STC4658-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4658-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2023-00075-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de marzo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Urbanizadora y Constructora Calambeo Ltda. contra Juzgado Segundo Civil del Circuito y Primero Civil Municipal ambos de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional, as\u00ed como a los Juzgados Tercero, Octavo y Once Civil Municipal de Ibagu\u00e9, Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcadas por las autoridades acusadas puesto que estas incurrieron en un defecto f\u00e1ctico al no evaluar la totalidad de las pruebas aportadas y en defecto sustantivo por cuanto se aplic\u00f3 de manera err\u00f3nea la jurisprudencia respecto de la cosa juzgada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se deje sin efectos las sentencias proferidas el 6 de abril y el 19 de diciembre de 2022 por los Juzgados Primero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito ambos de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Relat\u00f3 la accionante que, el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagu\u00e9 en primera instancia tramit\u00f3 proceso reivindicatorio radicaci\u00f3n 2017-00381-00, en el cual se profiri\u00f3 sentencia en la cual no fueron acogidas ni las pretensiones ni las excepciones formuladas, por cuanto no se demostr\u00f3 por ninguna de las partes el requisito indispensable para la procedencia de la reivindicaci\u00f3n, esto es, la posesi\u00f3n material del bien por parte del demandado; tal determinaci\u00f3n fue apelada por la actora, correspondi\u00e9ndole por reparto el conocimiento de la alzada al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, quien el 20 de noviembre de 2019 resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que, en atenci\u00f3n a que la controversia no fue resuelta de fondo con la sentencia mencionada supra, interpuso una nueva demanda reivindicatoria, tramitada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 bajo el radicado 2021-00007-00, en la cual el 6 de abril de 2022 se profiri\u00f3 sentencia anticipada la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n por parte de la accionante, la cual fue resuelta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, quien mediante prove\u00eddo del 19 de diciembre de 2022 resolvi\u00f3 confirmar la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 alleg\u00f3 respuesta en donde manifest\u00f3 que una vez consultados los libros radicadores del Despacho as\u00ed como el Sistema de Registro Siglo XXI, constat\u00f3 que le correspondi\u00f3 el conocimiento de la demandada de declaraci\u00f3n de pertenencia promovida por el Municipio de Ibagu\u00e9 en contra del Luis Vicente Gonz\u00e1lez Mej\u00eda con radicado 2015-00232-00, la cual fue inadmitida y posteriormente rechazada mediante auto del 14 de agosto de 2015, encontr\u00e1ndose archivadas las diligencias. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 sostuvo que la inconformidad de la accionante radica en unos vicios de nulidad que, a su juicio, se presentaron en las decisiones tanto de primera como de segunda instancia al interior del proceso de acci\u00f3n reivindicatoria radicado 2021-00070, debi\u00e9ndose alegar estos dentro del respectivo tr\u00e1mite, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3, por lo que no se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
3. El Juzgado Once Civil Municipal de Ibagu\u00e9, arguyo que tramit\u00f3 el proceso reivindicatorio bajo radicado 2017-00381-00, promovido por la hoy accionante, en el cual se dict\u00f3 sentencia la cual determin\u00f3 que las excepciones propuestas por el Municipio demandado y las pretensiones formuladas por la demandante, no estaban llamadas a prosperar por cuanto ninguna de las partes logr\u00f3 acreditar que exist\u00eda posesi\u00f3n material por la parte demandada, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 mediante sentencia del 20 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Informa, adem\u00e1s, que la peticionaria present\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n el cual fue admitido el 2 de agosto de 2022, sin que a la fecha se haya emitido pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que, en dicho despacho se tramit\u00f3 demanda verbal especial contemplada en la Ley 1561 de 2012, instaurada por el Municipio de Ibagu\u00e9 en contra de Luis Vicente Gonz\u00e1lez y otras personas inciertas e indeterminadas, radicado 2019-00002-00, la cual fue inadmitida y, posteriormente rechazada por no ser subsanada. <\/p>\n
5. El municipio de Ibagu\u00e9 aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en atenci\u00f3n a que los hechos y las pretensiones de la presente acci\u00f3n constitucional no est\u00e1n relacionadas con dicho ente territorial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, deneg\u00f3 el amparo por ausencia del presupuesto subsidiariedad, como quiera que si bien la demandante present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia de primera instancia proferida al interior del proceso reivindicatorio radicado 2021-00007-00, tambi\u00e9n es cierto que no se evidencia que se haya intentado proponer en ninguna de las instancias las nulidades tra\u00eddas a colaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela, es decir las contenidas en los numerales 5 y 6 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en atenci\u00f3n a lo informado por el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagu\u00e9, en relaci\u00f3n con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el cual se encuentra pendiente de ser resuelto, concluy\u00e9ndose que las pretensiones relacionadas con el proceso reivindicatorio promovido contra el Municipio de Ibagu\u00e9 a\u00fan son objeto de estudio en la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
