STC4661-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4661-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2023-00064-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Manizales el 24 de abril de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Civil del Circuito de Anserma, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2022-00042. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 10 de febrero de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Radiante Makeup & Sweet, debido a que, supuestamente, \u00abpresta sus servicios en un inmueble abierto al p\u00fablico, donde en la actualidad no garantiza rampa de acceso para ciudadanos que se desplacen en silla de ruedas\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado, quien mediante prove\u00eddo del d\u00eda 15 del mismo mes y a\u00f1o admiti\u00f3 la demanda y, luego de agotar el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 8 de julio de 2022 ampar\u00f3 el derecho colectivo, decisi\u00f3n que apelada por el actor popular, fue confirmada \u00edntegramente el 13 de septiembre siguiente. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pretende el querellante que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente (i) \u00abADMITIR MI ACCION POPULAR PUES CUMPLO ART 18 LEY 472 DE 1998\u00bb y \u00abAPLICAR FALLO DE LA H CSJ SCC STC11370-2018 MP LUIS ALONSO RICO PUERTA, FECHADO 5 SEPTIEMBRE DE 2018, DONDE EN ESA OPORTUNIDAD SE ORDENO, SE LE IMPUSO ADMITIR ACCION POPULAR EN 48 HORAS\u00bb. As\u00ed mismo, solicita que (ii) se disponga la intervenci\u00f3n de la \u00ab Procuradora General Naci\u00f3n en Bogot\u00e1 a fin que se pronuncie en derecho en esta tutela y me garantice el acceso a la administraci\u00f3n judicial, amparado DERECHO SUSTANCIAL, pues no logro que se admita mi acci\u00f3n popular , pese a cumplir art 18 ley 472 de 1998\u00bb, y, que (iii) se \u00abrequiera a la sala administrativa y sala disciplinaria del consejo seccional judicatura a fin que consignen si el tutelado puede exigir requisitos por encima de lo que manda art 18 ley 472 de1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Provincial de Instrucci\u00f3n de Manizales precis\u00f3, que \u00abla injerencia directa [sobre lo pretendido por el gestor] la tiene justamente el Despacho Judicial accionado en virtud de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, al ser este el juez natural que tuvo a cargo el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que nos ata\u00f1e la atenci\u00f3n y quien deb\u00eda verificar el cumplimiento de los requisitos de forma dentro de las acciones populares a su cargo (Arts. 18 y 20. Ley 472 de 1998), raz\u00f3n por la cual, es a dicho Despacho a quien le constan los pormenores del tr\u00e1mite judicial surtido, del contenido y forma de la demanda presentada por el accionante, m\u00e1s a\u00fan cuando con la presente acci\u00f3n de tutela no se alleg\u00f3 copia de la demanda, ni de la decisi\u00f3n judicial cuestionada a efectos de analizar los reparos realizados\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Anserma, Caldas, se\u00f1al\u00f3 que \u00abfue respetuoso de todas las garant\u00edas del debido proceso\u00bb al interior del asunto criticado, por lo que \u00ablas providencias plasmadas se dieron bajo los lineamientos legales y con el respeto de todas las garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
3. Yeison Stiven Montoya Pescador, en calidad de propietario del establecimiento comercial demandado, inform\u00f3 que \u00abla rampa ya se encuentra construida lo que permite el acceso seguro para cualquier cliente que desee ingresar [al inmueble]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio, tras advertir que \u00abconforme a las alegaciones [del] amparo no puede existir vulneraci\u00f3n alguna, en tanto la causa, lejos de ser rechazada, se tramit\u00f3 en dos instancias conforme la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, esgrimiendo que \u00abTUBE (sic) UN HERROR D E (sic) UMANO (sic) Y CONSIGNE QUE EL RADICADO ERA 2022 CUANDO EL CORRETO ES 2023 42, SIN EMBARGO SO (sic) UN SIMPLE CIUDADANO CON NATURALEZA UMANA (sic)Y HASTA LOS JUZGADORES TAMBIEN SE EQUIVOCAN\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda esencial invocada, al supuestamente, rechazar la acci\u00f3n popular presentada por el gestor contra Radiante Makeup & Sweet (2022-00042). <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha expuesto que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, reiterada recientemente en STC1792-2023, 1\u00b0 mar. 2023, rad. 00018-01). <\/p>\n
