STC4666-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4666-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01726-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda del Carmen Abril Rinc\u00f3n contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD (Direcci\u00f3n Territorial Cesar-Guajira y Grupo de Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional – COJAI), extensiva a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la \u00abreparaci\u00f3n integral\u00bb, \u00abrestituci\u00f3n de tierras\u00bb y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada por la falta de materializaci\u00f3n del veredicto emitido a su favor en el juicio de restituci\u00f3n de tierras en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar \u00aba la directora [de la] Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Cesar – Guajira\u2026 y al director del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas dar cumplimiento a la orden judicial dispuesta mediante sentencia proferida\u2026 [el] 25 de julio de 2017, modulada mediante auto[s] del 9 de diciembre de 2019\u2026 y del 18 de octubre de 2022\u2026, profiriendo y notificando la resoluci\u00f3n mediante la cual se d\u00e9 cumplimiento y se realice el pago respectivo (compensaci\u00f3n econ\u00f3mica)\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de restituci\u00f3n de tierras promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas en favor de la accionante Mar\u00eda del Carmen Abril Rinc\u00f3n y su n\u00facleo familiar (respecto del predio con folio inmobiliario Nro. 192-7561, ubicado en el municipio de Curuman\u00ed, departamento del Cesar), el 25 de julio de 2017 el Tribunal vinculado dict\u00f3 sentencia, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones, la cual modul\u00f3 el 9 de diciembre de 2019, debido al temor que aquella \u00abten\u00eda de regresar al inmueble restituido[,] por temas de seguridad\u00bb, por lo que orden\u00f3 a la referida Unidad y a su Fondo que, en el t\u00e9rmino de seis (6) meses, le entregaran \u00abun (1) predio en equivalencia de similares caracter\u00edsticas y condiciones\u00bb; sin embargo, debido a que la beneficiaria luego manifest\u00f3 \u00absu inter\u00e9s de recibir el pago de dicha compensaci\u00f3n en dinero, en atenci\u00f3n a que presenta afectaciones en su salud\u2026 que requieren de unos procedimientos quir\u00fargicos que le generan gastos que no puede cubrir\u00bb, el pasado 18 de octubre resolvi\u00f3 \u00ab[r]equerir a la [aludida] Unidad\u2026 para que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas\u2026, cumpla la orden de reparaci\u00f3n impartida\u2026 y si es del caso con la alternativa de compensaci\u00f3n en dinero si esta es la que m\u00e1s se ajusta a las necesidades del n\u00facleo familiar beneficiado\u2026[,] conforme a las facultades que le otorga el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011[,] comunicando a la Sala el tr\u00e1mite impartido y el anexo de las probanzas que respalden un consentimiento libre, voluntario e informado de parte de la se\u00f1ora Abril y los herederos del se\u00f1or Blas Antonio Vel\u00e1squez (Q.E.P.D.)\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la actora cuestion\u00f3 la falta de cumplimiento del referido fallo; anot\u00f3 que al transcurrir el tiempo sin que se le pudiese garantizar el retorno al inmueble que se le orden\u00f3 restituir, se vio compelida a deprecar la modulaci\u00f3n de la sentencia inicial, y luego, como trascurrieron m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os sin que se le entregara un predio en equivalencia, nuevamente acudi\u00f3 al Tribunal convocado para deprecar la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica en su remplazo; sin embargo, dispuesta \u00e9sta y a pesar de que desde el pasado 31 de enero elev\u00f3 petici\u00f3n a la Territorial Cesar de la Unidad accionada para que cumpliera con la misma, hasta la fecha no ha obtenido respuesta sobre su solicitud. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00ablleva m\u00e1s de 6 a\u00f1os esperando por una reparaci\u00f3n integral\u00bb, que ha acudido a la Unidad \u00aba solicitar informaci\u00f3n sobre el avance del tr\u00e1mite de acatamiento de la sentencia, y siempre se\u2026 informa que est\u00e1 en proceso de elaboraci\u00f3n de la resoluci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se dispondr\u00e1 la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica… Entre excusas y plazos que solicitan los funcionarios de la Unidad, as\u00ed transcurren los d\u00edas, meses y a\u00f1os sin que se materialice el cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00abrevisado el Portal de Restituci\u00f3n de Tierras (PRT.) no se encuentra proceso judicial en curso o remitido a [ese] Juzgado con el radicado de la referencia, en su etapa procesal las \u00f3rdenes impuestas a [ese] despacho fueron surtidas y el proceso efectivamente se encuentra en\u2026 [el] Tribunal [vinculado]\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 22 de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar indic\u00f3 que han pasado m\u00e1s de seis (6) meses \u00absin que la Unidad [accionada] haya cumplido con la orden impartida\u00bb y el Tribunal convocado \u00abtampoco ha dado tr\u00e1mite al incidente\u00bb para obtener su acatamiento, siendo evidente que la primera y su fondo \u00abhan sido negligentes en este proceso\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena relacion\u00f3 el tr\u00e1mite dado al asunto g\u00e9nesis del reclamo tutelar y se\u00f1al\u00f3 que ha \u00abemitido las decisiones tendientes a lograr el efectivo cumplimiento de las medidas de atenci\u00f3n ordenadas en favor de cada una de las v\u00edctimas reconocidas al interior de la causa relacionada, resaltando que mediante auto del 08 de mayo de 2023\u2026 orden\u00f3, entre otros, dar apertura al tr\u00e1mite sancionatorio en contra del Director de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras\u2026 y de la\u2026 Directora Territorial de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de la Territorial Cesar-Guajira\u00bb. <\/p>\n
