STC4622-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4622-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00239-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 21 de febrero de 20231, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Richard Rodolfo Ram\u00edrez Green contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Embajada de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela en Bogot\u00e1, la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal – Interpol Polic\u00eda Nacional, el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogot\u00e1 -La Picota- y, citados los intervinientes en la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus con radicado n\u00b0 2023-000005. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que fue privado de la libertad el 8 de octubre de 2022, cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogot\u00e1, detenci\u00f3n que surgi\u00f3 en raz\u00f3n a la Notificaci\u00f3n Roja de Interpol n\u00ba de control A-5656\/7-2022, atendiendo el requerimiento del Juzgado D\u00e9cimo Metropolitano de Caracas, Venezuela, por los delitos de tr\u00e1fico de drogas y asociaci\u00f3n para delinquir, fecha en la cual fue trasladado a las instalaciones de la Estaci\u00f3n 14 de M\u00e1rtires. <\/p>\n
Sostuvo que el 14 de octubre de 2022, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n le notific\u00f3 personalmente la orden de captura con fines de extradici\u00f3n de esa misma fecha, en la que se hac\u00eda referencia a la Nota Verbal I.ORC\/No S-1459 de 13 de octubre de 2022, documentaci\u00f3n que se encontraba incompleta, por lo que su apoderado solicit\u00f3 a dicha autoridad y al Ministerio de Relaciones Exteriores, los documentos requeridos para que se librara la orden de captura, petici\u00f3n atendida el 24 de octubre de esa anualidad. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que las autoridades colombianas le indicaron que ante la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Penal, se iniciar\u00eda el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n en su contra, en el que Estado Requirente, es la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, por orden del Juzgado D\u00e9cimo Metropolitano de Caracas. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 7 de enero de 2023 present\u00f3 acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus, teniendo en cuenta que para esa fecha no hab\u00eda sido notificado de la formalizaci\u00f3n de la solicitud de extradici\u00f3n en los t\u00e9rminos del Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, y en providencia de 8 de enero 2023 declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n, al determinar que no ten\u00eda la competencia para resolver la solicitud formulada. <\/p>\n
Expuso que posteriormente elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicitando las copias de la Comunicaci\u00f3n DIAJI No. 3733 del 28 de diciembre de 2022, del Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (e) y la Nota Verbal No.II.2.CO4.E1 n\u00ba. 0461 de 27 de diciembre 2022, junto con sus anexos, dado que eran imprescindibles para verificar las circunstancias que determinar\u00edan la declaratoria de su libertad, requerimientos atendidos por dichas autoridades, sin acceder a sus pretensiones. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, por lo anterior radic\u00f3 una nueva acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus, ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, autoridad que dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias por competencia al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la acci\u00f3n el 18 de enero de 2023, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad el 26 de enero siguiente. <\/p>\n
Adujo que el Tribunal accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto, en raz\u00f3n a que no atendi\u00f3 los argumentos del escrito de impugnaci\u00f3n, limit\u00e1ndose simplemente a reiterar lo considerado por el fallador de primer grado, as\u00ed como tampoco la solicitud de aplicaci\u00f3n del Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, refiriendo simplemente que el Gobierno Venezolano ya hab\u00eda realizado el pedido de extradici\u00f3n antes de los 90 d\u00edas de conformidad con ese convenio. <\/p>\n
Igualmente, consider\u00f3 que el Tribunal Superior incurri\u00f3 en defecto material, al no dar aplicaci\u00f3n a las exigencias en cuanto a los requisitos formales y sustanciales consagrados en el art\u00edculo VIII del Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, suscrito en Caracas \u2013 Venezuela, el 18 de junio de 1911, aprobado mediante Ley 26 de 1913. <\/p>\n
Destac\u00f3 que ninguna autoridad le permite a su apoderado conocer la Nota Verbal No.II.2.CO4.E1 No. 0461 del 27 de diciembre de 2022, junto con todos sus anexos, a trav\u00e9s de la cual, supuestamente se formaliz\u00f3 el pedido en extradici\u00f3n, lo que resulta necesario para saber si cumple a cabalidad con los requisitos del art\u00edculo VIII del citado Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, por los efectos directos que tiene sobre el r\u00e9gimen de libertad. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que, verificadas las bases de datos y el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se evidenci\u00f3 que, a la fecha de formulaci\u00f3n de esta solicitud de amparo, el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n no hab\u00eda arribado a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para lo de su cargo. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado solicit\u00f3 (i) revocar la decisi\u00f3n de 26 de enero de 2023 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, (ii) requerir copia de la Nota Verbal No.II.2.CO4.E1 No. 0461 del 27 de diciembre de 2022 junto con todos sus anexos, a trav\u00e9s de la cual se formaliz\u00f3 el pedido en extradici\u00f3n, enviarla a su apoderado y verificar si la misma cumple a cabalidad los requisitos del art\u00edculo VIII del Acuerdo Bolivariano y, en caso de que no los cumpla, declarar que su retenci\u00f3n atenta contra sus derechos fundamentales y ordenar de forma inmediata su libertad. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, argumentando que los derechos invocados por el actor no fueron vulnerados. Igualmente alleg\u00f3 copia de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el 18 de enero de 2023 neg\u00f3 la acci\u00f3n de habeas corpus presentada por Richard Rodolfo Ram\u00edrez Green, en atenci\u00f3n a que, de las respuestas brindadas por las entidades vinculadas, se evidenci\u00f3 que la solicitud de extradici\u00f3n se realiz\u00f3 mediante Nota Verbal II.2.CO4.E1 No. 0461 de 27 de diciembre de 2022, encontr\u00e1ndose dentro del t\u00e9rmino establecido de 90 d\u00edas, sin que se configurara entonces causal de libertad. <\/p>\n
3. El director de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n adelantado al accionante y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva frente a las pretensiones. <\/p>\n
4. El jefe de Asunto Jur\u00eddicos de la DIJIN manifest\u00f3 que no existe actuaci\u00f3n alguna por parte de esa Direcci\u00f3n que vislumbre la presunta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores del accionante. <\/p>\n
5. El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo una rese\u00f1a de las actuaciones adelantadas con ocasi\u00f3n al tr\u00e1mite de extradici\u00f3n del peticionario y se\u00f1al\u00f3 que revisados los hechos expuestos en el escrito de tutela no obraba suceso alguno, que permitiera inferir una acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de amenaza o puesta en peligro de los derechos fundamentales del accionante por parte de ese Ministerio. <\/p>\n
6. La Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n precis\u00f3 que Richard Rodolfo Ram\u00edrez Green fue retenido el 8 de octubre de 2022 con fundamento en notificaci\u00f3n roja de Interpol y, encontr\u00e1ndose dentro del t\u00e9rmino de los 90 d\u00edas previsto en el Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, mediante nota verbal de 27 de diciembre de 2022 la Embajada de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela formaliz\u00f3 el pedido de extradici\u00f3n, transcurriendo 81 d\u00edas en ese interregno, sin que venciera alg\u00fan t\u00e9rmino. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el C\u00f3digo de Procedimiento Penal distingue entre la formalizaci\u00f3n del periodo de extradici\u00f3n, que en el presente caso fue presentado dentro del t\u00e9rmino de 90 d\u00edas previsto en el instrumento internacional aplicable y el perfeccionamiento del expediente de extradici\u00f3n, por lo cual si el Ministerio de Justicia y del Derecho estima que falta alguna pieza sustancial del expediente y la solicita por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se afecta de ninguna manera la formalizaci\u00f3n del pedido de extradici\u00f3n, de manera que no concurre una causal de libertad prevista en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la labor de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se limita a ordenar la captura de la persona y tenerla a su disposici\u00f3n, mientras la Corte Suprema emite concepto y el Gobierno Nacional decide sobre el pedido mediante Resoluci\u00f3n Ejecutiva. <\/p>\n
7. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tramite y requiri\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, al no existir omisi\u00f3n alguna atribuible a la Presidencia de la que pueda predicarse una afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, puesto que no es la competente para resolver los asuntos sobre extradici\u00f3n de personas elevados por el accionante. Adem\u00e1s, porque a la fecha a\u00fan cuenta con una etapa pendiente ante la Corte Suprema de Justicia donde podr\u00e1 exponer los reclamos y acceder a la documentaci\u00f3n que hoy pide v\u00eda tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo constitucional, tras determinar que contrario a lo alegado en el escrito de tutela, el Tribunal Superior accionado se pronunci\u00f3 sobre cada uno de los reparos planteados por el actor en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia proferido en la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
