STC4675-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4675-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2023-00158-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 13 de abril de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda In\u00e9s Jim\u00e9nez Su\u00e1rez contra los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Magangu\u00e9 y Segundo Civil del Circuito del mismo ente territorial. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la sociedad Agropecuaria El Carmen Ltda. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas al interior del proceso de radicado 2020-00203-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, en calidad de promitente compradora y la sociedad vinculada en calidad de promitente vendedora, suscribieron contrato de promesa de compraventa el 8 y 29 de julio de 2010 ante la Notar\u00eda Once del Circulo Notarial de Barranquilla y en la Notar\u00eda \u00fanica de Magangu\u00e9, sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 064-0025913 de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos del mencionado municipio, pactando como precio la suma de $ 7.000.000. m\/cte. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que se acord\u00f3 como fecha para la firma de la escritura p\u00fablica el 20 de noviembre de 2010, la cual ser\u00eda realizada en la Notar\u00eda \u00danica de Magangu\u00e9. No obstante, a pesar de haber pagado en su totalidad la suma acordada, la promitente vendedora no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de firmar la escritura y entregar el predio. <\/p>\n
2.2. En raz\u00f3n a lo anterior, present\u00f3 demanda de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Municipal atacado, el cual, con prove\u00eddo del 12 de agosto de 2022, declar\u00f3 la resoluci\u00f3n del mencionado contrato por mutuo incumplimiento de lo pactado y neg\u00f3 la indemnizaci\u00f3n implorada por la gestora. Frente a ello, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Juzgado Civil del Circuito encarado -con fallo del 10 de marzo de 2023- resolvi\u00f3 confirmar la primera instancia. <\/p>\n
2.3. Considera que las determinaciones se\u00f1aladas vulneran sus derechos por desconocimiento de los pronunciamientos jurisprudenciales sobre el mutuo disenso. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que se revoquen las decisiones proferidas el 12 de agosto de 2022 y 10 de marzo de 2023. Y, en su lugar, se dicte una nueva providencia que en derecho favorezcan sus intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Magangu\u00e91afirm\u00f3 que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, pues se garantiz\u00f3 el cumplimento de todos los t\u00e9rminos procesales, as\u00ed como la publicidad, traslado, legalidad, igualdad de partes, concentraci\u00f3n, debido proceso y observancia de las normas procesales vigentes. Pidi\u00f3 que se declare la improcedencia del amparo. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9 solicit\u00f3 que se declare improcedente la acci\u00f3n tutelar impetrada, toda vez que, no ha vulnerado derecho alguno de los alegados por la gestora. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo declar\u00f3 improcedente el amparo rogado. Consider\u00f3 que \u00abEsta decisi\u00f3n fue debidamente cimentada sobre los an\u00e1lisis f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos que el juzgador de segunda instancia, desde la \u00f3rbita de su autonom\u00eda funcional, desarroll\u00f3 sin que se logre identificar alg\u00fan vestigio de vulneraci\u00f3n del debido proceso o de que se hubiese incurrido en alg\u00fan defecto que pudiese arrastrar la decisi\u00f3n hacia su anulaci\u00f3n. De manera que, se infiere que la argumentaci\u00f3n de los juzgadores no se mostr\u00f3 caprichosa ni arbitraria, por el contrario, argumentada, s\u00f3lida y suficiente para definir el debate\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora insiste en los argumentos plasmados en el escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues aduce que \u00abno se encuentra configurado el mutuo disenso t\u00e1cito, dado que mi inconformismo se centr\u00f3 en que nunca fui negligente en el cumplimiento de lo pactado en el contrato de promesa de compraventa, y que yo hice todo lo posible para que la demandada, me suscribiera la escritura p\u00fablica y me hiciera entrega del inmueble, pero que esto nunca sucedi\u00f3, por lo que me toc\u00f3 acudir a estos estrado en aras que se me protegieran mis derechos, pero lo que encuentro su se\u00f1or\u00eda es que por mala interpretaci\u00f3n de los falladores mis intereses econ\u00f3micos est\u00e9n siendo vulnerados y desprotegido\u00bb. <\/p>\n
. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la libelista, con ocasi\u00f3n de la determinaci\u00f3n proferida el 10 de marzo de 2023 \u2013 que confirm\u00f3 lo resuelto en el prove\u00eddo dictado el 12 de agosto pasado-, con el cual se declar\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa y se neg\u00f3 las pretensiones indemnizatorias propuestas por la actora. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, y revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9 -con prove\u00eddo del 10 de marzo de 20232- resolvi\u00f3 confirmar la sentencia del 12 de agosto de 2022, que declar\u00f3 \u00abla resoluci\u00f3n del contrato de promesa compraventa de bien inmueble, celebrado entre Mar\u00eda In\u00e9s Jim\u00e9nez Suarez y Agropecuaria El Carmen LTDA\u00bb. Asimismo, orden\u00f3 a la sociedad demandada la devoluci\u00f3n de la suma de $ 16.604.000, a favor de la aqu\u00ed accionante, sin acceder a la indemnizaci\u00f3n perseguida por la misma. Para ello, con apoy\u00f3 en los art\u00edculos 1602 y 1609 del C\u00f3digo Civil y las sentencias SC 6906-2014, SC 2307-2018 y SC 3666-2021 proferidas por esta corporaci\u00f3n, destac\u00f3 que anduvo acertado el juzgador de primera instancia en tener por acreditado que ambas partes asumieron una conducta omisiva o un desinter\u00e9s en continuar con la relaci\u00f3n contractual, debido a que la demandante no demostr\u00f3 haber asistido el d\u00eda acordado en la promesa de compraventa a suscribir la escritura p\u00fablica ante los respectivos notarios, \u00abconfigur\u00e1ndose la figura conocida por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como Mutuo Disenso T\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que ambos contratantes incumplieron con la obligaci\u00f3n de asistir a la Notar\u00eda el d\u00eda acordado en la promesa, lo que no fue desconocido por ninguna de estas. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, analiz\u00f3 el interrogatorio de parte en el que la accionante manifest\u00f3 que \u00abdespu\u00e9s de haber pagado el precio de la venta del lote, se acerc\u00f3 a la Agropecuaria El Carmen y le informaron que no se preocupara que la se\u00f1ora Yolanda le enviaba o le suscrib\u00eda, la escritura. Que iba para que le suscribieran la escritura y le hicieran la entrega del lote, nunca hubo el espacio\u201d (Minuto 33: 56 a 38: 45 Archivo 14 Audiencia Inicial Cuaderno Primera Instancia)\u00bb. De ello, recalc\u00f3 que \u00abse puede observar la afirmaci\u00f3n de haber realizado gestiones para que la vendedora Agropecuaria El Carmen Ltda., representada por la se\u00f1ora YOLANDA MARIA CURE DE CURE, le firmara la Escritura P\u00fablica y le hiciera entrega del inmueble materia de este litigio, lo cual no tuvo respaldo probatorio alguno, evidenci\u00e1ndose que por parte de la demandante igualmente hubo incumplimiento, es decir intenci\u00f3n de no seguir y llevar hasta su culminaci\u00f3n la relaci\u00f3n jur\u00eddica contractual con la vendedora\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo tanto, concluy\u00f3 que \u00abal encontrarse consolidados los requisitos para declarar el mutuo disenso t\u00e1cito contractual, en la medida que ambos contratantes incumplieron con las obligaciones derivadas del negocio, demostr\u00e1ndose como se dijo anteriormente que ninguno de los contratantes tuvo la voluntad de continuar con el mismo, la decisi\u00f3n del A quo ser\u00e1 de confirmada\u00bb. <\/p>\n
3. En consonancia con lo narrado, para esta Sala Civil, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.3 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, jurisprudencial y probatorio del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Finalmente, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
5. En definitiva, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 23-24. Anexo EXPEDIENTE UNIFICADO TUTELA 2023-00158.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-9. Anexo 06SentenciaSegundaInstancia.pdf. Carpeta 02SegundaInsatancia. Expediente Juzgado. <\/p>\n
3\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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