STC4711-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4711-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01751-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Edgar Maya Restrepo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse ordene al Honorable Tribunal proceder, sin m\u00e1s dilaciones, [a emitir] el fallo correspondiente en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) present\u00f3, en representaci\u00f3n de Jorge Edgar Maya Restrepo, solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas (radicados 2016-00253), con la finalidad de obtener la devoluci\u00f3n del predio denominado \u00abla primavera dos\u00bb, ubicado en la vereda el Santuario, del municipio de Puerto Lleras – Meta, con folio inmobiliario n\u00b0 236-5693, tr\u00e1mite en el que Juan Pablo Rojas M\u00e9ndez fungi\u00f3 como opositor. <\/p>\n
2.2. Tramitadas algunas etapas ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio, se remitieron las diligencias al colegiado criticado, quien el 18 de marzo de 2019 avoc\u00f3 conocimiento, al tiempo que, decret\u00f3 algunas pruebas oficiosas; el 3 de mayo siguiente, agreg\u00f3 algunas documentales aportadas, as\u00ed como, conmin\u00f3 a otras; atendiendo lo acreditado, el 3 de julio de ese a\u00f1o, decret\u00f3 otros medios suasorios, requerimiento que reiter\u00f3 el 1\u00b0 de octubre posterior. <\/p>\n
2.3. Presentado el aval\u00fao del predio, el 28 de agosto de 2020 se otorg\u00f3 un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas para aclararlo y adicionarlo, conforme los puntos establecidos en la diligencia de 29 de julio; situaci\u00f3n que reiter\u00f3 el 2 de diciembre siguiente, por lo que, posteriormente corri\u00f3 traslado para formular alegatos. <\/p>\n
2.4. Luego, previa solicitud de los Magistrados integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n, el 13 de enero de 2023 decret\u00f3 pruebas de oficio, las que reiter\u00f3 y conmin\u00f3 el 24 de marzo siguiente, entrando las diligencias al despacho el 3 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la tardanza del fallador encausado en emitir decisi\u00f3n final, pues, han transcurrido \u00ab1505 d\u00edas de pruebas, complet\u00e1ndose tres periodos probatorios, en abierta violaci\u00f3n del mandamiento de la Ley 1448 de 2011 que en su art\u00edculo 79 le permite solo\u2026 20 d\u00edas, o en su art\u00edculo 90 que le permite hasta\u2026 30 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que el Tribunal quebranta sus garant\u00edas \u00abal rechazar el proyecto de fallo presentado por el Magistrado Ponente, \u201cpara decretar unas pruebas oficio, que permitan tener plena certeza de la decisi\u00f3n de fondo\u00bb, pues el periodo probatorio ya hab\u00eda fenecido, sin embargo, con auto 13 de enero de 2023, al parecer, se volvi\u00f3 a aperturar, ordenando \u00abpruebas a todas luces improcedentes y redundantes porque se le impone a la v\u00edctima, por dem\u00e1s, cargas desproporcionadas, en desconocimiento y violaci\u00f3n del art\u00edculo 78 de la Ley de V\u00edctimas sobre la inversi\u00f3n de la carga de la prueba, no obstante que desde el principio las aporto genuinas y suficientes exigidas\u2026 las cuales fueron cuidadosamente estudiadas y verificadas en la fase administrativa del proceso de restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.7. Indic\u00f3 que el Tribunal \u00abha desconocido\u2026 los principios elementales de acceso, celeridad procesal y eficiencia en la administraci\u00f3n de justicia y ello de por s\u00ed constituye falla al debido proceso. Se observa manifiesta entonces, oscura intencionalidad de demorar, m\u00e1xime cuando desconoce con su actitud en este proceso\u00bb su calidad de v\u00edctima y los t\u00e9rminos procesales. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que es un adulto mayor de 78 a\u00f1os de edad, hipertenso y con problemas de columna, por lo que la tardanza en emitir fallo y el decreto de pruebas improcedente e impertinentes quebranta sus garant\u00edas a la reparaci\u00f3n en calidad de v\u00edctima del conflicto y desplazamiento forzado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que el prove\u00eddo de 13 de enero de 2023 que decret\u00f3 pruebas de oficio cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo; indic\u00f3 que present\u00f3 proyecto de decisi\u00f3n a la Sala, empero, all\u00ed se consider\u00f3 la necesidad de decretar unas pruebas de oficio, con el fin de tener certeza de la decisi\u00f3n de fondo, raz\u00f3n por la que emiti\u00f3 el auto de 13 de enero y el 24 de marzo de los corrientes, emiti\u00f3 \u00f3rdenes para culminar con el recaudo oficioso; que