STC4612-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4612-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2023-00080-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta el 31 de marzo de 2023, en la tutela que la ESE Alejandro Pr\u00f3spero Reverend formul\u00f3 contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Primero Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Ministerio del Trabajo, la ARL – AXA Colpatria Seguros de Vida SA, Seguros de Vida Suramericana -SURA- SA, la EPS Sanitas y Robinson Jim\u00e9nez Arrieta, y citados los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n de la misma naturaleza de radicado n\u00famero 47001-41-89-001-2022-00447-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La ESA solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Robinson Jim\u00e9nez Arrieta, el Juzgado Primero Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta en sentencia de 18 de noviembre de 2022, le orden\u00f3 reintegrar a su trabajo al all\u00ed accionante y renovarle su contrato de prestaci\u00f3n de servicios, determinaci\u00f3n que impugn\u00f3 y confirm\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad el 10 de febrero de 2023, modificando la decisi\u00f3n en el sentido que el reintegro se deb\u00eda realizar al cargo que desempe\u00f1aba el trabajador. <\/p>\n
Consider\u00f3, que los Juzgados accionados incurrieron en una serie de errores, pues no tuvieron en cuenta que Jim\u00e9nez Arrieta deb\u00eda demostrar la existencia de un \u00abnexo causal entre la condici\u00f3n que consolida la debilidad manifiesta y la desvinculaci\u00f3n\u00bb, lo que no sucedi\u00f3, si se tomaba en cuenta que no aconteci\u00f3 una desvinculaci\u00f3n o un despido, sino que el contrato entre las partes hab\u00eda finalizado por el cumplimiento del periodo pactado. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que las afectaciones f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas que padec\u00eda el empleado no ocurrieron con ocasi\u00f3n de accidentes laborales, y que desconoc\u00eda su estado de salud, adem\u00e1s que, AXA Colpatria hab\u00eda certificado que no ten\u00eda prestaciones econ\u00f3micas o asistenciales pendientes en virtud de tales eventos. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el all\u00ed accionante contaba con los medios de defensa ordinarios y extraordinarios suficientes para defender sus intereses, pues no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, siendo improcedente, adem\u00e1s, ordenar el pago de acreencias laborales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3, revocar las decisiones adoptadas en el amparo referido y, en su lugar, declararla improcedente. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, manifest\u00f3 que la tutela contra providencias judiciales no implicaba la correcci\u00f3n de los fallos cuestionados, y menos si no se cumpl\u00edan los supuestos establecidos por jurisprudencial para acceder a lo pretendido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. AXXA Colpatria Seguros de Vida SA solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Seguros de Vida Suramericana SA y Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Adem\u00e1s, este \u00faltimo indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no pod\u00eda proceder como una tercera instancia, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda desestimarse. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Marta, declar\u00f3 improcedente el amparo por ausencia de los requisitos establecidos por la jurisprudencia para analizar este tipo de acciones interpuestas en contra de fallos de la misma naturaleza, porque adem\u00e1s que no se prob\u00f3 la existencia de \u00abfraude\u00bb en las decisiones constitucionales cuestionadas, no se acredit\u00f3 que ya se hubiera acudido al recurso de revisi\u00f3n que se tramita ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario, que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales-. <\/p>\n
Por regla general, no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dicho planteamiento cobra mayor solidez cuando se trata de una decisi\u00f3n proferida por un juez constitucional, con el fin de evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el fallo inicialmente proferido. No obstante, la jurisprudencia Constitucional ha consolidado los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de esta acci\u00f3n, frente a otra de la misma naturaleza (CC. SU-627 de 2015 y T-322 de 2019, entre otras). <\/p>\n
Sobre la misma tem\u00e1tica, esta Sala ha establecido que tales excepciones tienen lugar cuando, i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, ii) si la decisi\u00f3n es producto de un fraude, o iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, contrarias al \u00abdebido proceso\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 200902355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021, STC3423-2023 y STC3962-2023). <\/p>\n
As\u00ed, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, como as\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, <\/p>\n
\u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022, STC9203-2022, STC3423-2023 y STC3962-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la ESE Alejandro Pr\u00f3spero Reverend acudi\u00f3 inconforme con las sentencias de tutela proferidas por los Juzgados Primero Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples y Cuarto Civil del Circuito, ambos de Santa Marta, de 18 de noviembre de 2022 y 10 de febrero de 2023, respectivamente, en el amparo de radicado n\u00famero 47001-41-89-001-2022-00447-00, que tramit\u00f3 en su contra el se\u00f1or Robinson Jim\u00e9nez Arrieta, y a trav\u00e9s de las cuales, se le orden\u00f3 reintegrarlo al cargo anteriormente desempe\u00f1ado, renovarle su contrato de prestaci\u00f3n de servicios y pagarle ciertas acreencias laborales. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se\u00f1al\u00f3 que los Juzgados no hab\u00edan tomado en cuenta que lo sucedido no hab\u00eda sido un despido, sino la finalizaci\u00f3n de un contrato a t\u00e9rmino definido, y que el actor no hab\u00eda acreditado un nexo entre dicha finalizaci\u00f3n y las enfermedades que supuestamente padec\u00eda, de las que mencion\u00f3, no ten\u00eda conocimiento. <\/p>\n
4. Al revisar las referidas actuaciones, no se advirti\u00f3 la presencia de alguna de las causales de procedencia de la tutela contra fallos de la misma naturaleza, adem\u00e1s que, no se cumple con el requisito de la subsidiaridad como requisito general de procedibilidad de toda acci\u00f3n constitucional, y en particular, como exigencia indispensable para la procedencia excepcional contra sentencias de tutela, porque la interesada a\u00fan cuenta con el mecanismo de la eventual revisi\u00f3n establecido en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, en el que puede plantear ante la Corte Constitucional las quejas relativas a la ilegalidad de las decisiones constitucionales, lo que significa que la accionante cuenta con un escenario id\u00f3neo para controvertir las presuntas equivocaciones o desafueros que denuncia, lo que hace improcedente esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica esta Sala ha explicado, \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ. STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016, reiterada en STC15982-2022). <\/p>\n
5. Finalmente, no se encuentra demostrado que las determinaciones censuradas hubieran sido el producto de una situaci\u00f3n de fraude como circunstancia excepcional de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra una providencia de la misma naturaleza. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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