STC4719-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4719-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00273-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Pedro Pablo Rico Castillo, Mauricio Mancera Leguizam\u00f3n, Rafael Mayorga Manrique, Siervo De Jes\u00fas Penagos Piragauta, Ismael Alfonso Rodr\u00edguez Parra, Ibeth Elvira Herrera Barrios, Javier Roberto Cabrera Garz\u00f3n, Wilson Javier Zabala Neuta, Jorge Eli\u00e9cer L\u00f3pez L\u00f3pez, Javier Adalberto Urrea Beltr\u00e1n en calidad de agente oficioso de Luz Marlene Lozano Contreras (Fallecida), Luis Eduardo Plazas Plazas (Fallecido), Rodolfo Cangrejo Uribe, Ra\u00fal Fandi\u00f1o Ayala, Pedro Pablo Cubillos Calder\u00f3n, Henry Castellanos Cubillos, Alcib\u00edades Fuentes G\u00f3mez, Jairo Ramos Berm\u00fadez, Norberto T\u00e9llez Abril, Tom\u00e1s Fernando Moreno Montenegro, Javier Roberto Cabrera Garz\u00f3n, Luis Eduardo Quiroga Tere, Henry Leonel Carri\u00f3n Jim\u00e9nez y Hernando Ot\u00e1lora Fuentes frente al fallo proferido el 21 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Los promotores del resguardo constitucional deprecaron la violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales a la libertad de asociaci\u00f3n colectiva, debido proceso e igualdad presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite que culmin\u00f3 con la sentencia SL2256 de 2022, con la cual se decidi\u00f3 o casar el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Laboral. <\/p>\n
Tr\u00e1mite ordinario que promovieron como trabajadores de Codensa SA contra el Acta Convencional 01 de ocho de julio de 2011 para que se declarara su ineficacia porque la empresa demandada auspici\u00f3 ese acuerdo ilegal modificando cl\u00e1usulas de la Convenci\u00f3n de 2004 y 31 de diciembre, en absoluta violaci\u00f3n a los art\u00edculos 78 del estatuto del sindicato, 39 y 376 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
En consecuencia, se duelen de la sentencia proferida en casaci\u00f3n porque en su criterio se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y sustancial, por cuanto omiti\u00f3 que en la negociaci\u00f3n entre Codensa S.A ESP y Sintraelecol fue desconocido el debido proceso constitucional y legal que hace ineficaz el acta convencional 01 del 8 de julio de 2011. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
Codensa S.A. ESP solicit\u00f3 que negar el amparo, pues es inexistente el vicio sustantivo alegado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los quejosos reiteraron los alegatos expuestos en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la cuestionada providencia incumple el requisito de inmediatez, como se advierte de entrada, teniendo en cuenta que entre la data en que se notific\u00f3 la prenotada sentencia de casaci\u00f3n (7 de julio de 2022) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 9 de febrero de 2023, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto d 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, explic\u00f3 los motivos por los cuales no observ\u00f3 arbitrariedad y deficiencia probatoria de la sentencia proferida por el fallador de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral, espec\u00edficamente, en punto a los elementos demostrados de la relaci\u00f3n laboral precis\u00f3: <\/p>\n
Las conclusiones a las que arrib\u00f3 el Tribunal, en primer lugar, consistieron en que los trabajadores demandantes carec\u00edan de legitimaci\u00f3n para exigir el cumplimiento de las cl\u00e1usulas convencionales respecto a los \u00abpermisos sindicales, ayudas al sindicato, derecho de informaci\u00f3n, actividades deportivas y culturales y estructura de cargos\u00bb, modificadas con el acta convencional n.\u00b0 01 de 2011, en tanto se enmarcan en situaciones laborales colectivas o que afectan las relaciones del sindicato con la empresa y por tanto, hac\u00edan parte de un conflicto jur\u00eddico de car\u00e1cter colectivo, en torno al cual, solo la organizaci\u00f3n estaba legitimada para deprecar el cumplimiento, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 475 del CST. <\/p>\n
En segundo lugar, coligi\u00f3 que en la asamblea extraordinaria celebrada el 1 de abril de 2011, se obtuvo la aprobaci\u00f3n a la modificaci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2004-2007, por la mayor\u00eda de los asociados, toda vez que de 355 afiliados, 201 aprobaron esta negociaci\u00f3n y autorizaron al presidente de la seccional, para su firma, conjuntamente con la del empleador; que ante un vac\u00edo en los estatutos para solucionar los conflictos internos en la misma organizaci\u00f3n, por oposici\u00f3n de algunos afiliados, deb\u00eda acudirse al mandato del inciso 2 del art\u00edculo 39 de la CN, en relaci\u00f3n con los principios democr\u00e1ticos como el de la primac\u00eda de la voluntad de la mayor\u00eda. <\/p>\n
En tercer lugar, concluy\u00f3 que la circunstancia por la cual SINTRAELECOL \u00abacudi\u00f3\u00bb a la CUT, en aras de lograr una soluci\u00f3n al conflicto interno, dentro del marco de autorregulaci\u00f3n, no contradec\u00edan sus estatutos, por lo que no hab\u00eda fundamento para declarar la ineficacia del acta convencional n.\u00b0 01 del 8 de julio de 2011. <\/p>\n
En cuanto a las modificaciones introducidas por la mencionada acta al instrumento colectivo de 2004-2007, consider\u00f3, luego de analizadas cada una de las cl\u00e1usulas objeto de inconformidad, que la mayor\u00eda de ellas no desmejoraban las prerrogativas de sus beneficiarios, mientras que las otras, no ten\u00edan como destinatarios a los demandantes ni se demostraron los perjuicios reclamados. <\/p>\n
