STC4636-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4636-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00064-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 la Universidad de Antioquia contra el fallo emitido el 26 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que la impugnante promovi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a los intervinientes en el proceso laboral No. 91558. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante solicit\u00f3 que se deje sin valor la sentencia SL2201-2022 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con el fin que quede inc\u00f3lume la sentencia dictada en sede de segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 16 de octubre de 2020. <\/p>\n
No obstante, el pensionado promovi\u00f3 proceso laboral contra el centro educativo accionante con el fin que se reajustara su mesada, en raz\u00f3n a que, seg\u00fan \u00e9l, el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 15, as\u00ed como la ley 4\u00aa de 1976, establecen que el porcentaje m\u00ednimo de aumento ser\u00eda el 15% \u00abde la respectiva mesada pensional para las pensiones[sic] equivalentes hasta el valor de cinco (5) veces el salario m\u00ednimo legal m\u00e1s alto\u00bb; lo cual fue desconocido por la universidad, toda vez que su mesada fue liquidada sin tener en cuenta dicha disposici\u00f3n. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medell\u00edn, autoridad que neg\u00f3 las pretensiones (5 diciembre 2018), determinaci\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Superior de dicha ciudad al resolver el grado jurisdiccional de consulta (16 de octubre de 2020). El demandante promovi\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, en dicho asunto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cas\u00f3 la sentencia censurada en SL2201 (22 junio 2022) <\/p>\n
A juicio de la universidad actora, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral desconoci\u00f3 la normatividad que regula el caso, habida cuenta que el acto legislativo 01 de 2005 estableci\u00f3 que las reglas de car\u00e1cter pensional contenidas en convenciones colectivas no pueden producir efectos m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, por la p\u00e9rdida de su vigencia. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que lo decidido viola el principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, al reconocer una pensi\u00f3n sin sustento legal; situaci\u00f3n que, en el mismo sentido, dej\u00f3 de lado las sentencias que han propendido por la defensa de dicho principio, tales como \u00abSL 31000, 31 en. 2007, reiterada en SL 30077, 23 en. 2009, SL 39797, 24 abr. 2012, SL1409-2015 y SL4963-2016 (\u2026)\u00bb, as\u00ed como la sentencia C-110 de 2006 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
A su vez, dijo que trat\u00e1ndose de la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas de una convenci\u00f3n, su hermen\u00e9utica siempre debe ser producto de un ejercicio interpretativo a partir de la voluntad de las partes, de lo cual no se desprende la vigencia intemporal de la Ley 4 de 1976. A su vez acot\u00f3 que la norma que regula lo atinente a los incrementos pensionales es el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, la cual rige incluso frente a los pensionados bajo el rigor de la Ley 4 de 1976. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. Relat\u00f3 que para resolver el asunto dispuso el acopio de documentos en poder de la Universidad accionada, lo que le permiti\u00f3 establecer que el pensionado ten\u00eda derecho al incremento pensional consignado en el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 4\u00aa de 1976, conforme lo dispone el art\u00edculo d\u00e9cimo quinto <\/p>\n
de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976-1977. <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn precis\u00f3 que dispuso confirmar la negativa del reajuste pensional porque el 31 de julio de 2010 perdieron vigencia las condiciones pensionales m\u00e1s favorables contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, atendiendo a lo dispuesto en el par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005 y la jurisprudencia nacional (SL-1428 rad 63413 de 2018 y SU- 555 de 2014). <\/p>\n
3.- El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo por estimar que la decisi\u00f3n objeto de censura obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4.- La universidad actora impugn\u00f3. Reiter\u00f3 y ahond\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito de tutela. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que en primera instancia no fueron estudiados los reparos consistentes en el desconocimiento del precedente y la existencia de defecto material o sustantivo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto se ratificar\u00e1 toda vez que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
Para resolver el recurso de casaci\u00f3n formulado por el pensionado referido, la magistratura formul\u00f3 el siguiente problema jur\u00eddico: <\/p>\n
