STC4637-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4637-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00581-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 11 de abril de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad, Jorge Jes\u00fas Buelvas Angarita y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2013-00501. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, en conexidad con el principio de \u00absostenibilidad financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Jorge Jes\u00fas Buelvas Angarita promovi\u00f3 ordinario contra la UGPP, en procura de que se le \u00abrestituya\u00bb la pensi\u00f3n de invalidez, toda vez que dicho beneficio le fue reconocido por \u00abPuertos de Colombia (\u2026) a partir del 1 de junio de 1988\u00bb, pero luego de la revisi\u00f3n efectuada por las Juntas de Calificaci\u00f3n Regional de Barranquilla y Nacional, \u00abel Grupo Interno de Trabajo del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, declar\u00f3 extinto su derecho pensional a trav\u00e9s Resoluci\u00f3n 00056 de 13 de marzo de 2003\u00bb; no obstante, en su sentir \u00abla convenci\u00f3n colectiva de trabajo estatuy\u00f3 que, en caso del decaimiento de la prestaci\u00f3n, la empleadora se obligaba a reintegrarlo a su puesto de trabajo, pero ello no ocurri\u00f3\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esa ciudad, quien declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma localidad decret\u00f3 \u00abla realizaci\u00f3n de una nueva calificaci\u00f3n integral de la p\u00e9rdida de capacidad laboral (\u2026) y, mediante dictamen de 12 de junio de 2020, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n (\u2026) asign\u00f3 (\u2026) una p\u00e9rdida de capacidad laboral \u00absuperior al 50%\u00bb, con fecha de estructuraci\u00f3n del 24 de enero de 2018\u00bb, luego revoc\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto advirti\u00f3 que \u00abel convocante pod\u00eda reanudar el disfrute de la prestaci\u00f3n, m\u00e1s si se ten\u00eda en cuenta que en dictamen posterior (del 12 de junio de 2020) se determin\u00f3 que conserv\u00f3 la invalidez respecto las mismas patolog\u00edas que inicialmente condujeron al reconocimiento del beneficio prestacional\u00bb y, en consecuencia, accedi\u00f3 al petitum. <\/p>\n
Inconforme, la entidad querellada recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n ad quem, pues coligi\u00f3 que \u00abla demanda (\u2026) contiene deficiencias t\u00e9cnicas y argumentativas\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la parte gestora, incurrieron en v\u00eda de hecho, puesto que se \u00abreactiv[\u00f3] una pensi\u00f3n de invalidez, sin dar observancia a que el causante no reuni\u00f3 los requisitos consagrados en la convenci\u00f3n colectiva 1987-1988 art\u00edculo 84, para mantener el derecho a la prestaci\u00f3n reconocida bajo dicho acuerdo convencional\u00bb. Tambi\u00e9n anot\u00f3 que se \u00abdesconoci\u00f3 el precedente de la Corte Suprema de Justicia que proh\u00edbe la aplicaci\u00f3n de intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la ley 100 de 1993 en lo que se refiere a pensiones convencionales\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos del 30 de noviembre de 2020 y 27 de septiembre de 2022; y, en consecuencia, que se ordene a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia que profiera una nueva determinaci\u00f3n \u00abajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y se\u00f1al\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n de no casar la sentencia de segundo grado no obedeci\u00f3 al desconocimiento del precedente jurisprudencial en asuntos en los que se debate el reconocimiento de una pensi\u00f3n de invalidez de car\u00e1cter convencional; de hecho, no le fue posible emitir un pronunciamiento de fondo en raz\u00f3n a las falencias de orden t\u00e9cnico en que incurri\u00f3 la entidad hoy tutelante y que esta Sala no pod\u00eda suplir de oficio dado su car\u00e1cter rogado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla alleg\u00f3 el enlace para acceder al expediente digital del asunto cuestionado. <\/p>\n
Del fallo del a quo constitucional se extrae la siguiente contestaci\u00f3n: <\/p>\n
