STC4634-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4634-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02598-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 21 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela promovida por Rosa Elena Ortiz Rodr\u00edguez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Catorce Laboral del Circuito, ambos de esta ciudad, autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-31-05-014-2017-00708-00 (Rad. Interno 90621). <\/p>\n
I.ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 se deje sin efectos los veredictos de instancia y la sentencia CSJ SL3617-2022 (6 sep.) y, en consecuencia, se ordene al Fondo de Pasivo Pensional de Ferrocarriles Nacionales de Colombia le reconozca la sustituci\u00f3n pensional. <\/p>\n
En sustento, adujo que convivi\u00f3 por m\u00e1s de 27 a\u00f1os con el causante Humberto Mart\u00ednez Rodr\u00edguez hasta su \u00f3bito (16 ene. 2007), quien ven\u00eda disfrutando de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida por Ferrocarriles Nacionales. Cont\u00f3 que, al deceso de aqu\u00e9l, la entidad le sustituy\u00f3 la prestaci\u00f3n en calidad de esposa a Mar\u00eda Bel\u00e9n de Mart\u00ednez (res. 1619 de 3 de ag. 2007), quien a su vez tambi\u00e9n falleci\u00f3 el 27 de julio de 2013. Narr\u00f3 que inst\u00f3 ante el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, no obstante, ante las evasivas del fondo prestacional acudi\u00f3 a un resguardo para que se emitiera el acto administrativo correspondiente, que fue nugatorio de sus aspiraciones (Res. 0946 de 7 de jun. 2016). <\/p>\n
Ante esa situaci\u00f3n acudi\u00f3 a la justicia ordinaria laboral y el asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de esta urbe, quien no accedi\u00f3 a sus pedimentos (16 dic. 2019), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (30 jun. 2020), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segundo grado (CSJ SL3617-2022, 6 sep). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que en su caso hubo una indebida valoraci\u00f3n probatoria, lo que llev\u00f3 al desenlace en contra de sus anhelos. <\/p>\n
2. El Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia se opuso a las pretensiones y esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Quien fungi\u00f3 como apoderado de la actora coadyuv\u00f3 en la demanda de tutela. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la s\u00faplica al concluir que la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n censurada era razonable. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 la convocante sin expresar las razones de disentimiento. A la fecha de elaboraci\u00f3n del proyecto no se hab\u00edan recibido manifestaciones adicionales. <\/p>\n
II.CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos de la gestora, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Pues bien, revisada la providencia CSJ SL3617-2022 (6 sep. 2022), con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral adelantado por Rosa Elena Ortiz Rodr\u00edguez contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar los tres ataques formulados por la aqu\u00ed accionante, el colegiado de cierre en materia del trabajo comenz\u00f3 por resaltar que en las instancias qued\u00f3 probado que \u00ab(\u2026) (i) mediante la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 0326 del 9 de abril de 1974 Ferrocarriles Nacionales reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a Humberto Mart\u00ednez Rodr\u00edguez; (ii) quien falleci\u00f3 el 16 de enero de 2007 y (iii) que entre el causante y la demandante existi\u00f3 una relaci\u00f3n, fruto de la cual nacieron dos hijos\u00bb. <\/p>\n
Ahora, la queja de la gestora gira en torno a la valoraci\u00f3n probatoria desarrollada por la magistratura de casaci\u00f3n en lo atinente a que, seg\u00fan asever\u00f3, la convivencia fue debidamente acreditada. <\/p>\n
Es as\u00ed como al adentrarse en el estudio de las censuras resalt\u00f3 que deb\u00eda reiterar \u00abel entendimiento correcto del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el 47 de la Ley 100 de 1993, en el que se establecen los requisitos m\u00ednimos que debe satisfacer la compa\u00f1era permanente del pensionado para acceder a la prestaci\u00f3n se\u00f1alada\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante y con base en lo se\u00f1alado en la sentencia CSJ SL1730-2020, en la que se resalt\u00f3 que para ser beneficiario\/a de la pensi\u00f3n de sobrevivientes deb\u00eda acreditarse la convivencia por al menos cinco a\u00f1os antes del deceso, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Para la Sala, dada la nueva revisi\u00f3n del alcance de la norma acusada, las anteriores consideraciones deben permanecer inc\u00f3lumes, ante lo expuesto por la misma Corte Constitucional en la sentencia CC C-336-2014, aducida por la censura, en la que tangencialmente equipar\u00f3 el requisito de convivencia m\u00ednima, en el caso de afiliado y pensionado, y acto seguido cit\u00f3 la sentencia CC C-1176-2001 y la anteriormente referida, en cuanto al l\u00edmite temporal exigido a los beneficiarios del pensionado y su leg\u00edtimo fin; empero, el an\u00e1lisis de constitucionalidad efectuado se encontraba dirigido en esa oportunidad, a otros supuestos contenidos en la norma, esto es, el aparte final del \u00faltimo inciso del literal b) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que no tiene la virtualidad de modificar lo considerado en la sentencia CC C1094-2003, adem\u00e1s de no constituir el objeto de este recurso. <\/p>\n
