STC4623-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4623-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00493-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Patricia Isabel Barrios Almanza contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA y Casatex Sports SAS, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad y, citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2019-00290. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante en su nombre y en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad, a trav\u00e9s de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por las accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores de edad contra la AFP Porvenir SA y Casatex Sports SAS, con el fin de que se declarara que \u00e9sta \u00faltima, en calidad de empleadora, omiti\u00f3 efectuar los aportes a pensi\u00f3n entre el 1\u00b0 de octubre de 2017 y el 31 de enero de 2018 y, en consecuencia, se le ordenara pagar el c\u00e1lculo actuarial de las semanas dejadas de cancelar a Porvenir SA y, reconocer a su favor la pensi\u00f3n de sobrevivientes, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente y padre de sus hijos, Miguel Dar\u00edo L\u00f3pez Bola\u00f1o. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta en sentencia de 2 de julio de 2020 absolvi\u00f3 a las demandas de todas las pretensiones, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 31 de mayo de 2021. <\/p>\n
Inconforme con ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL115-2023 de 23 de enero de 2023, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que la Sala de Casaci\u00f3n accionada no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Sala Permanente, entre otras, las sentencias 34270 de 22 de junio de 2008, 38569 de 25 de julio de 2012 y 34270 de 22 de julio de 2008, en las cuales se ha establecido que la carga negativa de la mora no debe soportarla el trabajador, adem\u00e1s, que las administradoras que hayan incumplido su obligaci\u00f3n de accionar el cobro a los empleadores morosos, se hacen responsables de esos per\u00edodos en mora por su negligencia, quedando intacta la posibilidad de cobrar al empleador esas cotizaciones. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia SL115-2023 de 23 de enero de 2023 y, en su lugar, conceder un plazo prudencial para que la Sala de Casaci\u00f3n accionada reforme su decisi\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n constitucional, argumentando que la decisi\u00f3n cuestionada se profiri\u00f3 con estricto apego a la Constituci\u00f3n, la ley y el precedente vigente, adem\u00e1s, porque la reclamante pretende convertir el mecanismo de amparo en una nueva instancia donde se acojan sus pretensiones. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, manifest\u00f3 remitirse a las consideraciones expuestas en la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 en segunda instancia en el proceso laboral iniciado por la accionante. <\/p>\n
3. La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir SA, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva e inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos invocados. <\/p>\n
4. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta relat\u00f3 las actuaciones del proceso ordinario laboral objeto de reproche y manifest\u00f3 que no se evidenciaba la vulneraci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo constitucional, al estimar que la Sala accionada no incurri\u00f3 en los defectos endilgados por la peticionaria, adem\u00e1s, porque la tutela no puede convertirse en una tercera instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales afirm\u00f3 que se evidenciaba una falta de estudio profundo de la solicitud de amparo por parte del a quo constitucional. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la sentencia de casaci\u00f3n no solo se desatiende el reconocimiento de una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, sino que tambi\u00e9n se deja el peso de las consecuencias de un empleador omiso en el eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil de la cadena de la seguridad social, como lo es ella en calidad de compa\u00f1era sup\u00e9rstite y sus menores hijos, sobre los cuales recae la consecuencia de la desprotecci\u00f3n social del sistema. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
