STC4680-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4680-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2023-00253-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 24 de marzo de 2023, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Hermann Ordo\u00f1ez Pieschac\u00f3n contra el Juzgado Treinta de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a Mar\u00eda Irma Arango de Ordo\u00f1ez, Banco Agrario de Colombia S.A., Defensor de Familia adscrito al mencionado Despacho y a los terceros intervinientes en el proceso de radicado 2021-00116-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y legalidad, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que Mar\u00eda Irma Arango promovi\u00f3 en su contra proceso ejecutivo de alimentos. Asunto de conocimiento del Juzgado accionado, quien -con providencia del 3 de junio del 2021- libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma de $9.000.000 por concepto de saldo de cuota alimentaria causada y no pagada de los meses de julio a diciembre de 2018. Reconoci\u00f3 dieciocho millones de pesos por concepto de los meses de enero a diciembre de 2019, el mismo monto por los meses de enero a diciembre de 2020, $6.000.000 correspondientes a las cuotas alimentarias causadas en los meses de enero a abril de 2021. Y $4.542.000 por sanci\u00f3n penal ante el incumplimiento por parte del demandado al acuerdo celebrado, m\u00e1s las cuotas alimentarias que se sigan causando y hasta que se verifique el pago total de la obligaci\u00f3n, sumas de dinero que deber\u00e1n cancelarse los cinco primeros d\u00edas de cada mes a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que le advirti\u00f3 al Juez que el titulo base de ejecuci\u00f3n no era claro ni expreso, por lo cual no era exigible. Indic\u00f3 que la demandante ocult\u00f3 que el actor hab\u00eda hecho algunos desembolsos antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, por concepto de impuesto predial, medicina prepagada y otras cantidades por un monto de $110.000.000, as\u00ed como otras sumas que fueron depositadas en una cuenta bancaria. Por esto, interpuso recurso de reposici\u00f3n. Sin embargo, el Juzgado accionado mantuvo su postura. <\/p>\n
2.2. Asever\u00f3 que oportunamente contest\u00f3 la demanda, formul\u00f3 excepciones, anex\u00f3 los comprobantes de pago y pruebas entre las que se encuentran el informe rendido por un contador p\u00fablico. No obstante, la autoridad recriminada -con providencia del 14 de diciembre de 2022- declar\u00f3 no probadas las excepciones de cobro de lo no debido y pago total de la deuda. Y, en su lugar, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. De tal determinaci\u00f3n reproch\u00f3 que el Juzgado cuestionado desconoci\u00f3 su condici\u00f3n de adulto mayor y que sus ingresos se limitan a su pensi\u00f3n. Adujo un defecto f\u00e1ctico, pues no se tuvo en cuenta la confesi\u00f3n que hizo el apoderado de la ejecutante al descorrer el traslado de las excepciones, en donde acept\u00f3 que su poderdante hab\u00eda autorizado las deducciones de los gastos a los que se refiere la cl\u00e1usula tercera del acuerdo privado suscrito el 22 de septiembre de 2017. Incluso, concluy\u00f3 que era un contrato leonino porque iba a quedar sin dinero para atender sus necesidades, cuando en realidad recibi\u00f3 por concepto de gananciales la suma de $1.250.000.000. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que no se valor\u00f3 el consentimiento dado por ambas partes, a trav\u00e9s del cual, Arango le permiti\u00f3 a \u00e9l que realizara las deducciones correspondientes del valor de la cuota alimentaria. En s\u00edntesis, se duele de que la autoridad Judicial encarada no valor\u00f3 conjunta ni separadamente todo el material probatorio, sino que hizo una valoraci\u00f3n sesgada. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que se deje sin valor y efecto la providencia proferida el 14 de diciembre de 2022 de acuerdo con lo previsto en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso. Y, se profiera una nueva decisi\u00f3n realizando una debida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e11, luego de relatar sus actuaciones, pidi\u00f3 que se niegue el amparo en raz\u00f3n a que al interior del tr\u00e1mite \u00abse han evacuado cada una de las etapas procesales en observancia no solo de las normas pertinentes, como tambi\u00e9n valorando las pruebas recaudadas atendiendo las reglas de la sana critica acatando las normas garantiz\u00e1ndose de esta forma la salvaguarda del debido proceso de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora 28 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres2 resalt\u00f3 que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, teniendo en cuenta que de la providencia cuestionada no se observa la vulneraci\u00f3n de los derechos alegados. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia S.A3. aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo neg\u00f3 el amparo implorado. Consider\u00f3 que \u00abno se vislumbra v\u00eda de hecho alguna dado que lo decidido por la Juez del proceso transita por los terrenos de la razonabilidad, aceptando un pago parcial de la obligaci\u00f3n y declarando no probadas las dem\u00e1s excepciones con un fundamento razonado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor sin mayor argumentaci\u00f3n al manifestar que \u00abIMPUGNO el fallo de tutela proferido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, y revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, el Juzgado de Familia de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 14 de diciembre de 20224- resolvi\u00f3 declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito denominadas cobro de lo no debido y pago total de la obligaci\u00f3n propuestas por el aqu\u00ed quejoso, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago parcial de la obligaci\u00f3n y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos en el mandamiento de pago del 3 de junio de 2021. <\/p>\n
2.2. De entrada, comenz\u00f3 por valorar las pruebas documentales obrantes en el plenario: facturas correspondientes al pago de impuestos, p\u00f3lizas de seguro de inmuebles y autom\u00f3viles, pagos de medicina prepagada, consignaciones a nombre de la demandante, comprobantes de pago de pensiones, certificaci\u00f3n emitida por el administrador del edificio alicante e impresiones de correos electr\u00f3nicos. <\/p>\n
En seguida, se ocup\u00f3 de las testimoniales, en estas, el testimonio del contador del actor, quien dijo que \u00abpor instrucciones del demandado hacia liquidaci\u00f3n cada 12 meses respecto al acuerdo privado que llegaron las partes, haciendo descuentos de prediales y seguros de los cuales entregaba una relaci\u00f3n, recordando que para mayo de 2021, qued\u00f3 un saldo de $7.000.000, refiere que muchas veces esta liquidaci\u00f3n no se daba de doce meses sino de 18 meses\u00bb. Adem\u00e1s de ello, mencion\u00f3 que \u00abpese a ser el contador del demandado las cuentas directamente las maneja el se\u00f1or Hermann Ordo\u00f1ez\u00bb.5En l\u00ednea, se ocup\u00f3 tambi\u00e9n del testimonio de Gustavo Adolfo Ordo\u00f1ez -hijo de los actores-, el cual afirm\u00f3 que \u00aben efecto su padre ha efectuado algunas deducciones respecto a ese $1.500.000 que deb\u00eda cancelarle a su progenitora, refiriendo que estas deducciones se realizaron por parte del padre en forma unilateral\u00bb6. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, frente a la ilegalidad del t\u00edtulo alegada por el libelista, luego de apoyarse en el art\u00edculo 422 del C.G.P., resalt\u00f3 que el este no es susceptible de reparo alguno, dado que se trata de un acuerdo privado, suscrito por los c\u00f3nyuges el 22 de septiembre del 2017, en el cual fue se\u00f1alada una cuota mensual, enti\u00e9ndase de alimentos en favor de la c\u00f3nyuge Mar\u00eda Irma Arango de Ordo\u00f1ez y a cargo de Hermann Ordo\u00f1ez Pieschac\u00f3n7. <\/p>\n
