STC4697-2023 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4697-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00417-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 9 de marzo de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido por Nancy Beatriz Palacio Aguirre contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado 22 Laboral de la misma ciudad y a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, seguridad social e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La tutelante promovi\u00f3 un proceso ordinario laboral contra Porvenir S.A., para el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente respecto de su hijo fallecido el 18 de abril de 2016, en el cual el Juzgado 22 Laboral de Medell\u00edn neg\u00f3 las pretensiones de la demanda el 22 de noviembre de 2018, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 20 de octubre de 2020. <\/p>\n
2.2. El 13 de julio de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, desestimando el cargo propuesto. <\/p>\n
2.3. En criterio de la actora, en el asunto se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, en tanto s\u00ed se prob\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica frente a su hijo, entre otros, con los testimonios practicados, que se valoraron en forma indebida, aunado a que su declaraci\u00f3n fue tergiversada, pues ella no dijo que tuviera una relaci\u00f3n laboral establece, pero s\u00ed afirm\u00f3 que requer\u00eda del apoyo constante de aqu\u00e9l. De otro lado, considera que se desconoci\u00f3 el precedente contenido en la sentencia C-111 de 2006, por virtud del cual esa dependencia no debe ser absoluta, ni es determinante para desvirtuarla el hecho de devengar m\u00e1s de un salario m\u00ednimo mensual o tener un inmueble propio, m\u00e1xime que, en su caso, ten\u00eda que responder por los gastos de su hija menor de edad y que dicha propiedad fue transferida por su padre a t\u00edtulo gratuito. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicita que se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral accionada emitir una nueva providencia, en la cual acate lo definido en la sentencia C-111 de 2006, case el fallo del Tribunal y acceda a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada resalt\u00f3 que no cualquier colaboraci\u00f3n que se otorgue a los padres puede estructurar la dependencia econ\u00f3mica que se requiere para la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues ese apoyo debe ser relevante, esencial y determinante, lo cual no se acredit\u00f3. <\/p>\n
2. El Juzgado 22 Laboral de Medell\u00edn adujo que no afect\u00f3 las garant\u00edas de la actora y que la tutela no cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
3. Porvenir S.A. asever\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno de la tutelante y que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, dado que los argumentos de la decisi\u00f3n cuestionada no eran ileg\u00edtimos ni caprichosos, sumado que el juez de tutela no pod\u00eda verificar la juridicidad del asunto, pues desconocer\u00eda los principios de independencia de los jueces. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La actora reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial e indic\u00f3 que el juez constitucional s\u00ed debe estudiar de fondo los defectos propuestos, an\u00e1lisis que no se realiz\u00f3. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y que se ordene emitir otra, que reconozca la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable se\u00f1alar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en el fallo proferido por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral accionada, pues fue el que zanj\u00f3 el debate, se advierte que, respecto de los testimonios de V\u00edctor Alfonso Herrera Henao, Aleison Foronda Mar\u00edn y Mar\u00eda Cristina Rueda Vargas, consider\u00f3 que el Tribunal no err\u00f3 en su valoraci\u00f3n, pues no fueron testigos directos de la entrega de dinero del hijo a su progenitora, de manera que no eran id\u00f3neos para demostrar la dependencia econ\u00f3mica alegada. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto el interrogatorio rendido por la tutelante en el proceso resalt\u00f3 que esta dijo que trabajaba en forma permanente, antes en casas de familia, en ese momento en empanadas de Chila por 4 d\u00edas a la semana y que a veces vend\u00eda empanadas en su casa, que devengaba $50.000 diarios, suma que dedicaba a su sostenimiento y el de su hija entonces menor de edad y que su hijo le daba dinero quincenalmente. <\/p>\n
Al respecto, la Sala concluy\u00f3 que \u00ablas manifestaciones de la demandante no se alejan de las estimaciones que el sentenciador de segunda instancia efectu\u00f3 al valorarlas\u00bb, pues, aunque jurisprudencialmente se ha establecido que la dependencia econ\u00f3mica requerida para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes no debe ser absoluta, de modo que la existencia de otros ingresos o de un inmueble propio no la desvirt\u00faan, lo cierto era que deb\u00eda acreditarse que esos recursos no eran suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones m\u00ednimas, dignas y decorosas, pero ello no se demostr\u00f3, precisando que no toda ayuda econ\u00f3mica de los hijos cumple con los presupuestos exigidos para el efecto. <\/p>\n
4. Pues bien, analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, en tanto se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en el an\u00e1lisis concreto de lo declarado por la actora, quien, si bien refiri\u00f3 que su hijo le daba dinero quincenalmente y que la ayudaba para su sostenimiento, no demostr\u00f3 que ese apoyo fuera relevante, esencial y determinante, lo cual tampoco se acredit\u00f3 con los testimonios rendidos, pues eran testigos de o\u00eddas y no directos, sin que pueda decirse que se desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial referido por la tutelante (CC C-111\/2006), pues, por el contrario, la Sala accionada reconoci\u00f3 que la existencia de otros ingresos o de un bien propio no eran suficientes para desvirtuar la dependencia econ\u00f3mica alegada, resaltando, adem\u00e1s que aquella no deb\u00eda ser absoluta; no obstante, no evidenci\u00f3 que el presunto apoyo monetario del hijo garantizara el sostenimiento de la madre y que su ausencia pusiera en riesgo su subsistencia m\u00ednima, lo cual era necesario para acceder a la pensi\u00f3n pedida, todo bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que, entre el fallo controvertido y lo argumentado por la accionante, se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro, a fin de determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para imponer el criterio de la actora sobre la valoraci\u00f3n probatoria efectuada, m\u00e1xime que, como se indic\u00f3, la misma se sustent\u00f3 en las reglas de la sana cr\u00edtica, en cuanto el an\u00e1lisis se motiv\u00f3 detalladamente y en forma razonada. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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