STC4654-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4654-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-02-03-000-2023-01735-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte las acciones de tutela acumuladas, que fueron presentadas Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete y Mauricio Parada Perilla contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad y el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 110016000101200800050. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y libertad, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Del examen de los escritos de tutela y los soportes allegados, se establece que frente a los accionantes, y a Diana Isabel Nassif de Rima, Gustavo Adolfo Dom\u00ednguez Feris y Aaron Rabinovich Jamri, se adelant\u00f3 proceso penal por los delitos de falsedad en documento privado, en concurso con fraude procesal, toda vez que seg\u00fan se denunci\u00f3, se aliaron fraudulentamente para que se adjudicara a la Uni\u00f3n Temporal Seguridad Carcelaria el contrato del Ministerio de Justicia y del Derecho, destinado al \u00abajuste de dise\u00f1os, suministro, integraci\u00f3n, instalaci\u00f3n, implementaci\u00f3n, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo por dos (2) a\u00f1os de los sistemas electr\u00f3nicos de seguridad de diez (10) establecimientos carcelarios a nivel nacional\u00bb y se descalificara a los dem\u00e1s proponentes. <\/p>\n
Mediante sentencia de 18 de septiembre de 2018, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 declar\u00f3 la prescripci\u00f3n y extingui\u00f3 la acci\u00f3n penal respecto de la falsedad en documento p\u00fablico -lo que corrigi\u00f3 en providencia de 24 de septiembre de 2018, para precisar que se trataba de falsedad en documento privado-, neg\u00f3 la prescripci\u00f3n por el delito fraude procesal, absolvi\u00f3 a Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete por ese \u00faltimo delito y, conden\u00f3 a los dem\u00e1s procesados en calidad de autores de fraude procesal, por lo que les impuso la pena de 126 meses de prisi\u00f3n, 800 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa y 80 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, adem\u00e1s que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de alg\u00fan mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad. <\/p>\n
La anterior providencia apelada por la defensa, la fiscal\u00eda y las v\u00edctimas, la modific\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en sentencia de 29 de noviembre de 2018, para condenar a todos los procesados por el delito de fraude procesal, en calidad de coautores, y le impuso a Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete igual pena a la de los dem\u00e1s condenados. <\/p>\n
Frente a esa providencia los condenados interpusieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no obstante, s\u00f3lo se admitieron las demandas de Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete y Mauricio Parada Perilla, en algunos de los cargos invocados. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante sentencia SP3980-2022 de 30 de noviembre de 2022, resolvi\u00f3 no casar la recurrida, y confirm\u00f3 el pronunciamiento en cuanto conden\u00f3 \u00abpor primera vez\u00bb a Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete. <\/p>\n
1.1 Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete, acudi\u00f3 a este amparo porque, en su sentir, su derecho a la \u00abdoble conformidad\u00bb fue vulnerado porque se habilit\u00f3 formalmente la \u00abimpugnaci\u00f3n de la primera sentencia condenatoria\u00bb m\u00e1s no materialmente, pues se limit\u00f3 \u00abla procedencia de la alzada al filtro de la demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en la sentencia SP3980-2022 no se abord\u00f3 lo relativo a la dosificaci\u00f3n punitiva y a la procedencia de los subrogados penales, cuestiones que, si bien no se incluyeron en la demanda de casaci\u00f3n, debieron resolverse de oficio, situaci\u00f3n vulnera sus derechos y evidencia la v\u00eda de hecho de la Sala de Casaci\u00f3n Penal al concluir que fue responsable del delito de fraude procesal. <\/p>\n
Indic\u00f3 que desde el 14 de febrero de 2023 remiti\u00f3 distintos derechos de petici\u00f3n al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para obtener copia de las distintas actuaciones del proceso y, de igual modo, para que se resuelva su petici\u00f3n de prisi\u00f3n domiciliaria, y a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo -3 de mayo de 2023- no ha recibido respuesta. <\/p>\n
1.2 Por su parte, Mauricio Parada Perilla acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela para reprochar las sentencias proferidas en el proceso penal, porque, en su criterio, contienen \u00abdefectos sustanciales espec\u00edficos y de procedibilidad\u00bb que menoscaban sus derechos, pues adem\u00e1s del \u00abtiempo record del fallador de segunda instancia\u00bb para emitir la decisi\u00f3n, incurri\u00f3 en \u00abgraves desaciertos en la valoraci\u00f3n de las pruebas, toda vez que [se] fundamenta [su] (\u2026) responsabilidad (\u2026) en pruebas de referencia (\u2026) [adem\u00e1s se] realizan inferencias que desbordan lo que se\u00f1ala el hecho indicador y procede a darle credibilidad a pruebas\u00bb lesivas del debido proceso. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la condena que le fue impuesta se sustent\u00f3 en unas \u00abtransliteraciones obtenidas a partir de la grabaci\u00f3n de llamadas\u00bb, y, aun cuando no se tuvo certeza sobre la identidad de los interlocutores, se apreciaron como pruebas de su responsabilidad. <\/p>\n
Explic\u00f3, adem\u00e1s, que el audio que daba cuenta de las grabaciones se extravi\u00f3 estando en poder de la Fiscal\u00eda y antes de iniciarse el juicio, sin que se conozca el resultado de la investigaci\u00f3n que se adelanta por la p\u00e9rdida. <\/p>\n