el 3 de mayo de 2023 ingres\u00f3 el expediente al despacho con las respuestas echadas de menos; que al promotor no se le est\u00e1n imponiendo cargas desproporcionadas; que contrario a lo manifestado por el accionante, registr\u00f3 proyecto de fallo el 27 de octubre de 2022, empero, insiste, la Sala mayoritaria consider\u00f3 necesario el decreto de pruebas oficiosas, destacando que, de manera alguna el proceso ha perdido el turno para ser decidido; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, en escritos separados, pidieron su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que el llamado a pronunciarse sobre las peticiones constitucionales es la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradora Quinta Judicial II para Restituci\u00f3n de Tierras manifest\u00f3 que el juez de restituci\u00f3n de tierras est\u00e1 obligado a la b\u00fasqueda de la verdad, por lo que debe encauzar su actividad a la consecuci\u00f3n de un acervo probatorio que le permita tomar una decisi\u00f3n fundamentada; que si bien los t\u00e9rminos dispuestos para fallo est\u00e1 superados, lo cierto es que se debe analizar el caso concreto y las circunstancias que conllevaron a la mora; que para el asunto en discusi\u00f3n, el Tribunal ha desplegado una serie de actividades tendiente a cumplir con el cometido en esta clase de procesos; que en materia de restituci\u00f3n de tierras se invierte la carga de la prueba y se presume la veracidad de las manifestaciones realizadas por los solicitantes, ello no impide el despliegue de actividades por partes de los jueces y magistrados para acercarse a la verdad. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en esa instancia; indic\u00f3 que no tiene conocimiento del contexto de las decisiones atacadas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Adela In\u00e9s G\u00f3mez Pe\u00f1a aduj\u00f3 que actu\u00f3 como curadora ad litem del promotor, al interior de un juicio de pertenencia que culmin\u00f3 con sentencia de primera instancia el 2 de febrero 2016, decisi\u00f3n que fue apelada, pero desconoce las resultas del ad quem. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Rub\u00e9n Dar\u00edo Maya Restrepo y Marco Antonio Arango Barrera coadyuvaron la petici\u00f3n de amparo, pues, en su sentir, la calidad de v\u00edctima de tutelante est\u00e1 acreditada en el plenario; anotaron que los t\u00e9rminos para emitir fallo est\u00e1n superados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Verificada la demanda de tutela, preliminarmente oportuno es precisar que en los procesos, entre ellos, los que disponen la solicitud de restituci\u00f3n de tierras, con el fin de llevar al convencimiento del fallador y como director del proceso, la normatividad tambi\u00e9n le otorga facultades oficiosas para decretar pruebas a fin de constatar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, esto, para procurar la tutela efectiva de las garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
Ciertamente, el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 79 de la Ley 1448 de 2011 dispone que \u00ablos Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restituci\u00f3n de tierras, podr\u00e1n decretar de oficio las pruebas adicionales que consideren necesarias\u2026\u00bb, facultad de la que se puede disponer, incluso, hasta antes de dictar sentencia, de donde, con el actuar del querellado, no se evidencia la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Al respecto, frente a la facultad de decretar pruebas de oficio, en asuntos como el ac\u00e1 fustigado, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
El art\u00edculo 79 de la Ley 1448 de 2011, establece que \u201c[l]os Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restituci\u00f3n de tierras, podr\u00e1n decretar de oficio las pruebas adicionales que consideren necesarias\u201d; adem\u00e1s, \u201cdecidir\u00e1n en \u00fanica instancia los procesos de restituci\u00f3n de tierras, y los procesos de formalizaci\u00f3n de t\u00edtulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso\u201d, e igualmente \u201cconocer\u00e1n de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restituci\u00f3n de tierras\u201d. <\/p>\n
La Corte Constitucional en relaci\u00f3n con la funci\u00f3n de los tribunales en casos como el ac\u00e1 expuesto, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s claro que conocen en \u00fanica instancia los jueces civiles del circuito especializados en restituci\u00f3n de tierras, cuando no se presenten opositores. Sin embargo, cuando se reconoce la personer\u00eda a los opositores, los jueces deben tramitar e instruir la totalidad del proceso hasta antes del fallo y posteriormente remitirlo a la sala civil especializada en restituci\u00f3n de tierras del tribunal correspondiente para que \u00e9ste decida el fondo del asunto\u201d. <\/p>\n