Por su parte, la censura arguye que el juez colegiado, incurri\u00f3 en los siguientes errores graves y evidentes de hecho: i) no dar por demostrado est\u00e1ndolo, que en la negociaci\u00f3n entre CODENSA S.A. ESP y SINTRAELECOL, se desconoci\u00f3 el debido proceso constitucional y legal, consagrado en los art\u00edculos 373-3, 374-2, 376 y 43 y 436 del CST, que hacen ineficaz el acta convencional n.\u00b0 1 del 8 de julio de 2011; y, ii) dar por demostrado sin estarlo, que la \u00abASAMBLEA DE EMPRESA\u00bb realizada el 1 de abril de 2011, pod\u00eda \u00abdesmejorar derechos, cambiar o vender una convenci\u00f3n colectiva de trabajo\u00bb, con desconocimiento adicional del debido proceso constitucional. <\/p>\n
Se\u00f1alan que los anteriores yerros, fueron consecuencia de la equivocada apreciaci\u00f3n de las pruebas \u00abv\u00e1lidamente decretadas y practicadas\u00bb, con las cuales se demostr\u00f3 que para la firma del acta convencional de 8 de julio de 2011, no se observ\u00f3 el procedimiento constitucional y legal para modificar el convenio colectivo de 2004-2007, en tanto no se cumplieron las etapas que consagra la normativa; que el colegiado incurri\u00f3 en la equivocada intelecci\u00f3n del art\u00edculo 475 del CST, al considerar que los demandantes carec\u00edan de legitimaci\u00f3n en la causa para reclamar el cumplimiento de este instrumento convencional; que el acta n.\u00b0 01 de 8 de julio de 2011, no naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica, dado que por la \u00abcompleta omisi\u00f3n de las formalidades\u00bb, carece de validez y eficacia jur\u00eddica. <\/p>\n
Destaca la Sala que en ambos cargos formulados, la censura advierte la omisi\u00f3n de los procedimientos y etapas legales y constitucionales, por lo que pretende se declare \u00abinconstitucional\u00bb \u00abilegal\u00bb e \u00abineficaz\u00bb el acta convencional del 8 de julio de 2011, mediante la cual se modificaron algunas cl\u00e1usulas del instrumento colectivo vigente para 2004-2007, suscrito entre el sindicato SINTRAELECOL y la empresa demandada. <\/p>\n
Bajo esos presupuestos, los problemas jur\u00eddicos se contraen a: i) determinar si err\u00f3 el fallador al concluir que los accionantes no estaban legitimados para deprecar la nulidad del \u00abacta convencional\u00bb, suscrita el 8 de julio de 2011, en aquello que consider\u00f3, que solo concern\u00eda a beneficios a favor de la organizaci\u00f3n sindical; ii) establecer si en los t\u00e9rminos en que se celebr\u00f3 el mencionado acuerdo se viol\u00f3 el debido proceso y, en consecuencia, si hay lugar a declarar su invalidez; iii) constatar si las disposiciones del acta convencional significaron una desmejora que conlleve su ineficacia; para posteriormente, iv) definir si las cl\u00e1usulas de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2004-2007, suscrita entre el Sindicato SINTRAELECOL y CODENSA S.A. ESP, permanecen vigentes. <\/p>\n
i) Legitimaci\u00f3n de los demandantes <\/p>\n
Cabe memorar lo expresado por esta Corte, en cuanto a la inviabilidad de reclamar individualmente la nulidad o anulabilidad de un acuerdo colectivo, acorde con lo regulado en los art\u00edculos 2 del Convenio 87 de la OIT, 39 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 353 del CST, relacionados con el derecho de los trabajadores y empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, en defensa de sus intereses, tal como se adoctrin\u00f3 en la sentencia CSJ SL3933-2018. <\/p>\n
Es decir, en el derecho colectivo del trabajo, los sindicatos son asociaciones que les permiten a sus miembros, conjugar sus intereses individuales para lograr una comunidad, que haga contrapeso a los intereses del empleador, pues la acci\u00f3n individual generalmente resulta infructuosa para lograr reivindicaciones, dada la desigualdad que caracteriza la relaci\u00f3n empleador-trabajador, en la que la sindicalizaci\u00f3n les permite equilibrar su posici\u00f3n de poder y actuar de modo m\u00e1s efectivo ante la empresa. <\/p>\n
De conformidad con el precedente citado, es claro que la organizaci\u00f3n sindical, como ente abstracto representa el inter\u00e9s colectivo, desde su arista profesional y socioecon\u00f3mica, inter\u00e9s que, en todo caso, difiere del de sus miembros individualmente considerados, pues de all\u00ed deriva su funci\u00f3n principal de defensa de los fines e intereses comunes. No se desconoce, sin embargo, la potestad de las organizaciones para actuar en defensa de los intereses individuales de sus asociados, pues as\u00ed lo consagran el numeral 4 del art\u00edculo 373 y el 476 del CST. <\/p>\n
Es criterio de esta Corporaci\u00f3n, que los trabajadores por su propia cuenta, carecen de legitimaci\u00f3n para provocar la nulidad, anulabilidad o inaplicaci\u00f3n gen\u00e9rica de los acuerdos, convenios o contratos suscritos entre los sindicatos y los empleadores porque, admitir lo contrario, equivaldr\u00eda a aceptar la posibilidad de que un trabajador lesionara los intereses de un colectivo, en detrimento del principio de libertad sindical, negociaci\u00f3n colectiva y prevalencia del inter\u00e9s com\u00fan. <\/p>\n
As\u00ed lo asent\u00f3 esta Sala en la sentencia CSJ SL16811-2017: \u00ablos representantes de los trabajadores en la puja colectiva deben velar y salvaguardar el inter\u00e9s general de los asociados, no de unos pocos. Por ello, los arreglos a los que arriben deben ser evaluados desde el tamiz del inter\u00e9s colectivo y el bienestar de todos los asociados\u00bb. <\/p>\n
