STC4642-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4642-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00351-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de febrero de 2023, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la tutela que las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn S.A. E.S.P. le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial y el Juzgado Noveno Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito, ambos de Medell\u00edn, autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 05001310500520100063601 (rad. Interno 76915). <\/p>\n
I.ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante pretendi\u00f3 se deje sin efectos las sentencias CSJ SL4293-2020 (26 oct.) y CSJ SL1862-2022 (16 may.), en su lugar, se ordene a la magistratura de casaci\u00f3n \u00abproceda a expedir nueva providencia, la cual debe ajustarse a los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente o en su defecto, remitir el expediente a esta -Sala Laboral Permanente- para todos los efectos\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y lo medios de prueba aportados se extrae que Oscar El\u00edas Arboleda Lopera y 172 personas m\u00e1s instauraron demanda ordinaria laboral en contra de las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn EPM S.A.E.S.P. para que se declarara la sustituci\u00f3n patronal respecto de la Empresa Antioque\u00f1a de Energ\u00eda EADE E.S.P. o, en su defecto, que se estableciera que existi\u00f3 unidad de empresa y, en subsidio \u00abla nulidad de los despidos sin justa causa efectuados el 25 de junio de 2007 y, consecuente con ello, se disponga su reintegro con el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes dejados de percibir durante el tiempo que estuvieron cesantes\u00bb. <\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Medell\u00edn quien accedi\u00f3 a las pretensiones (10 jun. 2014), apel\u00f3 la sociedad demandada y el Tribunal revoc\u00f3 lo as\u00ed dispuesto y la absolvi\u00f3 (4 mar. 2016), los demandantes postularon casaci\u00f3n y la magistratura de cierre cas\u00f3 el veredicto de segundo grado y decret\u00f3 pruebas de oficio (CSJ SL4293-2020-2020, 26 oct.), ya en sede de instancia modific\u00f3 el veredicto del Juzgado para irrogar las declaraciones y condenas en los t\u00e9rminos all\u00ed plasmados (CSJ SL1862-2022, 16 may.). La convocante inst\u00f3 nulidad por violaci\u00f3n de la competencia funcional, pero fue rechazada (CSJ AL4009-2022, 16 ag.), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, sin \u00e9xito (CSJ AL5406-2022, 15 nov.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la Colegiatura de cierre acusada err\u00f3 al \u00abcrear jurisprudencialmente la extensi\u00f3n de la figura de la Unidad de Empresa propia del sector privado al sector oficial\u00bb, desconoci\u00f3 el precedente de la Sala Laboral Permanente al \u00abdeclarar una Sustituci\u00f3n Patronal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Las magistraturas de la alzada y de casaci\u00f3n defendieron sus pronunciamientos y resistieron los anhelos. El apoderado de los demandantes respald\u00f3 lo rituado. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego, tras inferir la razonabilidad del veredicto censurado. <\/p>\n
4. La promotora recurri\u00f3 y resalt\u00f3 que su queja \u00abno radica en revisar el fallo proferido por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00famero dos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a s\u00ed en el mismo se surtieron o no las instancias del proceso, se practicaron o no las pruebas y si el fallo se encuentra motivado o no (\u2026)\u00bb, sino porque la sala accionada al emitir las decisiones en sede de casaci\u00f3n SL4293-2020 (26 oct.) y SL1862-2022 (16 may.) \u00abviol\u00f3 la competencia para las salas de descongesti\u00f3n laboral, establecida en los art\u00edculos 1 y 2 de la Ley 1781 de 2016 que modificaron los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, art\u00edculo 26 del Acuerdo Nro. 48 del 16 de noviembre de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en concordancia con los art\u00edculos 16 y 133 del C\u00f3digo General del Proceso y por lo tanto, la garant\u00eda al debido proceso establecido como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia (\u2026)\u00bb, e insisti\u00f3 en que la sala accionada se apart\u00f3 sin justificaci\u00f3n del precedente de la permanente. Los demandantes reiteraron sus argumentos. <\/p>\n
II.CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto del interlocutorio mediante el cual la magistratura acusada rechaz\u00f3 la pretensi\u00f3n anulatoria de los veredictos que emiti\u00f3 en sede casacional (CSJ SL4293-2020 y CSJ SL1862-2022), no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
En efecto, los planteamientos que condujeron a desechar la nulidad que en esa sede elev\u00f3 las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn S.A. E.S.P., fueron suficientes para establecer que el vicio alegado no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad y por ello se ocup\u00f3 en primera medida de resaltar los principios que la rigen las nulidades y en ese escenario explic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la tensi\u00f3n que genera la declaraci\u00f3n de la nulidad procesal, entre los derechos al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, conllevan a analizar las nulidades como instrumentos ideados, exclusivamente, para proteger la esencia de las prerrogativas del art\u00edculo 29 de la CP, en armon\u00eda con los fines de los art\u00edculos 228 y 229 ib., 79-5 del CGP y 48 del CPTSS. <\/p>\n