3. Analizada la inconformidad de la peticionaria, y examinados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, porque no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 En efecto, la Corporaci\u00f3n accionada al estudiar los tres cargos formulados por Patricia Isabel Barrios Almanza, se\u00f1al\u00f3 que no era objeto de discusi\u00f3n que, <\/p>\n
\u00abi) Miguel Dar\u00edo L\u00f3pez Bola\u00f1o falleci\u00f3 el 23 de septiembre de 2018; ii) labor\u00f3 para la empresa Casatex Sport SAS del 1\u00ba octubre de 2017 hasta 23 de septiembre de 2018; iii) el empleador no lo afili\u00f3 al sistema de seguridad en pensiones entre el 1\u00ba de octubre de 2017 y 31 de enero de 2018, haci\u00e9ndolo solo a partir 1\u00b0 de febrero de la segunda anualidad; iv) en toda su vida laboral (abril de 2013 al 23 de septiembre de 2018), cotiz\u00f3 interrumpidamente 116 semanas, de las cuales 33,28 lo fueron en el trienio anterior a su muerte y, v) previo al suceso fatal, no se llev\u00f3 a cabo ninguna acci\u00f3n tendiente a la convalidaci\u00f3n del periodo cuya sumatoria se pretende\u00bb. <\/p>\n
Enseguida se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal Superior fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la sentencia SL4103-2017 en la cual se realiz\u00f3 una comprensi\u00f3n del art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 1642 de 1995 recopilado en el 2.2.4.1.2 del Decreto \u00danico Reglamentario 1833 de 2016, que establece que los empleadores del sector privado que no hubieran afiliado a sus trabajadores al Sistema General de Pensiones, deber\u00e1n asumir el reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez, por riesgo com\u00fan, que se llegaran a causar durante el per\u00edodo en el cual el trabajador estuvo desprotegido. Por su parte, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn perspectiva de esa norma y en relaci\u00f3n, entre otros, con los art\u00edculos 15, 17, 18, 19, 20, 22, 33 y 77 de la Ley 100 de 1993, 6\u00b0 del Decreto 832 de 1996 y 21 del CST, el precedente en cita concluy\u00f3, en los t\u00e9rminos que lo dej\u00f3 acertadamente sentado el juez colegiado, que: <\/p>\n
[…] en el caso espec\u00edfico de las pensiones de sobrevivientes, la subrogaci\u00f3n del riesgo pensional en el Instituto de Seguros Sociales, por la v\u00eda de la convalidaci\u00f3n de tiempos servidos y no cotizados, a trav\u00e9s de c\u00e1lculo actuarial, solo resulta admisible si dicho procedimiento es realizado en su integridad, antes de que se produzca el riesgo que da origen a la prestaci\u00f3n, vale decir, la muerte. Si ello es as\u00ed, la entidad de seguridad social puede asumir y gestionar v\u00e1lidamente el riesgo, a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos establecidos legalmente para ello, mientras que, si se admitiera esa posibilidad una vez causado el riesgo, se podr\u00eda dar lugar a que la entidad tenga que financiar una pensi\u00f3n completa, tras el pago de escasos recursos por tiempos indeterminados de servicios\u00bb. <\/p>\n
Igualmente descart\u00f3 el error endilgado al Tribunal, sobre la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 17, 22, 23, 24 y 53 de la Ley 100 de 1993, la obligaci\u00f3n de la cotizaci\u00f3n al sistema, la responsabilidad de los empleadores en el pago del aporte de los trabajadores, las sanciones por su incumplimiento, las acciones de cobro en cabeza de las administradoras de los diferentes reg\u00edmenes y los deberes de fiscalizaci\u00f3n e investigaci\u00f3n por parte de las administradoras del r\u00e9gimen solidario de prima media, as\u00ed como del art\u00edculo 19 del Decreto 692 de 1994, en relaci\u00f3n con la obligaci\u00f3n de cotizar durante la vigencia de la relaci\u00f3n laboral y, de los art\u00edculos 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque, <\/p>\n
(\u2026) Con fundamento en esas normas, la Sala, en la decisi\u00f3n acogida por aqu\u00e9l, m\u00e1s en las sentencias CSJ SL21506-2017, CSJ SL2031-2018, CSJ SL1740-2021 y CSJ SL4250-2021, que reiteran la misma l\u00ednea de pensamiento, precis\u00f3: <\/p>\n
1. Que, en t\u00e9rminos generales, el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez o \u00abpensi\u00f3n tipo\u00bb, por ser alrededor de la cual gravita el sistema, se concede con ocasi\u00f3n de la acumulaci\u00f3n de una cantidad suficiente de capital o aportes durante largos a\u00f1os. <\/p>\n
