STC4645-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4645-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01737-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, as\u00ed como sus respectivos titulares; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira y el propietario de \u2018Taquilla Coochoferes\u2019, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00084. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasi\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3, porque el expediente ingres\u00f3 para reparto al tribunal el 14 de abril de 2023, para surtir la apelaci\u00f3n contra la providencia de primer grado; pero, a la fecha, no se ha dictado fallo, desconociendo los t\u00e9rminos perentorios de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3 en lo fundamental, que se ordene a la colegiatura encartada: (i) \u00abaplicar art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb; y, (ii) \u00abfallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADO <\/p>\n
1. El magistrado sustanciador de segundo grado adujo que: \u00abEl 14-04-2023 la Oficina Judicial reparti\u00f3 la acci\u00f3n popular para desatar la impugnaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia y el 19-04-2023, esta Sala Unitaria admiti\u00f3 el recurso (Arts.37, Ley 472, 321 y 322, CGP y 12, Ley 2213). El expediente est\u00e1 en nuestra Secretar\u00eda, donde corren los plazos de sustentaci\u00f3n y r\u00e9plica. Imposible enrostrar inobservancia deliberada de los t\u00e9rminos procesales, pues, se trata de actuaciones previas y necesarias para desatar el recurso; a\u00fan no ingresa el proceso a despacho\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
2. El Municipio de Pereira se\u00f1al\u00f3 que \u00abel Tribunal accionado, admiti\u00f3 el recurso mediante auto del 19 de abril de 2023, con lo que no ha transcurrido el tiempo suficiente para su decisi\u00f3n y por tanto no est\u00e1 quebrantando los derechos fundamentales del actor de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n expuso la \u00abinexistencia de hechos que dieran cuenta de una eventual vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales que pudieran ser atribuidos a esta entidad conforme a lo expuesto por el actor\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira vulner\u00f3 la prerrogativa reclamada por el censor, toda vez que, supuestamente, ha desatendido el t\u00e9rmino previsto para resolver la segunda instancia de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00084. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por el memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que lo pretendido con este mecanismo es que se conmine a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a que desate la segunda instancia de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00084 atendiendo el t\u00e9rmino legalmente previsto para ello en la Ley 472 de 1998, porque, seg\u00fan lo expuesto por el promotor, dicha autoridad \u00abincumple los t\u00e9rminos perentorios de tiempo (sic) que ordena (\u2026) [la] ley ESPECIAL Y AUT\u00d3NOMA\u00bb. <\/p>\n
No obstante, contrario a lo afirmado por el gestor, una vez verificado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, as\u00ed como la foliatura remitida, se pudo constatar que el tr\u00e1mite (i) se someti\u00f3 a reparto el 14 de abril de 2023; (ii) con prove\u00eddo del 19 del mismo mes se admiti\u00f3 la alzada y se dispuso que \u00ab [e]jecutoriado [el] auto, correr\u00e1n en traslado cinco (5) d\u00edas al apelante para que sustente los reparos; cumplida la carga, se dar\u00e1 traslado a las partes no recurrentes por el mismo t\u00e9rmino, para la r\u00e9plica\u00bb; y, (iii) el 5 de mayo de este a\u00f1o, se concedi\u00f3 la oportunidad legal para pronunciarse sobre el escrito presentado por la parte all\u00ed accionada. <\/p>\n
Significa lo anterior que la colegiatura fustigada no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el asunto bajo su conocimiento, en consecuencia, se colige que el tribunal ha realizado las gestiones pertinentes en procura de la definici\u00f3n de la instancia a su cargo, en un tiempo prudencial. <\/p>\n
Por lo tanto, no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
De otra parte, en lo que respecta a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n \u2013v. gr., que \u00abSE ORDENE EN DERECHO LA INTERVENCION (\u2026)DE [la] procuradora gral nacion, margarita cabello (sic), defensor del pueblo Colombia (sic), para qie ](\u2026) garanticen art 29 CN (sic)\u00bb\u2013, nada obsta para que el censor acuda directamente ante las referidas autoridades para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden al interesado. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la colegiatura convocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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