STC4640-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4640-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00265-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo del 23 de febrero de 2023 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 el resguardo de Nery Soledad Bernate Cort\u00e9s frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de esta ciudad, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, la C\u00e1rcel y Penitenciaria de Alta y Medina Seguridad para Mujeres \u00abEl Buen Pastor\u00bb, los Juzgados Cuarto y Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, el Quinto hom\u00f3logo pero de esta ciudad, El Segundo penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 25000310700220060014500 y en el ruego n\u00b0 11001220400020220158900. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La impulsora pidi\u00f3 que se ordene a las accionadas \u00abse decrete la prescripci\u00f3n de la pena (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De los medios de prueba y el escrito inicial se extrae que con ocasi\u00f3n del proceso adelantado en contra de la promotora fue privada de la libertad desde el 14 de abril de 2005 hasta el 14 de marzo de 2008, cuando se dispuso su libertad por vencimiento de t\u00e9rminos. La causa continu\u00f3 y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca la conden\u00f3 a 165 meses de prisi\u00f3n y multa de 1.000 s.m.l.m.v. por el delito de desaparici\u00f3n forzada y le neg\u00f3 los subrogados (31 mar. 2010), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (30 may. 2011), postul\u00f3 casaci\u00f3n, pero fue declarado desierto. <\/p>\n
Cont\u00f3 que al considerar que con el tiempo en que estuvo en detenci\u00f3n preventiva, m\u00e1s la redenci\u00f3n de pena por trabajo, se cumpl\u00edan los requisitos para que decretara la prescripci\u00f3n de la pena inst\u00f3 ante el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad su declaratoria; sin embargo, al no obtener respuesta acudi\u00f3 al resguardo (rad. 2022-01589-00) y el Tribunal de Bogot\u00e1 le orden\u00f3 al juez ejecutor emitir la correspondiente respuesta que fue nugatorio de sus pretensiones (16 may. 2022), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 (22 ag. 2022), este \u00faltimo auto tan solo se lo notificaron hasta el 1 de febrero de 2023. <\/p>\n
2. La magistratura de la alzada defendi\u00f3 su pronunciamiento. El juez que vigila la pena afirm\u00f3 que en las determinaciones objeto de reproche se garantizaron las prerrogativas de la inconforme. Los dem\u00e1s convocados aseveraron que lo alegado les resultaba ajeno. El Inpec esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia deneg\u00f3 el amparo al inferir la razonabilidad de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 con fundamento en que \u00aben consecuencia de un fallo de tutela (\u2026) [el juzgado accionado] decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la pena a una de las personas vinculadas en el mismo proceso penal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La denegaci\u00f3n del resguardo ser\u00e1 confirmada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
1. En lo atinente a la aspiraci\u00f3n para que se decrete la prescripci\u00f3n de la pena se advierte la inviabilidad del amparo, comoquiera que la determinaci\u00f3n del Tribunal censurada (22 ag. 2022), no fue el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las dispensas superiores de la quejosa. En efecto, al desatar la alzada el juez colegiado acusado comenz\u00f3 por resaltar que: <\/p>\n
(\u2026) De acuerdo a la sustentaci\u00f3n del recurso se trata de establecer si resulta procedente acceder, o no, a la solicitud del apoderado de la condenada respecto a decretar la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, teniendo en cuenta que, a su juicio, purg\u00f3 35 meses de prisi\u00f3n intramural en detenci\u00f3n preventiva, y desde que qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia proferida por el Juez 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca han trascurrido 126 meses, 27 d\u00edas. <\/p>\n
As\u00ed, para determinar si con la aprehensi\u00f3n se suspendi\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
El art\u00edculo 89 de la Ley 599 de 2000 dispone que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la pena equivale al fijado como sanci\u00f3n en la sentencia, en ning\u00fan caso inferior a cinco a\u00f1os. Igualmente, el Art. 90 Ib\u00eddem se\u00f1ala, con absoluta claridad, que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n privativa de la libertad se interrumpir\u00e1 cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposici\u00f3n de la autoridad competente para el cumplimiento de esta. <\/p>\n
