STC4653-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4653-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00123-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Guillermo Le\u00f3n Ortiz Jaimes frente al fallo proferido el 14 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida contra el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma urbe, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y libertad presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n de los autos proferidos los pasados 25 de abril y 18 de noviembre de 2022, decisi\u00f3n \u00faltima con la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirm\u00f3 la negativa a la concesi\u00f3n del subrogado penal de libertad condicional por \u00e9l requerido en la ejecuci\u00f3n de su condena por acceso carnal violento a una menor de 9 a\u00f1os (rad. 680013104003201500090 NI30144). <\/p>\n
2. Adujo el condenado, que cumple con los requisitos legales para ser beneficiario de la libertad condicional, pues ha cumplido con las 3\/5 partes de la pena desde el 25 de abril de 2017 y adem\u00e1s reporta buena conducta, tal es el caso que inclusive ha venido gozando de un permiso anual de 72 horas desde el 27 de octubre de 2021. <\/p>\n
3. Censur\u00f3 que el fallador fustigado aplicare para la resoluci\u00f3n de su pretensi\u00f3n liberatoria el art\u00edculo 5\u00b0de la ley 890 de 2004, no solo por es inaplicable por temporalidad de la vigencia de esta sino porque en virtud del principio de favorabilidad de les aplicable la ley 1709 de 2014. <\/p>\n
4. En consecuencia, se\u00f1ala que la decisi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada viola el principio de no bis in idem y es incoherente, toda vez el juez aplicando la precitada ley analiza elementos objetivos y subjetivos de su solicitud, y aunque se\u00f1ala que se cumple con el primero, no sucede as\u00ed con el segundo, esto en especial consideraci\u00f3n al bien jur\u00eddico trasgredido por el censor como es la formaci\u00f3n y libertad sexual de una menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
5. Luego entonces, aduce, se le est\u00e1 juzgando de nuevo a partir de la consideraci\u00f3n a que no hay prueba suficiente de su resocializaci\u00f3n para aprobar el subrogado penal. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n atacada en sede de tutela, reafirm\u00f3 que la gravedad de la il\u00edcita conducta juzgada impide otorgarle el subrogado a dicho penado, al punto que la condena no solo vers\u00f3 sobre el punible de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os, sino adem\u00e1s agravado y en concurso homog\u00e9neo y sucesivo y as\u00ed el comportamiento intramural del sentenciado haya sido tildado de bueno y ejemplar, lo cierto es que acorde con la interpretaci\u00f3n de la Corte Constitucional en la sentencia C-757 de 2014 es procedente el fuerte juicio de reproche respecto de la naturaleza del bien jur\u00eddico tutelado en esta instancia a\u00fan. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en la ejecuci\u00f3n de la pena que actualmente vigila, precis\u00f3 que sus razonamientos encuentran sustento en el orden constitucional y legal vigente, por lo que solicita sea negado por improcedente el resguardo invocado. <\/p>\n
3. Juzgado Tercero Penal con Funciones Mixtas de Bucaramanga solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo, precisando que las quejas formuladas no est\u00e1n relacionadas con actuaciones que sean de la esfera de su competencia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que lo decidido por los falladores fustigados no constitu\u00eda v\u00eda de hecho, pues acorde con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad C-757 de 2014, el juez de penas est\u00e1 habilitado para valorar la <\/p>\n
conducta punible al momento de decidir sobre la libertad condicional, sin que ello vulnere el principio non bis in \u00eddem. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Aleg\u00f3 que el delito por el cual cumple la condena no lo cometi\u00f3 \u00e9l, pero en punto a la queja inicial y su respectiva impugnaci\u00f3n rechaz\u00f3 que se defienda la legalidad de la actuaci\u00f3n, en tanto no le es aplicable la referida ley 890 de 2004. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que lo decidido por los falladores aqu\u00ed fustigados se ajusta a la interpretaci\u00f3n constitucional vigente respecto a la aplicaci\u00f3n de las normas acusadas. <\/p>\n