Desde esta arista, no les asiste raz\u00f3n a los recurrentes en cuanto a la legitimaci\u00f3n para solicitar la ineficacia o la inconstitucionalidad del acta convencional celebrada el 8 de julio de 2011 con efectos erga omnes. Conforme a lo expuesto, para una declaraci\u00f3n en tal sentido se requer\u00eda la comparecencia del organismo sindical, en tanto se celebr\u00f3 entre CODENSA S.A. ESP y el sindicato SINTRAELECOL, en representaci\u00f3n de los trabajadores de la empresa, por manera que lo all\u00ed acordado, no solo cobijaba a los demandantes individualmente considerados, sino a toda una colectividad sindicalizada. <\/p>\n
Como complemento de lo anterior, el sentenciador estim\u00f3 que lo acordado con relaci\u00f3n con los permisos sindicales; la cl\u00e1usula sobre ayudas al sindicato que obligaban al empleador a hacer entrega de unos rubros para el sostenimiento y el bienestar social del organismo; la cl\u00e1usula sobre el derecho a la informaci\u00f3n; la disposici\u00f3n sobre actividades deportivas y culturales; y lo atinente con estructura de cargos, correspond\u00edan a reivindicaciones de tipo colectivo, sobre los cuales no ten\u00eda disponibilidad cada uno de los beneficiarios del acuerdo individualmente considerados, raz\u00f3n por la cual, descart\u00f3 su legitimaci\u00f3n para solicitar una eventual ineficacia. Esta inferencia, no fue objeto de ataque en los cargos formulados y privan a la Corte de la posibilidad de descender en su an\u00e1lisis en sede extraordinaria. <\/p>\n
As\u00ed, no se vislumbra equ\u00edvoco alguno en el aserto del Tribunal, seg\u00fan el cual, los demandantes no se encontraban legitimados para reclamar sobre la validez o legalidad de las modificaciones a la convenci\u00f3n que involucraron aspectos colectivos. <\/p>\n
ii) Debido proceso <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n al debido proceso, los impugnantes, de manera general, alegan que se pretermitieron las etapas previstas en la ley, relativas al desarrollo del conflicto colectivo, desde la aprobaci\u00f3n y presentaci\u00f3n del pliego de peticiones, por cuanto todo lo convenido se surti\u00f3 en un d\u00eda, el 8 de julio de 2011. <\/p>\n
Argumentan, adem\u00e1s, que se hizo caso omiso de la negativa de la asamblea nacional de delegados del \u00f3rgano sindical a que se realizara esta clase de acuerdo; se desconoci\u00f3 el procedimiento de denuncia; y, a cambio, se acogi\u00f3 la decisi\u00f3n de la asamblea general de trabajadores, del 11 de abril de aquel mismo a\u00f1o, agrupaci\u00f3n que no ten\u00eda competencia para decidir acerca de la modificaci\u00f3n a la convenci\u00f3n colectiva vigente. <\/p>\n
Conforme a estos razonamientos, conviene recordar, que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha admitido la posibilidad de establecer acuerdos colectivos de todo orden, entre los interlocutores sociales, esto es, sindicatos, trabajadores no sindicalizados y empresarios, sin que al efecto medie un conflicto colectivo. <\/p>\n
Explicado en otros t\u00e9rminos, el procedimiento que echan de menos los recurrentes, corresponde al previsto para un conflicto colectivo, en el cual la asamblea general debe aprobar un pliego de peticiones, que debe ser presentado dentro de un plazo que no exceda los dos meses (art\u00edculo 376 del CST); nombrar los representantes del empleador para la negociaci\u00f3n; dar inicio a la etapa de arreglo directo; y, agotada la misma sin arreglo entre las partes, votar por mayor\u00eda absoluta la realizaci\u00f3n de la huelga o la convocatoria a un tribunal de arbitramento (art\u00edculos 431 a 444 ib\u00eddem). <\/p>\n
No obstante, el referido procedimiento, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, no constituye requisito sine qua non, para la realizaci\u00f3n de acuerdos colectivos. As\u00ed lo adoctrin\u00f3 la sentencia CSJ SL9165-2014: <\/p>\n
Esa contraposici\u00f3n de garant\u00edas, esto es la contenida en el acuerdo extra convencional en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, permite que esta Sala recuerde que nada se opone a que las partes inmersas en una relaci\u00f3n de car\u00e1cter laboral convengan sin que medie conflicto colectivo, las condiciones en las cuales se va a desarrollar aquella porque una de las aspiraciones del derecho del trabajo es la prevalencia del di\u00e1logo y con ello la consecuci\u00f3n de la paz social. <\/p>\n
En tal sentido, es posible y deseable que sindicato y empresa coincidan encuentros que los beneficien, suscriban un documento en el que logren dirimir las dificultades que se perciben en el desarrollo del trabajo, en tanto eso tambi\u00e9n traduce bienestar y tranquilidad. <\/p>\n
(Subrayas y negrillas fuera del texto original). <\/p>\n
Posteriormente, en providencia CSJ SL5552-2021, se reiter\u00f3 que son v\u00e1lidos los acuerdos que conlleven la modificaci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo. All\u00ed se dijo: <\/p>\n
[\u2026] Comienza la Sala por se\u00f1alar que un acuerdo extra-convencional, como el que es objeto de discusi\u00f3n en el sub lite, no tiene necesidad de depositarse en la cartera del trabajo para que surta los efectos queridos por las partes, tal y como ya lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n en m\u00faltiples oportunidades. <\/p>\n
En efecto, desde hace cerca de una d\u00e9cada, en sentencia CSJ SL32247-2008, reiterada entre otras en las providencias CSJ SL889-2014, CSJ SL11321-2014, CSJ SL42830-2014 y CSJ SL2105-2015, dijo la Sala: <\/p>\n