En consecuencia, emerge en evidente la importancia que la declaratoria de nulidad se encuentre precedida del cumplimiento de los principios de i) especificidad o taxatividad, que exige el respeto por la legalidad de su consagraci\u00f3n; ii) trascendencia, que proh\u00edbe la ineficacia del acto sin la existencia de perjuicio; iii) protecci\u00f3n o salvaci\u00f3n del acto, que obliga a declarar la nulidad como \u00fanico remedio; iv) saneamiento, que permite la convalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n irregular cuando media una conducta activa o pasiva de la parte perjudicada; v) legitimaci\u00f3n que conlleva a que la pueda proponer exclusivamente el sujeto procesal afectado y, vi) preclusi\u00f3n, que asegura la ejecutoriedad de las decisiones y, con ello, el control de legalidad que se realiza cuando finaliza cada una de las actuaciones. <\/p>\n
Al respecto, el componente principial\u00edstico que inspira la instituci\u00f3n en comento, encuentra concreci\u00f3n en las reglas dispuestas en los art\u00edculos 133, 134, 135 y 136 del CGP, aplicables por la remisi\u00f3n del art\u00edculo 145 del CPTSS, los cuales determinan las causales de procedencia de la nulidad, la oportunidad para interponerla, los motivos de rechazo y los de saneamiento. <\/p>\n
As\u00ed, luego de recordar las reglas que rigen las nulidades en el C\u00f3digo General del Proceso autorizado de manera expresa por la remisi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social anticip\u00f3 el rechazo de la pretensi\u00f3n anulatoria porque, <\/p>\n
(\u2026) la Corporaci\u00f3n, para el momento en que profiri\u00f3 las sentencias CSJ SL4293-2020 (como Juez extraordinario) y CSJ SL1862-2022 (en sede de instancia), estaba investida de jurisdicci\u00f3n, esto es, de la facultad para decidir el conflicto y de competencia legal para hacerlo, en raz\u00f3n a que actu\u00f3 como juez de casaci\u00f3n de la especialidad laboral y de seguridad social, por virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 235 – 1 de la CP, 15 de la Ley 270 de 1996 y 1\u00b0 de la Ley 1781 de 2016, en el marco de lo normado en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 del CPTSS. <\/p>\n
En efecto, la Sala revis\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso que instauraron \u00d3scar El\u00edas Arboleda Lopera y otros contra EPM ESP, para que, previa declaratoria de la unidad de empresa o, en subsidio, la sustituci\u00f3n patronal con la EADE ESP (extinta para la fecha del tr\u00e1mite procesal), se tuviera como ineficaces sus despidos y, en consecuencia, se ordenara su reintegro, es decir, realiz\u00f3 su labor dentro de las competencias jurisdiccionales que le han sido asignadas por el constituyente primario, el derivado y por la ley. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como juez l\u00edmite en la materia, obr\u00f3 en perspectiva de lo autorizado en los art\u00edculos 86 y siguientes del CPTSS, porque, como no se discute, el proceso seguido por los accionantes, superaba la cuant\u00eda o el inter\u00e9s leg\u00edtimo para recurrir en casaci\u00f3n, por lo cual, no podr\u00eda se\u00f1alarse que la sentencia que profiri\u00f3 como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n, es inv\u00e1lida por falta de competencia funcional, en raz\u00f3n a que, con ocasi\u00f3n a lo normado en aqu\u00e9l precepto, la Sala estaba habilitada para desatar el recurso extraordinario. <\/p>\n
De otra parte, como la Corte hall\u00f3 pr\u00f3spera la acusaci\u00f3n, procedi\u00f3 a quebrar la segunda decisi\u00f3n y como consecuencia de ello, con ocasi\u00f3n de la competencia asignada en el art\u00edculo 66A del CPTSS, desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n presentada por la demandada. <\/p>\n
Ahora al ocuparse de los reparos relacionados con el supuesto apartamiento del \u00e1mbito funcional establecido en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1781 de 2016 reliev\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) bajo ning\u00fan criterio la Corporaci\u00f3n actu\u00f3 por fuera de su especialidad (falta de jurisdicci\u00f3n) o con extrav\u00edo de los l\u00edmites del conocimiento asignado (falta de competencia) por la ley o la Constituci\u00f3n, en las decisiones que emiti\u00f3, por el contrario, lo hizo con apego a lo que estas fuentes normativas le han autorizado o habilitado, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 6\u00b0 superior. <\/p>\n
Ahora, no pasa por alto la Sala que para sustentar la invalidez de los pronunciamientos, la peticionaria acudi\u00f3 al art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1781 de 2016, que dice, en lo pertinente: <\/p>\n
Adici\u00f3nese un par\u00e1grafo al art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
Par\u00e1grafo. […] <\/p>\n
Las salas de descongesti\u00f3n actuar\u00e1n independientemente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayor\u00eda de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolver\u00e1n el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que esta decida. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, al respecto se impone precisarle, que tal precepto no consagra, como al parecer lo entiende, una causal de nulidad, tampoco un motivo de incompetencia o una circunstancia que implique la carencia de jurisdicci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, en tanto que lo que regula es una facultad para los integrantes de la Sala, cuando lo consideren necesario, al momento de decidir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, variar el precedente o crear uno nuevo, caso en el cual, debe definir si remite el proceso asignado a su conocimiento. <\/p>\n
As\u00ed, cimentada en la sentencia SU113- 2018 explic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) si lo que pretend\u00eda el reclamante, como lo hace, era solicitar la remisi\u00f3n del expediente a la Sala Permanente, para que fuera quien definiera los efectos de la unidad de empresa en el sector oficial, aspecto que fue objeto de controversia desde la instancia inicial, no pod\u00eda, por virtud del principio de preclusividad de las etapas procesales, aducir sus argumentos con posterioridad a la emisi\u00f3n de la sentencia de casaci\u00f3n, menos a\u00fan, intentar darle apariencia de oportunidad a alegaciones extempor\u00e1neas, despu\u00e9s de la sentencia de instancia, utilizando un instituto que \u00fanicamente tiene como finalidad derruir actuaciones abiertamente inv\u00e1lidas. <\/p>\n
