STC4657-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4657-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2023-00504-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas, comoquiera que, con ocasi\u00f3n de la denuncia penal que radic\u00f3 contra el actual magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador, la hom\u00f3loga Especial de Instrucci\u00f3n remiti\u00f3 su escrito ante la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, aspecto que considera irregular, en tanto que, en su criterio, este \u00faltimo \u00f3rgano no tiene competencia sobre el particular. <\/p>\n
2. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abque ordene al representante investigador de la \u2018Comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n\u2019 de la C\u00e1mara de Representantes, quien recibi\u00f3 y conoce del env\u00edo o remisi\u00f3n de la denuncia penal (instaurada por m\u00ed ante fiscal\u00eda de Barranquilla y remitida por \u00e9sta a la CS de J) efectuada por los magistrados tutelados (Marco A. Rueda Soto y C\u00e9sar Augusto Reyes Medina), que DEVUELVA por incompetencia dicha denuncia penal a los magistrados que se la remitieron, para que \u00e9stos la env\u00eden al funcionario competente\u00bb y (ii) \u00abque ordene a los magistrados tutelados remitir, para su conocimiento, la denuncia penal en cuesti\u00f3n, a la autoridad fiscal encargada de tramitarla conforme a la ley\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes indic\u00f3 que, el 28 de noviembre de 2022, la Sala Especial de Instrucci\u00f3n envi\u00f3 por competencia una \u00abqueja\u00bb del aqu\u00ed actor, asignada con resoluci\u00f3n n.\u00ba 348 de 21 de marzo de 2023 al representante William Ferney Aljure Mart\u00ednez, actuaci\u00f3n con la que se dio apertura al expediente n.\u00ba 6090. <\/p>\n
2. El referido representante investigador sostuvo que no ha transcurrido un lapso excesivo desde el momento en que se le asign\u00f3 el tema, no obstante, avoc\u00f3 conocimiento y empez\u00f3 a adelantar las gestiones judiciales a su cargo, en virtud de lo preceptuado en la Ley 5 de 1992, as\u00ed como en los actos legislativos n.\u00ba 2 de 2015 y n.\u00ba 1 de 2017, normas que facultan a dicha instituci\u00f3n del Legislativo a verificar las denuncias interpuestas, entre otros funcionarios, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
3. El togado querellado, Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador, reliev\u00f3 que resulta prematuro el amparo, por cuanto la autoridad competente no ha emitido pronunciamiento sobre la tem\u00e1tica expuesta. <\/p>\n
4. La Sala Especial de Instrucci\u00f3n anot\u00f3 que atendi\u00f3 los m\u00faltiples requerimientos del pretensor y le reiter\u00f3 que remiti\u00f3 por competencia la denuncia formulada, ante la aludida Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, por cuanto \u00abconforme al dise\u00f1o constitucional vigente, la instrucci\u00f3n y acusaci\u00f3n por conductas constitutivas de infracci\u00f3n penal que se adelante contra magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia (\u2026), compete a la C\u00e1mara de Representantes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas del gestor, por cuanto (i) la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura remiti\u00f3, por competencia, la denuncia formulada por el aqu\u00ed libelista contra el funcionario Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador, ante la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes; aunado a que (ii) este \u00faltimo \u00f3rgano legislativo con funciones judiciales no habr\u00eda verificado el asunto, aun cuando debi\u00f3 \u00abdevolverlo\u00bb. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Con observancia en las premisas que anteceden, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas por el accionante, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que las reiterativas peticiones que el gestor present\u00f3 ante la Sala Especial de Instrucci\u00f3n, en procura de que iniciara las gestiones pertinentes para avocar conocimiento de la denuncia que formul\u00f3 contra el referido Magistrado de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, han sido solventadas, de la siguiente manera: <\/p>\n
(i) Con resoluci\u00f3n de 25 de noviembre de 2022, notificada con oficio n.\u00ba 9959, inform\u00f3 que: \u00abverificados los registros oficiales consolidados en la plataforma de consulta siglo XXI se constata que la Sala Especial de Instrucci\u00f3n no ha conocido de las referidas diligencias. No obstante, conforme lo informa la Secretar\u00eda de esta Sala y, tambi\u00e9n como se verifica con los registros oficiales de la Corte Suprema de Justicia, el investigado dentro de la actuaci\u00f3n en comento actualmente se desempe\u00f1a como magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (\u2026), [y] al amparo de las referidas incidencias, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 178 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se dispone remitir el escrito presentado a la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes\u00bb. <\/p>\n