3. \u00ab[L]a Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario laboral de referencia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo al advertir que la UGPP \u00abno interpuso recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la \u00faltima providencia atacada y objeto de su acci\u00f3n; mecanismo previsto en los art\u00edculos 20 de la Ley 797 de 2003 y 6-6 del Decreto 575 de 2013 y, adecuado para analizar las censuras que actualmente presenta la parte actora\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la entidad recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abno es de asidero la posici\u00f3n del a-quo, para indicar que esta tutela es improcedente por la existencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n ya que es evidente que ante el cumplimiento del fallo y su consecuente orden de restablecimiento de la mesada de Invalidez convencional desde el 1 de noviembre de 2010, ser\u00e1 imposible recuperar los dineros pagados en virtud del principio de buena fe que le est\u00e1 amparando con la ejecutoria de la sentencia, lo que hace que la materializaci\u00f3n del perjuicio est\u00e9 derivado del pago de cuantiosas sumas de dinero, lo que evidentemente faculta a esta entidad a solicitar la intervenci\u00f3n del juez tutelar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de la entidad gestora (SL3428-2022, 27 sep.), por mantener en firme la decisi\u00f3n del ad quem, supuestamente, desconociendo los precedentes y la legislaci\u00f3n aplicables. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 30 de noviembre de 2020 y 27 de septiembre de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la [determinaci\u00f3n] de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abla demanda (\u2026) contiene deficiencias t\u00e9cnicas y argumentativas\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico formulado por la v\u00eda indirecta, por la \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb de \u00ablos art\u00edculos 49 de la Ley 6 de 1945, 10 del Decreto 758 de 1990, 33 de la Ley 1 de 1991, 11, 31, 38 44, 278 y 289 de la Ley 100 de 1993, 42 del Decreto 2463 de 2001, 209, 278, 467, 468 y 470 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, 27 y 28 del C\u00f3digo Civil\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]ste medio de impugnaci\u00f3n no le otorga a esta Sala la competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cu\u00e1l de los litigantes le asiste la raz\u00f3n, habida cuenta que la labor de la Corte se circunscribe a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al proferirla observ\u00f3 las normas jur\u00eddicas que estaba obligado a aplicar para dirimir rectamente el conflicto\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abla demanda de casaci\u00f3n contiene deficiencias t\u00e9cnicas y argumentativas, que comprometen su prosperidad y que no es factible subsanar por virtud del car\u00e1cter dispositivo del recurso de casaci\u00f3n\u00bb y, enlist\u00f3 las falencias: <\/p>\n
En primer lugar, indic\u00f3 que, pese a que el embate se dirigi\u00f3 por la anotada senda, la recurrente incorpor\u00f3 argumentos de puro derecho, por cuanto afirm\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[C]on fundamento en el art\u00edculo 44 de la Ley 100 de 1993, que es v\u00e1lida la revisi\u00f3n del estado de invalidez del convocante y la suspensi\u00f3n del pago de la prestaci\u00f3n debatida; que el GIT para la Gesti\u00f3n del Pasivo Social de Puertos de Colombia, ten\u00eda facultades para revisar la condici\u00f3n invalidez del actor seg\u00fan las previsiones derivadas del referido art\u00edculo 44; tambi\u00e9n cuando sostiene que el art\u00edculo 38 del mismo estatuto sustancial, no es aplicable frente a pensiones de connotaci\u00f3n convencional (\u2026). <\/p>\n
Tal dislate tambi\u00e9n se aprecia cuando sostiene que, las pensiones con g\u00e9nesis en la ley tienen caracter\u00edsticas diferentes de las convencionales, de manera que no pod\u00eda darles un trato similar; o, que, ante la validez de las resoluciones de calificaci\u00f3n emitidas por tales organismos, el Tribunal ha debido concluir que la pensi\u00f3n reclamada, se extingui\u00f3. Incluso cuando plantea que, as\u00ed la Junta Nacional suspendiera los dict\u00e1menes referidos ello no tendr\u00eda \u00abning\u00fan efecto vinculante ni el valor de destruir las valoraciones ya realizadas\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, destac\u00f3 que \u00abla parte recurrente mezcla aspectos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos en el cargo que formula, lo cual es