En efecto, huelga recordar que la Corte Suprema de Justicia dirime los asuntos que son de su competencia desde dos roles consecuentes y algunas veces concomitantes, pero, tambi\u00e9n, plenamente diferenciados y preclusivos el uno respecto del otro. <\/p>\n
El primero, como juez de casaci\u00f3n, evento en el cual, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 35 de la CP; 16 de la Ley 270 de 1996 modificado por el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1285 de 2009 y 87 del CPTSS, le correspond\u00eda a la Sala proteger la coherencia normativa y la aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y definir si expulsaba, quebraba o, en otras palabras, casaba la sentencia emitida por el Tribunal. <\/p>\n
El segundo, que se habilita una vez se ha surtido la tramitaci\u00f3n positiva de aquel estadio inicial, en los t\u00e9rminos que se razon\u00f3 en la sentencia CSJ SL4084-2018, en el que la Corporaci\u00f3n remplaza la decisi\u00f3n del juez ordinario y, por ende, en su lugar, como tal, decide el litigio en el marco de lo dispuesto en los art\u00edculos 29, 228, 230 de la CP, 2\u00b0, 50 y 66 A del CPTSS, para revocar, confirmar o modificar la primera decisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cualquier reclamaci\u00f3n, inclusive, de tratarse de una presunta nulidad ocurrida en la sentencia que profiri\u00f3 la Corte como juez de casaci\u00f3n, precluy\u00f3 en el momento mismo en el que se abri\u00f3 la etapa procesal subsiguiente, en aras de definir el asunto en sede de Tribunal. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento y luego de trascribir apartes del auto CSC A235-2002 atinente a la tempestividad con que se debe proponer la nulidad emitido por el \u00f3rgano limite constitucional expres\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la Sala advierte un impedimento adicional para rechazar dicho reclamo, toda vez que, conforme a los incisos 2\u00b0 y 4\u00b0 del art\u00edculo 135 del CGP, en armon\u00eda con el numeral 1\u00b0 del 136, ibidem, fue propuesto inoportunamente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de haber existido alguna irregularidad, que no es el caso, fue saneada, porque como lo aducen los actores, los motivos en que se funda el reclamo de Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn ESP, ata\u00f1en exclusivamente con la decisi\u00f3n adoptada por la Corporaci\u00f3n en la providencia de casaci\u00f3n CSJ SL4293-2020, en concreto, con lo atinente a la decisi\u00f3n del primer cargo, en la que la Corte, son sujeci\u00f3n al marco de competencia atr\u00e1s aludido, analiz\u00f3 la legalidad del fallo del Tribunal en punto de la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 194 del CST y, en aras de garantizar los derechos fundamentales de la opositora, al tenor del art\u00edculo 48 del CPTSS, respondi\u00f3 cada uno de los motivos que aquella entidad present\u00f3 como r\u00e9plica al control rogado que se le reclamaba. <\/p>\n
En ese contexto, como con diafanidad se dej\u00f3 consignado en la providencia de instancia, para resolver la alzada, \u00abdada su similitud con los esbozados en el escrito de oposici\u00f3n\u00bb, \u00abresulta[ba] suficiente remitirse a los argumentos expuestos en casaci\u00f3n [\u2026]\u00bb, contexto en el cual, para mayor claridad y trasparencia de su decisi\u00f3n y a fin de materializar el derecho fundamental de acceso a la justicia de las partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48 del CPTSS, en raz\u00f3n al paso del tiempo que trascurri\u00f3 entre el fallo no ordinario y la que se proferir\u00eda como Tribunal (lo que se debi\u00f3 a la facultad oficiosa en el decreto de prueba que se despleg\u00f3 para dilucidar los hechos sobrevivientes que le fueron puestos en conocimiento, de manera preponderante, por la incidentante), procedi\u00f3 a hacer una s\u00edntesis de las razones que condujeron a quebrar la segunda sentencia, que, se resalta, hab\u00eda sido revocatoria del primer fallo, el cual, por los motivos expuestos como juez l\u00edmite, ser\u00eda confirmado. <\/p>\n
Tambi\u00e9n en lo concerniente a la inconformidad relacionada con la supuesta inaplicaci\u00f3n del instituto de la unidad de empresa en el sector p\u00fablico y que se modific\u00f3 el precedente de la Sala Permanente puntualiz\u00f3, <\/p>\n
i) Que aunque la peticionante hace un esfuerzo por tratar encausar su inconformidad en el marco de las nulidades procesales, en estricto sentido no propone una (sic) cuestionamiento sobre la validez de los actos procesales realizados en sede extraordinaria, que es la esencia de ese instituto, sino que propone una cr\u00edtica sustancial a la decisi\u00f3n judicial, lo que se asemeja a un recurso, para el caso, de reposici\u00f3n, el cual est\u00e1 vedado en el ordenamiento jur\u00eddico frente a las sentencias, pues conforme al art\u00edculo 63 del CPTSS, en armon\u00eda con el art\u00edculo 285 del CGP, aplicable en virtud de la remisi\u00f3n del art\u00edculo 145 del primer estatuto adjetivo, dicho medio de impugnaci\u00f3n est\u00e1 limitado a los autos interlocutorios, en tanto que aquellas providencias \u00abno [son] revocable[s] ni reformable[s] por el juez que la profiri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En efecto, contrastado algunos de los argumentos del incidente con el fallo de casaci\u00f3n, se advierte al rompe que controvierte las razones por las cuales la Sala, al analizar el instituto de unidad de empresa desde su concepci\u00f3n, finalidad y r\u00e9gimen jur\u00eddico, se\u00f1al\u00f3 que era aplicable a relaciones laborales de naturaleza privada y p\u00fablica, lo que defini\u00f3 en el marco de reglas jur\u00eddicas y jurisprudenciales de la Sala Permanente de esta Corporaci\u00f3n en armon\u00eda con las expuestas por el Juez L\u00edmite Constitucional y Administrativo, es decir, no creando una nueva postura en contrav\u00eda de la vigente, como con error se alega, sino decidiendo el caso sometido a control legal, a partir del desarrollo de la jurisprudencia vigente. <\/p>\n