En s\u00edntesis, consider\u00f3 que con las sentencias proferidas se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto sustancial y f\u00e1ctico, pues se le conden\u00f3 como coautor del fraude procesal bajo una valoraci\u00f3n indebida de las pruebas, cuando las mismas \u00abno van m\u00e1s all\u00e1 de la duda razonable\u00bb para desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n adujo el desconocimiento del precedente, en cuanto a las pruebas de referencia y agreg\u00f3 que la Fiscal\u00eda se equivoc\u00f3 al imputar un tipo penal que \u00abno se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica\u00bb probada en el proceso, pues no se daban los presupuestos para tener por configurado el delito por el que fue condenado. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que en el caso criticado los procesados presentaron demanda de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia y mediante prove\u00eddo AP160\u20132021 de 27 de enero de 2021, la Corte inadmiti\u00f3 las demandas de casaci\u00f3n presentadas por Nassif de Rima, Dom\u00ednguez Feris y Rabinovich Jamri, y los \u00abcargos primero (principal), segundo y quinto (subsidiarios) de la formulada en nombre de PARADA PERILLA. Adem\u00e1s, admiti\u00f3 los cargos tercero y cuarto (subsidiarios) de la demanda presentada en favor de PARADA PERILLA y, a fin de garantizar el derecho a la doble conformidad judicial, admiti\u00f3 el libelo allegado por la defensa de JOS\u00c9 SANTIAGO PORRAS NAVARRETE\u00bb; posteriormente, en la sentencia cuestionada SP3980-2022 resolvi\u00f3 no casar el fallo de segundo grado, respecto de los ataques propuestos por Parada Perilla, y la confirm\u00f3, en cuanto fue la primera condena impuesta a Porras Navarrete. Agreg\u00f3 que a este \u00faltimo le fueron garantizados plenamente sus derechos, porque al margen de los errores de su demanda de casaci\u00f3n, la misma se tramit\u00f3 y en la sentencia reprochada se procedi\u00f3 a estudiar de fondo su caso. Indic\u00f3 que no desconoci\u00f3 los derechos invocados. <\/p>\n
2. Manuel Fernando Agualimpia Linares, quien afirm\u00f3 representar a Diana Nassif de Rima, manifest\u00f3, en s\u00edntesis, apoyar lo expresado por Mauricio Parada en el escrito de tutela allegado y advirti\u00f3 coadyuvar los pedimentos de Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete. Anot\u00f3 que, en su criterio, se cometieron las irregularidades aducidas por aqu\u00e9l, con lo que se lesionaron las garant\u00edas de los procesados. <\/p>\n
3. Cristian Camilo Mendieta, quien indic\u00f3 ser abogado de Gustavo Adolfo Dom\u00ednguez Feris, sostuvo estar de acuerdo con lo alegado en los escritos de tutela y coadyuvarla, pues, en s\u00edntesis, los errores de las instancias fueron convalidados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y con ello se lesionaron los derechos invocados. <\/p>\n
4. La Fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia refiri\u00f3 los antecedentes del proceso penal reprochado y advirti\u00f3 el fracaso del amparo, comoquiera que existi\u00f3 \u00abmotivaci\u00f3n en las decisiones, debida apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas [y] pulcritud en el tr\u00e1mite procesal\u00bb; por tanto, pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n solicitada. Agreg\u00f3 que, sobre las cuestiones que Porras Navarrete adujo como no resueltas, debi\u00f3 alegarlas al formular la apelaci\u00f3n contra la primera condena, o exponerlas en aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n ante el Tribunal convocado, pero no lo hizo. Con todo, se\u00f1al\u00f3 que no hubo equivocaci\u00f3n en la dosificaci\u00f3n de la pena que le fue impuesta. <\/p>\n
5. El Juzgado Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en el proceso cuestionado adelant\u00f3 la audiencia de control previo el 19 de mayo de 2017, actuaci\u00f3n que no fue acusada y por lo que estima que la tutela no procede en su contra. <\/p>\n
6. El Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 las actuaciones surtidas en el caso censurado y advirti\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que lo reclamado por el accionante Mauricio Parada Perilla no se encuentra en sus competencias. Posteriormente, agreg\u00f3, en cuanto a los \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb allegados por Porras Navarrete, que \u00e9stos fueron contestados indic\u00e1ndole que no era el competente para resolver sus demandas, comoquiera que ello correspond\u00eda a los Juzgados. Indic\u00f3 que recibi\u00f3 el proceso materia de queja el 26 de enero de 2023 y desde esa fecha comenz\u00f3 a hacer \u00abtodos los tr\u00e1mites administrativos de que trata el art\u00edculo 166 del C.P.P. como los dispuestos en la sentencia condenatoria\u00bb; no obstante, ante el c\u00famulo de trabajo, apenas remiti\u00f3 las solicitudes del actor a los Jueces de Ejecuci\u00f3n de Penas para lo de su competencia el 3 de mayo de 2023, cuesti\u00f3n informada al actor el d\u00eda 8 de los mismos; en consecuencia, solicit\u00f3 decretar la configuraci\u00f3n de un hecho superado. <\/p>\n
7. El Juzgado Sesenta y Nueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que el 2 de junio de 2017, ante su despacho, se adelant\u00f3 la \u00abaudiencia reservada requerida por la fiscal\u00eda\u00bb dentro del proceso penal cuestionado, luego de lo cual no volvi\u00f3 a conocer del litigio, pues sus competencias se limitan a atender \u00abdiligencias preliminares\u00bb. <\/p>\n
8. El Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que, en el proceso cuestionado, el 27 de abril de 2011 \u00abcelebr\u00f3 audiencia preliminar reservada de control posterior a B\u00fasqueda Selectiva en Bases de datos (\u2026) [por] petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda 10 Especializada de la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n. Anot\u00f3 que en esa actuaci\u00f3n respet\u00f3 los derechos de los intervinientes y destac\u00f3 que el amparo no se dirige en su contra; adem\u00e1s, indic\u00f3 que no es el competente para \u00abbrindarles soluci\u00f3n a las pretensiones incoadas en la demanda de tutela, porque no ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