\u201cAsimismo, el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 79 mencionado dispone que los Magistrados de los Tribunales podr\u00e1n decretar pruebas de oficio en caso de que las consideren necesarias, sin embargo, no se hace referencia a ninguna otra facultad de instrucci\u00f3n que tengan los Tribunales cuando reciben el proceso para fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a Corte encuentra que los jueces civiles especializados en restituci\u00f3n de tierras son quienes deben realizar las funciones de instrucci\u00f3n del proceso tales como las notificaciones, el traslado de la solicitud, el decreto de medidas cautelares, la admisibilidad de los escritos de oposici\u00f3n y el pronunciamiento sobre los desistimientos presentados en el proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que estas actuaciones se encuentran determinadas dentro de sus facultades tal y como se establece en los art\u00edculos 79 y 86 de la Ley 1448 de 2011. Adem\u00e1s, es evidente que dichos actos procesales se deben realizar desde el inicio del proceso ya que \u00e9stos determinar\u00e1n la forma en que \u00e9ste se desarrollar\u00e1 posteriormente, por lo que no pueden ser adelantados por los Tribunales quienes reciben el expediente para tomar la decisi\u00f3n de fondo\u201d (sentencia T-034 de 2017). (CSJ, STC14777-2021; 3 nov; rad. 2021-03902-00) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, pese al tr\u00e1mite que imparte el juez, lo cierto es que, tras la admisi\u00f3n de la oposici\u00f3n y remitir la competencia del asunto al Tribunal Superior, dicha colegiatura est\u00e1 habilitada para decretar pruebas oficiosas, de ser el caso, con el fin de esclarecer la situaci\u00f3n alegada, de donde, se insiste, el actuar de la autoridad accionada no demuestra el quebranto denunciado. <\/p>\n
3. Por otra parte, zanjado lo anterior, se evidencia que la queja tambi\u00e9n radica en la tardanza de la emisi\u00f3n de pronunciamiento en el juicio de restituci\u00f3n de tierras impetrado a favor del accionante <\/p>\n
En ese orden, sobre la excepcional viabilidad de este resguardo por la demora de las autoridades judiciales en la definici\u00f3n de los asuntos sometidos a su conocimiento, esta Corte ha precisado que: <\/p>\n
\u2026la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 2008-01138-00; reiterada, entre muchas otras, en STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01; y STC13394-2017, 30 ago., rad. 2017-00721-02). <\/p>\n
De all\u00ed que se tenga por sentado que las situaciones en las cuales es procedente la salvaguarda constitucional por la tardanza en la resoluci\u00f3n de los conflictos sometidos a la jurisdicci\u00f3n, son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3.1. Ahora, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en este diligenciamiento, anticipa la Sala el fracaso de la salvaguarda, toda vez que no se advierte una demora injustificada en la resoluci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
En efecto, del informe allegado por el magistrado ponente del caso fustigado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza en proferir decisi\u00f3n final en el proceso de restituci\u00f3n de tierras que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino del tr\u00e1mite que se debe de impartir, especialmente, al decreto y recaudo oficio de probanzas con el fin de esclarecer las situaci\u00f3n pretendida, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, esta Colegiatura indic\u00f3: <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que se desestimar\u00e1 el amparo de la referencia, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la queja se circunscribe a que, a la fecha, no se habr\u00eda definido la acci\u00f3n\u2026 en segunda instancia, pero lo cierto es que, de las pruebas documentales aportadas al tr\u00e1mite, no se advierte la incursi\u00f3n del despacho querellado en mora judicial, ni la conculcaci\u00f3n de alguna garant\u00eda fundamental, por el contrario, las diligencias dan cuenta de que se est\u00e1n adelantando las etapas respectivas para finalizar la segunda instancia de la mencionada acci\u00f3n\u2026 con celeridad (CSJ STC8210-2020, 7 oct., rad. 2020-02488-00). <\/p>\n
Por tanto, se concluye que la tardanza aqu\u00ed denunciada, en verdad, obedece a circunstancias excepcionales y razonablemente justificadas. <\/p>\n
4. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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