STC4669-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4669-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01757-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juana Patricia Olga Cecilia Caycedo Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos que originaron la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 el resguardo de sus garant\u00edas al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas en las actuaciones recriminadas. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, \u00ab[r]evocar la[s] sentencia[s] proferida[s] por el Juzgado [accionado]\u2026 [y] el Tribunal [atacado]\u2026 en audiencia verbal el 10 de mayo de 2018 y todas las decisiones que se deriven de estas\u00bb; as\u00ed como \u00abla condena en costas decretada por el mismo Juzgado\u2026 a favor de Rafael Caycedo Guti\u00e9rrez y\u2026 Alejandro Caycedo Guti\u00e9rrez\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n del presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas que la quejosa instaur\u00f3 contra sus hermanos Marco Rafael Alfonso Enrique Ernesto y Jos\u00e9 Alejandro Caycedo Guti\u00e9rrez, el 9 de febrero de 2018 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia anticipada, en la cual deneg\u00f3 las pretensiones al hallar probada la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; determinaci\u00f3n que el 10 de mayo siguiente confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.2. A continuaci\u00f3n, tuvo lugar el proceso ejecutivo impulsado por los otrora demandados contra la ac\u00e1 quejosa, con apoyo en las condenas en costas impuestas en aquellos fallos, debidamente liquidadas ($37.137.000 por agencias en derecho de primera instancia y $500.000 por el mismo concepto en segundo grado), lo que dio lugar a que el 30 de abril de 2019 se librara mandamiento de pago y el 29 de mayo posterior se ordenara seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela la actora critic\u00f3, en concreto, que en el juicio declarativo se le condenara en costas y que, con apoyo en esas providencias, su contraparte, \u00abcon maniobras poco trasparentes\u00bb, obtuviera por aquellas: \u00ab$20.000.000\u2026 a favor de Rafael Caycedo Guti\u00e9rrez y\u2026 $21.739.000 a favor de Alejandro Caycedo Guti\u00e9rrez[,] sin conceder recurso alguno de apelaci\u00f3n\u00bb; que a ra\u00edz de ello \u00abembargaron [su] casa, que es el patrimonio que h[a] construido con [su] trabajo, con cuyas rentas cubr[e] [sus] gastos y los de [su] hijo, pues [es] madre cabeza de familia\u00bb; que, adem\u00e1s, sus antagonistas, \u00abextremadamente ambiciosos y abusivos\u2026[,] no contentos con poner en riesgo [su] patrimonio y sobrevivencia, solicitaron ahora el embargo de [sus] derechos de la sucesi\u00f3n y el secuestro de [su] inmueble, lo que ha llevado a que no encuentre otro camino que la acci\u00f3n de tutela para lograr la garant\u00eda de [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la \u00abdecisi\u00f3n se tom[\u00f3] bajo el supuesto que la demanda pretend\u00eda el cobro de unos dineros, argumento enga\u00f1oso reiteradamente repetido en [la] objeci\u00f3n a las costas\u00bb; y que sus hermanos \u00abindujeron al error a la juez al argumentar los ingentes esfuerzos que supuestamente llev\u00f3 el proceso cuando en la pr\u00e1ctica este se termin\u00f3 de manera anticipada y las actuaciones de los abogados se limitaron a la presentaci\u00f3n de dos memoriales y a la asistencia a la audiencia verbal del tribunal\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el ruego tutelar, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes contemplados en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a indicar que remiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n de la admisi\u00f3n del resguardo al Juzgado accionado porque el asunto fustigado fue devuelto a esa sede judicial desde el 21 de mayo de 2018. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la capital de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n deviene improcedente, por cuanto no se ha quebrantado, amenazado ni puesto en peligro ning\u00fan derecho fundamental, raz\u00f3n por la que\u2026 solicit[\u00f3] se deniegue el amparo deprecado y\/o se [le] desvincule del tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el juicio recriminado se remiti\u00f3 desde 9 de marzo de 2021 al Juzgado aludido a espacio, \u00aben cumplimiento de lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb; y que al no contar con el expediente, le \u00abresulta imposible pronunciar[s]e respecto a temas procesales espec\u00edficos, advirtiendo[,] eso s[\u00ed], que todas las actuaciones desplegadas\u2026 se encuentran enmarcadas dentro del ordenamiento legal y con las garant\u00edas propias del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
4. El abogado \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez Ulloa, quien dijo obrar \u00aben nombre y representaci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Alejandro Caycedo Guti\u00e9rrez\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin arrimar el poder especial conferido por \u00e9ste para intervenir como su mandatario en el decurso del ep\u00edgrafe, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
5. Marco Rafael Caycedo Guti\u00e9rrez defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones judiciales reprochadas y deprec\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda por insatisfacer los presupuestos generales y espec\u00edficos para su procedencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La demanda de amparo se dirige frente a las actuaciones surtidas en el proceso de rendici\u00f3n de cuentas que culmin\u00f3 con la sentencia que el 10 de mayo de 2018 emiti\u00f3 el Tribunal acusado, en segunda instancia, confirmatoria de la proferida el 9 de febrero de ese a\u00f1o por el Juzgado encausado, la cual fue adversa a la accionante; as\u00ed mismo, frente al mandamiento de pago de 30 de abril de 2019 y la orden de seguir adelante el cobro de 29 de mayo de ese a\u00f1o, emitidos en el juicio ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto, insistentemente ha sostenido esta Corte que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera… el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, de cara a todos los dem\u00e1s planteamientos, si la inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades acusadas o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
5. Lo sucintamente consignado basta para despachar adversamente la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4669-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4669-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01757-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juana Patricia Olga […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73350","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73350"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73350\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}