3. Considera la Sala que el amparo resulta improcedente, por cuanto la accionante omiti\u00f3 solicitar la nulidad correspondiente a las causales 5 y 6 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, las cuales consider\u00f3 se generaron al interior del tr\u00e1mite cuestionado, estando habilitada para alegarlas de conformidad con lo establecido en el canon 134 ibidem. <\/p>\n
Sobre el particular, importante es indicar que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. En cuanto a la otra queja de la gestora del amparo, circunscrita a que no debi\u00f3 declararse la cosa juzgada, porque, seg\u00fan ella, si bien en el nuevo proceso reivindicatorio hay identidad de partes y objeto, la pretensi\u00f3n en este caso no va en contrav\u00eda de lo decidido en la sentencia proferida el 7 de marzo de 2019 por el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagu\u00e9, la cual fue confirmada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, por cuanto en dicho prove\u00eddo no se resolvi\u00f3 el fondo de la controversia, situaci\u00f3n que la habilitaba para iniciar un nuevo proceso reivindicatorio, debe decirse que el reclamo est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que el juzgado fustigado, en la providencia de 19 de diciembre de 2022, expres\u00f3 claramente las razones por las se impon\u00eda la confirmaci\u00f3n de la sentencia proferida el 6 de abril de 2022, con la cual se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
4.1. En efecto, con apoyo en la normatividad sobre la materia y la jurisprudencia aplicable al caso, estim\u00f3 que, tal como lo determin\u00f3 el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9, en el proceso reivindicatorio criticado se configur\u00f3 la cosa juzgada, tras advertirse que, en efecto exist\u00eda identidad de partes, causa y objeto, para lo cual determin\u00f3 que <\/p>\n
En efecto, de la lectura de la norma se extrae que deben existir tres requisitos para que se configure la cosa juzgada y que la juez de primer grado tuvo en cuenta de forma acertada para determinar que se estaba en presencia de la cosa juzgada. <\/p>\n
El primero de ellos hace referencia a que exista identidad jur\u00eddica de partes. Y el mismo se cumple puesto que tanto en la demanda presentada en el 2017 como esta que se estudia, funge como parte demandante la Urbanizadora y Constructora Calambeo y como demandado el Municipio de Ibagu\u00e9, acredit\u00e1ndose entonces el primero de los requisitos. <\/p>\n
En cuanto al segundo requisito, esto es, que el proceso verse sobre el mismo objeto, resulta evidente al comparar ambas demandas, que lo pretendido por el demandante es la reivindicaci\u00f3n del predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 350-201643 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ibagu\u00e9 solicitando adem\u00e1s la restituci\u00f3n de la tenencia del mismo, situaci\u00f3n que se present\u00f3 en ambas demandas de forma id\u00e9ntica encontrando este despacho que existe la mencionada identidad de objeto. <\/p>\n
2.2. En t\u00e9rminos generales, el objeto de la demanda consiste en el bien corporal o incorporal2 que se requiere, o sea en las prestaciones o declaraciones que se reclaman de la justicia3, es el objeto de la pretensi\u00f3n4. Recientemente se ha decantado para afirmar, debe ser tanto inmediato (derecho reclamado) como mediato (bien de la vida perseguido o inter\u00e9s cuya tutela se exige)5. Por tanto, para escrutarla como primer elemento de la cosa juzgada se contrasta esencialmente, el petitum de las demandas, de las acusaciones o de las querellas. <\/p>\n
En el \u00e1mbito de la cosa juzgada, cuando la ley habla de identidad de objeto, indica que en el nuevo proceso se controvierta sobre el equivalente bien jur\u00eddico disputado en el litigio anterior6. Por consiguiente, y en relaci\u00f3n con el quid, responde al interrogante de sobre qu\u00e9 se litiga7. <\/p>\n
La coincidencia, en torno a esta cuesti\u00f3n, debe buscarse principalmente en el ruego genitor, en el conjunto y en el contenido real de los hechos propuestos como generadores de situaciones jur\u00eddicas concretas comparando el libelo o causa inicial, con la nueva demanda y cuya protecci\u00f3n se solicita del Estado8. <\/p>\n
El criterio cardinal para determinar la configuraci\u00f3n de la eadem res, en forma sostenida e invariable lo ha precisado esta Corte, se cifra en lo siguiente: <\/p>\n
\u201cSiempre que por raz\u00f3n de la diferencia de magnitud el objeto juzgado y el del nuevo pleito se haga oscura la identidad de ambos, \u00e9sta se averigua por medio del siguiente an\u00e1lisis: si el juez al estatuir sobre el objeto de la demanda contradice una decisi\u00f3n anterior, estimando un derecho negado o desestimando un derecho afirmado por la decisi\u00f3n procedente, se realiza la identidad de objetos. No as\u00ed en el caso contrario, \u00f3sea cuando el resultado del an\u00e1lisis dicho es negativo\u201d9 <\/p>\n