3. Caso concreto – ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, se advierte la improsperidad de la solicitud de amparo en referencia, habida cuenta que la controversia que plante\u00f3 el querellante resulta infundada, pues si bien \u00e9ste se queja del supuesto rechazo de la acci\u00f3n constitucional promovida contra Radiante Makeup & Sweet, las pruebas allegadas al presente tr\u00e1mite dan cuenta de que no s\u00f3lo la demanda fue admitida por el Juzgado Civil del Circuito de Anserma, Caldas, el 15 de febrero de 2022, sino que agotado el tr\u00e1mite legal correspondiente, mediante sentencia proferida el 8 de julio de 2022 se ampar\u00f3 el derecho colectivo a \u00abla realizaci\u00f3n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respectando las disposiciones jur\u00eddicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes\u00bb, decisi\u00f3n mantenida en sede de apelaci\u00f3n en fallo del 13 de septiembre siguiente. <\/p>\n
En este orden, la controversia planteada por el actor relativa a que al momento de interponer el amparo no se hab\u00eda siquiera admitido a tr\u00e1mite la acci\u00f3n popular en comento, resulta a todas luces desacertada para soportar la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales, tras estar demostrado que el litigio fue tramitado y resuelto de fondo. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora a la financiera accionada, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que lo hagan posible en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01, reiterara entre otros, en STC1580-2023, 22 feb. 2023, rad. 00573-00). <\/p>\n
4. De los alegatos novedosos <\/p>\n
Aunque el actor al replicar la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia manifest\u00f3 haberse equivocado en el n\u00famero de radicado de la acci\u00f3n popular, para la Sala sin duda se trata de hechos nuevos que no pueden ser ahora analizados, pues al no haber sido puestos en consideraci\u00f3n de la autoridad querellada, \u00e9sta no tuvo la oportunidad de defenderse en su debida oportunidad, sin que pueda en este momento ser sorprendida con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de ser as\u00ed, se le desconocer\u00eda su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso\uff0e <\/p>\n
En ese sentido, sobre la improcedencia de traer hechos no controvertidos \u2013y, por ende, novedosos\u2013 en sede de tutela, la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no puede pronunciarse esta Colegiatura, pues se trata de hechos nuevos, no mencionados en el libelo constitucional, por lo que sobre tales aspectos el accionado no ha tenido oportunidad de contradicci\u00f3n. Por tanto, un estudio por la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de la autoridad criticada. Sobre el particular la Sala ha indicado que: \u201c(\u2026) es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u201d (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada en STC800, 5 feb. 2015)\u00bb (STC14922-2017, 20 sep., rad. 2017-01913-01, reiterada entre otras, en STC9769-2022, 1\u00b0 ag. 2022, rad. 00330-01). <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las peticiones elevadas por el tutelante, para que se vincule a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a fin que \u00abse pronuncie en derecho en esta tutela y me garantice el acceso a la administraci\u00f3n judicial, amparado DERECHO SUSTANCIAL, pues no logro que se admita mi acci\u00f3n popular , pese a cumplir art 18 ley 472 de 1998\u00bb, as\u00ed como que se requiera a las Salas Administrativas y Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para que \u00abconsignen si el tutelado puede exigir requisitos por encima de lo que manda art 18 ley 472 de1998\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 solicitar y exponer directamente ante la autoridad competente sus inconformidades, y al no haber acreditado la realizaci\u00f3n de esas gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone respaldar el fallo de primer grado, ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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