Como regla general, en el derecho del trabajo los \u00fanicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un conflicto colectivo de trabajo cuya soluci\u00f3n es dada por las mismas partes, pues as\u00ed lo exige el art\u00edculo 469 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, condici\u00f3n que aqu\u00ed no se puede predicar del convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonom\u00eda de la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y cuando no se desconozcan los derechos m\u00ednimos de los trabajadores, quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron condicionadas en forma alguna ni se exigi\u00f3 del pacto mismo que fuera depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo. <\/p>\n
Ello, porque como se explic\u00f3 en la sentencia CSJ SL2105-2015 ya citada, existe distinci\u00f3n entre los acuerdos extra convencionales que tienen car\u00e1cter aclaratorio y los modificatorios, pues los primeros son aquellos que buscan esclarecer asuntos confusos y deficientes de lo que se pact\u00f3 a trav\u00e9s de un instrumento colectivo; mientras que los segundos, cambian aspectos que ya han sido previamente definidos en aquel o a introducir unos diferentes a los ya acordados. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se adoctrin\u00f3 entonces (CSJ SL2105-2015), que los acuerdos modificatorios \u00fanicamente son v\u00e1lidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convenci\u00f3n, en tanto nada impide que los trabajadores o sus representantes, en caso de ser sindicalizados, pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legal o convencionalmente establecidas. <\/p>\n
En tal sentido, se pronunci\u00f3 la Sala en sentencia CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 reiterada en la atr\u00e1s rese\u00f1ada y, entre otras, en la CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 39744 cuyo an\u00e1lisis jurisprudencial dio plena validez a un acuerdo extra convencional en el que se acord\u00f3 un beneficio adicional para los trabajadores referente a la estabilidad. <\/p>\n
Dijo en esa oportunidad la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sea por si mismos o representados por la organizaci\u00f3n sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos a\u00fan, tampoco puede haber oposici\u00f3n o ilicitud en cuanto con ellos se superen los m\u00ednimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los m\u00ednimos legalmente establecidos, con mucha mayor raz\u00f3n ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores. <\/p>\n
Es claro, sin embargo, que estas modificaciones no pueden implicar desmejora alguna. <\/p>\n
En todo caso, en nada se afecta la validez de los acuerdos alcanzados a trav\u00e9s del acta convencional del 8 de julio de 2011, por el hecho de no haberse seguido el procedimiento estatuido en los art\u00edculos 376, 431 y 444 del CST, en la medida en que, conforme a la jurisprudencia relacionada, los empleadores y trabajadores pueden llegar a toda clase de acuerdos sobre las condiciones de trabajo, siempre y cuando no signifiquen un retroceso en los derechos adquiridos. <\/p>\n
Las mismas razones son de arraigo suficiente para dar respuesta a los cuestionamientos en torno al desconocimiento del procedimiento de denuncia; al hecho de haberse acogido la decisi\u00f3n de la Asamblea General de Trabajadores; y a la negativa de la Asamblea Nacional de Delegados del \u00f3rgano sindical a que se realizara este tipo de acuerdo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00faltimo punto, cabe precisar, que corresponde a una mera afirmaci\u00f3n de los recurrentes, sin respaldo alguno en el acervo. As\u00ed mismo, se omite en el desarrollo del cargo, la demostraci\u00f3n que, conforme a los estatutos del sindicato, las directivas seccionales deb\u00edan acatar las decisiones o instrucciones del mencionado \u00f3rgano. Por manera, que solo la manifestaci\u00f3n de la censura, sobre una supuesta falta de acogimiento de las directrices de la Asamblea Nacional de Delegados, resulta inane para deprecar la invalidez o ineficacia del acuerdo, cuando la presunta orden, ni sus eventuales efectos, se demuestran en las acusaciones. <\/p>\n
Adicionalmente, los recurrentes no presentan reproche alguno contra asertos fundamentales de la sentencia: i) la autorizaci\u00f3n por la mayor\u00eda absoluta de la asamblea de trabajadores, para la negociaci\u00f3n de la forma en que se llev\u00f3, era acorde con el art\u00edculo 39 constitucional; y, ii) que la intervenci\u00f3n del presidente de la CUT no contravino los estatutos del sindicato. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha sostenido que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el \u00e1mbito de la casaci\u00f3n del trabajo y de la seguridad social, toda vez que conduce a que la decisi\u00f3n se mantenga inc\u00f3lume, dada la presunci\u00f3n de acierto y legalidad, en tanto \u00abla naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n, exige el despliegue de un ejercicio dialectico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecer\u00e1 inc\u00f3lume, soportada sobre los cimientos que resultaron \u00fatiles al Tribunal para resolver el caso sometido a su consideraci\u00f3n\u00bb (CSJ SL13058-2015 y CSJ SL980-2019). <\/p>\n
En consecuencia, no vislumbra la Sala, violaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso alegado por los impugnantes en casaci\u00f3n. <\/p>\n
iii) Pacto en desmejora \u2013 ineficacia. <\/p>\n
