STC4633-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4633-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 86001-22-08-000-2023-00040-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa el pasado 31 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Andr\u00e9s Bastidas Chamorro contra el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, extensiva a las partes e intervinientes en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00b0. 2022-00062. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso que estima lesionado por la autoridad judicial convocada, toda vez que, al interior de la causa arriba citada1, mediante providencias de 1\u00ba de marzo de 2022 y 16 de marzo de 20232, se abstuvo \u00abde imponer multas a la parte demandante quien ha estado radicando memoriales y oficios sin remitir[le] copias de los mismos\u00bb, aduciendo que el numeral 14 del art\u00edculo 78 de C\u00f3digo General del Proceso fue derogado t\u00e1citamente por el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
2. A su juicio, las aludidas providencias adolecen de defecto sustantivo por cuanto \u00abla norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por ende, inaplicada\u00bb. Frente a dicho t\u00f3pico sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso no solo no ha sido derogad[o], sino que es de aplicaci\u00f3n obligatoria en todo proceso judicial\u2026 La obligaci\u00f3n de remitir los oficios con copia a la contraparte tiene una finalidad clara y precisa, que es la de garantizar el derecho al debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas en el proceso judicial. Por tanto, al no imponer las multas correspondientes, el juzgado accionado est\u00e1 vulnerando dichos derechos fundamentales (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) el hecho de que la ley 2213 del 2022, en su numeral tercero [sic], haya establecido la obligaci\u00f3n de remitir copia de los memoriales a la contraparte sin hacer referencia a las multas, no puede ser considerado como una derogatoria t\u00e1cita de la obligaci\u00f3n establecida en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso. Por el contrario\u2026 ambas normas se complementan entre s\u00ed para garantizar un debido proceso justo y equitativo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita remover los efectos jur\u00eddicos de las determinaciones cuestionadas y ordenarle a la c\u00e9lula judicial cognoscente que, en su lugar, \u00abimponga las respectivas multas a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El titular del despacho convocado se opuso a la prosperidad del resguardo dado que \u00abtanto [el accionante] como su apoderado judicial han tenido y tienen plena facilidad actual de conocer todo el tr\u00e1mite del proceso que garantiza plenamente su debido proceso y ejercicio en todo momento y de manera efectiva su derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, dijo que las providencias cuestionadas contienen un criterio razonable, lo que descarta la presencia del defecto material alegado. Remiti\u00f3 enlace de acceso al expediente virtual. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal de Mocoa declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n solicitada por carecer la acci\u00f3n de relevancia constitucional, en tanto \u00abse trata de un asunto meramente legal que busca convertir la acci\u00f3n de tutela en una tercera instancia adicional a las establecidas para casos como el presente y que, por tanto, no tiene una relaci\u00f3n directa con la presunta vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho al debido proceso u otra garant\u00eda fundamental del actor\u00bb. <\/p>\n
Para la colegiatura la controversia planteada \u00abdeviene de la interpretaci\u00f3n que dio el juzgado de conocimiento al art\u00edculo 78 numeral 14 del C.G.P., en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 3 de la Ley 221 de 2022\u00bb, la cual se encuentra amparada por los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial, de all\u00ed que el examen que el actor pretende que se haga, \u00abescapa de la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, advirti\u00f3 el a quo, no acredit\u00f3 el gestor \u00abde qu\u00e9 manera, dentro del proceso\u2026 se le ha impedido ejercer su derecho de defensa\u00bb dado que, ni siquiera, especific\u00f3 a cu\u00e1les documentos no ha tenido acceso, resultando inviable \u00abla exposici\u00f3n de afirmaciones gen\u00e9ricas y carentes de sustento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el gestor insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Ra\u00fal Andr\u00e9s Bastidas Chamorro, al no imponer multa a su contraparte en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble 2022-00062, porque supuestamente ha allegado memoriales a la actuaci\u00f3n sin remitirle copias de los mismos, con lo que a su juicio incurri\u00f3 en defecto sustantivo por desconocimiento del art\u00edculo 78-14 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir el ejercicio hermen\u00e9utico o la sind\u00e9resis realizada por el juez cognoscente y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dichas actividades. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Como se indic\u00f3, Ra\u00fal Andr\u00e9s Bastidas Chamorro soport\u00f3 su reclamo constitucional en el hecho de que el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado 2022-00062, en el que es demandado, no accedi\u00f3 a su petici\u00f3n de imponer multa a su contraparte por no atender el deber consagrado en el numeral 14 del art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente constitucional (CC SU128-2021) las controversias a resolver en sede de tutela deben versar sobre asuntos de evidente relevancia constitucional y no meramente legal o econ\u00f3mico, pues para atender estas cuestiones, el legislador dise\u00f1\u00f3 diversos mecanismos al interior de la actuaci\u00f3n ordinaria. En tal sentido, agreg\u00f3 la Corte, un asunto carece de relevancia constitucional, cuando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma procesal, salvo que de \u00e9sta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general\u201d (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando a juicio del gestor, el auto de 1\u00ba de marzo de 2022 (ratificado el pasado 16 de marzo) adolece de defecto sustantivo por haberse inobservado una norma procesal que deb\u00eda a ser aplicada, lo cierto es que el tema por esta v\u00eda planteado no pas\u00f3 de ser una discusi\u00f3n estrictamente legal dado que, a lo que apunt\u00f3 Bastidas Chamorro fue a hacer notar su divergencia en torno al criterio del juez cognoscente respecto de la aplicaci\u00f3n del referido precepto. <\/p>\n
En efecto, no demostr\u00f3 el actor c\u00f3mo la imposici\u00f3n de la referida multa a su contraparte por, al parecer, inobservar el mandato consagrado en la disposici\u00f3n en cita, podr\u00eda afectar su situaci\u00f3n al interior del tr\u00e1mite confutado, pues, de un lado, no es el destinatario de la misma y, de otro, al margen de las razones que tuvo el funcionario judicial para no acceder a ella, aquel ni siquiera indic\u00f3 cu\u00e1les fueron los documentos que no tuvo la oportunidad de conocer y la incidencia negativa de dicha situaci\u00f3n en el ejercicio de su derecho al debido proceso, desde sus facetas de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede pasarse por alto que el juzgado querellado, en la providencia por medio de la cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el all\u00ed demandado contra la negativa de irrogar la sanci\u00f3n econ\u00f3mica, requiri\u00f3 a Jos\u00e9 Luis Mora Zambrano a efectos de que en adelante cumpliera el deber consagrado en la referida disposici\u00f3n legal lo que, a juicio de la Sala, es evidencia de que el titular del despacho fustigado ha cumplido adecuadamente sus funciones como director del proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, seg\u00fan se verific\u00f3, la presente censura no involucr\u00f3 un \u00abdebate jur\u00eddico\u2026 en torno al contenido, alcance y goce de alg\u00fan derecho fundamental (CC SU128-2021)\u00bb sino que estuvo encaminada a exponer la particular interpretaci\u00f3n del gestor de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, de all\u00ed que el resguardo devenga improcedente, pues como tiene dicho la Sala, <\/p>\n
\u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012) <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del amparo, dada la intrascendencia del supuesto yerro pues la situaci\u00f3n que se alega como an\u00f3mala, no afect\u00f3 los derechos fundamentales del actor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la sala a quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Promovida en su contra por Jos\u00e9 Luis Mora Zambrano. <\/p>\n
2\u0002 Esta \u00faltima por medio de la cual se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado contra la primera. <\/p>\n
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