STC4639-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4639-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01734-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gesti\u00f3n y Auditoria Especializada S.A.S. -GAE S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Yakardy S.A.S., Consulting Data Systems, Gic Gerencia, Interventor\u00eda y Consultor\u00eda S.A.S., Interventor\u00eda de Proyectos S.A.S., los integrantes de la Uni\u00f3n Temporal de Auditores de Salud, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n.\u00ba 2020-00293. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado, la sociedad accionante acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que al interior del ejecutivo que Yakardy S.A.S. adelanta en su contra, present\u00f3 \u00absolicitud de desistimiento t\u00e1cito, toda vez que transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o desde el momento en que se expidi\u00f3 el auto que impone la carga procesal de notificar a la totalidad de los demandados, providencia del 25 de octubre de 2021, sin que el demandante haya realizado actuaci\u00f3n alguna encaminada al impulso del proceso\u00bb; al respecto, aduce que la misma se resolvi\u00f3 de manera desfavorable \u00aben raz\u00f3n a que, a [juicio del Despacho], no se reun\u00edan los presupuestos establecidos por el art[\u00ed]culo 317 del C\u00f3digo General del Proceso toda vez que (\u2026) -(i) no se hab\u00eda efectuado el requerimiento contemplado en el numeral primero del citado art[\u00ed]culo y (ii) tampoco hab\u00eda permanecido inactivo el proceso por el t\u00e9rmino previsto, toda vez que el 24 de octubre de 2022 la demandante le revoc\u00f3 el poder a su apoderado y confiri\u00f3 uno nuevo a otra apoderada\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por el tribunal convocado \u00abporque, a su consideraci\u00f3n, la \u00faltima actuaci\u00f3n del proceso es del 25 de octubre de 2021 y con la radicaci\u00f3n de una sustituci\u00f3n de poder de fecha 24 de octubre de 2022, se interrumpieron los efectos se\u00f1alados en el numeral segundo del art\u00edculo 317 del CGP\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, se\u00f1ala que \u00ablas entidades accionadas [pretermitieron] el precedente judicial que consiste en sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia del 9 de diciembre de 2020 No. STC11191-2020, la cual estableci\u00f3 que las actuaciones que tiene la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino reglado en el art[\u00ed]culo 317 del CGP son aquellas que est\u00e1n encaminadas a definir la controversia o a poner en marcha los procedimientos necesarios para la satisfacci\u00f3n de las pretensiones, situaci\u00f3n que no ocurre con una simple sustituci\u00f3n del poder, como en el presente caso\u00bb que \u00abno tiene la virtualidad de impulsar el proceso, pues este no continua su tr\u00e1mite por este solo hecho, como quiera que la actuaci\u00f3n que ten[\u00ed]a la virtualidad de impulsarlo es la notificaci\u00f3n de la demanda Interventoria de Proyectos S.A.S dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. Bajo ese entendido, pretende que se ordene \u00abDEJ[AR] SIN EFECTOS el auto del 1 de diciembre del 2022 proferido por el Juzgado Treinta y Uno (31\u00b0) Civil Municipal del Circuito de Bogot\u00e1 y el auto del 16 de marzo de 2023 mediante el cual el Tribunal Superior de Distrito de Bogot\u00e1- Sala Civil, dispuso negar la solicitud de desistimiento t\u00e1cito, (\u2026) y en su lugar, declare la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La magistrada sustanciadora de la decisi\u00f3n refutada, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos argumentos que la sociedad accionante esgrimi\u00f3 para fundamentar su queja constitucional no develan que la actuaci\u00f3n que adelant\u00f3 este Tribunal sea contraria a la ley o se enmarque en las denominadas v\u00edas de hecho, por el contrario, los mismos obedecen a su inter\u00e9s particular en reanudar el debate\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo que se inici\u00f3 contra la sociedad libelista y otros (rad. n.\u00ba 2020-00293), por ratificar, en sede de apelaci\u00f3n, el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se desestim\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito (art. 317, n\u00fameral 2, literal b) C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 16 de marzo de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discrecional y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. Falta o insuficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia es el proferimiento de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las [providencias] constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (CSJ 22 may. 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, reiterada en STC7781-2016, 13 jun., y STC6688-2018, 23 may.). <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisada la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito Judicial resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra la negativa del a quo de terminar el ejecutivo de la referencia por desistimiento t\u00e1cito; se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, en tanto la citada decisi\u00f3n incurri\u00f3 en el defecto de insuficiente motivaci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