9. El Juzgado Cuarenta y Seis Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que perdi\u00f3 competencia en el asunto reprochado tras adelantar las diligencias preliminares a su cargo en el proceso cuestionado. Manifest\u00f3 carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que no es \u00abel llamado a responder frente a las pretensiones\u00bb de la tutela. <\/p>\n
10. El Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, relat\u00f3 los antecedentes del asunto censurado e indic\u00f3, en cuanto a los reclamos de Porras Navarrete, que esa autoridad no ha lesionado sus derechos, pues no ha recibido petici\u00f3n alguna por parte de dicho accionante, adem\u00e1s, es el Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 quien est\u00e1 vigilando la pena del prenombrado. <\/p>\n
12. El Juzgado Cincuenta y Cinco Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esta ciudad, manifest\u00f3 que el 7 de diciembre del 2015 realiz\u00f3 \u00abaudiencias preliminares, en contra del ciudadano JOSE SANTIAGO PORRAS NAVARRETE (\u2026) por el delito de Fraude Procesal\u00bb, luego de lo cual envi\u00f3 en asunto al Centro de Servicios Judiciales. Se\u00f1al\u00f3 que en esa actuaci\u00f3n respet\u00f3 los derechos de los procesados y que no es competente para acceder a lo solicitado en el amparo. <\/p>\n
13. El Juzgado Cincuenta y Dos Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, en el asunto censurado, el 28 de enero de 2011 el despacho adelant\u00f3 la audiencia reservada de b\u00fasqueda selectiva en bases de datos, impartiendo legalidad formal a la orden y se autoriz\u00f3 dicha b\u00fasqueda selectiva. Anot\u00f3 que en la misma fecha devolvi\u00f3 las diligencias al Centro de Servicios Judiciales; por lo cual afirma que no es la autoridad que presuntamente vulner\u00f3 los derechos de los accionantes; en consecuencia, reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
14. El Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que \u00abpara \u00e9l d\u00eda 13 de diciembre de 2010, se asign\u00f3, por reparto efectuado por el Centro de Servicios Judiciales de la Sede Paloquemao, la carpeta con radicaci\u00f3n CUI 11001600010120080005000 NI 137933 con solicitud de audiencia CONTROL PREVIO BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS, efectuada por la Doctora MONICA JIMENEZ GRANADOS en su calidad de FISCAL 10 SECCIONAL, solicitud que fuese autorizada por la se\u00f1ora Juez Titular de la \u00e9poca\u00bb; raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, pues las acusaciones del amparo se dirigen a actuaciones que realizaron otras autoridades. <\/p>\n
15. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que realiz\u00f3 \u00abaudiencia de car\u00e1cter reservado\u00bb en el caso reprochado el 30 de marzo de 2011, diligencia en la que no se lesionaron derechos fundamentales y tras lo cual el proceso se envi\u00f3 al Centro de Servicios Judiciales; en consecuencia, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
16. El Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que no conoci\u00f3 del asunto criticado, por lo que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en estas diligencias. <\/p>\n
17. El Juzgado Diecis\u00e9is Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que \u00abel 15 de enero de 2016 se realiz\u00f3 audiencia de control posterior de legalidad formal y material al procedimiento y resultados a una orden de b\u00fasqueda selectiva en bases de datos, sin que se advierta que el despacho hubiera ejecutado otra actuaci\u00f3n procesal dentro del asunto desde esa fecha\u00bb, por lo que solicit\u00f3 exonerarlo de cualquier responsabilidad. <\/p>\n
18. El Ministerio del Interior y de Justicia pidi\u00f3 negar el amparo por no acreditar los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencia judicial e inexistencia de la vulneraci\u00f3n reclamada; adem\u00e1s, reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por \u00abpor la inexistencia de lesi\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales de la accionante y la ausencia de hecho o responsabilidad atribuible a esta entidad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
19. La Procuradur\u00eda Judicial 98 Judicial II Penal indic\u00f3 que la rapidez con la que el ad quem adopt\u00f3 su decisi\u00f3n en el proceso criticado no deber\u00eda ser cuestionada, sino reconocida como eficiencia. A\u00f1adi\u00f3 que el amparo desconoce el presupuesto de inmediatez y resalt\u00f3 que \u00abno resulta afortunado censurar a las instancias porque hayan obrado en cumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete y Mauricio Parada Perilla reprochan la condena que les fue impuesta en el proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra por el delito de fraude procesal, tr\u00e1mite en el que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia SP3980-2022 de 30 de noviembre de 2022 puso fin al asunto al resolver no casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y confirmarlo en cuanto que \u00abpor primera vez, conden\u00f3 a JOS\u00c9 SANTIAGO PORRAS NAVARRETE como coautor del punible de fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
3. Establecido lo anterior, se establece el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, pues revisada la providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, no se constata desafuero o irregularidad que le abra paso a esta especial justicia, puesto que defini\u00f3 el asunto a su cargo atendiendo a las alegaciones de los recurrentes, a las normas y jurisprudencia aplicable y efectuando una valoraci\u00f3n ponderada del caudal probatorio, de lo cual concluy\u00f3 la responsabilidad de los aqu\u00ed accionantes en la comisi\u00f3n del delito imputado. <\/p>\n