Ahora, como se indic\u00f3 en l\u00edneas precedentes, los puntos del acta convencional del 8 de julio de 2011, que implicaran una disminuci\u00f3n o retroceso en las condiciones pactadas en instrumentos anteriores, debieron ser declarados sin efectos por el sentenciador colegiado, de acuerdo con lo adoctrinado en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, en providencias CSJ SL2105-2015 y CSJ SL5552-2021. <\/p>\n
En ese orden, corresponde a la Corte dilucidar si se equivoc\u00f3 el fallador, al no advertir eventuales desmejoras en lo pactado a trav\u00e9s de la mencionada acta, en relaci\u00f3n con las disposiciones convencionales enlistadas por los recurrentes; para tales efectos, procede la Sala a analizar puntualmente, las que fueron objeto de pronunciamiento en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
En primer lugar, en relaci\u00f3n con los auxilios educativos, el Tribunal manifest\u00f3 que la parte activa \u00abno demostr\u00f3 a lo largo del proceso ser beneficiaria de dichos auxilios\u00bb. Expres\u00f3, adem\u00e1s: <\/p>\n
[\u2026] Ciertamente no existe prueba de estar estudiando alg\u00fan nivel acad\u00e9mico a efecto de declarar el restablecimiento del derecho convencional que es el objetivo de dicho proceso, como tampoco se demuestra un perjuicio por alg\u00fan trabajador al haber dejado de percibir la diferencia en el auxilio educativo acorde con la s\u00faplica subsidiaria sobre indemnizaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
A este razonamiento, los impugnantes en casaci\u00f3n no presentan oposici\u00f3n o cuestionamiento alguno. <\/p>\n
En lo concerniente al seguro de vida contemplado en el art\u00edculo 35 del instrumento colectivo modificado, el colegiado consider\u00f3 que el acta convencional \u00abm\u00e1s que modificar dicha cl\u00e1usula, hizo una precisi\u00f3n sobre el derecho convencional en el sentido de especificar que el per\u00edodo a utilizar para calcular el \u00faltimo salario promedio es de 12 meses antes del fallecimiento, de suerte que frente a esta cl\u00e1usula no puede decirse que existe una desmejora laboral\u00bb. Es decir, concluy\u00f3 que la modificaci\u00f3n aplicada no comport\u00f3 un detrimento al derecho a esos seguros. <\/p>\n
Los censores a su turno aducen: <\/p>\n
El valor del seguro de vida establecido en la cl\u00e1usula 35, se modific\u00f3 para disminuirlo, atendiendo la redacci\u00f3n contradictoria de la norma, que ordena promediar los factores salariales de los \u00faltimos doce meses. La norma convencional que se modific\u00f3, ordenaba pagar este beneficio, con el \u00faltimo salario promedio devengado por el trabajador <\/p>\n
Revisada la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, celebrada el 11 de febrero de 2004 para la vigencia 2004-2007, (f.\u00b0160 a 199 cuaderno 1), se encuentra: <\/p>\n
Art\u00edculo 35. Seguro de Vida. El valor del seguro de vida de los trabajadores de LA EMPRESA ser\u00e1 equivalente a VEINTINUEVE (29) mensualidades del \u00faltimo salario promedio devengado. En caso de muerte por accidente de trabajo, ser\u00e1 equivalente a CINCUENTA (50) mensualidades del \u00faltimo salario promedio devengado. (Negrillas del texto original). <\/p>\n
De otro lado, el \u00abACTA CONVENCIONAL No.1\u00bb del 8 de julio de 2011 (f.\u00b0307 a 319 y 320 a 332 cuaderno 1), mediante la cual se modifica el tantas veces mencionado convenio colectivo, dispuso: <\/p>\n
El art\u00edculo 35 Convencional, quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 35o. SEGURO DE VIDA. <\/p>\n
El valor del seguro de vida de los trabajadores de LA EMPRESA ser\u00e1 equivalente a VEINTINUEVE (29) mensualidades del \u00faltimo salario promedio devengado por el Trabajador, el cual se calcula promediando los conceptos salariales de los doce (12) meses anteriores a su fallecimiento. <\/p>\n
En caso de muerte por accidente de trabajo, ser\u00e1 equivalente a CINCUENTA (50) mensualidades del \u00faltimo salario promedio devengado por el Trabajador, el cual se calcula promediando los conceptos salariales de los doce (12) meses anteriores a su fallecimiento. <\/p>\n
Entiende la Sala que las alegaciones de los trabajadores sobre una desmejora carecen de fundamento, dado que lo que hace dicha cl\u00e1usula, es precisar o fijar, que el \u00faltimo salario promedio devengado corresponde al recibido durante el a\u00f1o anterior a la muerte, sin que con ello se advierta una limitaci\u00f3n a lo pactado con anterioridad. Como se verifica, el monto de los amparos en caso de contingencia, as\u00ed como los hechos generadores se mantuvieron, lo que en esencia significa una inalterabilidad de lo previamente acordado, por manera que no se colige yerro alguno del fallador de segunda instancia al concluir que no signific\u00f3 detrimento alguno en cuanto a los seguros de vida. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los cr\u00e9ditos de vivienda, contenidos en el art\u00edculo 38 de la convenci\u00f3n, modificado por la referida acta, el colegiado explic\u00f3: <\/p>\n
El acta convencional hizo modificaciones en torno a los requisitos para su concesi\u00f3n, incluyendo en esta ocasi\u00f3n la capacidad de pago para la amortizaci\u00f3n del pr\u00e9stamo correspondiente. <\/p>\n
Para la Sala la inclusi\u00f3n de este requisito no puede ser vista como una desmejora, por el contrario, atendiendo a la pol\u00edtica de financiamiento en que se circunscribe un cr\u00e9dito de vivienda como cualquier otro, est\u00e1 dado para preservar la estabilidad econ\u00f3mica del acreedor y graduar el endeudamiento del beneficio del cr\u00e9dito a efectos de poder cubrir sus deudas. De manera que la imposici\u00f3n de este requisito, le permite al trabajador saber hasta qu\u00e9 punto puede o no contraer m\u00e1s obligaciones impidiendo que su salario y dem\u00e1s ingresos sean gastados por fuera de lo normal. <\/p>\n
