STC4625-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC4625-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00595-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 30 de marzo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nubia Esther Luna de Mier contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales UGPP, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta, Fidiers Gilvanis Mier Luna, Ximena Beltr\u00e1n Castro, Mercy Paola Mier Beltr\u00e1n y, citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2016-00016. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, defensa, debido proceso, salud, vida digna, igualdad, salud y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral, contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, causada con el fallecimiento de su c\u00f3nyuge Euclides Segundo Mier Manga ocurrido el 21 de mayo de 2004 y, en consecuencia, se condenara al pago de las mesadas con los respectivos intereses moratorios y la continuidad de la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos asistenciales, asunto en el que intervinieron Ximena Beltr\u00e1n Castro y Mercy Paola Mier Beltr\u00e1n como terceras ad excludendum. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta en sentencia de 3 de octubre de 2017 absolvi\u00f3 a la demanda de todas las pretensiones, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 10 de abril de 2019. <\/p>\n
Inconformes con ese pronunciamiento, la aqu\u00ed accionante y las terceras ad excludendum interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL3336-2022 de 5 de septiembre de 2022, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que la Sala de Casaci\u00f3n accionada manifest\u00f3 que la administraci\u00f3n actu\u00f3 conforme a lo ordenado en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003 que la faculta para investigar la legalidad de las pensiones, olvidando lo que dice la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, referente a que no se puede disminuir, suspender ni dejar de pagar pensiones reconocidas conforme a derecho, sino por orden de autoridad judicial competente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la administraci\u00f3n no tiene la facultad de negar la pensi\u00f3n si es producto de una conciliaci\u00f3n judicial o extrajudicial o de una actuaci\u00f3n judicial, y \u00ablas prestaciones fueron reconocidas al actor mediante conciliaci\u00f3n celebrada por su apoderado ante un Juez de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala accionada dictar un \u00abfallo alternativo que no vaya en contra de las violaciones antes enunciadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y manifest\u00f3 que fue enf\u00e1tica en explicar, con fines de aclarar el panorama procesal previo a la revisi\u00f3n de la legalidad de la decisi\u00f3n del Tribunal, que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional concedida al causante, Euclides Segundo Mier Manga, mediante la Resoluci\u00f3n 146122 del 28 de octubre de 1993, para la presentaci\u00f3n de la demanda hab\u00eda sido revocada directamente por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social – Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n del Pasivo Social de Puertos de Colombia en virtud del art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, de manera que para el inicio del proceso, ni el fallecido, ni Nubia Esther Luna de Mier en calidad de c\u00f3nyuge y su hijo Fidiers Gilvanis Mier Luna, contaban con la condici\u00f3n de pensionados. <\/p>\n
2. El Subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP luego de relatar los antecedentes del proceso cuestionado, inform\u00f3 que Nubia Esther Luna de Mier, interpuso nuevamente una demanda ordinaria laboral, que correspondi\u00f3 al Juzgado Veintitr\u00e9s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 con radicado n\u00ba 2021-00546, en la cual profiri\u00f3 sentencia el 2 de agosto de 2022, absolviendo a esa entidad de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no procede el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por cuanto el causante no tiene una prestaci\u00f3n para ser sustituida a sus presuntos beneficiarios, pues los actos administrativos de reconocimiento fueron revocados, en virtud del art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, en ese orden, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n accionada se encuentra ajustada a derecho. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo tras considerar que la Sala accionada no incurri\u00f3 defecto alguno, al no casar la sentencia de segunda instancia y, en consecuencia, no reconocer en favor de la reclamante la sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que hab\u00eda sido otorgada a su c\u00f3nyuge, quien falleci\u00f3 el 21 de mayo de 2004. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que se constat\u00f3, que en la acci\u00f3n de tutela se hicieron se\u00f1alamientos que desconocen lo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, lo discutido en el proceso y lo que obra en el expediente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien adujo que el fallo de primera instancia se circunscribe principalmente a aceptar lo se\u00f1alado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral referente a que el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 es aplicable a casos distintos al estudiado, porque esa norma espec\u00edficamente habla de las pensiones reconocidas judicialmente o por medio de conciliaci\u00f3n, eventos que aplican a su caso, como se prob\u00f3 con documentos aportados oportunamente, entre ellos la Resoluci\u00f3n de la Pensi\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ninguna autoridad judicial le dio la orden a la UGPP de suspender o revocar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que devengaba su c\u00f3nyuge, sin embargo, fue la misma demandada quien autom\u00e1ticamente y violando la separaci\u00f3n de poderes establecida constitucionalmente, decidi\u00f3 revocar la que