Al respecto, consider\u00f3 que dicha autoridad no incurri\u00f3 en los defectos atribuidos por el reclamante, en tanto motiv\u00f3 adecuadamente la decisi\u00f3n, plasm\u00f3 las razones por las cuales no hab\u00eda lugar a acceder a la libertad pretendida y, adem\u00e1s, soport\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada en la informaci\u00f3n recaudada en el tr\u00e1mite constitucional y en la normatividad aplicable al asunto debatido. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que el juez de tutela no tiene la facultad de entrar a determinar si los documentos allegados por el pa\u00eds extranjero son aptos y suficientes para continuar con el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n o si la solicitud por medio de la cual se formaliz\u00f3 el pedido y sus anexos, cumplen las condiciones y requisitos establecidos en el acuerdo internacional, en tanto lo pretendido es una facultad que recae en el Ministerio de Justicia y del Derecho y en la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Tampoco accedi\u00f3 a la solicitud dirigida a que se le permitiera conocer la nota verbal y sus anexos, en aras de ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, porque es en la etapa a cargo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la que podr\u00e1 tener acceso al expediente y conocer todos los elementos de juicio que lo conforman, as\u00ed como solicitar las pruebas que considere necesarias para ejercer los derechos que le asisten en su condici\u00f3n de requerido en extradici\u00f3n, tal como lo establece el art\u00edculo 500 Ley 906 de 2004. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, adujo que, de manera formalista, el juez de primera instancia tambi\u00e9n consider\u00f3 que la mera presentaci\u00f3n de la Nota Verbal de 27 de diciembre 2022 junto con sus anexos, derivaba en que las autoridades cumplieron con las cargas legales y, por ende, deb\u00eda negarse la acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que err\u00f3 el a quo constitucional, al afirmar que una simple solicitud formal sin llenar los requisitos del Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n era suficiente para mantenerlo privado de la libertad, interpretaci\u00f3n que contrar\u00eda la Ley y el criterio de especialidad generando una vulneraci\u00f3n de sus derechos, adem\u00e1s, porque dej\u00f3 de aplicar la norma especial y se abstuvo de revisar que la solicitud cumpliera con los requisitos legales y de interpretar de forma id\u00f3nea el material probatorio obrante en el expediente y las respuestas dadas al interior del proceso por parte de las instituciones accionadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Richard Rodolfo Ram\u00edrez Green acude a este mecanismo excepcional, en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 26 de enero de 2023, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la providencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad que neg\u00f3 la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus que promovi\u00f3. <\/p>\n
2. Al respecto se advierte la confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada, teniendo en cuenta que esta Sala ha reiterado la impertinencia del amparo para cuestionar lo emitido en la acci\u00f3n p\u00fablica creada para la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la libertad personal, en la medida en que, <\/p>\n
(\u2026) Al Juez constitucional le est\u00e1 vedada la posibilidad de aprehender las atribuciones que el constituyente y el legislador le han deferido a otros estrados, y desde esta \u00f3ptica replantear el estudio de asuntos que se surtieron por los senderos normales, con seguimiento del debido proceso y en aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas que rigen la materia; la que resulta a\u00fan m\u00e1s evidente en el tr\u00e1mite del habeas corpus, para el cual el ordenamiento jur\u00eddico ha llenado de garant\u00edas a quien lo reclama\u2026 En ese sentido la Corte en casos an\u00e1logos al que se analiza, ha reiterado que: \u00abexaminados los fundamentos de la queja y las pruebas aportadas, advierte la Corte que el amparo constitucional resulta improcedente, pues en lo que toca con el cuestionamiento que enfila el peticionario contra los funcionarios judiciales que negaron tanto en primera como en segunda instancia, la acci\u00f3n p\u00fablica de habeas corpus que promovi\u00f3 con miras a obtener le fuese concedida la libertad por encontrarse \u00abilegalmente\u00bb detenido, observa la Sala que [\u2026] tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental (\u2026)\u00bb. (CSJ. STC, 19 jun. 2007, reiterada en STC19498-2017 y recientemente en STC2483-2023). <\/p>\n
Igualmente, se ha insistido en la inviabilidad de la solicitud de protecci\u00f3n constitucional en estos eventos, porque las determinaciones que se adopten en el tr\u00e1mite de h\u00e1beas corpus no pueden ser revisadas mediante este mecanismo de tutela, toda vez que \u00abescapan, en principio, del examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental\u00bb (CSJ. STC17508-2015; STC12261-2016, STC2483-2023 entre otras). <\/p>\n
(\u2026) De la informaci\u00f3n dada por las entidades a las que el juzgado de primera instancia les corri\u00f3 traslado de la solicitud de habeas corpus, entre ellas, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se estableci\u00f3 que, el 8 de octubre de 2022 Richard Rodolfo Ram\u00edrez Green, fue retenido con soporte en la notificaci\u00f3n roja de Interpol, conforme al Canje de Notas Diplom\u00e1ticas entre Venezuela y Colombia, para formalizar el pedido de extradici\u00f3n regulado en el art\u00edculo IX del Acuerdo Bolivariano de Extradici\u00f3n, suscrito en Caracas, el 18 de julio de 1911, aprobado por la Ley 26 de 1913, vigente entre las dos naciones y dentro del t\u00e9rmino de noventa d\u00edas, all\u00ed establecido, la Embajada de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, a trav\u00e9s de la Nota Verbal de 27 de diciembre de 2022, recibida el 28 del mismo mes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se formaliz\u00f3 el pedido de extradici\u00f3n; por lo tanto, es evidente que ese plazo no venci\u00f3. <\/p>\n