De otro lado, como lo indica la parte actora en su cuadro comparativo, el monto de adquisici\u00f3n para el primer pr\u00e9stamo para el a\u00f1o 2011, pas\u00f3 de $63.200.800 a $85.696.000 y para mejoras, de $43.919.200 a $48.204.000, con una reducci\u00f3n del inter\u00e9s del 0% que antes estaban en el 8%. Igualmente, el hecho de que se haya impuesto un plazo m\u00e1ximo de pago de 15 a\u00f1os que la convenci\u00f3n antes no tra\u00eda, es relativa su desmejora, pues al establecer una fecha l\u00edmite de pago permite al trabajador organizar sus deudas y darles un mejor manejo seg\u00fan la prioridad, evitando el descuido a futuro sin ninguna presi\u00f3n que lo obligue a su cancelaci\u00f3n total. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la imposici\u00f3n de un 7% de intereses efectivo anual, sobre el saldo del pr\u00e9stamo, cuando el trabajador es retirado de la empresa sin justa causa, contrario a lo que se\u00f1al\u00f3 la parte actora, no existe una desmejora, pues la convenci\u00f3n colectiva de trabajo impon\u00eda a estos, el pago del mismo inter\u00e9s de los trabajadores activos, es decir, del 8% efectivo anual, con la modificaci\u00f3n se redujo un 1%. Por el contrario, los pensionados, aunque no se ven desmejorados, tampoco obtienen este beneficio, ya que contin\u00faan con el inter\u00e9s con el cual fueron beneficiarios de los cr\u00e9ditos, pero como se dijo, no es un retroceso, simplemente quedaron en id\u00e9nticas condiciones. <\/p>\n
De otra parte, como lo indic\u00f3 la parte activa, el acta convencional previ\u00f3 la capitalizaci\u00f3n de intereses que antes la convenci\u00f3n colectiva no tra\u00eda, es decir, que estos se acumulan al saldo del capital, lo que puede implicar que sobre ese nuevo monto se generen nuevos intereses, yendo en desmedro del trabajador que se encuentra en mora con la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues continuamente la deuda ir\u00e1 creciendo impidi\u00e9ndole ponerse al d\u00eda con el cr\u00e9dito, con mayor raz\u00f3n si es una deuda a largo plazo. <\/p>\n
Sin embargo, la modificaci\u00f3n convencional no prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de nuevos intereses y es claro que no los puede traer, pues toda la pol\u00edtica de concesi\u00f3n de cr\u00e9ditos est\u00e1 orientada a que los cr\u00e9ditos de vivienda se les reduzca del 8% que tra\u00eda la convenci\u00f3n al 0% del acta convencional, de manera que la deuda por vencimiento no perjudicar\u00eda al trabajador, por el contrario los intereses que a la firma de la nueva disposici\u00f3n convencional se dejaron de cancelar suman un \u00fanico monto que le permitir\u00e1 unificar la deuda para poderla pagar en los plazos previstos convencionalmente y beneficiarse de un segundo cr\u00e9dito, por ende, considera la Sala que en este punto no existe una desmejora significativa para los trabajadores. <\/p>\n
La imposici\u00f3n de un l\u00edmite del 70% de los montos del primer pr\u00e9stamo a efectos de la concesi\u00f3n de un segundo cr\u00e9dito para vivienda, tambi\u00e9n es relativa su desmejora, que se erige como una forma de racionalizar el endeudamiento del trabajador sobre el que pesa una obligaci\u00f3n anterior, adem\u00e1s t\u00e9ngase en cuenta que la convenci\u00f3n colectiva del trabajo tra\u00eda como requisito para el segundo pr\u00e9stamo el de que el trabajador deb\u00eda haber cancelado la totalidad del primer cr\u00e9dito, mientras que con la modificaci\u00f3n, como m\u00ednimo el trabajador debe haber cancelado el 50%, y aunque el acta convencional no especifica el tema de los intereses del nuevo cr\u00e9dito, debe entenderse que sigue las pol\u00edticas del cr\u00e9dito original, esto es intereses del 0% que antes eran del 8%. <\/p>\n
Finalmente, el hecho de que para la cancelaci\u00f3n de la deuda el trabajador tenga la opci\u00f3n de acudir a un porcentaje m\u00e1ximo del 50% de las primas de junio y de navidad y hasta 100% de los quinquenios es una forma de aumentar su capacidad de pago, y como se dijo, no es un imperativo sino una elecci\u00f3n del trabajador que le permite disponer del pago anticipado total o parcial de su cr\u00e9dito con r\u00e9ditos diferentes al salario, y no estar atado a este solo emolumento para cumplir con la obligaci\u00f3n, como tambi\u00e9n la modificaci\u00f3n del a\u00f1o 2012, trae como opci\u00f3n el de que el trabajador pueda aportar como abono al capital hasta el 100% de sus cesant\u00edas definitivas, que la convenci\u00f3n colectiva del trabajo obligatoriamente pignoraba la totalidad de esta prestaci\u00f3n social, desde el momento del desembolso. <\/p>\n
Para los recurrentes dicho beneficio fue alterado, \u00abcreando una falsa expectativa a los trabajadores, porque, aunque se determina que no habr\u00e1 lugar al pago de intereses, su otorgamiento dej\u00f3 de estar supeditado a la \u2018antig\u00fcedad\u2019 del trabajador, para ligarse a la \u2018capacidad de pago\u2019\u00bb; que se ampli\u00f3 en apariencia el monto de los pr\u00e9stamos, no obstante, \u00abla posibilidad de nuevos endeudamientos se ve frustrada, precisamente por este requisito\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo expuesto, se dejan libres de ataques las inferencias del sentenciador, seg\u00fan las cuales, si bien se condiciona el monto de los cr\u00e9ditos a la capacidad de pago, su monto se increment\u00f3, las tasas de inter\u00e9s disminuyeron, pues pasaron del 8% al 0%; se ampliaron los plazos, se permiti\u00f3 la concesi\u00f3n de nuevos empr\u00e9stitos al beneficiario que hubiese cancelado al menos el 50% del anterior y se dispuso la posibilidad de realizar abonos a capital. Es decir, la \u00fanica modificaci\u00f3n que genera cuestionamiento, fue la introducci\u00f3n del requisito sobre la capacidad de pago; sin embargo, para la Sala, ello constituye una modificaci\u00f3n razonable en la medida en que, a todo acreedor, le asiste el derecho a proteger su patrimonio a trav\u00e9s de la exigencia de garant\u00edas, entre otras, como la verificaci\u00f3n de las posibilidades de recuperaci\u00f3n de la deuda. <\/p>\n