2.4. Ahora bien, en lo relacionado con las excepciones propuestas por el gestor, con apoyo en los art\u00edculos 1625 y 1627 del C\u00f3digo Civil, indic\u00f3 que la denominada excepci\u00f3n de pago total de la deuda no pod\u00eda prosperar. Ello pues, record\u00f3 que en la cl\u00e1usula 4\u00aa del acuerdo se estableci\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Hermann Ordo\u00f1ez Pieschac\u00f3n reconociendo que la se\u00f1ora Mar\u00eda Irma Arango de Ordo\u00f1ez no logr\u00f3 una pensi\u00f3n por haberse dedicado a las labores dom\u00e9sticas en el hogar conyugal, mensualmente abonar\u00e1 a la cuenta que la se\u00f1ora Mar\u00eda Irma Arango de Ordo\u00f1ez se\u00f1ale la suma de $1.500.000\u00bb, almario es entonces que el se\u00f1or Hermann Ordo\u00f1ez, se oblig\u00f3 a dar a la hoy demandante la suma de $1.500.000 mensuales, debido a que esta no cuenta con pensi\u00f3n alguna, infiri\u00e9ndose entonces que esta obligaci\u00f3n se hizo para que con este dinero la demandante sufragar\u00e1 las necesidades b\u00e1sicas que tiene\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, observ\u00f3 que las deducciones efectuadas por la parte ejecutada por concepto impuestos prediales para los a\u00f1os gravables 2019, 2020 y 2021, referentes a \u00ablos inmuebles, el pago del Pos, el pago de la medicina prepagada y de seguros, resultan ser improcedentes, puesto que contrario a la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea dada por el demandado, la se\u00f1ora Irma no autoriz\u00f3 que dichos \u00edtems fueran cancelados con la cuota mensual de $1.500.000, y por lo tanto dicho valor debi\u00f3 ser consignados en los t\u00e9rminos se\u00f1alados el t\u00edtulo ejecutivo a favor de la demandante, situaci\u00f3n que no se acredito encontr\u00e1ndose en mora frente al pago de los valores por los cuales este despacho libr\u00f3 el mandamiento de pago\u00bb8. <\/p>\n
2.5. A rengl\u00f3n seguido, aclar\u00f3 que, si bien en el par\u00e1grafo segundo de la cl\u00e1usula tercera del acuerdo privado existe una autorizaci\u00f3n dada por la demandante al demandado para que descuente el valor correspondiente al 50% de pago de seguro de arrendamiento, incendio y\/o terremoto, plan obligatorio de salud y medicina prepagada, lo cierto es que esta autorizaci\u00f3n recae sobre los dineros que recibir\u00eda Mar\u00eda Irma por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento de la bodega que se identifica con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C01272633, m\u00e1s no de la cuota antes referida. <\/p>\n
2.6. Por otro lado, de acuerdo al art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso encontr\u00f3 probado que el ejecutado -el 3 de junio de 2021- \u00abefectu\u00f3 un abono a la obligaci\u00f3n por la suma de $7448599, configur\u00e1ndose el pago parcial de la obligaci\u00f3n, valor que consideraba el demandado quedaba como saldo a favor de la demandante luego de las varias deducciones que le hac\u00eda a las cuotas de $1.500.000 mensuales, y que en efecto fue consignada, por lo tanto este abono debe ser imputado al momento de efectuarse la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 446 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
2.7. Finalmente, Respecto a la excepci\u00f3n de cobro de lo no debido, indic\u00f3 que el demandado no prob\u00f3 que la ejecutante este cobrando sumas diferentes a las incorporadas en el titulo ejecutivo o que estas est\u00e9n pagas, tampoco que la demandante pretenda hacer doble cobro. Motivos por los que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consonancia con lo narrado, para esta Sala Civil, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.9 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. En definitiva, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-3. Anexo 004ContestacionTutela202300253.pdf. Carpeta 07RespuestaJuzgado30Familia <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3. Anexo 06RespuestaProcuradoraJudicial.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-9. Anexo 08RespuestaBancoAgrario.pdf <\/p>\n
4\u0002 Anexo 39AudienciaFallo202100116.mp4. Carpeta 202100116CuadernoPrincipal. Expediente Juzgado <\/p>\n
5\u0002 Anexo 39AudienciaFallo202100116.mp4. (min 0:09:28) Carpeta 202100116CuadernoPrincipal. Expediente Juzgado <\/p>\n
6\u0002 Anexo 39AudienciaFallo202100116.mp4. (min 0:10:48) Carpeta 202100116CuadernoPrincipal. Expediente Juzgado <\/p>\n
7\u0002 Anexo 39AudienciaFallo202100116.mp4. (min 0:14:00) Carpeta 202100116CuadernoPrincipal. Expediente Juzgado <\/p>\n
8\u0002 Anexo 39AudienciaFallo202100116.mp4. (min 0:25:00) Carpeta 202100116CuadernoPrincipal. Expediente Juzgado <\/p>\n
9\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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