STC4707-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4707-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pretende protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al estrado querellado \u00abamparar [su] acci\u00f3n popular y demuestre que la ley 982 de 2005 art 8, condicion\u00f3 el cumplimiento\u2026 a la capacidad econ\u00f3mica del accionado\u00bb; ii). a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Defensor\u00eda del Pueblo \u00abla intervenci\u00f3n en derecho\u2026 para que [le] garanticen art. 29 CN y act\u00faen en esta tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Alberto Restrepo Zapata promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Gerenciar S.A.S., con la finalidad de amparar el derecho colectivo de acceso a los servicios p\u00fablicos, comoquiera que, carece de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para atender la poblaci\u00f3n con discapacidad visual y\/o auditiva, conforme las disposiciones de la Ley 982 de 2005, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira; quien el 19 de diciembre de 2022 emiti\u00f3 sentencia negando las pretensiones, al considerar que el establecimiento demandado \u00abno posee un gran m\u00fasculo financiero que le permita asumir sin tropiezos la carga que impone la referida Ley 982 de 2005, y que \u201cal ser un comercio peque\u00f1o, la afluencia de p\u00fablico\u201d es poca\u00bb; decisi\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 21 de abril de 2023 por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues \u00absiempre h[a] tutelado tal postura donde el Tribunal y el Juez han cre\u00eddo poder negar el cumplimiento de la ley 982 de 2005, art. 8 acondicion\u00e1ndole un criterio personal, subjetivo y no tra\u00eddo en la Ley 982 de 2005, art. 5\u00bb, toda vez que, dicha normatividad no dispone que las empresas deban tener \u00abun m\u00fasculo financiero\u00bb, para cumplir esa regla. <\/p>\n
2.3. Anot\u00f3 que \u00ablos juzgadores nunca nada probaron en derecho y simplemente lo consignan en un papel, sin prueba alguna en derecho de lo manifestado, pues primero, as\u00ed vayan muchos ciudadanos al establecimiento comercial abierto al p\u00fablico o no asista ning\u00fan ciudadano, la ley no condicion\u00f3 el cumplimiento del art. 8 ley 982 de 2005 a que exista poco o mucha afluencia de p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
2.4. Pidi\u00f3 se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, act\u00faen en la tutela y a favor de las acciones populares; asimismo, que la DIAN haga constar la declaraci\u00f3n de renta de la demandada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n refiri\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 concebida para controvertir las decisiones judiciales; que su intervenci\u00f3n no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando se considere necesario; que lo alegado es una presunta irregularidad judicial, donde dicha entidad no ha adelantado acci\u00f3n alguna en detrimento de los intereses del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- manifest\u00f3 que conforme el art\u00edculo 583 del Estatuto Tributario la informaci\u00f3n tributaria sobre las bases gravables y la determinaci\u00f3n privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tienen car\u00e1cter de informaci\u00f3n reservada; que las declaraciones tributarias por reflejar hechos econ\u00f3micos tienen una finalidad estrictamente fiscal y un valor probatorio restringido, destacando el derecho fundamental a la intimidad de los contribuyentes; que no ha participado en la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Gerenciar S.A.S. manifest\u00f3 que la llamada a responder las acciones tutelares son las sedes judiciales y no esa sociedad; destac\u00f3 que el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 982 de 2005 es aplicable a entidades estatales, a las empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos, las instituciones prestadoras de salud, las bibliotecas p\u00fablicas, centros de documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n y en general las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al p\u00fablico, sin que esa empresa sea del Estado o preste servicios p\u00fablicos, pues presta servicios de administraci\u00f3n empresarial e inmobiliarias y no posee contratos con alguna entidad estatal para prestar un servicio p\u00fablico; agreg\u00f3 que tiene conocimiento que el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y Comunicaciones presta servicio gratuito que permite la comunicaci\u00f3n doble v\u00eda entre personas sordas y oyentes a trav\u00e9s de una plataforma tecnol\u00f3gica que cuenta con int\u00e9rpretes. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo inform\u00f3 que en lo corrido desde el a\u00f1o 2021 la regional de Risaralda ha sido notificada de diferentes acciones populares donde act\u00faa el accionante, asignando a los respectivos defensores adscritos con el fin de actuar en los asuntos, asistir a audiencias propias de los procesos, resaltando que a la mayor\u00eda no asiste el actor popular; que la defensor\u00eda del pueblo no tiene la obligaci\u00f3n de hacerse parte en todas las acciones populares, adem\u00e1s, no puede asignarse a un defensor p\u00fablico para que de manera indefinida presente acciones de tutela como lo pretende el gestor; que no se puede desconocer el principio de la autonom\u00eda judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Alcald\u00eda de Pereira inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que no existe claridad en los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n que reclama el actor, relievando que no existe relevancia constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los dem\u00e1s convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal querellado, en el prove\u00eddo de 21 de abril de 2023, tras estudiar la Ley 982 de 2005, as\u00ed como las disposiciones de integraci\u00f3n social de las personas con discapacidad, analiz\u00f3 los medios suasorios allegados al plenario, precisando que: <\/p>\n
\u2026del certificado de matr\u00edcula mercantil del establecimiento de comercio Gerenciar S.A.S. se establece como actividad principal: (i) \u201cActividades de Administraci\u00f3n Empresarial\u201d; y (ii) secundaria: Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribuci\u00f3n o por contrata. Sin embargo, es a partir del estudio de su objeto social que es posible determinar con mayor claridad las labores que realiza la parte accionada. Y de las mismas, se desprende que brinda atenci\u00f3n al p\u00fablico y, por consiguiente, le es aplicable la citada normativa, al margen de que a la actividad que realiza no se catalogue como un servicio p\u00fablico, o que los servicios que comercia no sean de primera necesidad. As\u00ed lo viene reconociendo esta Corporaci\u00f3n (entre otras, TSP, sentencias SP-003- 2023, SP-0021-2022, SP-0019-2022), y se reitera en esta oportunidad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026No obstante lo anterior, en el presente asunto, la forma c\u00f3mo se defini\u00f3 el debate evidencia una pugna entre el derecho de libertad de empresa de la accionada y el derecho a la integraci\u00f3n social de las personas sordas y sordociegas. Sin embargo, atendiendo el test aplicado por la primera instancia cuya conclusi\u00f3n, anticipa la Sala, se comparte, resulta razonable la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005 atendiendo su capacidad econ\u00f3mica con base en el tama\u00f1o de la empresa de propiedad de la demandada. Criterio que ha sido avalado como razonable en sede de tutela por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien determin\u00f3 que el mismo no contiene \u201ccriterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal\u201d (STC1772-2023). <\/p>\n
Luego, respecto a las disposiciones del a quo para no aplicar la referida disposici\u00f3n, dijo que: <\/p>\n
En efecto, la jueza de primera instancia con fundamento en el test de razonabilidad sostuvo que \u201cexigir un convenio de interprete para personas con hipoacusia y un gu\u00eda int\u00e9rprete presencial para las disminuidas visuales, bajo el (\u2026) panorama de los comercios regulares (\u2026) sufrir\u00edan un fuerte rev\u00e9s en su presupuesto, al tener que asumir costos para dichas contrataciones que probablemente estar\u00edan en desuso, pero que a la postre, y en un escenario como el actual donde los comercios apenas se est\u00e1n recuperando de los efectos de la pandemia, podr\u00eda generar su desbalance econ\u00f3mico hasta el punto de un cierre. <\/p>\n
Atendiendo el test adoptado por la jueza de primer grado, para resolver este litigio, es dable recordar al recurrente que el juez no es un mero aplicador de la ley, pues \u201csu papel va mucho m\u00e1s all\u00e1, desentra\u00f1a el derecho, lo aplica, en ocasiones lo integra o crea, de all\u00ed que sea su deber resolver aun cuando no exista norma exactamente aplicable al caso (Art.42- 6 C.G.P.). Dicha concepci\u00f3n, de ver al juez como la simple voz de la ley, lejos est\u00e1 de responder a la idea que actualmente le corresponde, dentro del marco de un Estado social de derecho (\u2026) Producto de lo anterior, por ejemplo, podr\u00eda el juzgador concluir en la inaplicaci\u00f3n de un principio a un caso concreto por conceder mayor peso a aquel con el que se gener\u00f3 el conflicto, o la imposibilidad de aplicar una norma por restringir de manera grave un derecho fundamental, lo que no implica el desconocimiento de aquellas disposiciones, sino el resultado de resolver su incompatibilidad a trav\u00e9s de medios v\u00e1lidos de interpretaci\u00f3n judicial\u201d (T.S.P. Sentencia SP-0174- 2022). <\/p>\n