En cuanto a lo estipulado en el art\u00edculo 39 extralegal, en el que se consagr\u00f3 el acceso al centro vacacional \u00abAntonio Ricaurte\u00bb, el ad quem, consider\u00f3 que se trataba de un beneficio que en algunos casos no era utilizado, o que su goce era espor\u00e1dico y en su reemplazo, el acta convencional de 2011, estableci\u00f3 una prerrogativa cierta, consistente en el pago de la suma de $9.000.000, que a juicio de los actores, se trat\u00f3 de \u00abuna transacci\u00f3n mercantilista extra\u00f1a e inapropiada para el derecho del trabajo\u00bb, por cuanto, \u00ablos originados en el ejercicio del Derecho de Asociaci\u00f3n Sindical, no se venden ni se compran y mucho menos cuando estos buscan hacer efectiva la garant\u00eda de la recreaci\u00f3n y esparcimiento y el descanso como lo ordena el art\u00edculo 53 de la Carta\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior no se desprende la existencia de un eventual perjuicio o desmejora predicable de la modificaci\u00f3n convencional, toda vez, que el valor fijado en dicha modificaci\u00f3n, tal como dedujo el ad quem, es tangible y cierta y no se acredita perjuicio alguno equivalente a la posibilidad o imposibilidad de acceso al citado centro vacacional, raz\u00f3n por la cual la Sala no encuentra desaciertos en los razonamientos del juez plural. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se advierte que sobre la aludida disposici\u00f3n extralegal, el Tribunal asegur\u00f3 que \u00abcomo en el asunto ninguno de los integrantes de la parte actora ostenta la calidad de pensionado, es claro que no puede verse beneficiado del restablecimiento de dicho derecho convencional\u00bb, discernimiento contra el que no se formulan objeciones y por ende, equivale a decir que los impugnantes se avienen al mismo. <\/p>\n
En lo que se refiere al art\u00edculo 44 convencional sobre servicios m\u00e9dicos y odontol\u00f3gicos a favor de los familiares de los trabajadores a trav\u00e9s de la modalidad prepago, el juez de apelaciones observ\u00f3 que, con el acta convencional, se otorg\u00f3 la opci\u00f3n a los trabajadores de ceder ese beneficio a cambio \u00abde una suma \u00fanica de 46 millones para quienes ingresaron antes de febrero del a\u00f1o 2004, y de 20\u2019000.000 para quienes ingresaron a partir de esa fecha\u00bb. Consider\u00f3 que su utilizaci\u00f3n era incierta; que no se trat\u00f3 de una imposici\u00f3n sino de una opci\u00f3n; y que el hecho de que se condicionara el goce a que el trabajador cotizante y sus familiares se trasladaran a la EPS del operador con el cual se contratara la prestaci\u00f3n de los servicios no pod\u00eda ser considerado una desmejora. <\/p>\n
Ante estos razonamientos, los impugnantes se limitan a afirmar: <\/p>\n
Los servicios m\u00e9dicos y odontol\u00f3gicos a que tienen derecho los trabajadores para mejorar lo establecido en la Ley 100 de 1993, seg\u00fan los par\u00e1metros del art\u00edculo 44 convencional, tambi\u00e9n son objeto de una indebida e ilegal actuaci\u00f3n mercantilista, en virtud de la cual, mediante renuncia, aparentemente \u00abvoluntaria\u00bb, es posible vender este beneficio <\/p>\n
De lo descrito se aprecia, que no se trat\u00f3 de una supresi\u00f3n irrestricta de beneficios, toda vez que existi\u00f3 un ofrecimiento opcional, cuya decisi\u00f3n depend\u00eda de su titular, beneficiario de la convenci\u00f3n y en definitiva, tampoco en esta oportunidad, se contrarrestan las consideraciones del ad quem, lo que conlleva concluir que no se acreditaron los yerros arg\u00fcidos. <\/p>\n
En lo que respecta al supuesto incremento de la jornada diaria de lunes a viernes en 25 minutos, nada dice la censura sobre de la reducci\u00f3n de la hora de salida a las 2:00 pm, los d\u00edas viernes, por lo que se entiende que la acusaci\u00f3n es parcial, al enrostrar el aspecto negativo de la modificaci\u00f3n, sin tener en cuenta los beneficios conseguidos y desde esta arista, se desestima el cuestionamiento. <\/p>\n
La inconformidad en cuanto al aumento de salarios, estipulada en la cl\u00e1usula 54, el fallador plural sostuvo que se trat\u00f3 de una mejora y que no dejaba de serlo, por el solo hecho de que para los accionantes dicho reajuste no estuviere de acuerdo con el tama\u00f1o y utilidades de la empresa. Puntualmente expresaron los recurrentes: <\/p>\n
El incremento salarial consagrado en el art\u00edculo 54, es aparente y solo opera para trabajadores activos, con lo cual se desconoci\u00f3 la condici\u00f3n de beneficiarios que tienen los pensionados. El ajuste, se bas\u00f3 exclusivamente en el IPC, que resulta ostensiblemente inferior al que se ordena para el Salario M\u00ednimo legal mensual. El Acta, determin\u00f3 un incremento salarial para el 2011, de 3.17% y el aumento, seg\u00fan disposici\u00f3n del Gobierno Nacional, fue del 4%. <\/p>\n
Revisada la cl\u00e1usula convencional en lo pertinente, se lee: <\/p>\n