3.1.1 En relaci\u00f3n con Mauricio Parada Perilla, se\u00f1al\u00f3 que sostuvo que el ad quem incurri\u00f3 en violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por error de derecho y falso juicio de convicci\u00f3n, toda vez que la evidencia se redujo a sus conversaciones en las que terceros -que no declararon en juicio- lo mencionan, y que fueron incorporadas mediante el testimonio de personas que no estaban en capacidad de identificar a los sujetos que en ellas interactuaban. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se apoy\u00f3 en el art\u00edculo 381 de la Ley 906 de 2004, para explicar que las mencionadas transliteraciones no pod\u00edan constituir prueba \u00fanica de la concreta conducta que se le atribuy\u00f3, as\u00ed como tampoco ser el sustento de su condena; asimismo, indic\u00f3 que el otro cargo admitido respecto de Parada Perilla, se sustent\u00f3 en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por error de hecho por falso raciocinio y se apoy\u00f3 en que la sentencia conten\u00eda un yerro consistente en la falta de prueba que brinde claridad y precisi\u00f3n sobre qui\u00e9n es la persona que en las conversaciones mencionan como \u00abMAURICIO\u00bb, dado que se acudi\u00f3 a las propias \u00abconversaciones dubitadas\u00bb para inferirlo de ellas y, por tanto, se incurri\u00f3 en falso raciocinio por violaci\u00f3n de la l\u00f3gica, mediante la \u00abfalacia de petici\u00f3n de principio\u00bb. <\/p>\n
3.1.2 Sobre la demanda formulada por Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete expres\u00f3 que el cargo relativo a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la modalidad de falso juicio por suposici\u00f3n lo fundament\u00f3 en que no se prob\u00f3 que hubiera hecho parte de las conversaciones que sustentaron la condena, adem\u00e1s, no se logr\u00f3 un conocimiento real acerca del asunto que se trataba en cada conversaci\u00f3n, y, de igual modo, las interceptaciones nunca fueron incorporadas a la actuaci\u00f3n, pues desaparecieron. El an\u00e1lisis recay\u00f3 en unas transliteraciones que no permiten identificar a las personas que hicieron parte de la conversaci\u00f3n, la obtenci\u00f3n de los abonados telef\u00f3nicos demostr\u00f3 que \u00e9stos no eran de los investigados y menos suyos y tampoco hubo un cotejo que permitiera decir que la voz de las grabaciones era suya. <\/p>\n
En cuanto al otro cargo referente a la violaci\u00f3n indirecta de la ley por falso juicio de existencia por falso raciocinio, indic\u00f3 que el mismo se apoy\u00f3 en que del contenido de la conversaci\u00f3n transliterada y fundamento de la sentencia, lo inferido era la interlocuci\u00f3n entre personas de sexo femenino y masculino -sin lograrse su plena identificaci\u00f3n- y, aunque se relacionan algunos nombres, se hace sin contexto particular que permita determinar los hechos jur\u00eddicamente relevantes y menos el grado de conocimiento y participaci\u00f3n suya en el delito. <\/p>\n
3.2 Luego, la Sala de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que la admisi\u00f3n de las referidas demandas impon\u00eda la revisi\u00f3n de fondo de los problemas jur\u00eddicos propuestos por los recurrentes, con independencia de los errores en su formulaci\u00f3n, y resalt\u00f3, que la demanda presentada por Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete se admiti\u00f3 \u00aben garant\u00eda del derecho a impugnar la primera condena de que trata el Acto Legislativo n.\u00b0 01 de 18 de enero de 2018, habida cuenta que el fallo de segunda instancia revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n dispuesta por el a quo y, por primera vez, declar\u00f3 su responsabilidad penal en el delito de fraude procesal\u00bb, razones por las cuales correspond\u00eda establecer si \u00aba partir de la prueba incorporada a la actuaci\u00f3n es posible arribar al conocimiento, m\u00e1s all\u00e1 de duda razonable, de la ocurrencia de los hechos constitutivos del punible objeto de la acusaci\u00f3n y de su responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
3.3 Conforme a lo anterior, determin\u00f3 que para decidir proceder\u00eda a (i) recordar el contexto f\u00e1ctico en que se desarroll\u00f3 el delito, (ii) analizar\u00eda la materialidad del fraude procesal, (iii) afrontar\u00eda el caso concreto a partir de los fundamentos probatorios que sirvieron al Tribunal Superior para deducir la responsabilidad de los procesados y, (iv) analizar\u00eda si los mismos emergen suficientes para sostener el fallo censurado, con lo cual se resolver\u00edan los reproches de los recurrentes. <\/p>\n
3.4 Sobre lo primero, tras se\u00f1alar lo ocurrido con la adjudicaci\u00f3n que suscit\u00f3 la investigaci\u00f3n, indic\u00f3 que el ente instructor afirm\u00f3 en juicio que \u00abla escogencia de la contratista UT SEGURIDAD CARCELARIA se debi\u00f3 a una alianza urdida entre DIANA ISABEL NASSIF DE RIMA, GUSTAVO ADOLFO DOM\u00cdNGUEZ FERIS, AARON RABINOVICH JAMRI, en la que participaron MAURICIO PARADA PERILLA y JOS\u00c9 SANTIAGO PORRAS NAVARRETE, con el fin de asegurar fraudulentamente la adjudicaci\u00f3n del contrato estatal\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que la Fiscal\u00eda asegur\u00f3 adem\u00e1s, que Diana Isabel Nassif De Rima, representante legal de Cipecol Ltda., y de Rapiscan Systems Inc., y tambi\u00e9n representante legal suplente de la UT C\u00c1RCELES 2008, \u00abdecidi\u00f3 participar en el proceso contractual, no para, en igualdad de condiciones y atendiendo el principio de libertad de concurrencia, ofrecer al Ministerio una propuesta seria y objetiva acorde a las reglas previstas en el pliego de condiciones con vocaci\u00f3n ganadora, sino para colaborar de manera eficaz en el prop\u00f3sito de que, en \u00faltimas, la beneficiada fuera la UT SEGURIDAD CARCELARIA, como efectivamente sucedi\u00f3, a trav\u00e9s de la descalificaci\u00f3n de los dem\u00e1s proponentes\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que Diana Isabel Nassif de Rima, a cambio de recibir la suma de mil millones de pesos que ofreci\u00f3 Aaron Rabinovich Jamri, \u00abhizo caso omiso de la intenci\u00f3n de EBC Ingenier\u00eda S.A. y Control Box Ltda. de terminar la UT C\u00c1RCELES 2008 y, en representaci\u00f3n de \u00e9sta, en la que incluy\u00f3 a las mencionadas sociedades, present\u00f3 propuesta ante el Ministerio para descalificar a la UT PROTECCI\u00d3N INTEGRAL CARCELARIA\u00bb. <\/p>\n