Precisamente, frente a esas herramientas para balancear o ponderar los extremos en conflicto, desarrolladas a modo de test judiciales como el de razonabilidad y proporcionalidad utilizados en la primera instancia para resolver la controversia, resulta inapropiado criticar el fallo por no limitarse a aplicar la ley, ya que estos mecanismos est\u00e1n encaminados precisamente a definir la aplicaci\u00f3n judicial de la norma en casos concretos, bajo par\u00e1metros sensatos y en aplicaci\u00f3n de otros principios propios de un estado social de derecho, que no se pueden anular de plano. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 590 de 2000 modificado por el canon 2\u00b0 de la Ley 905 de 2004 y por el art\u00edculo 43de la Ley 1450de 2011 en punto a la definici\u00f3n de micro, peque\u00f1a, mediana y gran empresa, as\u00ed como los criterios para la clasificaci\u00f3n del tama\u00f1o empresarial previstos en los c\u00e1nones 2.2.1.13.2.1. y 2.2.1.13.2.2. del Decreto 957 de 2019, consignando que: <\/p>\n
Se trata de un criterio aplicado en forma pac\u00edfica en esta Corporaci\u00f3n (sentencias SP-0046-2023, SP-0035-2023 y SP-0104-2023, entre otras), donde se plante\u00f3, previo entendimiento de la necesidad e idoneidad de la medida, el empleo del concepto \u201ctama\u00f1o de la empresa\u201d, reglado en las leyes 590, 905 y 1450 y D.957\/2019, como criterio objetivo de proporcionalidad (relaci\u00f3n afectaci\u00f3n – beneficio), para determinar qu\u00e9 comerciantes est\u00e1n en condiciones de soportar el imperativo legal, sin comprometer su existencia misma; y se concluy\u00f3, que las medianas y grandes empresas, son las \u00fanicas capaces de hacerlo, sin arriesgar su funcionamiento, habida cuenta de sus activos, planta de personal e ingresos anuales, que son parang\u00f3n para su categorizaci\u00f3n (Arts.43, Ley 1450 y 2.2.1.13.2.2., D.957\/2019). <\/p>\n
Y, de cara al caso concreto, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Al descender al caso en concreto, se obtiene que no resulta razonable la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005 atendiendo la capacidad econ\u00f3mica con base en el tama\u00f1o de la empresa de propiedad de la demandada. En efecto, al revisar la matr\u00edcula mercantil aportada por el accionado se verifica que el tama\u00f1o de la empresa es: peque\u00f1a. <\/p>\n
Atendiendo el tama\u00f1o de la empresa accionada debidamente acreditado en el anterior documento y sus particularidades, se concluye que el demandante NO cuenta con capacidad econ\u00f3mica y es una carga desproporcionada conminarla a que cumpla las obligaciones contenidas en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 las normas y probanzas allegadas al plenario, concluyendo que, para el caso concreto, conforme al certificado mercantil de la demandada, aqu\u00e9lla es una sociedad peque\u00f1a que no cuenta con capacidad econ\u00f3mica y es una carga desproporcionada conminarla que cumpla las obligaciones contempladas en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, conforme el test de razonabilidad dispuesto para tal fin. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales deducciones del Tribunal no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Por otra parte, destaca la Sala, en relaci\u00f3n con la solicitud probatoria tra\u00edda en el libelo inicial con el fin de que la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- allegue la declaraci\u00f3n de renta de Gerenciar S.A.S., que su pr\u00e1ctica resultaba innecesaria para resolver el asunto, pues la censura recay\u00f3 sobre la actuaci\u00f3n surtida ante los funcionarios naturales en punto al debido proceso, de la cual, como qued\u00f3 visto, con suficiencia, daba cuenta el expediente contentivo del asunto fustigado, las que al haber sido efectivamente acopiados en este tr\u00e1mite, torn\u00f3 improcedente el decreto de otros medios suasorios, de acuerdo a lo reglado en el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la no obligaci\u00f3n del juzgador constitucional en cuanto a decretar las pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u2026el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u201d (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016, rad. 2016-00122-01). <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e a los reproches que plante\u00f3 el promotor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, basta con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante pidi\u00f3 ante las entidades criticadas el acompa\u00f1amiento que echa de menos, lo que impide pregonar que dicha autoridad comprometi\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4.1. Por lo dem\u00e1s, es necesario precisar que si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte de la Procuradur\u00eda est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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