STC4624-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4624-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00494-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 13 de abril de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Stella Valencia Castillo contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Trece Penal del Circuito de esa ciudad y la sociedad Vig\u00edas Servicios Integrales SAS, y citadas las partes e intervinientes en el amparo constitucional n\u00ba 2022-00057. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al m\u00ednimo vital y \u00abdesconocimiento del precedente de la Corte Constitucional\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Del escrito de tutela y las pruebas aportadas, se extrae que la se\u00f1ora Valencia Castillo promovi\u00f3 anterior acci\u00f3n de tutela contra la sociedad Vig\u00edas Servicios Integrales SAS, Comfenalco Valle, Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar SA y Colpensiones, con el fin de obtener el pago de las incapacidades m\u00e9dicas derivadas del accidente laboral que present\u00f3 el 21 de octubre de 2019. <\/p>\n
El Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, en sentencia de 11 de enero de 2023 concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a la Empresa Vig\u00edas Servicios Integrales SAS, emitir las autorizaciones necesarias para el pago de las incapacidades concedidas desde el 1\u00ba de mayo de 2022, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el representante legal de Vig\u00edas Servicios Integrales SAS, y revoc\u00f3 el 2 de marzo de 2023 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, y en su lugar, la neg\u00f3 por improcedente. <\/p>\n
Adujo que, en el fallo de segunda instancia, la Corporaci\u00f3n accionada \u00abincurri\u00f3 en graves falencias, de relevancia constitucional, el resuelve de la tutela es incompatible con la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 revocar la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, y en su lugar, confirmar la providencia proferida por el Juzgado Trece Penal del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, defendi\u00f3 la razonabilidad de su decisi\u00f3n y manifest\u00f3 que se encuentra conforme a derecho y a la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. Afirm\u00f3 que la solicitud de amparo es improcedente, habida cuenta que se cuestiona un fallo de tutela y que la actora puede acudir al tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
2. Colpensiones, indic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionada y que los hechos narrados no est\u00e1n relacionados con su competencia, por tal raz\u00f3n, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La Sociedad Vig\u00edas SAS solicit\u00f3 negar el amparo por improcedente, por estar dirigido contra otra acci\u00f3n de tutela y por desconocer la instituci\u00f3n de la cosa juzgada. <\/p>\n
4. La Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar SA, manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora y que ha suministrado de manera oportuna las prestaciones asistenciales y econ\u00f3micas que esta ha requerido para su tratamiento. Afirmaciones con las que pidi\u00f3 negar la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
5. La Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Valle del Cauca, requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente solicitud de amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que est\u00e1 dirigida, exclusivamente, a revocar la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo por dirigirse en contra de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, en la que se expone la inconformidad de la accionante con la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela objeto de queja, fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, Corporaci\u00f3n ante la cual, la actora podr\u00e1 insistir en la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, reiterando los argumentos iniciales, a los que adicion\u00f3 citas de la Corte Constitucional relacionadas con el reconocimiento y pago de incapacidades ordenadas en acciones de tutela. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la decisi\u00f3n atacada afecta su derecho al m\u00ednimo vital, en tanto, le impide recibir el pago de las incapacidades reconocidas por su m\u00e9dico tratante y derivadas del accidente laboral que le ocasion\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 30.20%. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, lo anterior con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra de la misma naturaleza. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022). <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Stella Valencia Castillo acude a este mecanismo en busca de la protecci\u00f3n de los derechos que considera vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la sentencia proferida el 2 de marzo de 2023 en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2022-00057 que formul\u00f3 contra la sociedad Vig\u00edas Servicios Integrales SAS, Comfenalco Valle, Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar SA y Colpensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al respecto, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por tratarse de una acci\u00f3n de tutela que controvierte las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, con una acci\u00f3n de la misma naturaleza, m\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional, y en especial no se encuentra demostrado que la determinaci\u00f3n censurada hubiera sido el producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con todo, se observa que la demandante tiene a su alcance la revisi\u00f3n del fallo de tutela cuestionado e, incluso, cuenta con el mecanismo de insistencia, escenarios eficaces para controvertir los argumentos expuestos por la autoridad judicial accionada, teniendo en cuenta que el expediente actualmente se encuentra en tr\u00e1mite en la Corte Constitucional para surtir ese procedimiento (T9307045), lo que permite advertir la ausencia del requisito de la subsidiariedad, que siempre debe acompa\u00f1ar a la tutela. <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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