(\u2026) le corresponde a la Sala, determinar si el colegiado incurri\u00f3 en un error protuberante de hecho, al considerar que, la interpretaci\u00f3n admisible de la cl\u00e1usula consignada en el art\u00edculo 15 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976-1977 suscrita entre Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia, es considerar que el incremento pensional estatuido en la Ley 4\u00aa de 1976, no debe aplicarse a la pensi\u00f3n que disfruta el accionante. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral estudi\u00f3 el contenido de la cl\u00e1usula 15 de la convenci\u00f3n en virtud de la cual fue reconocida la pensi\u00f3n y a partir del estudio de esta concluy\u00f3 que en dicho convenio qued\u00f3 pactado que el incremento de la mesada se har\u00eda conforme a lo previsto en la ley 4\u00ba de 1976; adem\u00e1s, estim\u00f3 que aunque dicha norma fue derogada, no dej\u00f3 de definir la situaci\u00f3n del pensionado toda vez que \u00e9l contaba con un derecho adquirido en virtud de la mencionada convenci\u00f3n. En concreto la autoridad judicial precis\u00f3: <\/p>\n
En ese horizonte, tenemos que el art\u00edculo 15 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976-1977, nos indica lo siguiente: <\/p>\n
Art\u00edculo d\u00e9cimo cuarto. Pensionados por jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
A partir de la vigencia de la presente convenci\u00f3n, la Universidad de Antioquia reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a los trabajadores que cumplan o hubieren cumplido veinte (20) a\u00f1os de servicios a la Universidad, continuos o discontinuos, y que lleguen a una edad de cuarenta y cinco (45) a\u00f1os. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. A partir de la vigencia de la presente convenci\u00f3n, la Universidad pagar\u00e1 a todos los trabajadores jubilados actualmente y que lleguen a jubilarse, una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del 100% de su salario. <\/p>\n
A partir de la vigencia de la presente convenci\u00f3n, la Universidad reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilaci\u00f3n el subsidio familiar, se beneficiar\u00e1n de la distribuci\u00f3n de los remanentes de que trata la convenci\u00f3n de 1975 en el cap\u00edtulo quinto; el servicio m\u00e9dico familiar de que trata el cap\u00edtulo quinto de esta convenci\u00f3n; las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, \u00fatiles escolares y para estudio y becas. Igualmente, la Universidad dar\u00e1 cumplimiento a la Ley 4\u00aa de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. La mensualidad de que trata el art\u00edculo quinto de la Ley 4\u00aa de 1976, corresponde a la prima de navidad que paga la Universidad. (Negrillas propias). <\/p>\n
Pues bien, en torno a su interpretaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n, recientemente, en un caso de id\u00e9nticos contornos al hoy sometido a estudio, mediante la sentencia CSJ SL1149-2022, reiterada en la CSJ SL1945-2022, sostuvo: <\/p>\n
[L]a lectura efectuada por el Tribunal respecto de la cl\u00e1usula decimoquinta convencional se exhibe desatinada, pues tal estipulaci\u00f3n guarda correspondencia con la teleolog\u00eda de la negociaci\u00f3n colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso, al permitir que los pensionados de la Universidad al igual que quienes lleguen a pensionarse, accedan a las prerrogativas de la Ley 4\u00aa de 1976, sin que se observe que la intenci\u00f3n de los contratantes hubiera sido la de supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente. <\/p>\n
Se dice lo anterior porque de la norma extralegal fluye razonable que las partes firmantes, haciendo uso de su poder de negociaci\u00f3n, hubieren incorporado de manera generalizada un listado de derechos de estirpe legal a la convenci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de darles una connotaci\u00f3n de derecho extralegal nuevo y aut\u00f3nomo frente a las normas legales. <\/p>\n
De manera tal que, para la Corte, resulta evidente que la remisi\u00f3n a la Ley 4\u00aa de 1976 en el acuerdo colectivo laboral bajo estudio tuvo como finalidad identificar la garant\u00eda legal, pero para efectos de incorporarla a \u00e9ste, tal como sucede con los dem\u00e1s derechos que all\u00ed se enlistan conforme la denominaci\u00f3n dada por el legislador. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede perderse de vista que \u00abla certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal\u00bb, como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL1052-2021. <\/p>\n
De otro lado, conviene precisar que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4\u00aa de 1976 se encuentra, precisamente, el incremento pretendido, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de un precepto legal que conservar\u00e1 vigencia como norma convencional, as\u00ed aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pact\u00f3 entr\u00f3 a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convenci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Tal precepto, entonces, forma parte de lo que en doctrina se denominan cl\u00e1usulas normativas de las convenciones colectivas, justamente por ser las llamadas a disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Pero ello, en manera alguna, tiene la virtud de trocar su naturaleza convencional para pasar a ser una disposici\u00f3n que tuvo venero en un conflicto jur\u00eddico o de derecho. <\/p>\n
Por \u00faltimo, nada de ex\u00f3tico resulta que en una convenci\u00f3n colectiva de trabajo se disponga la aplicaci\u00f3n de un mandato legal as\u00ed haya perdido vigencia. Es perfectamente jur\u00eddica y v\u00e1lida una disposici\u00f3n convencional as\u00ed concebida. Esa ha sido la orientaci\u00f3n de esta Sala, vertida en sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Rad. 14.489). <\/p>\n