La jurisprudencia en cita avala la tesis expuesta en el cuerpo de esta sentencia, pues al comparar los l\u00edbelos originarios en ambos procesos, se observa que lo pretendido por el actor cumple con la identidad exigida por la norma para tenerlas por cosa juzgada. En este caso, se hace indiscutible que lo pretendido por la sociedad Urbanizadora y Constructora Calambeo es que se declare la reivindicaci\u00f3n a su favor del predio identificado con M.I. 350-162043 y sin merecer m\u00e1s an\u00e1lisis se da la identidad de objeto. Vale resaltar que, contrario a lo indicado por el apelante, los pronunciamientos del Tribunal de Casaci\u00f3n sobre la materia, indica que se deben confrontar las demandas una con la otra no como erradamente manifiesta el recurrente que se debe hacer es la demanda con la sentencia, pues carece de toda l\u00f3gica comparar dos piezas procesales una que abre el proceso y la otra que lo finiquita, descart\u00e1ndose entonces dicho argumento de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En \u00faltimo lugar, y como tercer requisito, el art\u00edculo 303 del CGP exige que exista identidad de causa, entendida esta como que el litigio se haya originado con fundamento en hechos id\u00e9nticos. En ese orden de ideas, al revisar el plenario y confrontarlo con el libero genitor de la demanda propuesta en el a\u00f1o 2017, se encuentra que la sociedad demandante como fundamento f\u00e1ctico expone id\u00e9nticos hechos para solicitar la pretensi\u00f3n reivindicatoria y de la misma forma que el a quo lo determin\u00f3, basta con revisar los hechos uno a uno para concluir que se est\u00e1 ante id\u00e9ntica causa. En este punto, vale precisar, que, si bien algunos hechos difieren en su descripci\u00f3n, lo cierto es que se trata en varias ocasiones de modificaciones de mera forma al presentar los mismos y, en otras ocasiones, hechos que no modifican la esencia de la causa, pues el eje del asunto gira en torno a indicar que el municipio encartado no ha adquirido el bien objeto de la litis por prescripci\u00f3n por haber ocupado el mismo de forma ilegal. <\/p>\n
Encuentra este juzgado entonces que se dan los presupuestos para que opere la figura jur\u00eddica de la cosa juzgada, siendo imperativo confirmar la decisi\u00f3n de primer grado dictada dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
Adicionalmente, debe indicarse que en el proceso de 2017 se determin\u00f3 la improsperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria. Y esto fue as\u00ed, ya que el demandante en su oportunidad no demostr\u00f3 los elementos necesarios para que prosperaran sus peticiones, en concreto, la calidad de poseedor del municipio y dicha pretermisi\u00f3n repercute en lo que actualmente se estudia en este proceso, puesto que es el demandante quien tiene la carga demostrativa en el pleito y su insuficiencia no puede ser subsanada en un litigio posterior donde se reabran las cuestiones ya decididas. <\/p>\n
Finalmente, si lo pretendido por el recurrente es apelar a la existencia de pruebas sobrevinientes que le permitan demostrar la prosperidad de su acci\u00f3n, debe indicarse que el escenario natural para ello es a trav\u00e9s del recurso de revisi\u00f3n por tratarse de nuevas pruebas, pero nunca a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de nuevas demandas id\u00e9nticas, pues con ello se estar\u00eda vulnerando el principio de la cosa juzgada y la garant\u00eda de la seguridad jur\u00eddica de los administrados. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la interpretaci\u00f3n acerca de la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada efectuada por la autoridad judicial criticada para confirmar en su integridad la sentencia que, en primera instancia, concluy\u00f3 el proceso de manera anticipada tras encontrar que en efecto se constituy\u00f3 dicho fen\u00f3meno, en cuyo caso, los argumentos esbozados por el juzgador no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Lo consignado impone confirmar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Suprema de Justicia. Sentencia STC18789 de 2017. Magistrado Ponente Luis Armando Tolosa Villabona. <\/p>\n
2\u0002 Las nociones de bienes \u201ccorporales\u201d o \u201cincorporales\u201d, en materia de \u201c0bjeto\u201d de la demanda, fue incorporada, en el l\u00e9xico de la Corte, mediante fallo de 24 de enero de 1983. Hoy es de frecuente utilizaci\u00f3n en la doctrina jurisprudencial, como puede verse en los fallos del 30 de octubre de 2002, de 12 de agosto de 2003, de 5 de julio de 2005, de 12 de junio de 2008, de 19 de septiembre de 2009; 16 de noviembre de 2010; y 7 de noviembre de 2013. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 9 de mayo de 1952. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 30 de octubre de 2002. Reiterada, entre muchas otras, en fallo de 7 de noviembre de 2013. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 26 de febrero de 2001. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 30 de junio de 1980. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. SC. Sentencias de 24 de enero de 1983; del 20 de agosto de 1985; del 26 de febrero de 2001; del 12 de agosto de 2003; del 15 de noviembre de 2005; del 10 de junio de 2008; del 19 de septiembre de 2009; del 16 de diciembre de 2010. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 24 de enero de 1983 <\/p>\n
9\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 27 de octubre de 1938. Reiterada el 12 de agosto de 2003; el 5 de julio de 2005; y el 16 de octubre de 2010 <\/p>\n
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STC4658-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4658-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2023-00075-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73339","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73339"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73339\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}