STC4603-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC4603-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00535-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 28 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto Rafael Ranauro Romero en nombre propio y en calidad de agente oficioso de su hija Yuliana Andrea Ranauro Vargas contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculada Silena Roc\u00edo Jim\u00e9nez Mej\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante en la calidad descrita, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, trabajo, estabilidad laboral reforzada, vida digna, salud y seguridad social presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que fue vinculado en provisionalidad al cargo de escribiente en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla el 2 de febrero de 2015, el cual en virtud de varios acuerdos de descongesti\u00f3n continu\u00f3 desempe\u00f1ando de manera consecutiva hasta el 1\u00ba de diciembre de 2021, fecha en la que se dispuso el nombramiento en propiedad de Silena Roc\u00edo Jim\u00e9nez Mej\u00eda. <\/p>\n
Sostuvo que el Tribunal Superior accionado al realizar esa designaci\u00f3n mediante Resoluci\u00f3n 023 de 26 de octubre de 2021, no tuvo en cuenta su condici\u00f3n de prepensionado y padre cabeza de familia porque tiene a cargo a su hija de 17 a\u00f1os, adem\u00e1s, de las obligaciones financieras que adquiri\u00f3 durante la relaci\u00f3n laboral destinadas al pago de estudios de la menor de edad y para el mejoramiento de la vivienda, las cuales no podr\u00e1 continuar asumiendo por su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Adujo que La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Barranquilla y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de esa ciudad, desconocieron los decretos con fuerza de ley que protegen la estabilidad laboral reforzada, al designar a la se\u00f1ora Jim\u00e9nez Mej\u00eda en el cargo de escribiente que \u00e9l ven\u00eda ocupando, vulnerando de esa forma los derechos que reclama y causando una afectaci\u00f3n a su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado solicit\u00f3 como medida provisional, ordenar la suspensi\u00f3n de los efectos de las decisiones contenidas en la Resoluci\u00f3n 023 de 26 de octubre de 2021, en aras de prevenir un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Como pretensi\u00f3n principal, requiri\u00f3 disponer su reintegro sin soluci\u00f3n de continuidad al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando o a uno superior, teniendo en cuenta su condici\u00f3n de \u00abprepensionable y padre cabeza de hogar que le otorga el derecho de una estabilidad laboral reforzada\u00bb. <\/p>\n
3. La acci\u00f3n de tutela fue radicada por el actor en noviembre de 2021 ante el Consejo de Estado, Corporaci\u00f3n que orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n por competencia a la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 16 de diciembre de 2021, y seg\u00fan lo se\u00f1alado por la Secretar\u00eda de esa Sala Especializada inicialmente no fue posible acceder al expediente porque que el link no permiti\u00f3 visualizar los archivos, percance que solo pudo ser superado hasta el 13 de marzo de 2023. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, se\u00f1al\u00f3 que, si bien la Constituci\u00f3n y las leyes que regulan los reg\u00edmenes especiales de carrera permiten que las vacantes definitivas sean provistas en provisionalidad, mientras se lleva a cabo el proceso de selecci\u00f3n para proveer el cargo en propiedad, -eventos en los que es posible que quien est\u00e9 nombrado en provisionalidad goce de cierta estabilidad por encontrarse en condiciones especiales de salud, embarazo o pr\u00f3ximo a pensionarse, lo cierto es que la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que en estos casos \u00abprevalecen los derechos de quienes ganan el concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Barranquilla, se opuso a la prosperidad del amparo, argumentando que la Resoluci\u00f3n 023 de 26 de octubre de 2021 se profiri\u00f3 de conformidad con el art\u00edculo 125 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la norma pertinente y la jurisprudencia que ha sostenido de manera pac\u00edfica, que el ingreso de carrera prima frente al del provisional, incluso cuando se trate de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, que cuentan con una estabilidad relativa y por lo tanto su derecho cede frente al que super\u00f3 las etapas del concurso y accede por m\u00e9rito. <\/p>\n
Por otra parte, refiri\u00f3 que el accionante cuenta con 61 a\u00f1os, sin embargo, no acredit\u00f3 a qu\u00e9 fondo de pensiones se encuentra afiliado y el n\u00famero de semanas cotizadas, y los documentos aportados dan cuenta que es padre de una adolescente de 17 a\u00f1os que estudia, no obstante, no existe prueba de que \u00e9l sea la \u00fanica fuente de ingresos del hogar. <\/p>\n