errado dado que no es posible hacer una mixtura de las v\u00edas directa e indirecta por violaci\u00f3n de la ley sustancial, las cuales son excluyentes; la primera lleva a un error jur\u00eddico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros f\u00e1cticos, debiendo ser su an\u00e1lisis diferente y su formulaci\u00f3n por separado\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 informando que \u00ab[e]l casacionista tambi\u00e9n se equivoca al reprochar por la senda f\u00e1ctica, que el Tribunal despojara de efectos probatorios a los dict\u00e1menes que emitieron las juntas Regional y Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez en los a\u00f1os 2000 y 2002 respectivamente\u00bb; debate que debi\u00f3 \u00aborientarse por la senda jur\u00eddica [por referirse a la] aducci\u00f3n, aportaci\u00f3n, decreto y validez de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Luego, arguy\u00f3 que \u00ab[p]ese a que el recurrente enunci\u00f3 las pruebas y piezas procesales que consider\u00f3 fueron apreciadas de manera equivocada por el ad quem, no realiza la sustentaci\u00f3n sobre cu\u00e1l habr\u00eda sido el error de apreciaci\u00f3n del colegiado, (\u2026) faltando a su carga de demostraci\u00f3n que le era exigible\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, reliev\u00f3 que \u00absi con extrema laxitud se entendiera que la senda escogida efectivamente es la directa, el casacionista omite atacar los cimientos argumentativos que el Tribunal razon\u00f3 como soporte de su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, por ejemplo, sostiene que los dict\u00e1menes m\u00e9dicos de los a\u00f1os 2000 y 2002 son v\u00e1lidos, pero nada dice acerca de que en ellos no se realiz\u00f3 una calificaci\u00f3n integral, ni que dicho componente s\u00ed se incorpor\u00f3 en la calificaci\u00f3n del a\u00f1o 2020. Tambi\u00e9n guarda silencio frente a los efectos de la revisi\u00f3n del estado de invalidez que determin\u00f3 el Tribunal, lo mismo que en lo atinente a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y, en ese sentido, la posibilidad de aplicar disposiciones legales sobre las convencionales, cuando estas resultan menos favorables para los interesados. <\/p>\n
Posteriormente, anot\u00f3 que \u00abresultan inanes los ataques que la censura formula frente a las facultades del GIT del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, en tanto el Tribunal en la sentencia, no puso en duda o se manifest\u00f3 sore la competencia de dicho estamento para revisar el estado de invalidez del interesado, luego, no es viable endilgar la comisi\u00f3n de yerros en los que no se pudo incurrir precisamente por no haber sido objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[a]lgo semejante ocurre con los reproches relativos a la suspensi\u00f3n del derecho pensional en cuesti\u00f3n, pues el ad quem en su ejercicio argumentativo no se centr\u00f3 en tal \u00edtem, sino que lo hizo girar en torno a la validez del acto mediante el cual se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de tal prerrogativa. En consecuencia, los desatinos endilgados con aquel punto no tendr\u00edan la virtud de lograr el quiebre del fallo censurado\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, asever\u00f3 que \u00abla sustentaci\u00f3n del cargo se asemeja m\u00e1s a un alegato propio de las instancias, que, a una argumentaci\u00f3n adecuada y concisa, en la que el censor cumpla con la obligaci\u00f3n de demostrar de forma clara y coherente los eventuales yerros en que, a su juicio, incurri\u00f3 el juez plural al adoptar la decisi\u00f3n impugnada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, razon\u00f3 que \u00ablos argumentos (\u2026) respecto a las pensiones de vejez y proporcional de jubilaci\u00f3n convencionales, resultan inanes de cara a los fines del recurso extraordinario, en tanto se erigieron como pretensiones subsidiarias cuyo estudio \u00fanicamente era posible abordar si la petici\u00f3n principal de la demanda introductoria era desestimada, pero ello no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad solicitante no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [disposiciones] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo confutado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 3 de mayo de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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