STC4710-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4710-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01788-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto la sentencia de 15 de diciembre de 2022 emitida en la acci\u00f3n popular 2021-00149 y, en consecuencia, se ordene a la sede judicial accionada que disponga que \u00ablos veh\u00edculos de la empresa accionada garantice una rampa segura y aut\u00f3noma en sus veh\u00edculos\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n se requiera a la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo \u00abque se pronuncien en derecho de lo pedido en [su] acci\u00f3n de tutela y adem\u00e1s presenten acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la presentaci\u00f3n del servicio a [su] nombre y act\u00faen en esta tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Transportes Batero S.A. -radicaci\u00f3n 2021-00149-, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, quien el 9 de septiembre de 2022 neg\u00f3 las pretensiones al considerar, en s\u00edntesis, que si bien los veh\u00edculos no cuentan con un mecanismo propio para el ingreso de las personas que se movilizan en sillas de ruedas, lo cierto es que s\u00ed se les brinda el servicio adecuado, pues se le coloca una escalera manual para facilitar el acceso al autob\u00fas, all\u00ed se dispone de una silla adecuada con su respectivo cintur\u00f3n de seguridad y debida se\u00f1alizaci\u00f3n para la comodidad de estos pasajeros, por lo que el derecho est\u00e1 garantizado; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 15 de diciembre siguiente, por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que lo pretendido con la acci\u00f3n popular \u00abes que todos los veh\u00edculos de la empresa contaran con [r]ampa para ciudadanos que se movilizan en sillas de ruedas y son objeto de protecci\u00f3n reforzada en nuestro estado social de derecho en Colombia\u00bb, por lo que, al no contar con la misma, se deb\u00eda acceder a sus pretensiones. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Ministerio de Transporte tras citar alguna normatividad, destac\u00f3 que \u00ablos veh\u00edculos que prestan el servicio en el transporte p\u00fablico terrestre automotor de pasajeros por carretera no se le exige las condiciones de adaptabilidad para el acceso al interior del bus (rampas) para el personal con movilidad reducida y que se desplace en sillas de ruedas; esta adoptabilidad corresponde a la infraestructura del transporte masivo de pasajeros de servicio urbano\u00bb, raz\u00f3n por la que no se cumple con la procedencia de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considera que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas; anot\u00f3 que respecto a la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, ante la imposibilidad econ\u00f3mica o social para pagar su defensa, la puede pretender ante la defensor\u00eda del pueblo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 8 Judicial II Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que act\u00faa como Ministerio P\u00fablico y no como abogado del actor popular para presentar demandas para reclamar derechos patrimoniales particulares en contra del Estado; que no se evidencia quebranto de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
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4. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pereira relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; anot\u00f3 que se remite a las consideraciones contenidas en el fallo criticado; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
En el caso concreto se adujo que la accionada presta el servicio p\u00fablico de transporte a pasajeros, pero sus buses carecen de una rampa para el acceso de personas con movilidad reducida, sin embargo, con las pruebas recaudadas en primera instancia, especialmente con la inspecci\u00f3n judicial que el juez le hizo a uno de los buses de la empresa, qued\u00f3 demostrado que, si bien es cierto que los veh\u00edculos no tienen instalado dicho dispositivo, tambi\u00e9n lo es que, por una parte, las personas que se movilizan en silla de ruedas si tienen el acceso garantizado y, adem\u00e1s, cuentan con un espacio dentro del automotor para instalarse de manera segura. En el acta de esa diligencia qued\u00f3 consignado: <\/p>\n
Se dej\u00f3 consignado que, se encontr\u00f3 un bus adscrito a la Empresa Transbatero, con la se\u00f1alizaci\u00f3n correspondiente a la misma, que cubre la ruta Pereira y Medell\u00edn, procediendo a realizar la inspecci\u00f3n judicial, as\u00ed: Sobre el veh\u00edculo identificado con Placa SLH-587, con n\u00famero 035, para 34 pasajeros, al cual su ingreso se hace a trav\u00e9s de una escalerilla m\u00f3vil, que colocan; se encontr\u00f3 en la parte de adelante la se\u00f1alizaci\u00f3n correspondiente a la silla especial para preferenciales, para mujeres embarazadas, personas en silla de ruedas, adultos mayores y personas con mascotas. Se clarific\u00f3 que, en la silla de adelante est\u00e1 la respectiva se\u00f1alizaci\u00f3n tanto en la pared del bus como a trav\u00e9s de una silla reservada. <\/p>\n
Juez concedi\u00f3 el uso de la palabra al se\u00f1or Edimer de Jes\u00fas Trujillo Aricapa, quien a preguntas del Despacho, respondi\u00f3 que: Cuando una persona se va a subir al bus ellos la ayudan, que siempre hay disponible un despachador, una persona que colabora ah\u00ed, indic\u00e1ndole a las personas en qu\u00e9 orden se deben subir, de acuerdo al n\u00famero que est\u00e1 consignado en el tiquete y que cuando ingresa la persona en condici\u00f3n de discapacidad, ya sea en silla de ruedas o con otra clase de discapacidad, sea en muletas o enfermo, se le colabora, pero que primero se le da la prioridad a la familia, que sea esta la que autorice, ya que hay personas que solo se dejan coger por sus familiares. <\/p>\n
Expuso adem\u00e1s que, no se presentan muchas personas en silla de ruedas, que en el a\u00f1o son 2 o 3 casos, si mucho; que en los \u00faltimos a\u00f1os no se ha presentado casi, porque las EPS, han adoptado una estrategia de colocarles un servicio especial a las personas en condici\u00f3n de discapacidad y que ya casi no se presentan esas personas al servicio p\u00fablico, pero que cuando lo hacen, se les ofrece los medios para que puedan acceder al veh\u00edculo y que siempre hasta el \u00faltimo minuto se guarda la silla de adelante para estas personas, que est\u00e1n se\u00f1alizadas y que adem\u00e1s tienen cintur\u00f3n de seguridad. <\/p>\n
Juez dej\u00f3 constancia, que efectivamente la silla de adelante se encuentra reservada para las personas que se movilizan en silla de ruedas y adaptado a la silla el correspondiente cintur\u00f3n de seguridad. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Lo que qued\u00f3 consignado en el acta, es suficiente para concluir que es inexistente la vulneraci\u00f3n que se le endilga a Transportes Batero S.A., y en consecuencia, se confirmar\u00e1n los numerales del fallo apelado, mediante los cuales se declar\u00f3 la prosperidad de las excepciones y se negaron las pretensiones. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 el quejoso es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada valor\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, concluyendo que, adem\u00e1s de que la negativa al amparo del derecho colectivo deprecado no fue recurrido por el actor, lo cierto es que verificados los medios suasorios, al margen de que los veh\u00edculos de la empresa Transportes Batero S.A. no cuentan con un dispositivo de rampa para ingreso, lo cierto es que garantizan el acceso a las personas con movilidad reducida, pues cuentan con una escalerilla m\u00f3vil para el ingreso y al interior del automotor cuenta con espacio para la silla ruedas, cintur\u00f3n de seguridad y se\u00f1alizaci\u00f3n; de ah\u00ed que, el derecho denunciado est\u00e1 garantizado, raz\u00f3n por la que la alegaci\u00f3n manifestada es inexistente. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a los reproches que plante\u00f3 el promotor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, basta con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante pidi\u00f3 ante la entidad criticada el acompa\u00f1amiento que echa de menos, lo que impide pregonar que dicha autoridad comprometi\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3.1. Por lo dem\u00e1s, es necesario precisar que si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte de la Procuradur\u00eda est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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