Dicha actuaci\u00f3n de la Corte, en parte alguna puede ser considerada como trasgresora del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1781 de 2016, pues no puede limitarse la funci\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n a las decisiones que tengan exactitud f\u00e1ctica y jur\u00eddica en procesos decididos con anterioridad por su hom\u00f3loga Permanente, esto es, los que se limiten a un ejercicio de simple subsunci\u00f3n, pues har\u00eda imposible la finalidad para la cual fue concebida, que no es otra que, en el marco de la jurisprudencia vigente, decidir como juez l\u00edmite laboral el recurso de casaci\u00f3n que le sea remitido. <\/p>\n
Por consiguiente, los cuestionamientos que propone EPM ESP, adem\u00e1s de ser improcedentes, trasgreden principios constitucionales y legales que regulan la administraci\u00f3n de justicia, particularmente la cosa juzgada, la inmutabilidad de las sentencias, la seguridad jur\u00eddica, la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de los fallos judiciales, incluso los de casaci\u00f3n, entre otros, al pretender abrir debates jur\u00eddicos concluidos. <\/p>\n
ii) Al hilo de lo previo, la censura introduce argumentos nuevos para soportar su tesis, al indicar que era imperativa la vinculaci\u00f3n procesal de las personas que componen la unidad de empresa, pues dicha circunstancia no fue planteada en tr\u00e1mite de las instancias ni en casaci\u00f3n, ya que la empresa demandada se limit\u00f3 a se\u00f1alar que para que operara ese instituto, deb\u00eda existir la matriz y la subordinada, razonamiento respecto al cual se pronunci\u00f3 la Corte, as\u00ed: <\/p>\n
[\u2026] no pasa inadvertido la Sala que la opositora se\u00f1al\u00f3 que en el caso no es posible declarar la unidad de empresa, porque la EADE S. A. dej\u00f3 de existir, debido a su liquidaci\u00f3n, pero ese razonamiento no le impide casar la sentencia recurrida, porque, como lo tiene adoctrinado en forma pac\u00edfica, por ejemplo, en las providencias CSJ SL7915-2015 y CSJ SL981-2019, las sentencias de los Jueces laborales y de seguridad social, no tienen efectos constitutivos, sino declarativos, por lo que el reconocimiento que hace el fallador, es de las realidades que se hubieren consolidado en la ejecuci\u00f3n del contrato de trabajo o de las relaciones laborales en general. <\/p>\n
Se destaca lo previo, porque como tambi\u00e9n se explic\u00f3 en las sentencias CSJ SL4496-2018 y CSJ SL1361-2018, para que operen los efectos jur\u00eddicos del art\u00edculo 194 del CST, la unidad de empresa debe existir en vigencia del v\u00ednculo laboral, por lo que, como con acierto lo razon\u00f3 el Tribunal, los elementos configurativos de esa instituci\u00f3n han de analizarse para la calenda en que haya tenido vigencia el v\u00ednculo laboral, en el caso, al momento en que los demandantes fueron despedidos y su empleadora exist\u00eda [\u2026] (f.\u00b0 535, cuaderno de casaci\u00f3n). <\/p>\n
Por tanto, la petici\u00f3n sobre la que se discierne se sustenta, entre otros, sobre premisas nuevas, novedosas y sobre todo extempor\u00e1neas, que trasgreden los principios de lealtad procesal del art\u00edculo 49 del CPTSS y el debido proceso del art\u00edculo 29 de la CP, puesto que sorprende a los demandantes, quienes en las instancias nunca pudieron enfrentar la controversia desde el norte que ahora el peticionario, a trav\u00e9s de un incidente de nulidad, les plantea. <\/p>\n
iii) En armon\u00eda con lo anterior, la Sala decidi\u00f3 los conflictos de legalidad propuestos, con sujeci\u00f3n a la ley y la jurisprudencia (que hil\u00f3, armoniz\u00f3 y desarroll\u00f3 con detalle), dando respuesta de fondo a cada uno de los cuestionamientos sobre los cuales se cimienta el reclamo de nulidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aunque la reclamante soporta la alegada variaci\u00f3n jurisprudencial en el fallo CSJ SL, 12 dic. 2001, rad. 16319, en el que se declar\u00f3 inestimable un recurso de casaci\u00f3n, porque en la proposici\u00f3n jur\u00eddica se incorporan normas del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo en el marco un conflicto laboral de naturaleza p\u00fablica, dicha decisi\u00f3n no tiene la fuerza para constituir un precedente en el caso, ya que la Corporaci\u00f3n, en la sentencia CSJ SL4293-2020, se itera, trayendo a colaci\u00f3n reglas jurisprudenciales que decidieron de fondo controversias sobre la extensi\u00f3n de institutos del derecho social previstos en ese compendio normativo, a las relaciones de trabajo del sector p\u00fablico, decidi\u00f3 de fondo el propuesto, en relaci\u00f3n con lo cual, adicion\u00f3 argumentos hermen\u00e9uticos que reafirmar\u00edan aquella postura, lo que de ninguna manera podr\u00eda considerarse variaci\u00f3n del precedente. <\/p>\n
En efecto, en relaci\u00f3n con ello la Sala argument\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] Ahora, como tambi\u00e9n lo previ\u00f3 la disposici\u00f3n previamente citada, dicha declaratoria tiene por objetivo \u00ablograr el cumplimiento de leyes sociales\u00bb, las cuales no se circunscriben, como lo refiri\u00f3 la r\u00e9plica, a las relaciones obrero \u2013 patronales de car\u00e1cter particular, sino que se extienden a las relaciones de empleo con el Estado. <\/p>\n
Se dice lo \u00faltimo, porque a pesar de que los art\u00edculos 3\u00b0 y 4\u00b0 del CST, establecen como regla general, que dicho estatuto regula las relaciones de derecho individual de trabajo de car\u00e1cter particular y \u00ablas de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares\u00bb, as\u00ed como que las primeras, en relaci\u00f3n con la administraci\u00f3n p\u00fablica y sus servidores, se reglamentan por \u00abestatutos especiales\u00bb, conforme lo ha se\u00f1alado la Corte, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL9681-2017, CSJ SL5685-2018, CSJ SL2878-2019, ello no es \u00f3bice para que, como excepci\u00f3n, institutos, principios y garant\u00edas de \u00ablas leyes sociales\u00bb les sean aplicables. <\/p>\n