2. Que, sin embargo, en el decurso normal del funcionamiento de ese engranaje, se presenten contingencias como la invalidez o la muerte del afiliado, que activa unos mecanismos de protecci\u00f3n distintos, que se basan en las tasas especiales de financiaci\u00f3n y en los tiempos m\u00ednimos de cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Que, en ese escenario, debe tenerse claro que las pensiones de vejez, de un lado y las de invalidez y sobrevivientes, de otro, no responden a iguales criterios, por cuanto las primeras ata\u00f1en con la l\u00f3gica de acumulaci\u00f3n; mientras que las \u00faltimas responden a la de \u00ab[…] previsi\u00f3n o aseguramiento del riesgo\u00bb. <\/p>\n
4. Que, en ese sentido lo explic\u00f3 en la providencia CSJ SL065-2020, con referencia en la decisi\u00f3n CC C617-2001, al concluir que trat\u00e1ndose de la muerte lo que se hace extensivo a la invalidez, hay \u00ab[…] \u201cun elemento de seguro\u201d, por lo que quien paga la prima anual est\u00e1 cubierto, mientras que quien no la ha cancelado, no puede gozar de cobertura […]\u00bb, lo cual se encuentra vinculado al cumplimiento del requisito legal del m\u00ednimo de aportaciones, anteriores a la consolidaci\u00f3n del evento que se ampara. <\/p>\n
5. Que, al tenor de lo razonado, entre otras, en las decisiones CSJ SL514-2020, CSJ SL514-2020 y CSJ SL3807-2020, el hecho generador de las mismas en el sistema pensional es la relaci\u00f3n de trabajo, por tanto, demostrado el v\u00ednculo laboral, se impone la contribuci\u00f3n al sistema, inclusive, en la modalidad de traslado de c\u00e1lculos actuariales, para aquellos casos, diferentes de la mora patronal, en los que el empleador no ha cumplido con el deber de inscripci\u00f3n o afiliaci\u00f3n al sistema. <\/p>\n
7. Que, efectivamente, el incumplimiento de esa obligaci\u00f3n por parte del patrono en esos espec\u00edficos casos, no impide la causaci\u00f3n del derecho y, por tanto, su materializaci\u00f3n efectiva, sino que imposibilita a aqu\u00e9llas que subroguen un riesgo que no tuvieron oportunidad de gestionar previo a su ocurrencia, precisamente porque lo que ampara el sistema, trat\u00e1ndose de la invalidez o la muerte, se insiste, es su eventual consolidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3 que el ad quem no incurri\u00f3 en la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 832 de 1996, en tanto que en las consideraciones no se evidenciaba que hubiera acudido a dicha norma para resolver el caso concreto, de igual modo, descart\u00f3 la infracci\u00f3n directa denunciada en el primer cargo respecto a los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los c\u00e1nones 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, como quiera que fueron aplicados en la soluci\u00f3n de la controversia en raz\u00f3n a la fecha del deceso del afiliado ocurrida el 23 de septiembre de 2018. En ese orden, destac\u00f3 que, de conformidad con lo expuesto en las sentencias SL994-2017, SL20406-2017 y SL5540-2019, no se advert\u00eda que el Tribunal hubiese incurrido en las trasgresiones legales que le endilgaron. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 al cargo tercero dirigido por la v\u00eda de los hechos, advirtiendo que el fallador de segundo grado efectu\u00f3 el ejercicio de la apreciaci\u00f3n probatoria del caso de manera razonable, atendiendo los principios de libre apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y autonom\u00eda judicial estipulados en los art\u00edculos 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en atenci\u00f3n a que, la valoraci\u00f3n individual de los mismos respet\u00f3 los principios de integralidad, razonabilidad y sana cr\u00edtica sumado a que la valoraci\u00f3n conjunta de ellos se observaba coherente, l\u00f3gica y consistente. Afirmaci\u00f3n sobre la que consider\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Se dice lo anterior, porque no se advierte yerro protuberante o manifiesto por parte del juez de la segunda instancia en la valoraci\u00f3n del certificado laboral expedido por Casatex Sports S. A. (f. \u00b0 16, ib), como tampoco de la historia laboral del se\u00f1or L\u00f3pez Bola\u00f1o (f. \u00b0 34, ibidem), pues de tales medios de convicci\u00f3n no emerg\u00eda situaci\u00f3n f\u00e1ctica diferente a los extremos laborales (1\u00ba octubre de 2017 hasta 23 de septiembre de 2018), la fecha a partir de la cual obra la novedad por parte del empleador (1\u00b0 de febrero de 2018) y la cantidad de semanas cotizadas en toda la vida laboral del mismo (116 semanas), incluyendo los tres a\u00f1os anteriores al deceso del causante (33,28 ciclos), en la forma como fueron declarados en las instancias y que se tornaron en premisas indiscutidas. <\/p>\n