hab\u00eda reconocido. Afirm\u00f3 que no es cierto que el art\u00edculo 19 de la mencionada ley autoriza a la administraci\u00f3n a revisar las pensiones, en tanto que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica lo proh\u00edbe, porque las revisiones solo proceden judicialmente y tiene t\u00e9rminos de caducidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Nubia Esther Luna de Mier acude a este mecanismo excepcional, con el fin de obtener la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL3336-202 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 5 de septiembre de 2022, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar el fallo del Tribunal Superior de Santa Marta que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, que neg\u00f3 las pretensiones formuladas en el proceso ordinario laboral que inici\u00f3 contra la UGPP con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su c\u00f3nyuge Euclides Segundo Mier Manga. <\/p>\n
3.1 En efecto, la Sala accionada luego de hacer una rese\u00f1a amplia de los antecedentes en el proceso cuestionado y advertir la importancia de las exigencias formales derivadas del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y de la jurisprudencia en materia del recurso extraordinario, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) 1. Si bien es cierto, Nubia Esther Luna de Mier se duele en el cargo primero de su demanda, de que el Tribunal incurri\u00f3 en error al no tener en cuenta que seg\u00fan el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, el acto de revocatoria directa de la pensi\u00f3n requer\u00eda del consentimiento de los titulares del derecho por tratarse de un acto de contenido particular y concreto, adem\u00e1s que, la Corte Constitucional en sentencia CC C-835-2003 dijo que la misma solo pod\u00eda darse en los casos en que el reconocimiento de la prestaci\u00f3n se haya logrado a trav\u00e9s de la comisi\u00f3n de delitos o fraude, dicha tem\u00e1tica no fue incluida en la alzada presentada por la demandante y ahora recurrente, conforme consta en el audio inserto en el folio 158 Cd del cuaderno 2 de primera instancia, minutos 3:15:42 a 3:31:04, de manera que mal podr\u00eda ahora en casaci\u00f3n pretender un pronunciamiento en dicho sentido, derivando de all\u00ed la incursi\u00f3n del Colegiado en los errores que se procuran acreditar\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que aun cuando la primera instancia absolvi\u00f3 a la demandada validando la revocatoria directa de la pensi\u00f3n, seg\u00fan la Resoluci\u00f3n n\u00ba 839 de 28 de junio de 2010 que estaba en firme al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda inicial, puesto que su ejecutoria se surti\u00f3 una vez se resolvieron los recursos procedentes, la tem\u00e1tica de su apelaci\u00f3n se centr\u00f3 en que <\/p>\n
\u00abi) el Acto Legislativo 01 de 2005 proh\u00edbe suspender o extinguir pensiones sin orden de autoridad competente, lo cual desatendi\u00f3 la UGPP; ii) que la demandante estaba siendo objeto de presiones por parte de la entidad; iii) que no pod\u00eda decirse que el causante no cumpli\u00f3 los requisitos de la CCT sin que ella se hubiese allegado al proceso; iv) el reproche de que durante los 11 a\u00f1os que Euclides Segundo Mier Manga en vida fue pensionado, nunca fue citado para la revisi\u00f3n de su prestaci\u00f3n, pero si, solo 17 a\u00f1os despu\u00e9s e incluso con posterioridad a su muerte, la entidad se diera cuenta de que el reconocimiento en su criterio fue err\u00f3neo, lo cual consider\u00f3 contrario a la seguridad jur\u00eddica y, v) la falta de pronunciamiento del Juez inicial en torno al pago del retroactivo y sus intereses causados entre 2004-2010\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, consider\u00f3 que, si de alguna manera la demandante consideraba que el alcance de la apelaci\u00f3n era otro, debi\u00f3 acusar la vulneraci\u00f3n del principio de consonancia seg\u00fan el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pero en el marco de la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n del escrito de apelaci\u00f3n como pieza procesal, sin que de manera alguna pudiera tomarse de las consideraciones del Tribunal en punto a la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de las intervinientes ad excludendum. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) En igual l\u00ednea, tampoco pod\u00eda a trav\u00e9s de la acusaci\u00f3n de aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003 y el art\u00edculo 66 A del CPTSS, alegar que el sentenciador de segunda instancia pas\u00f3 por alto que la demanda ordinaria pretendi\u00f3 que se declarara que la actuaci\u00f3n administrativa no estuvo conforme a derecho y no, la declaratoria de la legalidad de la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n, razonando que \u00absolo se encontraba legitimada para ello la administraci\u00f3n\u00bb, porque esa tem\u00e1tica atiende es a la vulneraci\u00f3n del principio de congruencia conforme a lo previsto en el art\u00edculo 305 del CPC hoy 281 del CGP, aplicable en materia laboral por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 145 del CPTSS, el cual, requiere para su ataque, dirigirse por la senda f\u00e1ctica, planteando no solo errores de hecho, sino denunciando la demanda como pieza procesal por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea o falta de valoraci\u00f3n de la demanda lo cual brilla por su ausencia en el cargo y no puede subsanar oficiosamente por esta Sala. <\/p>\n
Igualmente, ante el reproche de que la demanda buscaba declarar la actuaci\u00f3n administrativa como no conforme a derecho y no, la declaratoria de la legalidad o ilegalidad de la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n, debe responderse que, de una parte, el control de legalidad de los actos administrativos no es competencia de esta Corporaci\u00f3n, por corresponder a lo contencioso administrativo. <\/p>\n
