STC4677-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4677-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00353-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Bibiana del Pilar Cepeda G\u00f3mez frente al fallo proferido el pasado 13 de abril por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y \u00ab[a]cceso a cargos p\u00fablicos de carrera administrativa\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas al excluirla del concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la rama judicial. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a los accionados \u00abtener en cuenta las siguientes certificaciones laborales para acreditar [su] experiencia profesional, a saber: -Certificaci\u00f3n Expedida por TEMPORALES UNO A BOGOT\u00c1 S.A. dado que cumple con los mismos requisitos de la certificaci\u00f3n expedida por GENTE OPORTUNA. Es decir, menciona el cargo desempe\u00f1ado: PROFESIONAL DE APOYO, siendo el de [su] profesi\u00f3n: ABOGADO. As\u00ed mismo[,] indica fecha de inicio y terminaci\u00f3n de un historial de contratos desde marzo del\u2026 2009 [h]asta el mes de marzo del\u2026 2011, observando dos a\u00f1os continuos de trabajo en misi\u00f3n en la Divisi\u00f3n de Cartera del Fondo Nacional de Ahorro\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. La accionante, como participante del concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27), tras superar las pruebas de aptitudes y conocimientos, mediante Resoluci\u00f3n CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, fue rechazada en la fase de \u00abverificaci\u00f3n de requisitos m\u00ednimos\u00bb, bajo la causal 3.4., esto es, \u00abNO acreditar el requisito m\u00ednimo de experiencia\u00bb, postura que le ratific\u00f3 el Consejo encausado, a trav\u00e9s de oficio CJO23-1183 del 13 de marzo siguiente, al dar respuesta a su reclamaci\u00f3n al respecto. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la gestora adujo que, contrario a lo concluido por los encausados, con las certificaciones que oportunamente alleg\u00f3 al concurso acredit\u00f3 la experiencia profesional suficiente para el cargo que aspir\u00f3, en tanto que para el mismo tan s\u00f3lo requer\u00eda 4 a\u00f1os y demostr\u00f3 tener m\u00e1s de 10, pero dejaron de valorarse los tiempos de los que daban cuenta dos de esos documentos, que s\u00ed cumpl\u00edan con todas las exigencias de la convocatoria para tal prop\u00f3sito, lo que conllev\u00f3 a su injustificado rechazo. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura deprec\u00f3 \u00abnegar la presente acci\u00f3n porque con el actuar administrativo no se ha vulnerado ni afectado los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
2. La Universidad Nacional de Colombia indic\u00f3 que \u00abha desarrollado su labor dentro de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la Ley y la reglamentaci\u00f3n espec\u00edfica que regula el sistema especial de selecci\u00f3n para los cargos requeridos en la Convocatoria 27 de 2018, y en consecuencia: -\u2026no ha vulnerado ning\u00fan derecho de la accionante. – La accionante no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. – No existe ning\u00fan elemento que acredite alg\u00fan indicio frente a la vulneraci\u00f3n de los derechos de la accionante dentro del presente proceso de selecci\u00f3n. – Dentro del caso en concreto, se present\u00f3 el fen\u00f3meno de hecho superado por actual carencia del objeto\u00bb, comoquiera que, en su momento, dio respuesta frente a la petici\u00f3n de verificaci\u00f3n documental que le plante\u00f3 la censora. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abla accionante cuenta con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo e interponer una acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resoluci\u00f3n y el acto administrativo contenido en el oficio, antes referidos, con la facultad de solicitar medidas cautelares a su favor, como lo ser\u00eda la suspensi\u00f3n de sus efectos\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales y enfatizando que, \u00aben este estado de la convocatoria No. 27, este mecanismo constitucional es el \u00fanico efectivo para salvaguardar [sus] derechos fundamentales, por lo que procede como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como lo es ser excluida del Concurso de m\u00e9ritos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones administrativas y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte, de los documentos obrantes en las presentes diligencias, que muy a pesar de las alegaciones de la actora, la salvaguarda que inco\u00f3 estaba llamada al fracaso, por insatisfacer el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, lo que impone respaldar el veredicto confutado. <\/p>\n
Ello porque para plantear sus reclamos contra el contenido de la Resoluci\u00f3n CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 (Por medio de la cual se decide acerca de la admisi\u00f3n de aspirantes al concurso de m\u00e9ritos destinado a la conformaci\u00f3n del Registro Nacional de Elegibles para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018) y del oficio CJO23-1183 del 13 de marzo siguiente (Respuesta solicitud de revisi\u00f3n de documentos convocatoria 27), puede acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, mediante la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, sin que el fallador constitucional est\u00e9 facultado para hacer alg\u00fan pronunciamiento anticipado frente al particular, pues implicar\u00eda adjudicarse inv\u00e1lidamente competencias que el legislador dej\u00f3 en cabeza del juez ordinario. <\/p>\n
En un caso an\u00e1logo al de ahora, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente, para denegar la protecci\u00f3n pedida esta Colegiatura consider\u00f3: <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisadas las solicitudes radicadas por\u2026 Quiceno Arenas ante el Consejo Superior de la Judicatura y las respuestas que le fueron remitidas, se advierte que mediante Resoluci\u00f3n CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 fue incluido en el listado de aspirantes rechazados al concurso de m\u00e9ritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 y en oficio CJO23-1175 de 13 de marzo de 2023, la Unidad de Carrera Judicial le respondi\u00f3 la petici\u00f3n de verificaci\u00f3n y le indic\u00f3 que conforme a los par\u00e1metros definidos por la convocatoria, las certificaciones que aport\u00f3 para la acreditaci\u00f3n de la experiencia profesional no superaban las exigencias requeridas. <\/p>\n
3. Ante tal situaci\u00f3n, si el accionante no se encuentra conforme con las respuestas recibidas, tiene a su disposici\u00f3n otros medios de defensa ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, escenario propicio para debatir, por ejemplo, los requisitos exigidos en la convocatoria del 16 de agosto de 2018. <\/p>\n
\u00ablos actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que (\u2026) discuta [los] derechos que reclama\u00bb. (STC, 25 abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020, STC14671-2021, STC15988-2021 y STC1989-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la ausencia del requisito de la subsidiariedad, situaci\u00f3n que configura la causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb (CSJ STC3409-2023, 12 abr., rad. 2023-00333-00). <\/p>\n
Ahora, de cara a la inviabilidad de este ruego como remedio excepcional, se tiene que \u00abel amparo tampoco podr\u00eda prosperar como mecanismo transitorio, pues en el procedimiento antes referido el actor puede reclamar las medidas pertinentes para conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb (ibidem); postura que, por dem\u00e1s, reiteradamente ha validado la Sala al concluir que, \u00abcontrario a lo afirmado por el tutelante, el proceso contencioso administrativo s\u00ed es id\u00f3neo y eficaz para rebatir la decisi\u00f3n cuestionada, pues en dicho tr\u00e1mite se puede solicitar al juez natural la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo desde la interposici\u00f3n de la demanda (Tesis reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC16407-2018, CSJ STC13240-2021, CSJ STC2786-2023)\u00bb (CSJ STC3387-2023, 12 abr., rad. 2023-00345-00). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para respaldar la determinaci\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel\u00bb. <\/p>\n
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