Y es que, de la redacci\u00f3n del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modific\u00f3 el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo m\u00ednimo de convivencia de 5 a\u00f1os all\u00ed contenida, se encuentra relacionada \u00fanicamente al caso en que la pensi\u00f3n de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelecci\u00f3n distinta, comporta la variaci\u00f3n de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinci\u00f3n, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada […] (subraya la Sala). <\/p>\n
Establecido el marco normativo, al descender al caso en estudio reliev\u00f3, <\/p>\n
[l]a recurrente pretende excusar este requisito con fundamento en la sentencia de la Corte Constitucional CC C-1094-2003, sin embargo, olvida que en dicha providencia se declar\u00f3 la exequibilidad de los literales a) y b) del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, sin eximir a quien solicite la pensi\u00f3n, cumplir la exigencia de la convivencia en el t\u00e9rmino ya se\u00f1alado. En esa medida, no es posible invocar este pronunciamiento constitucional para justificar la procedencia de la pensi\u00f3n de sobrevivientes sin el cumplimiento de sus requisitos. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, que habr\u00e1 de leerse de forma arm\u00f3nica con la actual postura de esta Sala (CSJ SL1730-2020), la sentencia CSJSL 5046-2018 se refiri\u00f3 a la decisi\u00f3n de la Corte Constitucional as\u00ed: <\/p>\n
Ahora bien, esa realidad no puede verse alterada por lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional C 1094 de 2003, como se alega en el tercer cargo, pues all\u00ed nunca se estableci\u00f3 la regla jur\u00eddica reivindicada por la censura, con fuerza de cosa juzgada constitucional, en virtud de la cual el presupuesto de la convivencia es exigible \u00fanicamente en los casos de fallecimiento del pensionado, pues, por el contrario, all\u00ed se destac\u00f3 la libertad con la que cuenta el legislador para determinar qui\u00e9nes son los beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes y qu\u00e9 requisitos le son exigibles, entre otros, el de un tiempo m\u00ednimo de convivencia (subraya la Sala). <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento al ocuparse del estudio de las probanzas allegadas y denunciadas en sede de casaci\u00f3n (testimonios e interrogatorio de parte, registros civiles de los hijos comunes y documentales) infiri\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) Sobre el interrogatorio de parte y las declaraciones de Zulma Esther Tomas de Guti\u00e9rrez, Celina Mar\u00eda Guti\u00e9rrez Thomas y Sandra Milena L\u00f3pez Gonz\u00e1lez, se recuerda que, su an\u00e1lisis solo es procedente en la casaci\u00f3n del trabajo cuando se ha demostrado el error de hecho con los medios h\u00e1biles, y en tanto ello no aconteci\u00f3, no es posible su ponderaci\u00f3n (CSJ SL1189-2015). <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Corte en m\u00faltiples oportunidades, entre otras, en la sentencia CSJ SL4213-2018 en la que se dijo: <\/p>\n
[…] los testimonios no son medios de convicci\u00f3n aptos para estructurar con base en ellos, ataques en casaci\u00f3n del trabajo, salvo cuando se logre evidenciar la comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico sobre una de las denominadas pruebas calificadas, de conformidad con el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969, lo que en este caso no se prob\u00f3, y de la otra, que los jueces gozan de autonom\u00eda para formar libremente su convencimiento con base en las pruebas regular y oportunamente allegadas al expediente y por eso, la circunstancia de que el ad quem hubiera fundado su convicci\u00f3n con el contenido de la prueba documental denominada historia laboral, y no con otras, en este caso la testimonial, no representa una violaci\u00f3n de la ley adjetiva, dado que tal facultad est\u00e1 contenida en el art\u00edculo 61 del CPTSS, que por cierto no fue denunciado por el recurrente. (SL4346-2018). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el interrogatorio de parte, esta Sala ha explicado en m\u00faltiples ocasiones que solo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario, o lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicaci\u00f3n del principio conforme al cual a nadie le es l\u00edcito crearse su propia prueba (CSJ SL10880-2017; CSJ SL10756-2017; CSJ SL848-2019 y CSJ SL 29 julio 2008, radicaci\u00f3n 32044, entre otras). <\/p>\n