En efecto, la Corporaci\u00f3n ha sido uniforme al explicar, que el r\u00e9gimen salarial, prestacional e indemnizatorio de los servidores p\u00fablicos, est\u00e1 previsto en las normas de empleo de la administraci\u00f3n p\u00fablica, particularmente, en el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado, en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y, trat\u00e1ndose de trabajadores oficiales, entre otras, en la Ley 6\u00aa de 1945 y su Decreto Reglamentario 2127 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Sin embargo, ello no impide que, por excepci\u00f3n, algunas instituciones del derecho laboral en general \u2013 derecho social, reguladas en el C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo, le sean extensibles a los servidores p\u00fablicos, como se ha explicado, por ejemplo, al aplicarse la figura de la prescripci\u00f3n del art\u00edculo 488 del estatuto mencionado, no empece a que dicha norma tenga su semejante en los art\u00edculos 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 y 102 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, as\u00ed como del art\u00edculo 151 del CPTSS. <\/p>\n
Lo anterior, porque como se indic\u00f3 en la sentencia CSJ SL3169-2014, que reitera la regla de la sentencia CSJ SL, 14 de ag. 2012, rad. 41522, <\/p>\n
[\u2026] tal y como lo explica la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y la del Consejo de Estado2, cuando esa disposici\u00f3n se refiere a la prescripci\u00f3n trienal de los derechos que emanen de las \u201cleyes sociales\u201d, debe entenderse que cobija tambi\u00e9n a los servidores p\u00fablicos, pese a que su r\u00e9gimen laboral est\u00e9 previsto en sus propios estatutos, porque esas leyes, – las sociales-, abarcan el tema laboral, sin importar el status de trabajador oficial o de empleado p\u00fablico. <\/p>\n
En efecto, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C- 745 del 6 de octubre de 1999, en referencia al art\u00edculo 4\u00ba del C.S.T. de cuyo contenido emana que las disposiciones contenidas en esa codificaci\u00f3n no se aplican a los servidores p\u00fablicos, concretamente en lo que al fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n corresponde, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Sin embargo, ese razonamiento no es de recibo, como quiera que el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral expresamente se\u00f1ala el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para \u2018las acciones que emanen de las leyes sociales\u2019. As\u00ed pues, las leyes sociales no s\u00f3lo son aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominaci\u00f3n referida a la relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n entre patrono y trabajador y no a su status. <\/p>\n
\u201cEn efecto, la interpretaci\u00f3n que, en reiteradas oportunidades, ha realizado el Consejo de Estado, tambi\u00e9n sostiene que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para el cobro de salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado es el que consagran los art\u00edculos 488 del CST, 151 del CPL y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un t\u00e9rmino de tres a\u00f1os para todos los casos, pues \u2018la prescripci\u00f3n establecida en el citado art\u00edculo 151 [del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que emanen de las leyes sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que comprende no s\u00f3lo las acciones que se refieren a los trabajadores particulares sino tambi\u00e9n a los que amparan a los servidores oficiales\u00bb (negrita y subrayado del texto). <\/p>\n
Adicionalmente, porque, como se explic\u00f3 en la sentencia CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 44291 <\/p>\n
[\u2026] la similitud en el tratamiento que emana de la regulaci\u00f3n de las relaciones individuales de trabajo del sector privado y de la aplicable a los trabajadores oficiales ha llevado a que exista una jurisprudencia que, en muchos puntos, resulta com\u00fan, pues corresponden a unos mismos principios e instituciones del derecho laboral, que rigen tanto para el sector privado como para el caso de los servidores del Estado, vinculados por contrato de trabajo. <\/p>\n
Con la precisi\u00f3n, resalta la Sala, que la anterior consideraci\u00f3n se ha efectuado en aquellos casos en los que, para decidir un conflicto jur\u00eddico relacionado con el contrato de trabajo en el sector p\u00fablico, se aplican por los jueces de instancia, con error, normas sustantivas particulares, las cuales conceptualmente tienen semejanzas con aquellas que regulan el r\u00e9gimen salarial y prestacional de los trabajadores oficiales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la anterior remembranza normativa y jurisprudencial permite inferir a la Corte, que es admisible aplicaci\u00f3n de la figura jur\u00eddica de la unidad de empresa a relaciones laborales con el Estado, ya que, como ocurre, se itera, por ejemplo, con la figura de la prescripci\u00f3n, aquella es un instituto jur\u00eddico del derecho del trabajo, concebido para \u00ablograr el cumplimiento de las leyes sociales\u00bb (ordinal 4\u00b0 del art\u00edculo 194 del CST), las cuales \u00abregulan el tema laboral, por lo que es una denominaci\u00f3n referida a la relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n entre patrono y trabajador y no a su status\u00bb, seg\u00fan lo puntualiz\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia CC C-745-1999, se insiste. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque como lo explic\u00f3 ese alto Tribunal en la citada sentencia CC C-1185-2000, dicho instituto garantiza principios y prerrogativas constitucionales, atenientes a la igualdad de oportunidad para los trabajadores y la primac\u00eda de la realidad social sobre las formalidades, las cuales son extensibles a todas las relaciones laborales dentro de un Estado Social de Derecho. <\/p>\n
Consideraciones a las que se suman otras razones de orden legal y constitucional para la extensi\u00f3n de la figura en comento al sector p\u00fablico, a saber: <\/p>\n