4.1. El tribunal cuestionado ratific\u00f3 la conclusi\u00f3n de primera instancia acerca de la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino que prev\u00e9 el art\u00edculo 317 del estatuto procesal para dar por terminado el asunto por desistimiento t\u00e1cito, tras establecer que \u00abla \u00faltima actuaci\u00f3n en el proceso data del 25 de octubre de 2021; luego la petici\u00f3n de cambio de apoderado judicial del 24 de octubre de 2022, un d\u00eda antes de la culminaci\u00f3n del t\u00e9rmino, suspende los efectos se\u00f1alados en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del CGP y, a diferencia de lo que estima el apoderado apelante, dicha actuaci\u00f3n si tiene la virtualidad de afectar el periodo de inactividad, puesto que requiere un pronunciamiento del director del proceso\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que \u00abpara dar aplicaci\u00f3n al precepto contenido en la citada norma, se requiere que no est\u00e9 pendiente ninguna actuaci\u00f3n por parte del juzgado, toda vez que lo que ella sanciona es \u201cla inactividad de las partes\u201d, por cuanto el juez siempre estar\u00e1 en la obligaci\u00f3n de adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n del proceso, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso; en tal sentido, si existiere, al menos, una actuaci\u00f3n que est\u00e9 a su cargo, la sanci\u00f3n no se podr\u00eda imponer a la parte, que siempre ser\u00e1 la demandante, aun cuando la norma no lo se\u00f1ale de forma expresa. Adem\u00e1s, n\u00f3tese que [la] jueza a quo no requiri\u00f3 al extremo convocante en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 317 de la obra en cita, pese a que dicha directiva lo dispone de manera expresa\u00bb. <\/p>\n
4.2. Sin embargo, deviene di\u00e1fano para esta Corte que, con ese pronunciamiento, el ad quem citado incurri\u00f3 en la citada causal de procedencia excepcional del amparo, comoquiera que, pese a la reiteraci\u00f3n del reproche del aqu\u00ed convocante sobre la eventual configuraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito con miras a finalizar el recaudo \u2013para lo cual finc\u00f3 su pedimento en la norma ejusdem1 y en el criterio jurisprudencial de esta Sala2\u2013, la falladora no explic\u00f3 de manera suficiente por qu\u00e9 no eran de recibo esos argumentos, de cara al acontecer procesal de ese asunto. <\/p>\n
Ciertamente, pese a las explicaciones de la sociedad all\u00ed ejecutada sobre las actuaciones que, en su criterio, no tienen la entidad de interrumpir el lapso para efectos del conteo respectivo3, la autoridad se limit\u00f3 a afirmar que \u00abla petici\u00f3n de cambio de apoderado judicial del 24 de octubre de 2022, un d\u00eda antes de la culminaci\u00f3n del t\u00e9rmino, suspende los efectos se\u00f1alados en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del CGP y, a diferencia de lo que estima el apoderado apelante, dicha actuaci\u00f3n si tiene la virtualidad de afectar el periodo de inactividad, puesto que requiere un pronunciamiento del director del proceso\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, no merecieron ning\u00fan reparo por parte del tribunal los precedentes jurisprudenciales referidos por el aqu\u00ed censor, espec\u00edficamente, la sentencia CSJ STC11191-2020, 9 dic., en la cual esta Corporaci\u00f3n aclar\u00f3, entre otros aspectos \u2013de relevancia para el sub-lite\u2013 que: <\/p>\n
\u00abPor regla general, los procesos deben terminar una vez se haya definido la situaci\u00f3n jur\u00eddica en virtud de la cual fueron promovidos, bien mediante una sentencia, o a trav\u00e9s del desarrollo de actuaciones posteriores a ella dirigidas a satisfacer el derecho pretendido. No obstante, el legislador autoriz\u00f3 a los jueces a culminarlos antes de que ello suceda, en el evento en que se paralicen porque una de las partes no realiz\u00f3 la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb de la que depend\u00eda su continuaci\u00f3n, o por cualquier otra raz\u00f3n. <\/p>\n
Es as\u00ed como el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que se tendr\u00e1 por \u00abdesistida la demanda\u00bb, cuando el postulante, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia que lo requiera, no cumpla con la \u00abcarga procesal\u00bb que demande su \u00abtr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
El numeral 2\u00b0, por su parte, estipula que dicha consecuencia procede, cuando el \u00abproceso\u00bb \u00abpermanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y la misma disposici\u00f3n consagra las reglas, seg\u00fan las cuales \u00ab[s]i el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el plazo previsto (\u2026) ser\u00e1 de dos (2) a\u00f1os (literal b), y que \u00ab[c]ualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u00bb (literal c). <\/p>\n