3.5 Sobre la materialidad del fraude procesal, la Sala de Casaci\u00f3n Penal destac\u00f3 que, de acuerdo a su jurisprudencia, los elementos del ese tipo penal son \u00ab(i) el uso de un medio fraudulento, (ii) inducci\u00f3n en error a servidor p\u00fablico a trav\u00e9s de ese instrumento, (iii) prop\u00f3sito de obtener sentencia, resoluci\u00f3n o acto administrativo contrario a la ley (ingrediente subjetivo espec\u00edfico del tipo), y (iv) idoneidad del medio para producir la inducci\u00f3n en error\u00bb (Cfr. entre otras, CSJ SP7755\u20132014, 18 jun. 2014, rad. 39090, reiterada en CSJ SP7740\u20132016, 8 jun. 2016, rad. 42682 y CSJ SP1272\u20132018, 25 abr. 2018, rad. 48589)\u00bb. <\/p>\n
Y conforme a lo anterior, sostuvo que de los argumentos invocados por los recurrentes no pod\u00eda extraerse que refutaran la \u00abmaterialidad del delito\u00bb, porque sus cuestionamientos se dirigieron a la \u00abreprobaci\u00f3n del conjunto probatorio que condujo a la atribuci\u00f3n de responsabilidad\u00bb, por tanto, correspond\u00eda \u00abconvenir con las instancias\u00bb en que se prob\u00f3, <\/p>\n
Primero, el empleo o utilizaci\u00f3n de un medio enga\u00f1oso o fraudulento, \u00abexteriorizado en la propuesta mentirosa presentada por DIANA ISABEL NASSIF DE RIMA a nombre de la UT C\u00c1RCELES 2008, en la que incluy\u00f3 documentos privados falsos (por ejemplo, la p\u00f3liza de seriedad de la oferta), cuyo fin no era competir en el tr\u00e1mite contractual estatal en igualdad de condiciones, sino distorsionar los resultados del proceso de selecci\u00f3n, a trav\u00e9s de la descalificaci\u00f3n de sus antiguos socios (EBC Ingenier\u00eda S.A., y Control Box Ltda.) quienes hab\u00edan pasado a conformar la UT PROTECCI\u00d3N INTEGRAL CARCELARIA, as\u00ed ello le significara quedar por fuera del tr\u00e1mite administrativo, situaci\u00f3n que poco o nada importaba\u00bb, porque recibir\u00eda una retribuci\u00f3n econ\u00f3mica y \u00absaldar\u00eda las rencillas ocasionadas por la disoluci\u00f3n de la fallida UT C\u00c1RCELES 2008\u00bb. <\/p>\n
Segundo, \u00abla inducci\u00f3n en error a los servidores p\u00fablicos encargados de definir el proceso de contrataci\u00f3n en el Ministerio, quienes resolvieron rechazar las ofertas efectuadas por las UT C\u00c1RCELES 2008 y PROTECCI\u00d3N INTEGRAL CARCELARIA, por incluir unos mismos proponentes, lo cual constitu\u00eda causal de rechazo de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones\u00bb. <\/p>\n
Tercero, el prop\u00f3sito de obtener un acto administrativo contrario a la ley, el cual se represent\u00f3 en el rechazo de las ofertas y en la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n del contrato a la UT Seguridad Carcelaria, \u00fanica que continu\u00f3 el proceso de selecci\u00f3n, \u00abpor cuenta de la torticera descalificaci\u00f3n de sus oponentes\u00bb. <\/p>\n
Cuarto, la idoneidad del medio fraudulento para inducir en error, situaci\u00f3n que se comprob\u00f3 con la propuesta de la UT C\u00c1RCELES 2008, ya que \u00abpresentaba notables deficiencias que reduc\u00edan sus posibilidades de \u00e9xito, lo que de suyo advert\u00eda que la intenci\u00f3n no estaba encaminada a presentar una verdadera oferta competitiva a ser tenida en cuenta, lo verdaderamente relevante en el caso concreto \u2013de ah\u00ed su idoneidad\u2013\u00bb, m\u00e1xime si se incluyeron a \u00ablas sociedades EBC Ingenier\u00eda S.A. y Control Box Ltda. como sus integrantes, toda vez que, por esa v\u00eda, de forma expedita y sencilla, no solo se eliminaba la propia propuesta, sino la presentada por la UT PROTECCI\u00d3N INTEGRAL CARCELARIA, real competidora de la UT SEGURIDAD CARCELARIA, finalmente beneficiada con la adjudicaci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal que no por simple, \u00abla maniobra fraudulenta utilizada dej\u00f3 de ser id\u00f3nea para los efectos del accionar criminal, situaci\u00f3n reflejada en el hecho que las propuestas presentadas por las UT C\u00c1RCELES 2008 y PROTECCI\u00d3N INTEGRAL CARCELARIA finalmente no fueron evaluadas al ser rechazadas jur\u00eddicamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones, seg\u00fan el cual \u00absolo ser\u00e1n objeto de evaluaci\u00f3n las ofertas cuya verificaci\u00f3n las habilite desde el punto de vista jur\u00eddico, t\u00e9cnico y financiero\u00bb. <\/p>\n
3.6 En cuanto al caso concreto, record\u00f3 la Sala Especializada el contenido de las demandas de casaci\u00f3n y sostuvo que pod\u00edan resolverse en un solo pronunciamiento, al sustentarse en similares argumentos. <\/p>\n
Para lo anterior, comenz\u00f3 por referir, in extenso, el contenido de las \u00abtransliteraciones\u00bb rebatidas, luego, en cuanto a la legalidad y autenticidad de las mismas, indic\u00f3 que las grabaciones magnetof\u00f3nicas de las conversaciones de Diana Isabel Nassif de Rima con varios interlocutores, junto al registro de cadena de custodia, \u00abextra\u00f1a y sospechosamente se extraviaron del almac\u00e9n de evidencias de la fiscal\u00eda en los albores de este diligenciamiento, raz\u00f3n por la que no pudieron ser incorporadas al paginario, s\u00f3lo la transcripci\u00f3n de las escuchas\u00bb, y por lo anterior, procedi\u00f3 a hacer un llamado a la Fiscal\u00eda \u00abpara que implemente las medidas que estime necesarias, encaminadas a asegurar la preservaci\u00f3n e integridad de los elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica, \u00fanica forma de dar cumplimiento a ese deber\u2013atribuci\u00f3n que la normatividad le defiere (numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 114 de la Ley 906 de 2004), y para que promueva con el rigor debido las investigaciones internas y penales cuando esta clase de situaciones se presenten\u00bb. <\/p>\n