3. Silena Roc\u00edo Jim\u00e9nez Mej\u00eda manifest\u00f3 que actualmente se encuentra desempe\u00f1ando el cargo de escribiente nominado en la Secretar\u00eda de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, nombrada en propiedad mediante Resoluci\u00f3n 023 de 2021. Agreg\u00f3 que el accionante ten\u00eda conocimiento que exist\u00eda una lista de elegibles al cargo que ocupaba en provisionalidad, en virtud de la Convocatoria P\u00fablica n\u00ba 04 y que una vez cumplidas las etapas ser\u00eda desvinculado. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que el interesado no ha demostrado su condici\u00f3n de prepensionable al no acreditar debidamente las semanas cotizas al r\u00e9gimen pensional al cual pertenece, situaci\u00f3n de la que no hace alusi\u00f3n en la tutela. Por \u00faltimo, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la tutela, porque el peticionario puede acudir a la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo constitucional, al estimar el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, argumentando que el actor debi\u00f3 desde un inicio plantear su inconformidad ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, a trav\u00e9s del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, con el cual ten\u00eda la posibilidad de solicitar medidas cautelares con fundamento en lo previsto en los art\u00edculos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, las que podr\u00edan resolverse incluso desde la admisi\u00f3n de la demanda, siendo una de ellas la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo cuestionado y sus efectos, as\u00ed como las medidas cautelares de urgencia consagradas en el art\u00edculo 234 ib\u00eddem. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien manifest\u00f3 que reiteraba su solicitud de amparo, porque ha transcurrido un a\u00f1o desde que interpuso la tutela como mecanismo transitorio por la vulneraci\u00f3n de sus derechos, tiempo que ha estado desvinculado y por fuera del mercado laboral debido a su edad, encontr\u00e1ndose inmerso en una situaci\u00f3n precaria, sin ning\u00fan ingreso econ\u00f3mico, sin poder pagar las deudas y sin acceso a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se han presentado otras vacantes para el mismo cargo en otras Salas y en el Tribunal Administrativo de Barranquilla en las que pudo haber sido nombrado, sin embargo, no fue as\u00ed. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Inicialmente la Sala debe se\u00f1alar, que en consideraci\u00f3n a que este tr\u00e1mite constitucional fue promovido desde el 29 de noviembre de 2021 y a la fecha se encuentra pendiente de una resoluci\u00f3n definitiva, y al margen de que comparta el resultado de las actuaciones desplegadas para determinar la competencia en el curso de la primera instancia, pues si bien la acci\u00f3n de tutela fue radicada inicialmente ante el Consejo de Estado, mediante auto de 7 de diciembre de 2021 dispuso remitir el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, autoridad que luego de transcurrido alrededor de un a\u00f1o resolvi\u00f3 la primera instancia con sentencia de 28 de marzo de 2023, trat\u00e1ndose de un caso excepcional por esas particularidades, avoca el conocimiento de esta impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales-, siempre que el afectado acuda oportunamente y no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De all\u00ed que la legitimidad de este se presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo, que aquel se apart\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, del ordenamiento jur\u00eddico, debate que, en principio, se debe adelantar ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. <\/p>\n
4. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Roberto Rafael Ranauro Romero solicita la suspensi\u00f3n de los efectos de la Resoluci\u00f3n 023 de 26 de octubre de 2021, a trav\u00e9s de la cual se dispuso el nombramiento en propiedad de Silena Roc\u00edo Jim\u00e9nez Mej\u00eda, en el cargo de Escribiente que \u00e9l ocupaba en provisionalidad en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. <\/p>\n
Igualmente, solicit\u00f3 disponer su reintegro a dicho cargo o a uno superior, sin soluci\u00f3n de continuidad, teniendo en cuenta su condici\u00f3n de \u00abprepensionable y padre cabeza de hogar que le otorga el derecho de una estabilidad laboral reforzada\u00bb. <\/p>\n
5. En ese contexto, se advierte la improcedencia del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, porque el actor cuenta con otro mecanismo de defensa como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, establecido en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u2013Ley 1437 de 2011-, para actos como el aqu\u00ed controvertido, como as\u00ed lo ha se\u00f1alado el Consejo de Estado \u00abla jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha establecido que en aquellos casos en que se llevan a cabo las etapas de un concurso de m\u00e9ritos, los actos resultantes del mismo no pueden ser controlados a trav\u00e9s de dicho medio sino por la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida que jur\u00eddicamente son actos administrativos laborales que reconocen una prerrogativa a quien obtuvo la mayor calificaci\u00f3n\u00bb (Sentencia 2017-01317 de 3 de marzo de 2020). <\/p>\n
Igualmente en dicho escenario, el interesado puede solicitar el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, as\u00ed como la suspensi\u00f3n provisional del acto cuestionado, conforme lo indicado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 230 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Por lo anterior, se estructura la causal de improcedencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, situaci\u00f3n que se configura al existir otro mecanismo judicial para atacar el acto administrativo cuestionado, de modo que la discusi\u00f3n planteada es ajena a esta especial jurisdicci\u00f3n, cuesti\u00f3n frente a la cual, en casos an\u00e1logos, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abLos actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que (\u2026) discuta [los] derechos que reclama\u00bb. (CSJ. STC 25 abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020, STC14671-2021, STC15988-2021 y STC1989-2022). <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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