STC4656-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4656-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00099-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali el pasado 18 de abril, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada a nombre de Arelis Rodr\u00edguez Garz\u00f3n contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed y las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2019-00016. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El memorialista, quien dijo actuar en nombre y representaci\u00f3n de Arelis Rodr\u00edguez Garz\u00f3n, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que considera vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la demanda, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n recopilados, se puede extractar que Arelis Rodr\u00edguez Garz\u00f3n adelant\u00f3 ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer contra Daniel Francisco Plaza Garc\u00eda, donde el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed, en auto del 31 de octubre de 2022, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales\u00bb, tras advertir que el acta de conciliaci\u00f3n que contempl\u00f3 la promesa de transferir a t\u00edtulo de venta el inmueble objeto de la controversia, fue expedida por un inspector de polic\u00eda, que de conformidad con los art\u00edculos 19, 27 y 31 de la Ley 640 de 2001 y el art\u00edculo 231 de la Ley 1801 de 2001, carec\u00eda absolutamente de competencia para ello, determinaci\u00f3n que fue confirmada \u00edntegramente en sede de apelaci\u00f3n por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Cali. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido acude al presente mecanismo excepcional, pues el ad quem \u00ab Omiti\u00f3 su deber legal de actuar en Derecho (\u2026) en un actuar por Acci\u00f3n y Omisi\u00f3n, causando un grave perjuicio a la administraci\u00f3n de justicia y a mi prohijada\u00bb. <\/p>\n
3. El promotor, acude a este instrumento, para que se ordene al juez querellado \u00abdar cumplimiento a lo se\u00f1alado (\u2026) en decisi\u00f3n de recurso de apelaci\u00f3n del d\u00eda 30 de octubre del 2020\u00bb, que fue interpuesto contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el mandamiento de pago. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, se refiri\u00f3 al contenido de la determinaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo deneg\u00f3 el resguardo por advertir que el prove\u00eddo de segunda instancia criticado no merece reproche alguno, habida cuenta que \u00ab la acci\u00f3n de tutela no puede ser utilizada al talante y conveniencia de todos los coasociados para tratar de debatir cualquier situaci\u00f3n que los afecte, pues, tal como lo contempla el art\u00edculo 86 superior, esta solo ha sido instituida para salvaguardar los derechos fundamentales, por lo que es imperioso para quien pretenda acudir a ella, demostrar que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica o del particular genera una vulneraci\u00f3n real o potencial de derechos constitucionales de rango fundamental. As\u00ed, la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales debe estar concatenada a la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica o el particular, que, de no estarlo, la acci\u00f3n de tutela pierde su finalidad y deber\u00e1 ser desestimada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el gestor se\u00f1alando que no est\u00e1 de acuerdo con la decisi\u00f3n del tribunal, pues \u00abla promesa de venta no es admisible equipararla a la obligaci\u00f3n de hacer como consecuencia de un acuerdo conciliatorio tal proceso ejecutivo no estar\u00eda desarrollado como un asunto en c\u00f3digo general del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer, inicialmente, si el promotor del resguardo estaba facultado para incoar la presente acci\u00f3n de tutela en representaci\u00f3n de Arelis Rodr\u00edguez Garz\u00f3n y, de superarse lo anterior, si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali quebrant\u00f3 las prerrogativas constitucionales de esta \u00faltima al encontrar probada la excepci\u00f3n previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, y confirmar en sede de apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n proferida el 31 de octubre de 2022 por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed, dentro del ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer promovido por \u00e9sta contra Daniel Francisco Plaza Garc\u00eda (2019-00016). <\/p>\n
2. De la necesidad de contar con poder especial para interponer acciones de tutela <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que respecta al derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
La anterior postura viene aparejada al precedente constitucional seg\u00fan el cual, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto original. <\/p>\n
En ese orden, esta Sala ha mantenido el criterio en cuanto a que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso, lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb. \u00c9nfasis propio (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01, reiterada recientemente, entre otras, en STC3166-2023, 29 mar. 2023, rad. 00101-01). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
De conformidad con los anteriores lineamientos, se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado, pero no por lo razonado por el tribunal a quo, sino porque, aun cuando quien promovi\u00f3 el resguardo manifest\u00f3 ser el apoderado de la demandante dentro del ejecutivo, no alleg\u00f3 poder especial conferido por quien dice ser su representada para formular la presente salvaguarda, lo cual significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
N\u00f3tese que a pesar de que el memorialista sostiene actuar en esa calidad al interior de la indicada causa, lo que fue verificado, no basta con ese mandato para asumir la vocer\u00eda judicial de la se\u00f1ora Arelis Rodr\u00edguez Garz\u00f3n en este tr\u00e1mite constitucional ya que, para ello, se itera, se requiere el correspondiente poder que ac\u00e1 se echa de menos, y el que pese a ser requerido por el a-quo constitucional en el auto admisorio, no fue allegado por el togado como correspond\u00eda. <\/p>\n
En efecto, cuando se trata de acciones de tutela en que se act\u00fae por conducto de apoderado judicial, el criterio que, de vieja data, sent\u00f3 esta Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ sentencia 4 de febrero de 2011, exp. 2010-00573-01, reiterada entre otras en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01). <\/p>\n
Tal exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
Esto, porque \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo confutado, pero porque, como se advirti\u00f3, resultaba perentorio que el profesional del derecho que formul\u00f3 el amparo e impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n del Tribunal Superior de Cali demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, pues no es suficiente el mandato otorgado en el ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer para promover la salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones indicadas en esta oportunidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la Sala aquo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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