(\u2026) Sobre los certificados de nacimiento de los hijos comunes de la pareja Rosa Helena Mart\u00ednez Ortiz y Humberto Mart\u00ednez Ortiz, no tienen relevancia probatoria frente a los supuestos hechos que se pretende validar, pues corroboran la relaci\u00f3n jur\u00eddica entre los identificados y sus padres, hecho que no se discute en el caso bajo an\u00e1lisis. <\/p>\n
Contrario a lo afirmado por la recurrente, para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes no basta con acreditar la procreaci\u00f3n hijos en com\u00fan, es indispensable demostrar los cinco a\u00f1os de convivencia consagrados en la ley. <\/p>\n
(\u2026) En cuanto a los documentos se\u00f1alados como no valorados, la mayor\u00eda dan cuenta del proceso de reclamaci\u00f3n de la pensi\u00f3n surtido por la demandante, por ende, en virtud de la m\u00e1xima de que nadie puede crear su propia prueba, de ellos no se deriva nada a su favor. <\/p>\n
No puede aceptarse el argumento de que el Tribunal no valor\u00f3 piezas procesales como la demanda o su contestaci\u00f3n, pues del an\u00e1lisis efectuado se entiende que s\u00ed fueron estudiadas, lo que sucede es que con ellas no se logr\u00f3 probar la convivencia de la pareja en los t\u00e9rminos exigidos por la ley. <\/p>\n
Para en esa l\u00ednea argumentativa concluir que <\/p>\n
Tampoco pasa desapercibido para la Corte que la accionante reclama la pensi\u00f3n de sobrevivientes con posterioridad al deceso de Mar\u00eda Bel\u00e9n de Mart\u00ednez, c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del causante, a quien se le reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n. De manera que, la demandante aspira a sustituirse en una pensi\u00f3n que ya fue concedida, lo cual no es permitido por la normativa vigente. <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, considera la Sala que la desestimaci\u00f3n de los medios suasorios de los que se duele la promotora de ninguna manera sacrific\u00f3 la prevalencia del derecho sustancial sobre las normas procedimentales, ni es un exceso ritual manifiesto, pues como se ha reiterado en numerosas sentencias de la hom\u00f3loga en lo laboral, la prueba testimonial no est\u00e1 clasificada como id\u00f3nea en casaci\u00f3n, de acuerdo con los requisitos exigidos por el art\u00edculo 7 de la ley 16 de 1969, respecto a los cuales no corresponde al juez constitucional determinar o no su conveniencia1 (SL3536-2021, SL1469-2021, SL1218-2021, entre otras). <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que la autoridad judicial s\u00ed valor\u00f3 las pruebas existentes en el expediente, lo que condujo a que concluyera que las mismas no daban cuenta de la convivencia por el t\u00e9rmino m\u00ednimo que establece la ley de la all\u00e1 demandante con el mencionado pensionado, aunado a que, como lo se\u00f1al\u00f3 la magistratura de cierre en lo laboral, pretendi\u00f3 una sustituci\u00f3n de una pensi\u00f3n que ya hab\u00eda sido concedida y en este orden de ideas resulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada, lo que pone en evidencia es que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que la gestora estima que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (CSJ STC1981-2018, STC11767-2022, reiterada entre muchas en STC1453-2023). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
III.DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Norma que adem\u00e1s fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-140-95 donde se determin\u00f3 que: (\u2026) establece unos requisitos que -como se explic\u00f3- responden a la naturaleza misma del litigio en asuntos del trabajo y, en especial, a los principios de oralidad, inmediaci\u00f3n, publicidad y libre formaci\u00f3n del convencimiento, los cuales han sido definidos por el legislador en diversos art\u00edculos del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral. Para esta Corte, por tanto, se encuentran plenamente justificadas las razones por las que no es posible acusar en casaci\u00f3n un error de hecho en la apreciaci\u00f3n de medios probatorios diferentes a los contemplados en la norma en comento. Adem\u00e1s, debe agregarse que las consideraciones respecto de la conveniencia o no de este tipo de reglamentaciones, escapan la competencia del juez de constitucionalidad, e inclusive llevar\u00edan a que un pronunciamiento en dicho sentido permitiera que se definieran no s\u00f3lo las reglas de un proceso, sino que tambi\u00e9n la competencia de los diferentes \u00f3rganos judiciales, con lo cual se quebrantar\u00eda en forman flagrante el art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n, al invadirse una materia -se repite- de competencia exclusiva del Congreso de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
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