Sobre la discusi\u00f3n planteada por los recurrentes, se\u00f1al\u00f3 que no se presentaba el \u00abfalso juicio de legalidad\u00bb alegado, toda vez que la jurisprudencia ha explicado que a pesar del nexo entre \u00abuna conversaci\u00f3n y su transliteraci\u00f3n\u00bb y la nulidad que de una podr\u00eda transmitirse a la otra, \u00abcada una de tales evidencias es aut\u00f3noma, vale decir, audios y transliteraciones ingresan aut\u00f3nomamente al proceso y es el debate probatorio el que permitir\u00e1 discutir la naturaleza y alcance de su contenido\u00bb. (CSJ SP, 26 nov. 2003, rad. 19008, reiterada en CSJ AP490\u20132014, 12. feb 2014, rad. 39069 y CSJ SP13792\u20132016, 28 sep. 2016, rad. 46432) <\/p>\n
Resalt\u00f3 que no se recrimin\u00f3 la ilegalidad de la interceptaci\u00f3n telef\u00f3nica ni la prueba que se obtuvo a trav\u00e9s de ella, sino la falta de incorporaci\u00f3n de la grabaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) desde la audiencia preparatoria se dej\u00f3 en claro que la evidencia ser\u00eda aportada en juicio con el objeto que pudiera ser controvertida por los afectados en el escenario natural previsto por el legislador, adem\u00e1s, que cada uno de los procedimientos adelantados por la fiscal\u00eda fue sometido, con resultados positivos, a control de legalidad y de licitud ante juez con funci\u00f3n de control de garant\u00edas. <\/p>\n
Como bien se adujo por el fallador de primera instancia, en argumentaci\u00f3n que forma unidad decisoria con el Tribunal, los audios de las interceptaciones se dejaron a disposici\u00f3n de las investigadoras GLADIS LARA RAM\u00cdREZ y ADRIANA SOLER HERN\u00c1NDEZ, en su orden, licenciada en ling\u00fc\u00edstica y literatura y t\u00e9cnico profesional en fonoaudiolog\u00eda, para que se transliteraran, sin que su conocimiento o pericia fueran objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Las servidoras de polic\u00eda judicial demostraron la identidad de las transliteraciones con el contenido de los informes de polic\u00eda judicial rendidos. E igualmente, uno y otro, con las escuchas que la fiscal\u00eda orden\u00f3 transcribir\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, sostuvo, que los impugnantes no cuestionaron la forma de producci\u00f3n de la evidencia incorporada y, con todo, no se demostr\u00f3 la infracci\u00f3n legal que se adujo, por lo que no pod\u00eda concluirse el \u00abfalso juicio de legalidad\u00bb que se aleg\u00f3. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, en cuanto al ataque consistente en que las transliteraciones correspond\u00edan a una \u00abprueba de referencia\u00bb, se\u00f1al\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal que para ello, conforme a la jurisprudencia, la prueba deb\u00eda (i) tratarse de una \u00abdeclaraci\u00f3n; (ii) realizada por fuera del juicio oral, (iii) utilizada para probar o excluir cualquiera de los elementos del delito, o de la responsabilidad, o cualquier otro aspecto sustancial vinculado con la ilicitud, y (iv) que quien realiz\u00f3 la declaraci\u00f3n no est\u00e9 disponible para declarar en el juicio\u00bb. (CSJ AP5785\u20132015, 30 sep. 2015, rad. 46153 y CSJ SP606\u20132017, 25 en. 2017, rad. 44950). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, aclar\u00f3 que, si bien en cualquier conversaci\u00f3n habr\u00e1 manifestaciones, \u00abde ello no se sigue ineluctablemente que las mismas posean la naturaleza de declaraciones, ni por tanto de pruebas de referencia, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 437 de la Ley 906 de 2004, conceptualizaci\u00f3n que responde a la premisa seg\u00fan la cual, toda declaraci\u00f3n es una manifestaci\u00f3n, pero no toda manifestaci\u00f3n es una declaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior porque, revisadas las conversaciones transcritas, se pod\u00eda concluir que <\/p>\n
(\u2026) quienes participan de la interlocuci\u00f3n no act\u00faan con el prop\u00f3sito de referirse a hechos hist\u00f3ricos con el designio de que se tomen por ciertos, como es propio de las declaraciones, simplemente conversan, establecen una comunicaci\u00f3n libre de apremio y refieren acontecimientos o datos que pod\u00edan resultar de inter\u00e9s para los fines de la actuaci\u00f3n, informaci\u00f3n que lleg\u00f3 a conocimiento de la autoridad competente mediante la grabaci\u00f3n magnetof\u00f3nica. <\/p>\n
Esto explica por qu\u00e9 dichos contenidos no se tomaron por la fiscal\u00eda como prueba testimonial, sino como hechos indicadores, a partir de los cuales se infiri\u00f3 el cometimiento de una conducta punible, la posible participaci\u00f3n de sus interlocutores y de quienes fueron mencionados en ellas en los hechos, adem\u00e1s de otros aspectos relevantes relacionados con la responsabilidad penal. <\/p>\n
Las manifestaciones recaudadas por el ente instructor de forma incidental o casual \u2013recu\u00e9rdese que la interceptaci\u00f3n de comunicaciones tuvo origen en posibles hechos de corrupci\u00f3n investigados al interior de otra noticia criminal\u2013, sirvieron de simples datos orientadores de esta investigaci\u00f3n, a partir de los cuales se hicieron inferencias relevantes que permitieron ordenar actuaciones tendientes a obtener evidencias f\u00edsicas e informaci\u00f3n con vocaci\u00f3n de prueba, finalmente decretada y practicada en la vista p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que no se presentaron pruebas de referencia, pues las transliteraciones no cumpl\u00edan los requisitos jurisprudenciales para ser tenidas como tales. <\/p>\n
