STC4662-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4662-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de marzo de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sol Milena Plata Ruiz contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de aquella ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcadas por la autoridad acusada al aprobar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n empresarial dentro del proceso radicado 2016-00080, en el cual es deudor Miguel Antonio Walteros Mancilla. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, dar por terminado el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n y proceder con la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n simplificada del deudor. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juzgado accionado cursa proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, que fue admitido el 16 de abril de 2016, en el cual, una vez cumplidas las etapas procesales correspondientes, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 10 de junio de 2021, se fij\u00f3 el t\u00e9rmino de 4 meses para presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, critic\u00f3 la promotora que, dentro del t\u00e9rmino concedido ni el deudor ni el promotor presentaron el correspondiente acuerdo de reorganizaci\u00f3n, frente a lo cual el juzgado confutado, por medio de auto del 14 de octubre de 2021, ampli\u00f3 el t\u00e9rmino concedido de manera primigenia por un mes m\u00e1s, pasando por alto lo establecido en el art\u00edculo 31 de la Ley 116 de 2006. <\/p>\n
2.3. Adicion\u00f3 que, pese a que se concedi\u00f3 un mes m\u00e1s para la presentaci\u00f3n del referido acuerdo, este s\u00f3lo fue presentado hasta el 23 de noviembre de 2021, esto es, pasados 8 d\u00edas del vencimiento de la prorroga dada por el juzgado accionado; y que el acuerdo presentado de manera extempor\u00e1nea, no cumple con lo regulado por el art\u00edculo 32 de la Ley 1116 de 2006, puesto que, cuenta con una votaci\u00f3n interna y vinculada del 70.80%, requiri\u00e9ndose en ese caso de una votaci\u00f3n adicional, situaci\u00f3n por la que fue suspendida la audiencia de confirmaci\u00f3n del acuerdo, siendo presentado un nuevo acuerdo, que fue aprobado con providencia de 6 de septiembre de 2022. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Gloria Cecilia Pe\u00f1a, en su calidad de acreedora, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, as\u00ed como del resto de acreedores, que en su momento intervinieron en el proceso de reorganizaci\u00f3n; indicando adem\u00e1s que, en efecto la accionante est\u00e1 reconocida dentro de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de voto, quien en el momento procesal oportuno no manifest\u00f3 objeci\u00f3n alguna de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 29 de la Ley 1116 de 2006, as\u00ed como tampoco aport\u00f3 prueba para demostrar su dicho de cara al posible v\u00ednculo familiar o de asociaci\u00f3n entre los intervinientes. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, indic\u00f3 que la peticionaria confunde el termino vinculado con el de acreedor interno, el cual encuentra su distinci\u00f3n en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 31 de la norma en menci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia manifest\u00f3 que no le asist\u00eda inter\u00e9s por cuanto todas las operaciones de Miguel Antonio Walteros Mancilla se encuentran canceladas. Alegando, adem\u00e1s, la existencia de una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva frente a dicha entidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 el amparo, de un lado, por ausencia del presupuesto de la inmediatez y subsidiariedad, comoquiera que la decisi\u00f3n que ampli\u00f3 el t\u00e9rmino para presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, data del 14 de octubre de 2021, por lo que, a la fecha de la radicaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, transcurri\u00f3 un plazo m\u00e1s que razonable sin que se hubiera acudido a la misma; a lo que se suma que no se evidencia la promoci\u00f3n de alg\u00fan recurso en contra de esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, consider\u00f3 razonable la providencia del 6 de septiembre de 2022, mediante el cual se aprob\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, por cuanto las argumentaciones esgrimidas no corresponden a un criterio caprichoso, puesto que la decisi\u00f3n criticada estuvo soportada en el examen critico de la forma de votaci\u00f3n, lo que conllev\u00f3 a establecer que se cumpl\u00edan con las mayor\u00edas exigidas en la norma. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se observa que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
3. En punto a los cuestionamientos frente a la ampliaci\u00f3n del termino para la presentaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, lo cierto es que este ruego supralegal se muestra inviable por carecer de inmediatez, habida cuenta que entre la data en que tal decisi\u00f3n se adopt\u00f3 (esto es, el 14 de octubre de 2021) y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (7 de marzo de 2023), transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses, super\u00e1ndose el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3.1. Aunque lo anterior resultar\u00eda suficiente para desechar el prenotado reproche de la promotora, considera la Sala que el amparo tambi\u00e9n resulta improcedente, por cuanto la accionante omiti\u00f3 censurar en reposici\u00f3n el auto del 14 de octubre de 2021, que concedi\u00f3 al promotor del proceso un t\u00e9rmino adicional para allegar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, recurso que resultaba viable interponer, de conformidad con lo regulado en el art\u00edculo 6 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Sobre el particular, importante es indicar que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. En cuanto a la otras de las quejas de la gestora del amparo, circunscrita a que no debi\u00f3 confirmarse el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, porque, seg\u00fan ella, no cumple con las mayor\u00edas de las que trata el art\u00edculo 32 de la Ley 1116 de 2006, el reclamo est\u00e1 llamado al fracaso, habida cuenta que el juzgado fustigado, en la providencia de 6 de septiembre de 2022, expres\u00f3 claramente las razones por las se impon\u00eda la confirmaci\u00f3n del tantas veces mencionado acuerdo de reorganizaci\u00f3n, las cuales lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
4.1. En efecto, con apoyo en la normatividad sobre la materia, estim\u00f3 que, en lo relacionado con la votaci\u00f3n, para que sea necesario una ratificaci\u00f3n del 25% por parte de los acreedores, se requiere que estos provengan de un mismo grupo empresarial, situaci\u00f3n que en el presente asunto no se configuraba, puesto que el acuerdo de reorganizaci\u00f3n fue aprobado por cuatro grupos diferentes de acreedores, sin que se configuraran los supuestos de hecho que contempla el art\u00edculo 32 de la Ley 1116 de 2006, para que se considerara que dichos acreedores conformaran \u00abuna misma organizaci\u00f3n o grupo empresarial\u00bb, para lo cual determin\u00f3 que <\/p>\n
De otra parte, si miramos el tema de las votaciones, la recurrente hace una interpretaci\u00f3n que no resulta, como supuestos facticos establecen la ley. Es decir, cuando los votos provienen de un conglomerado que pertenece a un mismo grupo de acreedores, ah\u00ed en ese caso es que se necesita una ratificaci\u00f3n del 25% por parte de los dem\u00e1s acreedores. En el presente caso, observamos que se presentan 4 grupos disimiles de acreedores, circunstancia que no se marcar\u00eda dentro del supuesto f\u00e1ctico que establece el art\u00edculo 32 de la Ley 1116 del 2006. Es decir que no es como lo plantea la recurrente, sino que sencillamente aqu\u00ed observamos 4 grupos de acreedores, que representan como bien lo se\u00f1ala el promotor el 77.66% o sea un porcentaje mayor al 75% que establece la ley. As\u00ed las cosas, el despacho no repondr\u00e1 la providencia de fecha 18 de agosto de 2022 y continuar\u00e1 con el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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