En primer lugar, porque la literalidad del art\u00edculo 194 del CST, incluye un componente de protecci\u00f3n de derecho individual del trabajo y otro colectivo, cuando de manera expresa precept\u00faa: <\/p>\n
[\u2026] pero los salarios y prestaciones extralegales que rijan en la principal al momento de declararse la unidad de empresa solamente se aplicar\u00e1n en las filiales o subsidiarias cuando as\u00ed lo estipule la respectiva convenci\u00f3n colectiva de trabajo, o cuando la filial o la subsidiaria est\u00e9 localizada en una zona de condiciones econ\u00f3mica similares a las de la principal, a juicio del Ministerio de del Juez del trabajo. <\/p>\n
Lo que significa que, conforme al art\u00edculo 3\u00b0 del CSJ, en punto de la garant\u00eda de derechos extralegales, sus efectos se extender\u00edan a los trabajadores oficiales. <\/p>\n
En segundo lugar, en raz\u00f3n a que la aplicaci\u00f3n de reglas generales del derecho, como la prevista en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 153 de 1886, as\u00ed como del principio del art\u00edculo 19 del CST, atinentes a la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de normas, cuando existe vac\u00edo u omisi\u00f3n legislativa frente a instituciones como la que aqu\u00ed se discierne, en relaciones laborales de car\u00e1cter p\u00fablico. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que el vac\u00edo normativo, trat\u00e1ndose de derechos individuales, como se concluy\u00f3 en la sentencia CC C-1185-2000, \u00abva en contrav\u00eda de [las] pautas\u00bb trazadas por el constituyente en la concepci\u00f3n, promoci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos sociales de la CN y, aunque en la providencia referida, se analiz\u00f3 en perspectiva de la abolici\u00f3n del art\u00edculo 194 del CST, dicha regla se extiende a su no aplicaci\u00f3n y extensi\u00f3n a casos como el presente. <\/p>\n
Se resalta lo \u00faltimo, porque para la Sala, la garant\u00eda analizada da efectividad a: <\/p>\n
i) los valores y principios del pre\u00e1mbulo y el art\u00edculo 1\u00b0 de la CN, as\u00ed como a los fines del Estado del art\u00edculo 2\u00b0, ibidem, concretamente, los concernientes con el aseguramiento del trabajo, la justicia y la igualdad, dentro de un orden econ\u00f3mico y social justo; el respeto por la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad y la promoci\u00f3n de la prosperidad general y el aseguramiento de la convivencia pac\u00edfica en un orden democr\u00e1tico y justo. <\/p>\n
ii) Al trabajo en condiciones dignas y justas, como derecho y obligaci\u00f3n social, que goza de la especial protecci\u00f3n del Estado, seg\u00fan el art\u00edculo 25 Superior. <\/p>\n
iii) Al derecho de asociaci\u00f3n sindical (art\u00edculo 39, ib), los m\u00ednimos fundamentales del art\u00edculo 53, ibidem, particularmente, se itera, el derecho a la igualdad de oportunidades y la primac\u00eda de la realidad, el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva del art\u00edculo 56, ib, el derecho de participaci\u00f3n de los trabajadores en la gesti\u00f3n empresarial del art\u00edculo 57, ibidem, el inter\u00e9s social de la propiedad privada del art\u00edculo 5\u00b0, ib y el principio de buena fe del art\u00edculo 83, ibidem, entre otros. <\/p>\n
En tercer lugar, porque es funci\u00f3n de la Corte interpretar e integrar las normas del trabajo y la seguridad social, de acuerdo con los fines del Estado, los bienes jur\u00eddicos protegidos y la realidad social a la que se le aplica, que exigen del Juez laboral y de seguridad social un ejercicio intelectivo integral e imparcial, que materialice el efecto buscado a trav\u00e9s de la Ley. <\/p>\n
De ah\u00ed que, no siempre la lectura textual y aislada de la normativa, permita dar soluci\u00f3n justa, leg\u00edtima e incluso legal, a los conflictos jur\u00eddicos surtidos en el campo del derecho laboral y de seguridad social, pues corresponde a todas las instituciones del Estado garantizar las prerrogativas que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9, lo cual se logra, en la administraci\u00f3n de justicia, a partir de un ejercicio independiente e imparcial en la aplicaci\u00f3n y lectura de la ley, seg\u00fan los art\u00edculos 228, 229 y 230 de la CN, proceso intelectivo complejo que debe ser arm\u00f3nico con el sistema constitucional y legal, a efectos de garantizar no solo el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia sino a la justicia misma. <\/p>\n
En ese contexto, es imperativo para la Sala analizar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 194 del CST, en perspectiva de las nuevas realidades empresariales del Estado y los derechos sociales de sus servidores. <\/p>\n
As\u00ed se dice, pues con la descentralizaci\u00f3n funcional o por servicios que formalmente se introdujo con la reforma administrativa de 1968, a trav\u00e9s de Decretos como 3130 del mismo a\u00f1o, se permiti\u00f3 la creaci\u00f3n de entidades que ejercieran una actividad especializada, con autonom\u00eda financiera y administrativa, pasando el Estado de ser simple administrador de lo p\u00fablico, a empresario y gran empleador, por lo que empez\u00f3 a adoptar pol\u00edticas y a asumir actividades empresariales propias del sector privado, como ocurri\u00f3 con la EADE S. A. ESP, en cuya existencia participaron capitales de naturaleza p\u00fablica pero de origen diferente, que posteriormente, como da cuenta el certificado de existencia y representaci\u00f3n de folios 287 a 291, cuaderno n.\u00b0 1, proceso principal, rad 2010-636, dieron lugar la consolidaci\u00f3n de un grupo empresarial no particular. <\/p>\n
Escenario novedoso que no podr\u00eda la justicia social desconocer, para negar la aplicaci\u00f3n de la figura de la unidad de empresa, por la ausencia de una norma en el r\u00e9gimen administrativo laboral, pues con ello se desconocer\u00edan para un sector de trabajadores, las garant\u00edas que con ella se protegen, en los t\u00e9rminos atr\u00e1s descritos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, teniendo claro que el art\u00edculo 194 del CST resulta extensible a los trabajadores oficiales, procede la Corte a analizar, en perspectiva de sus efectos, si el Colegiado incurri\u00f3 en el error jur\u00eddico que se le increpa en el cargo [\u2026]. <\/p>\n