3.7 Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de Mauricio Parada Perilla, la Sala Especializada anot\u00f3 que adem\u00e1s de las transliteraciones, se recibieron otras pruebas, tales como, el testimonio del ingeniero \u00c9dgar Mauricio Ortega Ram\u00edrez, integrante del comit\u00e9 evaluador designado en el proceso de selecci\u00f3n en el Ministerio, persona encargada de la evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica de las propuestas presentadas, \u00abquien mencion\u00f3 que MAURICIO PARADA PERILLA actu\u00f3 en los grupos de trabajo puestos en marcha con anterioridad al tr\u00e1mite contractual, encargados por delegaci\u00f3n del FONADE de dise\u00f1ar los mecanismos necesarios para el reforzamiento de la seguridad de los establecimientos carcelarios a nivel nacional, etapa en la que fungi\u00f3 como representante legal de la empresa Security Systems Ltda.\u00bb y de donde logr\u00f3 extraerse su vinculaci\u00f3n con el delito cometido, conforme lo advirti\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se cont\u00f3 con pruebas documentales que permitieron verificar la participaci\u00f3n del procesado en dise\u00f1o de los sistemas de seguridad de los establecimientos carcelarios de Acac\u00edas, Florencia y Yopal, todo lo cual le permiti\u00f3 beneficiarse indirectamente de la adjudicaci\u00f3n \u00abal suministrar los productos y el sistema de detecci\u00f3n de incendios a la UT SEGURIDAD CARCELARIA, finalmente ganadora del tr\u00e1mite contractual estatal\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3, adem\u00e1s, que estaba suficientemente demostrado el inter\u00e9s del casacionista Parada Perilla en el proceso de selecci\u00f3n convocado por el Ministerio, no s\u00f3lo por el uso de una \u00abpersuasi\u00f3n racional\u00bb, sino al aliarse con otro de los coprocesados para evitar que otras empresas participaran y se adjudicara el contrato a una de ellas. <\/p>\n
Sobre lo anterior afirm\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) es el propio pliego de cargos el que asigna a MAURICIO PARADA PERILLA el rol de puente, interlocutor o enlace entre DIANA ISABEL NASSIF DE RIMA y AARON RABINOVICH JAMRI, a trav\u00e9s de los coprocesados GUSTAVO ADOLFO DOM\u00cdNGUEZ FERIS y JOS\u00c9 SANTIAGO PORRAS NAVARRETE, con quienes, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, en equipo coordin\u00f3 el plan criminal, mismo que empez\u00f3 a fraguarse desde el momento en que los representantes de las empresas EBC Ingenier\u00eda S.A. y Control Box Ltda. expresaron a NASSIF DE RIMA la intenci\u00f3n de finiquitar y\/o disolver la UT C\u00c1RCELES 2008. <\/p>\n
De otra parte, la Sala tampoco advierte que el Tribunal hubiese incurrido en la falacia de petici\u00f3n de principio que el casacionista plantea en el segundo cargo, apoyado en un falso raciocinio, toda vez que las inferencias elaboradas no se apartan de los par\u00e1metros que gobiernan la persuasi\u00f3n racional. <\/p>\n
La Corte no desconoce que las interceptaciones se hicieron al abonado telef\u00f3nico de DIANA ISABEL NASSIF DE RIMA y que en ellas no se estableci\u00f3 que interviniera como interlocutor MAURICIO PARADA PERILLA, sino que de \u00e9l se hablaba como uno de los integrantes del plan orquestado para enga\u00f1ar al Ministerio, perjudicar a la UT PROTECCI\u00d3N INTEGRAL CARCELARIA y beneficiar a la UT SEGURIDAD CARCELARIA, pero, no por ello es acertado concluir que quienes hicieron parte de las conversaciones, se empe\u00f1aron en involucrarlo inmerecidamente, como lo deja entrever la defensa. <\/p>\n
El lenguaje utilizado en todas las transcripciones para referirse a PARADA PERILLA, no es propiamente el vindicativo, o el de realizar en su contra un se\u00f1alamiento injustificado, sino el ajustado a una persona, interesado como el que m\u00e1s, en sacar del escenario contractual a un competidor, contexto que garantizar\u00eda su rol de abastecedor o proveedor al seguro ganador, del que ya ten\u00eda conocimiento por haber participado como socios en otros procesos contractuales. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Dif\u00edcilmente las personas que en sus di\u00e1logos mencionaron el nombre de \u00abMAURICIO\u00bb o \u00abMAURICIO PARADA\u00bb, pudieron estarse refiriendo a persona distinta al aqu\u00ed procesado MAURICIO PARADA PERILLA, cuando lo cierto es que solamente de \u00e9l se logr\u00f3 establecer su vinculaci\u00f3n con el mercado de la seguridad electr\u00f3nica y s\u00f3lo de \u00e9l se prob\u00f3 el inter\u00e9s en las resultas del proceso contractual estatal de que dan cuenta las diligencias\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que la falta de prueba directa alegada por el recurrente en el proceso no tuvo lugar, pues en las instancias convergieron varias pruebas documentales, testimoniales e indiciarias que permitieron esclarecer su responsabilidad en el hecho punible \u00abm\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u00bb, as\u00ed, para la Sala accionada \u00abel MAURICIO PARADA\u00bb de las escuchas telef\u00f3nicas, no puede ser otro que el enjuiciado MAURICIO PARADA PERILLA, mismo que activamente particip\u00f3 en una reuni\u00f3n en la ciudad de Bogot\u00e1 el 6 de octubre de 2008, en la que sirvi\u00f3 de intermediario entre AARON RABINOVICH JAMRI y DIANA ISABEL NASSIF DE RIMA, para que \u00e9sta, a cambio de recibir la suma de mil millones de pesos, sacara del camino contractual al competidor del primero y asegurara la adjudicaci\u00f3n a trav\u00e9s del enga\u00f1o a los servidores del Ministerio encargados del tr\u00e1mite contractual, utilizando para el efecto una propuesta aparente, en la que se incurri\u00f3 en falsedad y se aportaron documentos igualmente ap\u00f3crifos\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que ning\u00fan error de hecho o de derecho se cometi\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de las pruebas testimoniales ni documentales, por lo que las mismas sirvieron como complementarias para corroborar la informaci\u00f3n extra\u00edda de las interceptaciones transliteradas. <\/p>\n
3.8 En cuanto a la responsabilidad de Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete, indic\u00f3 que los reproches de \u00e9ste en cuando a la falta de cotejo de su voz con las de las interceptaciones no permit\u00eda derruir la condena, pues adem\u00e1s del cotejo, otras pruebas permitieron evidenciar que el procesado fue interlocutor de Diana Isabel Nassif de Rima en las transliteraciones censuradas que demostraron el acuerdo de los procesados para defraudar el proceso de licitaci\u00f3n, ya que entre otras cuestiones, del trato del impugnante hacia la prenombrada se estableci\u00f3 su relaci\u00f3n sentimental. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que se prob\u00f3 que Porras Navarrete fue coautor del punible imputado, puesto que, <\/p>\n