4. La Agencia Nacional de Tierras – ANT deprec\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda porque \u00abno es la entidad responsable de las presuntas vulneraciones a los derechos de la actora\u00bb. <\/p>\n
5. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD rog\u00f3 denegar la protecci\u00f3n, \u00abpor improcedente[,] teniendo en cuenta la inexistencia del hecho vulnerador se\u00f1alado por\u2026 Mar\u00eda del Carmen Abril, como quiera que\u2026 no ha lesionado sus derechos fundamentales y se tenga en cuenta el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela\u00bb; y declarar que \u00abel Grupo COJAI y la Direcci\u00f3n Territorial Cesar – La Guajira de la UAEGRTD, no se encuentra vulnerando derecho fundamental alguno al (sic) tutelante, pues[,] contrario sensu, viene ejecutando sus funciones con el fin de garantizar el goce pleno de los derechos de las v\u00edctimas del conflicto armado interno\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el ruego insatisface el presupuesto de la subsidiariedad porque la quejosa puede acudir ante el Tribunal vinculado para exigirle el cumplimiento de su veredicto, acorde con lo reglado en los preceptos 91 -par\u00e1grafo- y 102 de la Ley 1448 de 2011; que, en su momento, la dilaci\u00f3n en la materializaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n por equivalencia deriv\u00f3 de situaciones ajenas a sus competencias, tales como la inexistencia de disponibilidad de un predio, en las bases de datos respectivas, en la ciudad Medell\u00edn, como lo requer\u00eda la accionante, la tardanza en el aval\u00fao comercial necesario del inmueble que inicialmente se orden\u00f3 restituir y \u00abla liquidaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n de Blas Antonio Vel\u00e1squez\u00bb; que, de cara a la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica ordenada el 28 de octubre \u00faltimo, los d\u00edas 24 y 30 de noviembre siguientes inform\u00f3 a la actora que deb\u00eda \u00aballegar un documento con el consentimiento libre e informado de los beneficiarios para el pago de la compensaci\u00f3n en dinero; el cual, fue remitido para continuar con el tr\u00e1mite correspondiente para la proyecci\u00f3n, revisi\u00f3n y suscripci\u00f3n del acto administrativo\u00bb, y que \u00abuna vez sea expedida la resoluci\u00f3n de cumplimiento\u2026[,] notificar\u00e1\u2026 dicho acto administrativo a\u2026 Mar\u00eda del Carmen Abril, a efectos de dar la instrucci\u00f3n a la Fiducia Mercantil constituida, para que realice los tr\u00e1mites pertinentes para el desembolso del valor que le correspondi\u00f3 como compensaci\u00f3n\u00bb; que \u00abviene implementando\u2026 un plan de trabajo que involucra un cronograma establecido para efectos de atender prioritariamente el cumplimiento de \u00f3rdenes judiciales proferidas por los diferentes Despachos correspondientes a sentencias proferidas, entre las vigencias 2013 a 2018, en todo el territorio nacional, y que pese a su antig\u00fcedad, a\u00fan no han sido atendidas y respecto de las cuales se focalizaran los esfuerzos institucionales para su pronta atenci\u00f3n\u00bb; y que la petici\u00f3n que le formul\u00f3 la censora el pasado 31 de enero, \u00abfue resuelta por parte de la direcci\u00f3n territorial Cesar -La Guajira mediante el oficio N\u00b0. DTCG2-202300409, del seis (06) de mayo de 2023, el cual fue remitido el 06 de mayo de 2023, a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica establecida para la notificaci\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales o actuaciones administrativas, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte la queja constitucional se circunscribe, en puridad, a la demora en el cumplimiento de la orden de compensaci\u00f3n econ\u00f3mica dada por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en prove\u00eddo de 18 de octubre de 2023, a pesar, incluso, de que el pasado 31 de enero la quejosa present\u00f3 petici\u00f3n exigiendo el mismo a la Unidad accionada, encargada de atenderlo. <\/p>\n