En s\u00edntesis, contrario a lo se\u00f1alado por la petente, la decisi\u00f3n de la Corte se sujet\u00f3 al precedente. <\/p>\n
iv) Por otro lado, en relaci\u00f3n con la segunda inconformidad de la incidentante, relativa a la aplicaci\u00f3n a la inversa de la regla del art\u00edculo 194 del CST, debe denotarse que tal disenso parte de una premisa falsa, puesto que en parte alguna la Corte admiti\u00f3 la extensi\u00f3n de los beneficios convencionales obtenidos por los trabajadores de la subordinada a los de la matriz, sino que se\u00f1al\u00f3, se itera, desde la sistematicidad del ordenamiento jur\u00eddico y el instituto de unidad de empresa que, <\/p>\n
[\u2026] el art\u00edculo 194 del CST, modificado por el art\u00edculo 32 de la Ley 50 de 1990, como garant\u00eda \u00abpara lograr el cumplimiento de las leyes sociales\u00bb, responsabiliza a la \u00ab\u00fanica empresa\u00bb, que est\u00e1 conformada por la matriz y las filiales o subsidiarias, de todas las obligaciones legales y extralegales adquiridas por las \u00faltimas con sus trabajadores, lo que se traduce en la pr\u00e1ctica en que, ante su incumplimiento por el empleador (en el caso, la filial), las dem\u00e1s deber\u00e1n responder por su efectiva satisfacci\u00f3n, lo que no significa, se resalta, la extensi\u00f3n de las cl\u00e1usulas contractuales o convencionales pactadas por la filial o subordinada, a los trabajadores de la matriz. <\/p>\n
Precisando, adem\u00e1s que, lo anterior, <\/p>\n
[\u2026] sin perjuicio de que la norma de manera expresa haya previsto una hip\u00f3tesis de incidencia diferente, trat\u00e1ndose de beneficios extralegales que rijan en la \u00abprincipal al momento de declararse la unidad de empresa\u00bb, pues, en ese caso, si se acreditan cualquiera de los siguientes presupuestos: i) estipulaci\u00f3n expresa en la respectiva convenci\u00f3n colectiva de trabajo; ii) que \u00abla filial o la subsidiaria est\u00e9 localizada en una zona de condiciones econ\u00f3mica similares a las de la principal, a juicio del Ministerio de del Juez del trabajo\u00bb, por ministerio de la ley, se extender\u00e1n o aplicar\u00e1n a las \u00abfiliales o subsidiarias\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo previo, la censura increpa el desconocimiento de las reglas de la sentencia CSJ SL15966-2016, en relaci\u00f3n con las CSJ SL, 16 dic. 2009, rad. 32212 y CSJ SL, 31 ag. 2010, rad. 32060; sin embargo, por el contrario, el fallo de la Sala se acompasa de manera estricta con ella, en tanto recuerdan las exigencias para que exista una unidad de empresa y su concepci\u00f3n protectiva a los trabajadores, cuando existe fraccionamiento de capital. <\/p>\n
As\u00ed mismo, aunque se discute la pretermisi\u00f3n de la sentencia CSJ SL1361-2018, respecto de la cual, se puntualiza, se hace una trascripci\u00f3n parcial no contextualizada, la misma fue fundamento del fallo del que se reclama su anulaci\u00f3n, pues, contrario a lo expuesto por la incidentante, dicha providencia precisa que, para que operen los efectos jur\u00eddicos del art\u00edculo 194 del CST, la unidad de empresa debe existir en vigencia del contrato de trabajo, regla que la Sala aplic\u00f3, para concluir que los elementos configurativos de esa instituci\u00f3n han de analizarse para la calenda en que haya tenido vigencia el v\u00ednculo laboral, en el caso, al momento en que los demandantes fueron despedidos y su empleadora exist\u00eda (\u2026) (CSJ AL4009-2022 de 16 de agosto). <\/p>\n
De otra parte, al desatar el remedio horizontal esgrimido contra el anterior prove\u00eddo refiri\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) como se indic\u00f3 en el auto impugnado, el incidente propuesto desconoce presupuestos esenciales del instituto de nulidades procesales, que conducen a su rechazo, toda vez que: <\/p>\n
En contra del principio de taxatividad, propone una causal no prevista en la ley. En ese contexto, la Sala profiri\u00f3 las sentencias CSJ SL4293-2020 (como Juez extraordinario) y CSJ SL1862-2022 (en sede de instancia), investida de jurisdicci\u00f3n y competencia funcional, de acuerdo con los art\u00edculos 235 – 1 de la CP, 15 de la Ley 270 de 1996 y 1\u00b0 de la Ley 1781 de 2016, en el marco de lo normado en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 del CPTSS. <\/p>\n
Ahora, en lo que concierne con el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1781 de 2016, reitera la Corporaci\u00f3n que no consagra una causal de nulidad y tampoco un motivo de incompetencia o una circunstancia que implique la carencia de jurisdicci\u00f3n, sino que regula la facultad de los integrantes de la Sala, cuando lo consideren necesario, al momento de decidir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, de variar el precedente o crear uno nuevo, caso en el cual, debe definir si remite el proceso asignado a su conocimiento, presupuesto que, en todo caso, no se cumple en el presente asunto. <\/p>\n
En efecto, como con suficiencia qued\u00f3 explicado en el auto recurrido, las providencias objeto de solicitud de anulaci\u00f3n no se subsumen en tales hip\u00f3tesis, puesto que la Corporaci\u00f3n no vari\u00f3 el precedente de la Sala permanente, sino que, con detalle lo armoniz\u00f3 y desarroll\u00f3, dando respuesta de fondo a cada uno de los cuestionamientos sobre los cuales se ciment\u00f3 el conflicto de legalidad en sede extraordinaria, para lo cual adicion\u00f3 argumentos hermen\u00e9uticos que reafirmar\u00edan la postura adoptada frente a la extensi\u00f3n de institutos del derecho social previstos en el CST, a las relaciones de trabajo del sector p\u00fablico. <\/p>\n