Primero, particip\u00f3 activamente del acuerdo o plan com\u00fan que consisti\u00f3 \u00aben enga\u00f1ar a los servidores de la contrataci\u00f3n en el Ministerio, para descalificar la propuesta presentada por la UT PROTECCI\u00d3N INTEGRAL CARCELARIA y propiciar que el contrato estatal se adjudicara a la UT SEGURIDAD CARCELARIA, como \u00fanico proponente\u00bb. <\/p>\n
El actor no fue un simple espectador, ya que \u00abse involucr\u00f3 en el mismo, a tal punto que era con \u00e9l con quien MAURICIO PARADA PERILLA manten\u00eda comunicaci\u00f3n fluida para lograr el acuerdo que se concret\u00f3 entre el 6 y el 7 de octubre de 2008\u00bb. En efecto, de las transcripciones se evidenci\u00f3 que ten\u00eda un rol de enlace y no de mero emisario, \u00abpara llevar a feliz t\u00e9rmino la confabulaci\u00f3n delictiva, aunado a la coordinaci\u00f3n con GUSTAVO para que se descartara entregar alg\u00fan dinero a otras personas que, al parecer, colaborar\u00edan para que ganara una inicial propuesta de NASSIF DE RIMA, \u00abgente\u00bb con la que previamente se hab\u00eda hablado de entregar un diez por ciento de \u00abcomisi\u00f3n\u00bb, aspectos, al parecer, relacionados con un primigenio acto de corrupci\u00f3n y de los que el encausado se mostr\u00f3 ampliamente conocedor\u00bb. <\/p>\n
Tercero, fue trascendental el aporte de Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete, porque por la cercan\u00eda con Diana Isabel Nassif de Rima \u00ablogr\u00f3 conciliar los distanciados intereses que unos y otros exhibieron en un primer intento por consolidar la empresa criminal\u00bb, lo que, indic\u00f3 la Sala accionada, \u00abs\u00f3lo denota el dominio del hecho. Raz\u00f3n le asiste al apoderado de las v\u00edctimas cuando indica que, si ese aporte se suprimiera, no se lograr\u00eda concretar el enlace entre uno y otro extremo de la relaci\u00f3n delincuencial\u00bb. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expuesto, no se extrae irregularidad en la decisi\u00f3n antes estudiada, con la cual se puso fin a la problem\u00e1tica propuesta, pues la misma es producto de una apreciaci\u00f3n suficiente y ponderada de las pruebas, la jurisprudencia y las alegaciones de las partes, de todo lo cual se extrajo, en sede de instancia y al definirse los ataques impetrados en las demandas de casaci\u00f3n, la responsabilidad de los aqu\u00ed accionantes en la comisi\u00f3n del fraude procesal dentro del proceso licitatorio ampliamente analizado, razonamiento que, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Corte ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que en el punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022, entre otras). <\/p>\n
5. Ahora, frente al reproche de Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete en cuanto al supuesto desconocimiento de su derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria o \u00abdoble conformidad\u00bb, corresponde se\u00f1alar, que la Sala de Casaci\u00f3n Penal garantiz\u00f3 con suficiencia el mismo, pues admiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que present\u00f3 con el prop\u00f3sito puntual de revisar de fondo el asunto, apreci\u00f3 las pruebas en calidad de juez de instancia y se pronunci\u00f3 sobre la demostraci\u00f3n de la responsabilidad del procesado en la comisi\u00f3n del delito. <\/p>\n
No obstante, si el reclamante pretend\u00eda que existiera pronunciamiento sobre la dosificaci\u00f3n punitiva y los subrogados penales, a los que refiere en el escrito de tutela, ha debido promover tal cuesti\u00f3n al presentar el recurso e, incluso, a trav\u00e9s de una petici\u00f3n de adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n si consideraba que aquellos eran puntos de derecho sobre los que, de oficio, deb\u00eda proveer la Sala de Casaci\u00f3n Penal, sin embargo, as\u00ed no procedi\u00f3. <\/p>\n
6. Finalmente, en cuanto a la acusaci\u00f3n que Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete formul\u00f3 frente al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao por omitir responder sus derechos de petici\u00f3n, se establece la configuraci\u00f3n de un \u00abhecho superado\u00bb, toda vez que, seg\u00fan se encuentra demostrado en estas diligencias, esa dependencia tras enterarse de este amparo, traslad\u00f3 las reclamaciones del accionante a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de esta ciudad para que se pronunciaran sobre ellas, porque se refieren a cuestiones propias del proceso penal adelantado contra el interesado, cuesti\u00f3n que notific\u00f3 al actor con oficio de 8 de mayo de 2023. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta figura, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09 y, T 052 de 2022, 18 feb), es decir, cuando estando en curso el amparo \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, \u00ab(\u2026) el \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ. STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otros, en STC de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01, STC10752-2020, STC11271-2021, STC3870-2023 y STC4156-2023). <\/p>\n
7. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar las acciones de tutela acumuladas formuladas por Jos\u00e9 Santiago Porras Navarrete y Mauricio Parada Perilla contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad y el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4654-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4654-2023 Radicaci\u00f3n No. 11001-02-03-000-2023-01735-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte las acciones de tutela acumuladas, que fueron presentadas Jos\u00e9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73335","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73335","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73335"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73335\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73335"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73335"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}