De lo que viene de exponerse la Sala advierte que, en efecto, como lo se\u00f1al\u00f3 el juez a quo, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal se computa a partir de la ejecutoria de la sentencia. Siendo ello as\u00ed, en este caso, el momento en el que comienza a correr el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n es a partir del 19 de octubre de 2011, luego, a la fecha, evidentemente, no ha trascurrido el t\u00e9rmino de la pena fijada por el Juez 2\u00ba Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca -165 meses-. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento, el Tribunal acot\u00f3: <\/p>\n
Sin embargo, el recurrente insiste, err\u00f3neamente, ante esta instancia, que los 35 meses que la sentenciada Nery Soledad Bernate Cort\u00e9s permaneci\u00f3 en detenci\u00f3n preventiva intramural, deben sumarse al tiempo sucedido a partir de la ejecutoria de la sentencia; es decir, computar 35 meses m\u00e1s 126 meses 27 d\u00edas, m\u00e1s \u201cel tiempo redimido por trabajo\u201d pues, asevera, sumado estos guarismos \u201cestoy seguro est\u00e1n cumplidos por el art. 89 de la ley 599 de 2000 para que se decrete la prescripci\u00f3n de la pena.\u201d <\/p>\n
Desconoce tal postura que si bien el tiempo de privaci\u00f3n de libertad, que no pena de prisi\u00f3n, suma para contabilizar el cumplimiento de esta, opera siempre y cuando el reo se encuentre preso purgando efectivamente la condena; es por ello que los 35 meses aludidos por el recurrente, que Nery Soledad Bernate Cort\u00e9s permaneci\u00f3 privada de la libertad en detenci\u00f3n preventiva, quien una vez obtenida su libertad por vencimiento de t\u00e9rminos nunca m\u00e1s pudo ser aprehendida, para efectos de la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal no cuentan. <\/p>\n
Para concluir con fundamento en precedentes de la hom\u00f3loga en lo penal entre otros el rad. 102210, de 15 de enero de 2019 que, <\/p>\n
(\u2026) el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, como adujo el juez singular, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la ejecutoria de la sentencia, en manera alguna se ha verificado a la fecha actual. <\/p>\n
De modo que, las citadas conclusiones son producto de motivaciones que no pueden calificarse de irrazonables, pues se fundaron en la leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normatividad que rige la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal. Resulta evidente, entonces, que el pronunciamiento que se reprocha por esta v\u00eda se argument\u00f3 adecuadamente, y en \u00e9l se hizo una interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al caso, que con independencia de que se compartan o no por la inconforme, no se muestra desfasado y, por ende, no se encuentra el quebrantamiento aqu\u00ed alegado. <\/p>\n
Entonces, se concluye que lo pretendido por la promotora es anteponer su propio criterio al de la sede judicial acusada y atacar, por esta v\u00eda, la providencia de la que disiente, finalidad que resulta ajena a la del ruego, herramienta que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s en los litigios. <\/p>\n
2. Ahora bien, los motivos expuestos en la impugnaci\u00f3n atinentes a la supuesta desatenci\u00f3n del juez que vigila la pena en lo concerniente a que \u00aba una de las personas vinculadas en el mismo proceso penal\u00bb s\u00ed le declar\u00f3 la prescripci\u00f3n, la inconformidad en ese sentido es un argumento novedoso, si en cuenta se tiene que en la primera instancia la promotora s\u00f3lo ciment\u00f3 sus anhelos en su particular situaci\u00f3n f\u00e1ctica y en el marco normativo en que se desarroll\u00f3 la denegatoria en su caso de la prescripci\u00f3n de la pena y en ese escenario tal reparo no fue objeto de control constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante este reciente planteamiento resulta improcedente su an\u00e1lisis en esta sede, so pena de quebrantar el derecho de defensa que les asiste a los accionados. <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que <\/p>\n
[r]especto de las circunstancias que expuso la impugnante ante esta Corporaci\u00f3n (\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: (\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC5618-2020, STC-572-2021, STC2544-2021, STC455-2022 memoradas en STC1744-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
3. Basten estas breves disertaciones para, como se anunci\u00f3, convalidar la decisi\u00f3n confutada por ser evidente que el estudio de un hecho nuevo manifestado en la impugnaci\u00f3n vulnerar\u00eda el debido proceso de los convocados y la decisi\u00f3n cuestionada resulta razonable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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