Adicionalmente, como se se\u00f1al\u00f3 en el auto impugnado, el reclamo sobre el que se discierne es notoriamente extempor\u00e1neo, pues controvierte de fondo, como si se tratara de una reposici\u00f3n de sentencia, la postura adoptada por el juez l\u00edmite en sede de casaci\u00f3n, pero luego de proferida la decisi\u00f3n de instancia, desconociendo los dos papeles de la Corte, los cuales son consecuentes y algunas veces concomitantes, pero tambi\u00e9n plenamente diferenciados y preclusivos el uno respecto del otro, como se tiene establecido por ejemplo, en las providencias CSJ SL4084-2018 (citado en el auto recurrido), CSJ AL510-2022 y CSJ SL1037-2022. <\/p>\n
M\u00e1s adelante y en la misma l\u00ednea argumentativa explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) aunque soport\u00f3 su decisi\u00f3n en la providencia CC A235-2002 que, en estricto sentido no analiza el instituto de preclusi\u00f3n por presunto vicio vulneratorio del debido proceso ocurrido en la sentencia de casaci\u00f3n, sus razonamientos son extensible al asunto, toda vez que, como all\u00ed se se\u00f1al\u00f3, hace parte de la garant\u00eda del art\u00edculo 29 de la CP e irradia todo el ordenamiento jur\u00eddico y, por tanto, al proceso laboral y de seguridad social, materializando presupuestos cardinales del Estado Social de Derecho como la seguridad jur\u00eddica (garant\u00eda de derecho objetivo), celeridad en los tr\u00e1mites, certeza y firmeza de las decisiones judiciales, la cosa juzgada, entre otros. <\/p>\n
De ah\u00ed que sea un soporte argumental de la postura adoptada por la Corporaci\u00f3n ante la notoria extemporaneidad de la solicitud analizada, sin que el hecho de que no haya sido aducida en oportunidades anteriores tenga trascendencia, pues la jurisprudencia es din\u00e1mica y siempre se puede nutrir de nuevos razonamientos que le den mayor soporte a la decisi\u00f3n judicial y que se armonicen el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por otro lado, en punto del saneamiento de la nulidad, debe advertir la Corte que, como qued\u00f3 claramente definido en el auto CSJ AL4009-2022, ante la ausencia de la propuesta (falta de competencia), \u00abde haber existido alguna irregularidad, que no es el caso, fue saneada\u00bb, por lo que no trasgredi\u00f3 el principio de improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia del art\u00edculo 16 del CGP. <\/p>\n
Finalmente, la recurrente pas\u00f3 por alto los dem\u00e1s elementos decisorios de la providencia recurrida, relativos a: <\/p>\n
i) \u00abQue aunque la peticionante hace un esfuerzo por tratar encausar su inconformidad en el marco de las nulidades procesales, en estricto sentido [\u2026] propone una cr\u00edtica sustancial a la decisi\u00f3n judicial\u00bb, es decir, un recurso de reposici\u00f3n frente a la sentencia, lo que no est\u00e1 permitido en el ordenamiento jur\u00eddico, de conformidad con el art\u00edculo 63 del CPTSS, en armon\u00eda con el art\u00edculo 285 del CGP, aplicable en virtud de la remisi\u00f3n del art\u00edculo 145 del primer estatuto adjetivo, en raz\u00f3n a que tales providencias \u00abno [son] revocable[s] ni reformable[s] por el juez que la profiri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, su planteamiento es contrario a <\/p>\n
[\u2026] principios constitucionales y legales que regulan la administraci\u00f3n de justicia, particularmente la cosa juzgada, la inmutabilidad de las sentencias, la seguridad jur\u00eddica, la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de los fallos judiciales, incluso los de casaci\u00f3n, entre otros, al pretender abrir debates jur\u00eddicos concluidos. <\/p>\n
ii) Introduce argumentos nuevos para soportar su tesis y cuestiona la decisi\u00f3n de la Sala con base en razonamientos que no son acordes con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
iii) El incidente propuesto \u00abcarecer\u00eda de utilidad en relaci\u00f3n con resultas de los conflictos de legalidad (casaci\u00f3n) y jur\u00eddicos (sede de instancia), sobre los cuales se convoc\u00f3 la competencia de la Corte, pues el reintegro reclamado permanecer\u00eda inalterable\u00bb, dada las resultas del segundo cargo y la pretensi\u00f3n subsidiaria, respecto del cual exist\u00eda precedente de la Sala Permanente en la providencia CSJ SL20195-2017. (las negrillas son del texto). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De donde emerge di\u00e1fano que el haberse rechazado la referida nulidad por inferir que en ese asunto no se trasgredieron las previsiones del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1781 de 2016, en lo atinente a las competencias de que est\u00e1n investidas las salas de descongesti\u00f3n en materia del trabajo, no representa \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; [ni tiene] lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, [no] se presenta una v\u00eda de hecho\u00bb (CSJ ST8733-2017, STC4330-2021, memoradas en STC12847-2022), por lo que se torna inviable la intromisi\u00f3n de esta justicia especial. <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, como la negativa a la declaratoria de la nulidad instada por la promotora no revela la existencia de un yerro que deba ser conjurado por esta v\u00eda, se refrendar\u00e1 el veredicto de primera instancia. <\/p>\n
III.DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional, Sentencia C-745 del 6 de octubre de 1999, Referencia: Expediente D-2391, Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 4\u00ba (parcial) de la Ley 165 de 1941.Actor: David L\u00f3pez Su\u00e1rez. M.P.: Dr. Alejandro Mart\u00ednez Caballero. <\/p>\n
2\u0002 Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la secci\u00f3n segunda del Consejo de Estado del 28 de marzo de 1960, del 24 de febrero y julio 1 de 1961, del 21 de septiembre de 1982, del 2 de diciembre de 1982. Igualmente, la sentencia del 19 de noviembre de 1982 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M. P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo. <\/p>\n
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STC4642-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC4642-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00351-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de febrero de 2023, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73326"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}