De esta manera, recapitulando lo dicho en la mentada providencia CSJ SL1149-2022, y en especial, para dar respuesta a la r\u00e9plica: <\/p>\n
[N]o se advierte que las partes hubieren decidido excluir lo relativo al reajuste all\u00ed previsto; o que la norma extralegal \u00fanicamente aludiera a los beneficios concernientes a subsidio familiar, distribuci\u00f3n de remanentes (cap\u00edtulo 5 del Acuerdo de 1975), servicio m\u00e9dico familiar, primas de junio y navidad, auxilio de maternidad, \u00fatiles escolares y becas para estudio, algunos de los cuales, dicho sea de paso, tambi\u00e9n se encuentran regulados en la Ley 4\u00aa de 1976, en sus art\u00edculos 6, 7 y 9. N\u00f3tese, adem\u00e1s, que el precepto convencional bajo estudio de manera expresa estableci\u00f3 que: \u00abIgualmente la Universidad dar\u00e1 cumplimiento a la Ley 4\u00aa de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilaci\u00f3n\u00bb, con lo cual no queda duda que las partes, en ejercicio de su libertad de contrataci\u00f3n laboral, v\u00e1lidamente estipularon que los pensionados fueran acreedores –aparte de los beneficios aludidos en precedencia–, del reajuste pensional reclamado. <\/p>\n
Entonces, contrario a lo aducido por el Tribunal y alegado por la opositora, el hecho de que en la citada cl\u00e1usula no se hiciera alusi\u00f3n alguna sobre la vigencia de la norma legal de referencia, en manera alguna pod\u00eda conducir a concluir que la misma estuviera atada a la derogatoria, subrogatoria o dem\u00e1s situaciones que afectan la vigencia de la ley en el tiempo, en este caso, de la citada Ley 4a de 1976, por ser claro que, incorporada la norma legal al texto convencional, \u00e9sta queda sujeta, no a las accidentalidades que afectan su lugar de origen, que no es m\u00e1s que un marco de referencia, se repite, sino a las propias de la vigencia de las preceptivas convencionales, pues deja de ser norma legal para los convencionistas, para convertirse en norma convencional propia de sus relaciones contractuales de trabajo. Este es el cabal entendimiento que debe darse a la vigencia de la norma convencional cuando su contenido tiene venero o fuente en una norma legal, como ocurre en este caso. <\/p>\n
En esas condiciones, acoger por v\u00eda convencional un reajuste no inferior al 15%, conforme lo establecido en la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad contractual de las partes, producto de su autonom\u00eda, frente a la cual no le es dable a la Corte entrometerse, pues acorde con lo asentado en la sentencia SL3820-2020, \u00aben ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean l\u00edcitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos m\u00ednimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesi\u00f3n a la Constituci\u00f3n o la ley\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, cumple acotar que los incrementos pretendidos por el recurrente constituyen verdaderos derechos adquiridos, pues aqu\u00e9l se encuentra pensionado desde el a\u00f1o 2004, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 003 del 20 de enero de 2005 (folios 28 y 29), con venero en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1976 \u2013 1977 y, como qued\u00f3 visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4\u00aa de 1976, lo cierto es que \u00e9sta sigui\u00f3 rigiendo dichos beneficios por virtud de lo establecido en el plurimencionado acuerdo colectivo. <\/p>\n
De esta manera, fluye con claridad, la innegable conclusi\u00f3n relativa a la existencia de un derecho adquirido a favor del accionante, dada la fecha en que se caus\u00f3 su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n -2004-, el que, atendiendo la correcta interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula convencional precitada, debe serle garantizado, sin que resulte admisible ninguna lectura diferente. Por lo que, siendo coherentes con lo discurrido, la acusaci\u00f3n sale avante y, en consecuencia, se casar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
De lo expuesto se colige que la Sala de Casaci\u00f3n accionada hizo un estudio conjunto de las normas aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia vigente que rige la materia; adem\u00e1s, invoc\u00f3 los precedentes en los que se ha resuelto sobre la interpretaci\u00f3n de la misma cl\u00e1usula, lo que le permiti\u00f3 concluir que en la Convenci\u00f3n Colectiva de 1976-1977 s\u00ed se consagr\u00f3 el incremento pensional a la luz de la Ley 4 de 1976, derecho que fue adquirido por Isidro de Jes\u00fas Gallego en el a\u00f1o 2004, prerrogativa que no puede ser desconocida, ni siquiera con el cambio legislativo, de ah\u00ed que no pueda predicarse la existencia del defecto material alegado. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, adem\u00e1s, que la accionada atendi\u00f3 los precedentes jurisprudenciales -SL3343-2020, SL4105-2020, SL5108-2020 y SL1149-2022-, en los que se ha definido la interpretaci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva de 1976-1977 suscrita entre la Universidad de Antioquia y el sindicato. <\/p>\n
As\u00ed, el hecho que la promotora no est\u00e9 de acuerdo con el an\u00e1lisis descrito, no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, (\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el veredicto impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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