ello, esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u00abEs un hecho cierto, en cuanto no ha sido discutido por el inconforme que, el aval\u00fao anexado tiene m\u00e1s de un a\u00f1o de su elaboraci\u00f3n al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda al reparto. <\/p>\n
2. El tenor literal de la norma invocada por el apelante, y que seg\u00fan su inconformidad no fue tenida en cuenta por el Juez de instancia, se\u00f1ala: <\/p>\n
Ley 1882 de 2018, art\u00edculo 9: \u201cModificar el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 24 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: Par\u00e1grafo 2\u00b0. El aval\u00fao comercial tendr\u00e1 una vigencia de un (1) a\u00f1o, contado, desde la fecha de su comunicaci\u00f3n a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisi\u00f3n y\/o, impugnaci\u00f3n de este. Una vez notificada la oferta, el aval\u00fao quedar\u00e1 en firme para efectos de la enajenaci\u00f3n voluntaria\u201d. <\/p>\n
i) Que el aval\u00fao queda en firme para el tr\u00e1mite de la negociaci\u00f3n voluntaria y el proceso de expropiaci\u00f3n, lo cual no es cierto, por el contrario, la norma afirma es que el aval\u00fao queda en firme solamente, \u00fanicamente, nada m\u00e1s, para la enajenaci\u00f3n voluntaria; ii) Tampoco es cierto, que la norma prescriba que, una vez notificada la oferta; se suspende el t\u00e9rmino de vigencia y queda en firme para la enajenaci\u00f3n voluntaria y el proceso de expropiaci\u00f3n, esas dos inferencias no tienen respaldo en la literalidad de la norma, primer pelda\u00f1o de cualquier interpretaci\u00f3n que se quiera ensayar sobre lo dicho por el legislador. Se debe precisar al inconforme que, la norma lo que est\u00e1 se\u00f1alando es el momento a partir del cual empieza a contabilizarse la vigencia de un a\u00f1o, que no es otro diferente a aqu\u00e9l en que se le comunican los resultados a la entidad que se ha solicitado el aval\u00fao, y cuando adquiere firmeza el aval\u00fao para que se pueda proceder a la negociaci\u00f3n voluntaria, y nada m\u00e1s\u00bb. (CSJ. STC5974-2021) <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la entidad solicitante con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial accionada para rechazar la demanda de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de inconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa, y revelan la intenci\u00f3n de utilizar la tutela como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
7. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4585-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4585-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01831-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la Agencia Nacional […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73279","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73279"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73279\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}