El \u00faltimo de tales preceptos es uno de los m\u00e1s controvertidos, como quiera que hay quienes sostienen, desde su interpretaci\u00f3n literal, que la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que trunca la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno es \u00abcualquiera\u00bb, sin importar si tiene relaci\u00f3n con la \u00abcarga requerida para el tr\u00e1mite\u00bb o si es suficiente para \u00abimpulsar el proceso\u00bb, en tanto otros afirman que aquella debe ser eficaz para poner en marcha el litigio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
2.- Es cierto que la \u00abinterpretaci\u00f3n literal\u00bb de dicho precepto conduce a inferir que \u00abcualquier actuaci\u00f3n\u00bb, con independencia de su pertinencia con la \u00abcarga necesaria para el curso del proceso o su impulso\u00bb tiene la fuerza de \u00abinterrumpir\u00bb los plazos para que se aplique el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb. Sin embargo, no debe olvidarse que la ex\u00e9gesis gramatical no es la \u00fanica admitida en la \u00abley\u00bb. Por el contrario, como lo impone el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo Civil, su alcance debe determinarse teniendo en cuenta su \u00abcontexto\u00bb, al igual que los \u00abprincipios del derecho procesal\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: (\u2026) cuando el derecho procesal en su conjunto, percibido por lo tanto en su cohesi\u00f3n l\u00f3gica y sistem\u00e1tica cual lo exige el Art. 4 de la codificaci\u00f3n, denota con claridad suficiente que determinada regla debe tener un alcance distinto del que hab\u00eda de atribu\u00edrsele de estarse \u00fanicamente a su expresi\u00f3n gramatical, es sin duda el primero el que prevalece (\u2026). La ley constituye un todo fundado en ideas b\u00e1sicas generales, articulado seg\u00fan determinados principios de ordenamiento, y que a su vez est\u00e1 ubicado en el ordenamiento jur\u00eddico global. La tarea de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica consiste en asignar a cada norma dentro de ese todo y de ese ordenamiento global, el lugar que le corresponde seg\u00fan la voluntad reconocible de la ley y extraer de esa ubicaci\u00f3n conclusiones l\u00f3gicas sobre el contenido de la misma…\u2019 (AC 8 abr. 2013, rad. 2012-01745- 00)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en la rese\u00f1ada providencia se dej\u00f3 sentado que, en tanto que el desistimiento t\u00e1cito busca solucionar la \u00abpar\u00e1lisis\u00bb de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, \u00abla \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que conforme al literal c) de dicho precepto \u00abinterrumpe\u00bb los t\u00e9rminos para que se \u00abdecrete su terminaci\u00f3n anticipada\u00bb, es aquella que lo conduzca a \u00abdefinir la controversia\u00bb o a poner en marcha los \u00abprocedimientos\u00bb necesarios para la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas que a trav\u00e9s de ella se pretenden hacer valer\u00bb, previsi\u00f3n que, aunque fue aducida por el memorialista, no fue tenida en cuenta de cara a la resoluci\u00f3n del recurso. <\/p>\n
\u00abEn suma, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb debe ser apta y apropiada y para \u00abimpulsar el proceso\u00bb hacia su finalidad, por lo que, \u00ab[s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi\u00bb carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo \u00abponen en marcha\u00bb (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020). <\/p>\n
Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que adem\u00e1s que all\u00ed se afirma que el \u00abliteral c\u00bb aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jur\u00eddica. No obstante, dado que prev\u00e9n hip\u00f3tesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cu\u00e1l es la \u00abactuaci\u00f3n eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento\u00bb. <\/p>\n
Como en el numeral 1\u00b0 lo que evita la \u00abpar\u00e1lisis del proceso\u00bb es que \u00abla parte cumpla con la carga\u00bb para la cual fue requerido, solo \u00abinterrumpir\u00e1\u00bb el t\u00e9rmino aquel acto que sea \u00abid\u00f3neo y apropiado\u00bb para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, solo la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla ese cometido podr\u00e1 afectar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino. <\/p>\n
En el supuesto de que el expediente \u00abpermanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n (\u2026) en primera o \u00fanica instancia\u00bb, tendr\u00e1 dicha connotaci\u00f3n aquella \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla en el \u00abproceso la funci\u00f3n de impulsarlo\u00bb, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo. As\u00ed, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la \u00absecretar\u00eda del juzgado\u00bb por un (1) a\u00f1o sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podr\u00e1 afectar el conteo de la anualidad con el \u00abemplazamiento\u00bb exigido para integrar el contradictorio. <\/p>\n