3. Al respecto, preciso resulta se\u00f1alar que los elementos de convicci\u00f3n militantes en el diligenciamiento tutelar dan cuenta de la improcedencia del amparo reclamado, habida cuenta de que, de momento, no se observa que la demora en materializar la entrega de la referida compensaci\u00f3n dineraria sea injustificada, comoquiera que, aunque con ocasi\u00f3n de este tr\u00e1mite tutelar, se acredit\u00f3 que el 8 de mayo \u00faltimo: i) la Unidad acusada remiti\u00f3 respuesta, calendada 16 de marzo anterior, frente a la solicitud de la quejosa, indic\u00e1ndole que, \u00aba la fecha[,] conforme se habl\u00f3 e inform\u00f3 por la profesional del Grupo COJAI de Nivel Central[,] la resoluci\u00f3n de cumplimiento est\u00e1 en priorizaci\u00f3n para su suscripci\u00f3n y posterior notificaci\u00f3n y una vez esta se notifique la Fiducia encargada realizar\u00e1 el tr\u00e1mite correspondiente para el pago del dinero que le correspondi\u00f3 a la cuenta bancaria designada\u00bb; y ii) el Tribunal vinculado emiti\u00f3 auto en el que inici\u00f3 \u00abtr\u00e1mite de verificaci\u00f3n de cumplimiento de \u00f3rdenes en contra de la\u2026 Directora Territorial de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n territorial Cesar- Guajira y del\u2026 Director de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras\u00bb, requiri\u00e9ndoles informar \u00ablos motivos por los cuales ha[n] incurrido en la demora en el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en los autos de\u2026 (16) de noviembre de\u2026 (2021) y\u2026 (18) de octubre de\u2026 (2022)\u00bb; de donde es viable extractar que, sumado a que la Unidad encausada se\u00f1al\u00f3 emitir respuesta frente a la petici\u00f3n de la quejosa, lo cierto es que la autoridad judicial vinculada, conforme le compete (art\u00edculos 91 -par\u00e1grafo 1\u00ba-1 y 1022 de la Ley 1448 de 2011), viene emitiendo las decisiones de rigor de cara a obtener el acatamiento de su veredicto. <\/p>\n
4. Sobre problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. S\u00ed, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Tambi\u00e9n en ese sentido esta Sala ha indicado que \u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (se destac\u00f3 – CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada, entre muchas otras, en STC10755-2015, 11 ag., rad. 2015-01287; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, revisado el plenario, de momento, se itera, halla la Sala que las actuaciones no muestran comportamientos negligentes del despacho vinculado, llamado a hacer cumplir su veredicto, en tanto que aunque en el juicio de restituci\u00f3n de tierras inicialmente se dict\u00f3 sentencia accediendo a la entrega del predio sobre el que recay\u00f3 el asunto, fue por solicitud de la interesada, ac\u00e1 accionante, que tal disposici\u00f3n, finalmente, el pasado mes de octubre, se vari\u00f3 para acceder a la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica preferida por ella en remplazo, la que la Unidad accionada adujo estar tramitando y por cuya falta de materializaci\u00f3n, el 8 de mayo \u00faltimo, en catamiento de lo reglado en los c\u00e1nones 91 -par\u00e1grafo 1\u00ba- y 102 de la Ley 1448 de 2011, la autoridad judicial vinculada dio inicio al respectivo \u00abtr\u00e1mite de verificaci\u00f3n de cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que no sea dable acceder a este resguardo porque, como lo tiene dicho esta Corte, las situaciones de \u00abmora\u00bb que lo tornan viable son aquellas que carezcan de justificaci\u00f3n, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando obedecen a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado, pues si bien la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica dispuesta a favor de la actora no se ha materializado, lo cierto es que las autoridades recriminadas han adoptado determinadas medidas en pro de ello. <\/p>\n
6. Sin embargo, a pesar de hallarse justificada la tardanza criticada por la gestora, ante las particularidades que presenta el asunto del ep\u00edgrafe, se exhortar\u00e1 a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas para que, de forma coordinada y en el marco de sus competencias, adelanten todas las actuaciones que resulten necesarias para obtener la pronta materializaci\u00f3n de lo dispuesto por la primera de esas autoridades en prove\u00eddo del pasado 18 de octubre dentro del proceso ac\u00e1 referido. <\/p>\n
7. Basta lo dicho en precedencia para despachar adversamente la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Sin embargo, se exhorta a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas para que, de forma coordina y en el marco de sus competencias, adelanten todas las actuaciones tendientes a la pronta materializaci\u00f3n de lo dispuesto por la primera de esas autoridades en el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el pasado 18 de octubre en el juicio de restituci\u00f3n de tierras relacionado en esta providencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abUna vez ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento se har\u00e1 de inmediato. En todo caso, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosigui\u00e9ndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecuci\u00f3n de la sentencia, aplic\u00e1ndose, en lo procedente, el art\u00edculo 335 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Dicha competencia se mantendr\u00e1 hasta tanto est\u00e9n completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abDespu\u00e9s de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 su competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC4666-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4666-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01726-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda del Carmen […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73347","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73347","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73347"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73347\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73347"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73347"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73347"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}