3. En efecto, como lo afirm\u00f3 el \u00f3rgano de cierre de la especialidad penal la decisi\u00f3n acusada es plenamente razonable en tanto <\/p>\n
(\u2026) al estudiar el requisito subjetivo, esto es, valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible, encontraron que el juez de conocimiento realiz\u00f3 un fuerte juicio de reproche respecto de la naturaleza del bien jur\u00eddico tutelado -libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual \u2013 vulnerado a una menor de 9 a\u00f1os de edad, con acciones indicadoras de \u00ab\u2026la carencia de frenos inhibitorios y referentes legales y morales que lo hicieron incapaz de abstenerse ante quien se le hab\u00eda dado confianza, lo que es indicativo de su capacidad para poner en riesgo los intereses sociales, en especial de menores, a los que hay que proteger de una persona con estas inclinaciones, actos que cometi\u00f3 en repetidas ocasiones\u2026\u00bb. Reproche que consideraron que hace necesario que contin\u00fae ejecut\u00e1ndose la sanci\u00f3n privativa de la libertad impuesta al actor. <\/p>\n
En sustento, precisaron que se deb\u00eda materializar las funciones punitivas legales: (i) la de prevenci\u00f3n general como advertencia a la sociedad de las consecuencias reales que puede soportar cualquiera que incurra en una conducta punible; (ii) la de retribuci\u00f3n justa a fin de Rad. 2015-00090-02 \/ 3678 11 lograr la expiaci\u00f3n por el autor del delito, en atenci\u00f3n a la impresi\u00f3n psicol\u00f3gico social que la pena pueda producir y el rigor de soportar las consecuencias derivadas del ataque al derecho ajeno, a la manera de una proporcional compensaci\u00f3n por el grado de <\/p>\n
culpabilidad y (iii) la funci\u00f3n de prevenci\u00f3n especial que procura <\/p>\n
disuadirlo de cometer nuevos punibles, actuando directamente <\/p>\n
sobre la persona, pero bajo una evidente finalidad de reintegrar al <\/p>\n
individuo a la sociedad que se vio afectada y volver\u00e1 a albergarlo <\/p>\n
al brindarle un espacio de readaptaci\u00f3n que est\u00e1 sujeto al cumplimiento de rigurosas reglas. <\/p>\n
Entonces, acorde con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad C-757 de 2014, el juez de penas est\u00e1 habilitado para valorar la conducta punible al momento de decidir sobre la libertad condicional, sin que ello vulnere el principio non bis in \u00eddem, siempre que dicha evaluaci\u00f3n consulte todas las circunstancias, elementos y consideraciones efectuadas por el juez penal en la sentencia condenatoria. <\/p>\n
En tal virtud, no puede afirmarse que las providencias judiciales cuestionadas adolecen de defecto alguno, por no haber efectuado adecuadamente la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible, como err\u00f3neamente lo plante\u00f3 GUILLERMO LE\u00d3N ORTIZ JAIMES, pues lo cierto es que dicha valoraci\u00f3n fue realizada bajo los lineamientos trazados por la Corte Constitucional, siendo ese el sustento para que las autoridades judiciales demandadas le negaran la concesi\u00f3n de la libertad condicional, aun cuando \u00e9l estimara reunir los requisitos para ello Sumado a lo anterior, es claro que las autoridades judiciales est\u00e1n sometidas al principio de legalidad, raz\u00f3n por la que deb\u00edan aplicar al caso bajo estudio el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 890 de 2004 ya citado, norma que fue expedida en virtud de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa que le asiste al Congreso de la Rep\u00fablica y responde a razones de pol\u00edtica criminal, de las que no puede derivarse una lesi\u00f3n de las <\/p>\n
garant\u00edas fundamentales del accionante. <\/p>\n
Bajo este entendido, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional \u2500art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica\u2500 impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las controvertidas, s\u00f3lo porque el accionante no las comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos pronunciamientos, sustentados con criterio razonable a partir de los hechos probados y la normativa aplicable. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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