Si se trata de un coercitivo con \u00absentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que valdr\u00e1 ser\u00e1 entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las \u00abliquidaciones de costas y de cr\u00e9dito\u00bb, sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada. Lo dicho, claro est\u00e1, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194\/2008), en cuanto a que el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb no se aplicar\u00e1, cuando las partes \u00abpor razones de fuerza mayor, est\u00e1n imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias, es evidente que no se realiz\u00f3 un desarrollo puntual sobre la alegada configuraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito en el compulsivo que acaba de rese\u00f1arse, m\u00e1s cuando se trataba de la causal objetiva que prev\u00e9 el mentado aparte normativo; por lo que, contrario a las expectativas leg\u00edtimas de quien acude a la administraci\u00f3n de justicia, la autoridad convocada no tuvo en cuenta las diversas aristas del debate, de tal forma que su ejercicio hermen\u00e9utico resultara suficiente e integral, en atenci\u00f3n al derecho del peticionario a conocer los fundamentos de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
4.3. De manera que, como preliminarmente se dijo, cuando la determinaci\u00f3n objeto de discusi\u00f3n prescinde de efectuar consideraciones relevantes se configura la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales. En ese sentido, ha enfatizado la Corte: \u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, existe una situaci\u00f3n que es necesario corregir, en procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, y a fin de evitar una denegaci\u00f3n de justicia, se justifica la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima del juez de tutela. Lo anterior, para que el despacho judicial querellado dicte una nueva providencia que dirima el recurso de apelaci\u00f3n que propuso el aqu\u00ed libelista contra el auto que deneg\u00f3 la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del ejecutivo por desistimiento t\u00e1cito; observando, con ese prop\u00f3sito, la normativa y jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se conceder\u00e1 el amparo solicitado y, en consecuencia, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 16 de marzo de 2023, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para que nuevamente expida la determinaci\u00f3n a que haya lugar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad accionante. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 16 de marzo de 2023, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el curso del compulsivo que se inici\u00f3 contra el aqu\u00ed convocante y otros (rad. n.\u00ba 2020-00293). <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad que, dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n a su cargo, con miras a verificar si hay lugar o no a decretar la terminaci\u00f3n del proceso por la eventual configuraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, con observancia en las consideraciones plasmadas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado, en oportunidad remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso: El desistimiento t\u00e1cito se aplicar\u00e1 en los siguientes eventos. (\u2026) 2. Cuando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habr\u00e1 condena en costas \u00abo perjuicios\u00bb a cargo de las partes. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, insistentemente se cit\u00f3 como fundamento jurisprudencial del requerimiento la providencia CSJ STC11191-2020, 9 dic., dictada en el asunto rad. n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01444-01. <\/p>\n
3\u0002 Sobre el punto, desde la solicitud de desistimiento -reiterado al sustentar la alzada- se expuso, entre otros aspectos, que \u00abpara los procesos ejecutivos, la misma jurisprudencia menciona cu\u00e1les ser\u00edan las actuaciones relevantes que interrumpen el t\u00e9rmino que permite decretar la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, exponiendo que \u201cse logra \u00fanicamente con actuaciones tendientes a la obtenci\u00f3n del pago de la obligaci\u00f3n o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el cr\u00e9dito perseguido \u201d situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 en el caso concreto. (\u2026) El haber notificado a la sociedad Interventor\u00eda de Proyectos S.A.S. s\u00ed hubiera sido una actuaci\u00f3n concreta que pone en marcha los procedimientos necesarios del desarrollo del proceso ejecutivo, situaci\u00f3n que no se hizo, pese a que su Se\u00f1or\u00eda lo dispuso hace m\u00e1s de un a\u00f1o, y no una sustituci\u00f3n del poder, la cual casualmente la parte demandante radic\u00f3 en su Despacho el d\u00eda 25 de octubre de 2022, esto es, faltando un d\u00eda para que se cumpla el a\u00f1o de estar el proceso totalmente inactivo (pues el auto de fecha 25 de octubre se notific\u00f3 al d\u00eda siguiente). Con esto, los demandantes lo que buscan es que el proceso se mantenga \u201cactivo\u201d mediante actuaciones como sustituir poderes o pedir links del proceso, que de forma alguna buscan la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4639-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC4639-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01734-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gesti\u00f3n y Auditoria […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73323\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}