STC4620-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4620-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00099-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 21 de abril de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Sol de Sina\u00ed SAS formul\u00f3 contra Celsia Colombia SA ESP, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, tr\u00e1mite al que fueron citados los intervinientes en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 2021-00122-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que, Triturades Viales SAS suscribi\u00f3 contrato de servicio p\u00fablico domiciliario de energ\u00eda con la empresa Celsia Colombia SA ESP, cuyo objeto era la prestaci\u00f3n del servicio de energ\u00eda industrial al predio rural denominado Santa Marta del cual la sociedad comercial era propietario. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que como desde el 27 de febrero de 2020, Sol de Sina\u00ed es el propietario del inmueble el 31 de agosto de 2020 solicit\u00f3 a la ESP accionada realizar la suspensi\u00f3n del servicio de energ\u00eda de la cuenta 460282, en raz\u00f3n a que el usuario del servicio lo desocupar\u00eda a partir de 1\u00ba de septiembre de 2020, y el 2 de septiembre de 2020 Celsia le respondi\u00f3 que si deseaba cancelar el servicio de energ\u00eda deb\u00eda estar al d\u00eda con el pago y que pod\u00eda contratar a un t\u00e9cnico particular para desconectar la acometida del predio, motivo por el cual contrat\u00f3 los servicios particulares de un t\u00e9cnico electricista para desconectar la energ\u00eda y el 3 de septiembre de 2020 se realiz\u00f3 la desconexi\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que el 22 de septiembre de 2020 Celsia le remiti\u00f3 una comunicaci\u00f3n en la que le informaba que la cuenta 460282 presentaba una cartera en mora correspondiente a 7 periodos mensuales que fueron facturados y no pagados, por el concepto de $108.368.236, y adem\u00e1s le inform\u00f3 que el propietario del inmueble y el usuario del servicio p\u00fablico domiciliario deb\u00edan responder solidariamente por las obligaciones emanadas del contrato suscrito. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, por lo anterior elev\u00f3 solicitud de \u00abrompimiento de la solidaridad\u00bb sobre la cuenta de energ\u00eda n\u00famero 460282 a Celsia Colombia SA ESP, fundamentando sus razones en que la empresa accionada incumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 130 de la Ley 142 de 1994, la que se neg\u00f3 el 12 de enero de 2021, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, y el primero fue desestimado en decisi\u00f3n empresarial 202100004808 de 15 de febrero de 2021. <\/p>\n
Aleg\u00f3, que, para la fecha de presentaci\u00f3n de esta tutela, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios no se hab\u00eda pronunciado sobre el de apelaci\u00f3n, por la demora de la accionada Celsia Colombia SA ESP en remitir el respectivo expediente para tales fines (radicado n\u00famero 2021529 2744552). <\/p>\n
Indic\u00f3 que adem\u00e1s, Celsia instaur\u00f3 demanda ejecutiva por la suma de $197.278.547 en contra del se\u00f1or Rub\u00e9n Carrillo Vanegas – anterior propietario del inmueble Santa Marta- por concepto de la cartera de la cuenta 460282, argumentando que era el actual propietario del predio, la que admiti\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal el 15 de julio de 2022 y orden\u00f3 librar mandamiento de pago, circunstancia por la que se decret\u00f3 el embargo y posterior secuestro del inmueble Santa Marta de su propiedad. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la postura asumida por la sociedad demandada violaba sus derechos fundamentales, en la medida que, i) desde el 31 de agosto de 2020 hab\u00eda solicitado la suspensi\u00f3n del suministro de energ\u00eda cobrado, ii) el 3 de septiembre siguiente realiz\u00f3 este corte directamente, porque esta funci\u00f3n no la adelant\u00f3 la empresa prestadora del servicio, iii) incumpli\u00f3 el art\u00edculo 130 de la Ley 142 de 1994, iv) la deudora original era la compa\u00f1\u00eda Triturados Viales SAS y, v) se inici\u00f3 el proceso ejecutivo en contra de esta \u00faltima y del se\u00f1or Rub\u00e9n Carrillo Vanegas, en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal (2021-000122-00) en el que, adem\u00e1s, se hab\u00eda decretado el embargo del predio denominado \u00abSanta Marta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3, ordenarle a Celsia Colombia SA ESP i) declarar \u00abel rompimiento de la solidaridad de Sol de Sina\u00ed respecto de los montos no pagados por concepto de la Cuenta 460282, con excepci\u00f3n de las primeras tres facturaciones no pagadas\u00bb y, ii) notificarle \u00abcu\u00e1les son los valores correspondientes a las primeras tres facturaciones no pagadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
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1. Celsia Colombia SA ESP, indic\u00f3 que el juez tutela no estaba llamado a pronunciarse sobre este tipo de peticiones, por cuanto esta acci\u00f3n ten\u00eda car\u00e1cter subsidiario y residual, adicion\u00f3, que la parte actora se encontraba facultada para tramitar, dentro del proceso ejecutivo, los reparos que considerara pertinentes para la defensa de sus intereses. Puntualiz\u00f3, que no se hab\u00edan cumplido los requisitos previstos en el \u00abcontrato de condiciones uniformes de Celsia\u00bb para que procediera el rompimiento de solidaridad solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, se\u00f1al\u00f3 que el reclamo sobre la facturaci\u00f3n era una actuaci\u00f3n de exclusiva competencia de Celsia SA, por lo que aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y adem\u00e1s resalt\u00f3 que el 12 de abril de 2023, hab\u00eda notificado a la accionante la resoluci\u00f3n mediante la cual, desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n presentado en la que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n administrativa cuestionada. <\/p>\n
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3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, afirm\u00f3 que, en caso de existir alg\u00fan tipo de discusi\u00f3n sobre el particular, las peticiones correspondientes deber\u00edan formalizarse en el proceso ejecutivo, pues, de lo contrario, se estar\u00eda vulnerando el principio de residualidad. <\/p>\n