(ii) En cumplimiento de esa orden, envi\u00f3 el escrito ante la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, quien, a su vez, dio respuesta al solicitante y lo requiri\u00f3 para ampliar su queja. <\/p>\n
(iii) Luego de interponer varios recursos contra esas determinaciones \u2013porque, a juicio del convocante, no debi\u00f3 remitirse su escrito ante ese organismo\u2013, la Sala Especial de Instrucci\u00f3n, el 12 de diciembre siguiente, enfatiz\u00f3 en que \u00abel indiciado dentro de la causa aludida por el peticionario no ostenta la condici\u00f3n foral que propicia la competencia para investigar que le asiste a esta Sala\u00bb. Adem\u00e1s, record\u00f3 que la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n debe avocar el estudio cuando se trate de inculpaciones por injustos penales cometidos en ejercicio del cargo o por delitos comunes, por lo que no hay controversia sobre el punto. <\/p>\n
(iv) Y, ante los nuevos reclamos, la autoridad le se\u00f1al\u00f3 al accionante, con decisi\u00f3n de 16 del mismo mes y a\u00f1o, que \u00abla remisi\u00f3n del escrito inicialmente presentado, en estricto sentido no constituye una providencia judicial, sino que se trata de una orden de car\u00e1cter administrativo, de manera que se encuentra desprovista de la caracterizaci\u00f3n propia de los autos, al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 278 de la Ley 1564 de 2012 y 169 de la Ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n
(v) Seguidamente, el 18 de enero de 2023, con oficio n.\u00ba 255, reliev\u00f3, una vez m\u00e1s, el alcance de sus competencias, as\u00ed como la inexistencia de investigaciones en esa Sala, en las cuales el funcionario est\u00e9 vinculado en la actualidad. As\u00ed mismo, el 27 posterior reiter\u00f3 las anotadas precisiones. <\/p>\n
Del anterior recuento deviene di\u00e1fano para la Corte que, a pesar de las insistentes peticiones del memorialista, la Sala Especial de Instrucci\u00f3n dio tr\u00e1mite y contestaci\u00f3n a cada una de ellas, exponiendo de manera clara y suficiente el contenido y las implicaciones jur\u00eddicas de las normas competenciales, as\u00ed como las razones por las cuales envi\u00f3 su \u00abqueja\u00bb contra el magistrado ante la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, para que, en ese escenario, se verifiquen los hechos que hipot\u00e9ticamente constituir\u00edan los punibles aducidos por \u00e9l. Incluso, como consecuencia de ese proceder, compuls\u00f3 copia de lo actuado ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, para que averig\u00fce sobre la eventual configuraci\u00f3n de faltas disciplinarias, ya que el aqu\u00ed tutelante es abogado. <\/p>\n
3.2. De igual forma, la Sala estima oportuno se\u00f1alar que, de acuerdo con la respuesta presentada por William Ferney Aljure Mart\u00ednez, Representante a la C\u00e1mara, quien funge como investigador del caso, el pasado 31 de marzo le fue asignada la referida tramitaci\u00f3n, por lo que, aun cuando no han transcurrido dos meses desde esa calenda \u2013por lo que tampoco podr\u00eda endilgarse mora judicial\u2013, dio apertura al expediente n.\u00ba 6090 y asumi\u00f3 su conocimiento, raz\u00f3n por la cual adelantar\u00e1 las etapas de rigor para indagar las circunstancias en que se fincaron los embates y definir la procedencia o no de iniciar formalmente el proceso. <\/p>\n
En ese orden, la anotada situaci\u00f3n ratifica la inviabilidad del reclamo, porque, como se vio, las autoridades que han estado a cargo de las solicitudes y denuncia penal del accionante han sido diligentes en su atenci\u00f3n, con independencia de que aquel insista en su particular punto de vista. Lo anterior, aunado a que, ciertamente, en la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes2 podr\u00e1 plantear las espec\u00edficas inquietudes que expuso en esta senda excepcional3. <\/p>\n
3.3. Por ello, en situaciones como la del sub-lite, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, 2 jun.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, se declarar\u00e1 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela propuesta, ya que no se acredit\u00f3 la existencia de una amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acci\u00f3n de tutela repartida por Sala Plena, en virtud del prove\u00eddo de 2 de mayo de 2023, proferido por un magistrado de esta Colegiatura. <\/p>\n
2\u0002 Instituci\u00f3n que, por mandato de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, tiene como funciones \u00abAcusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la Rep\u00fablica o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Naci\u00f3n\u00bb (art. 178, n\u00fam. 3) y \u00ab Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Naci\u00f3n o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan m\u00e9rito, fundar en ellas acusaci\u00f3n ante el Senado\u00bb (n\u00fam. 4, ejusdem). <\/p>\n
3\u0002 En atenci\u00f3n a lo preceptuado en la Ley 5 de 1992, en especial, en el Cap\u00edtulo IV, Secci\u00f3n I, art\u00edculo 327 y siguientes, sobre la investigaci\u00f3n y juzgamiento de altos funcionarios, y en las dem\u00e1s normas concordantes. <\/p>\n
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