Y, de otra, conforme al folio 2 del cuaderno 1, si las pretensiones de la demanda de Nubia Esther Luna de Mier, giraron en torno a que se reconociera la calidad de pensionada de sobrevivientes con fundamento en la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional disfrutada en vida por Euclides Segundo Mier Manga, en una cuant\u00eda del 100%, junto al consecuente reconocimiento de las mesadas retenidas desde 2004, lo l\u00f3gico era que en las instancias se revisara la calidad de pensionado del fallecido, a quien, si para la data de la presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, 2016, le hab\u00eda sido revocada en forma directa la pensi\u00f3n por falta de requisitos, corr\u00eda de cargo de la accionante, demostrar los tiempos de servicios faltantes o que el acuerdo colectivo que dio lugar al reconocimiento pensional en 1993, le otorgaba derecho, lo cual brill\u00f3 por su ausencia, debiendo recurrir el fallador a la revisi\u00f3n integral de las resoluciones de reconocimiento y revocatoria ante la ausencia de otros medios probatorios\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, determin\u00f3 que no era posible, en sede de casaci\u00f3n suplir las falencias argumentativas de las partes ni las carencias litigiosas de sus apoderados, debido al car\u00e1cter dispositivo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que no le otorga competencia para juzgar el litigio a fin de resolver a cu\u00e1l de las partes le asiste raz\u00f3n. Igualmente, destac\u00f3 que el recurso presentado emerg\u00eda como una extensi\u00f3n tard\u00eda de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, lo que resultaba inadmisible una vez fenecidas las instancias. <\/p>\n
3.2 En punto al cargo segundo dirigido a acusar la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 record\u00f3 que dicha norma aplicaba para escenarios diferentes a los discutidos en el caso de Euclides Segundo Mier Manga, de un lado porque quien orden\u00f3 la revocatoria de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n proporcional fue el Ministerio de Trabajo, Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n de Pasivo Social de Puertos de Colombia, y no una sentencia judicial emitida por un Juez y, de otro, porque el art\u00edculo 19 de la referida Ley habilita a la administraci\u00f3n para que actuara en contra de sus actos propios, los cuales se produjeron con causa del reconocimiento de una pensi\u00f3n sin el cumplimiento de requisitos. <\/p>\n
De esa manera, destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abal tener por probado el Tribunal que la revocatoria directa de la pensi\u00f3n se produjo a partir de la expedici\u00f3n de un acto administrativo por parte del Ministerio de Trabajo, Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n de Pasivo Social de Puertos de Colombia, estaba en lo cierto al revisar la actuaci\u00f3n desde la \u00e9gida del art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, no pudiendo incurrir en infracci\u00f3n directa alguna, pues en ning\u00fan momento se sustrajo de la existencia de la norma ni se rebel\u00f3 en contra de ella, es decir, del art\u00edculo 20 y dem\u00e1s normas acusadas, porque como se dijo, no era competente para el control de legalidad del acto administrativo, ni la pensi\u00f3n fue revocada como producto de una orden judicial\u00bb. <\/p>\n
3.3 Por otra parte, refiri\u00f3 que por sustracci\u00f3n de la materia se relevaba de estudiar el cargo tercero, puesto que, la recurrente con sus argumentos intentaba prolongar las instancias con tem\u00e1ticas ajenas a la decisi\u00f3n de segunda instancia que, en todo caso, si bien consideraba que no hab\u00edan sido resueltas, pudo solicitar la adici\u00f3n de la sentencia, sin embargo, opt\u00f3 por guardar silencio. <\/p>\n
3.4 Con fundamento en esas consideraciones, determin\u00f3 la improsperidad de los cargos formulados tanto por Nubia Esther Luna de Mier como por Ximena Beltr\u00e1n Castro y Mercy Paola Mier Beltr\u00e1n y dispuso no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta el 10 de abril de 2019. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, comoquiera que no se evidenci\u00f3 arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho alegada por Nubia Esther Luna de Mier y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, la jurisprudencia vigente de la Sala permanente y las pruebas aportadas, determinando que el Tribunal Superior de Santa Marta acert\u00f3 al revisar la actuaci\u00f3n con fundamento en el art\u00edculo 19 de la Ley 797 de 2003, teniendo por probado que la revocatoria directa de la pensi\u00f3n se produjo con la expedici\u00f3n de un acto administrativo por parte del Ministerio de Trabajo, Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n de Pasivo Social de Puertos de Colombia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 acusado por la recurrente, aplicaba para casos diferentes al estudiado, sumado a que para el escenario plateado exist\u00eda norma expresa que habilitaba a la administraci\u00f3n para que actuara en contra de sus propios actos, proferidos con causa del reconocimiento de una pensi\u00f3n sin el cumplimiento de requisitos, como lo era el art\u00edculo 19 de la referida Ley. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Nubia Esther Luna de Mier a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022), puesto que, la diferencia de criterio que pudiera tener la solicitante con la argumentaci\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, los cuestionamientos de la peticionaria no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la sentencia cuestionada, pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, ya que es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (STC exp. 2011-02659, reiterada en STC8884-2020, STC 2462-2021 y STC2622-2022). <\/p>\n
6. Resta indicar que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4625-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC4625-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00595-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}