Adicionalmente, aunque es cierto que el colegiado no apreci\u00f3 el formulario de afiliaci\u00f3n visible a folio 59 ib, tambi\u00e9n lo es que del contenido del mismo no se deriva, como lo quiere hacer ver la acudiente en casaci\u00f3n, que se tuvieran por incumplidas las obligaciones que como AFP le ata\u00f1\u00edan a Porvenir S. A, todo lo cual hace imperativo el sostenimiento de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
Ahora, es necesario precisar que, no obstante, al tenor del art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto1642 de 1995, corresponde es al empleador incumplido la asunci\u00f3n de la obligaci\u00f3n reclamada (CSJ SL21506-2017) y que, en perspectiva de los art\u00edculos 48 y 53 de la CP; 15, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, esa omisi\u00f3n, \u00ab[…] no significa, en manera alguna, que no se haya causado la pensi\u00f3n deprecada\u00bb (CSJ SL1740-2021), en el particular, la Corte como juez extraordinario no puede emitir dicha condena, porque como lo dijo el Tribunal, sin que se le confrontara, tal no fue la pretensi\u00f3n en el litigio\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, se refiri\u00f3 a algunas pruebas y consider\u00f3 que no entrar\u00eda a estudiar los contratos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, habida cuenta que la recurrente incumpli\u00f3 con la carga de demostrar cual fue el error cometido por el Tribunal, y lo someti\u00f3 a la voluntad de la Sala, pasando por alto que era a \u00e9l a quien le correspond\u00eda acreditar el yerro del ad quem. <\/p>\n
3.2. Con fundamento en esas consideraciones, determin\u00f3 la improsperidad de los cargos y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta el 31 de mayo de 2021. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos procedimental, f\u00e1ctico y sustantivo alegados por Patricia Isabel Barrios Almanza y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, la jurisprudencia vigente de la Sala permanente que rige la materia y las pruebas aportadas, y determin\u00f3 que el Tribunal no incurri\u00f3 en los ataques endilgados, puesto que soport\u00f3 su decisi\u00f3n en la tesis expuesta en la sentencia SL4103-2017 en la que se se\u00f1al\u00f3 que, en el caso espec\u00edfico de las pensiones de sobrevivientes la subrogaci\u00f3n del riesgo pensional por la v\u00eda de la convalidaci\u00f3n de tiempos servidos y no cotizados, a trav\u00e9s del c\u00e1lculo actuarial, solo es admisible si ese procedimiento es realizado en su integridad antes de que se produzca el riesgo que da origen a la prestaci\u00f3n, en este caso la muerte del trabajador, adem\u00e1s, porque las normas fueron aplicadas en atenci\u00f3n a la fecha de fallecimiento del afiliado y las pruebas valoradas razonablemente bajo el amparo de los principios de libre apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y autonom\u00eda judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Patricia Isabel Barrios Almanza a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, los cuestionamientos de la peticionaria no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la sentencia cuestionada, pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, ya que es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00, reiterada en STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
6. Igualmente, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4623-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC4623-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00493-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73308","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73308","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73308"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73308\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73308"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73308"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73308"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}