Con base en ello, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, con Resoluci\u00f3n de fecha 14 de octubre de 2022, orden\u00f3 la captura con fines de extradici\u00f3n de Ram\u00edrez Green, acatando la solicitud de captura hecha por la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, con Nota Verbal I.ORC\/N\u00b0 S-1459 de fecha 13 de octubre de 2022, conforme a lo previsto en el acuerdo de extradici\u00f3n mencionado. <\/p>\n
Adicional a ello, la Embajada de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, a trav\u00e9s de la Nota N\u00b0 II.CO4E1 N\u00b0 0461 de 27 de diciembre de 2022, present\u00f3 la formalizaci\u00f3n del pedido de extradici\u00f3n y, pese a que no se emite providencia que deba ser notificada, la Fiscal\u00eda inform\u00f3 al retenido, la formalizaci\u00f3n del pedido de extradici\u00f3n, a trav\u00e9s del oficio 20231700001211, el 10 de enero de 2023\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, se\u00f1al\u00f3 que la autoridad competente para realizar el estudio de la documentaci\u00f3n que sustenta el pedido de extradici\u00f3n y verificar el perfeccionamiento, previo al env\u00edo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, es el Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 497, 498 y 499 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y no el Fiscal General de la Naci\u00f3n, ni el juez constitucional de h\u00e1beas corpus como lo pretend\u00eda el apoderado del reclamante. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, acredit\u00f3 que el pedido de formalizaci\u00f3n de extradici\u00f3n, fue presentado dentro del plazo de 90 d\u00edas establecido en el tratado internacional aplicable al art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004 y el perfeccionamiento del expediente de extradici\u00f3n se hizo conforme a lo estipulado en los c\u00e1nones 497,498 y 499 de la referida Ley. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, determin\u00f3 que las pretensiones del apoderado del accionante resultaban improcedentes, habida cuenta que la valoraci\u00f3n probatoria no es competencia del juez constitucional, adem\u00e1s, que cuando se iniciara el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el defensor que fuera reconocido podr\u00eda tener acceso al expediente y ejercer los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, en el traslado de diez d\u00edas, que se les otorga. <\/p>\n
Con fundamento en esas consideraciones, resolvi\u00f3 confirmar la providencia impugnada, teniendo en cuenta que no se encontraron reunidos los presupuestos legales para que prosperara la libertad por h\u00e1beas corpus invocada por el interesado. <\/p>\n
4. Analizados los argumentos expuestos, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que sumada a su improcedencia derivada del desarrollo jurisprudencial por enfilarse contra lo resuelto en un mecanismo de h\u00e1beas corpus, la actuaci\u00f3n criticada no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
N\u00f3tese que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 atendi\u00f3 los argumentos planteados en la impugnaci\u00f3n y fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y los informes rendidos por las autoridades involucradas, encontrando que, ante el incumplimiento de los presupuestos legales no era posible revocar la decisi\u00f3n impugnada y acceder a la solicitud de libertad reclamada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Richard Rodolfo Ram\u00edrez Green a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la decisi\u00f3n objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
En ese orden, se observa que lo pretendido por el accionante a trav\u00e9s de la tutela es anteponer su propio criterio y, atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena al amparo excepcional, no solo porque se demostr\u00f3 que no estaba privado ilegalmente de la libertad, sino porque esta herramienta no fue establecida como una instancia m\u00e1s. <\/p>\n
6. Ahora bien, en punto a las pretensiones dirigidas a que se solicite copia de la Nota Verbal No.II.2.CO4.E1 n\u00ba. 0461 de 27 de diciembre de 2022 junto con todos sus anexos, a trav\u00e9s de la cual se formaliz\u00f3 el pedido en extradici\u00f3n, se env\u00ede la misma a su apoderado y se verifique si cumple a cabalidad los requisitos del art\u00edculo VIII del Acuerdo Bolivariano, debe indicarse que las mismas fueron formuladas en la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, respecto a las cuales el juez cognoscente emiti\u00f3 un pronunciamiento, sin que sea admisible que, ahora a trav\u00e9s de la tutela formule las mismas pretensiones, las cuales desbordan la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, siendo lo procedente acudir en la respectiva etapa procesal ante las autoridades competentes con el fin de obtener los documentos que reclama a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00ba 004747 de 3 de mayo de 2023 y asignada con Acta de Reparto de 5 de mayo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
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STC4622-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC4622-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00239-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73307","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73307"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73307\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73307"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}