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4. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Destac\u00f3, que se trataba de una \u00abresoluci\u00f3n que resolvi\u00f3 de fondo el recurso de apelaci\u00f3n fue expedida con fundamento en las normas aplicables en la materia\u00bb <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, que la sociedad actora a\u00fan pod\u00eda acudir a la figura establecida en el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso, si era su intenci\u00f3n \u00absalvaguardar su propiedad respecto del bien \u201cSanta Marta\u201d\u00bb, embargado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal en el proceso ejecutivo referenciado. Finalmente, descart\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones y discutir lo decidido por la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que hab\u00eda formulado contra la decisi\u00f3n negativa objeto de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario, que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos muy excepcionales-. <\/p>\n
Para acudir a este mecanismo, los interesados deben agotar, ante la jurisdicci\u00f3n o entidad competente, la totalidad de los recursos ordinarios y extraordinarios que existan en la ley, para prevenir la situaci\u00f3n espec\u00edfica que cause una eventual violaci\u00f3n constitucional, so pena de incumplir uno de sus requisitos generales de procedibilidad, esto es, el de la subsidiariedad. (CSJ. STC2513-2023 y STC4193-2023) <\/p>\n
Cuando de actos administrativos se trata, la excepcionalidad de este amparo se vuelve especialmente estricta, en tanto que no es el mecanismo id\u00f3neo para atacarlos, habida cuenta que, por su propia naturaleza, aquellos se encuentran amparados por una presunci\u00f3n de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administraci\u00f3n, al momento de manifestarse a trav\u00e9s de sus distintos canales, debe acatar las normas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. (CSJ. STC11851-2022, STC1182-2023, STC3703-2023 y STC4193-2023). <\/p>\n
De all\u00ed que el inconforme se encuentre obligado a demostrar, que el respectivo pronunciamiento de la administraci\u00f3n se apart\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, del ordenamiento jur\u00eddico, debate que, en principio, se debe adelantar ante la entidad que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de controversia o, en su defecto, ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, previo el agotamiento de los recursos correspondientes. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Sol de Sina\u00ed SAS acudi\u00f3 inconforme con la respuesta suministrada por Celsia Colombia SA ESP el 12 de enero de 2021, a trav\u00e9s de la cual, le neg\u00f3 una solicitud de \u00abrompimiento de la solidaridad\u00bb que le hab\u00eda radicado sobre la cuenta de energ\u00eda n\u00famero 460282, as\u00ed como con la decisi\u00f3n empresarial 202100004808 de 15 de febrero de la misma anualidad, con la que se desestim\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que al respecto le hab\u00eda interpuesto, b\u00e1sicamente, porque consider\u00f3 que se hab\u00eda incumplido lo establecido en el art\u00edculo 130 de la Ley 142 de 1994 y, por lo tanto, no se encontraba obligada a pagar los dineros cobrados por la entidad. <\/p>\n
Ahora bien, en esta instancia, por v\u00eda de la impugnaci\u00f3n en estudio, le agreg\u00f3 su descontento con lo decidido por la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios en la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que subsidiariamente present\u00f3, e insisti\u00f3 en que sus derechos fundamentales continuaban vulnerados. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Sin embargo, la sociedad actora no acredit\u00f3 haber acudido ante la especialidad de lo contencioso administrativo para solicitar, del juez natural, primer llamado a pronunciarse sobre el particular, la decisi\u00f3n que en derecho corresponder\u00eda en este tipo de asuntos, autoridad ante la cual, como se ha repetido en m\u00faltiples ocasiones, es posible acudir con solicitudes de medidas cautelares, en los casos en los que estas sean procedentes. <\/p>\n
Tal escenario debi\u00f3 traducirse por el a quo como el abierto desconocimiento del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a este tipo de acciones constitucionales, con lo que no pod\u00eda concluirse otra cosa diferente m\u00e1s que el fracaso del amparo en primer grado, porque la sociedad accionante contaba con otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para discutir los argumentos que, de manera equivocada, trajo a conocimiento de esta especial jurisdicci\u00f3n (CSJ. STC11851-2022, STC1182-2023, STC3703-2023 y STC4193-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora en cuanto al proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 2021-00122-00, iniciado por Celsia Colombia SA ESP contra Triturados Viales SAS y Rub\u00e9n Carrillo Vanegas que se adelanta en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, observa la Sala que la sociedad accionante quien por esta v\u00eda afirma ser la propietaria del inmueble sobre el que se decret\u00f3 el embargo y posterior secuestro del inmueble Santa Marta, puede acudir a discutir los argumentos que estime perjudiciales a sus intereses, ante el juez de conocimiento, y a trav\u00e9s de las figuras procesales existentes en el ordenamiento vigente, lo que a\u00fan no ha hecho y por lo tanto no satisfacerse el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque, como lo ha replicado en varias ocasiones esta Corte, \u00absi no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC483 de 2023, STC2513 de 2023 y STC4193-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Y es que en este asunto tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar la herramienta de manera excepcional, pues para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para proceder a revisar la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto. <\/p>\n
Ha de recordarse, que dicho menoscabo debe consistir en un grave e inminente detrimento de un derecho fundamental que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e impostergables para neutralizar, en la medida en que ello sea posible, su quebrantamiento, excluyendo hechos inciertos, riesgos potenciales y hechos verificados en el pasado remoto, y para cuya determinaci\u00f3n deben confluir los siguientes criterios, (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un evento de consideraci\u00f3n; (iii) que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) que las mismas sean inaplazables. Escenarios que no fueron probados en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4620-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4620-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00099-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73305","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73305","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73305"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73305\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}