Art\u00edculo 54. Aumento de salarios. La Empresa, para la vigencia 2004, 2005, 2006 y 2007 aumentar\u00e1 los salarios de los trabajadores beneficiarios de \u00e9sta convenci\u00f3n, de la siguiente manera: <\/p>\n
1. Para el a\u00f1o 2004 y, con retroactividad a partir del 1 de enero de 2004, se incrementar\u00e1 el salario b\u00e1sico mensual de los trabajadores en un porcentaje de SEIS PUNTO CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (6,49%), equivalente al \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) del a\u00f1o 2003. <\/p>\n
2. Para el a\u00f1o 2005 y a partir del 1\u00b0 de enero de ese a\u00f1o, se incrementar\u00e1 el salario b\u00e1sico mensual de los trabajadores en un porcentaje equivalente al \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) del a\u00f1o 2004. <\/p>\n
3. Para el a\u00f1o 2006 y a partir del 1\u00b0 de enero de ese a\u00f1o, se incrementar\u00e1 el salario b\u00e1sico mensual de los trabajadores en un porcentaje equivalente al \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) del a\u00f1o 2005. <\/p>\n
4. Para el a\u00f1o 2007 y a partir del 1\u00b0 de enero de ese a\u00f1o, se incrementar\u00e1 el salario b\u00e1sico mensual de los trabajadores en un porcentaje equivalente al \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) del a\u00f1o 2006. <\/p>\n
Los aumentos salariales pactados en este art\u00edculo aplicar\u00e1n al personal remunerado bajo el sistema de salario ordinario o tradicional. <\/p>\n
A su turno, la modificaci\u00f3n prev\u00e9: <\/p>\n
El art\u00edculo 54 Convencional, quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 54\u00b0 REAJUSTE DE SALARIOS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS. <\/p>\n
LA EMPRESA, para los a\u00f1os 2011, 2012, 2013 y 2014 aumentar\u00e1 los salarios de los trabajadores activos, de la siguiente manera: <\/p>\n
1. Para el a\u00f1o 2011 y a partir del 1\u00b0 de agosto de este a\u00f1o la EMPRESA incrementar\u00e1 el salario b\u00e1sico mensual de los trabajadores activos, en un punto porcentual (1%) adicional al \u00edndice de Precios al Consumidor (IPC) del a\u00f1o 2010, que la empresa increment\u00f3 en la n\u00f3mina del mes de mayo con retroactividad al I de enero 2011. <\/p>\n
Adicionalmente a lo anterior, la empresa reconocer\u00e1 en la n\u00f3mina del mes de septiembre de 2011, un bono no constitutivo de salario equivalente al uno por ciento (1%) del salario b\u00e1sico mensual del trabajador, por cada mes trascurrido entre enero y julio de 2011 y proporcionalmente por fracci\u00f3n laborada. El salario que se tendr\u00e1 en consideraci\u00f3n para efectos de este aparte ser\u00e1 el que devengaba el trabajador con anterioridad al incremento verificado en el mes de mayo de 2011. <\/p>\n
Para el a\u00f1o 2012 y a partir del 1\u00b0 de enero de ese a\u00f1o la EMPRESA incrementar\u00e1 el salario b\u00e1sico mensual de los trabajadores activos, en un porcentaje equivalente al \u00edndice de Precios al Consumidor (IPC) del a\u00f1o 2011 m\u00e1s medio punto porcentual (0.5%). <\/p>\n
Para el a\u00f1o 2013 y a partir del 1\u00b0 de enero de ese a\u00f1o la EMPRESA incrementar\u00e1 el salario b\u00e1sico mensual de los trabajadores activos, en un porcentaje equivalente al \u00edndice de Precios al Consumidor (IPC) del a\u00f1o 2012 m\u00e1s medio punto porcentual (0.5%). <\/p>\n
Para el a\u00f1o 2014 y a partir del 10 de enero de ese a\u00f1o la EMPRESA incrementar\u00e1 el salario b\u00e1sico mensual de los trabajadores activos, en un porcentaje equivalente al \u00edndice de Precios al Consumidor (IPC) del a\u00f1o 2013 m\u00e1s medio punto porcentual (0.5%). <\/p>\n
Los aumentos salariales pactados en este art\u00edculo aplicar\u00e1n al personal remunerado bajo el sistema de salario ordinario o tradicional. <\/p>\n
Se advierte que en materia de incrementos no puede plantearse desmejora cuando el instrumento colectivo anterior se\u00f1ala expresamente las vigencias que cubre, a menos, que el nuevo anulara por completo la posibilidad de incremento, cosa que no ocurre tal como se aprecia. En todo caso, es notorio que la convenci\u00f3n colectiva anterior, ataba el incremento al IPC, mientras que el acuerdo actual, adem\u00e1s de este, le adiciona un porcentaje que, seg\u00fan el a\u00f1o, oscila entre el 0.5% y el 1%, es decir, se trata de aumentos superiores que evidentemente comporta un incremento m\u00e1s amplio que el previsto en el convenio colectivo, por lo que se descarta la aducida desmejora. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en torno al bono por suscripci\u00f3n del acta convencional, estim\u00f3 el Tribunal que no se \u00abelimin\u00f3 ning\u00fan beneficio de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, pues se trata de un ingreso adicional para los trabajadores a quienes se le aplican los ajustes\u00bb. Ante esto, la censura aduce que el bono por la firma de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, que estaba se\u00f1alado en el art\u00edculo 59, \u00absolo se entregar\u00e1 ahora a los trabajadores activos en el momento de la firma de esta \u2018acta\u2019\u00bb. <\/p>\n
Para responder este cuestionamiento, es menester destacar que la aludida norma 59 (f.\u00b0 194 cuaderno 1), contempla: <\/p>\n
Art\u00edculo 59. Bono de Firma. <\/p>\n
La EMPRESA pagar\u00e1 a los trabajadores que se beneficien de la Convenci\u00f3n, por una sola vez, dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la firma de la Convenci\u00f3n, la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.oo), la cual no tiene car\u00e1cter salarial ni forma parte de la n\u00f3mina, para liquidaci\u00f3n de prestaciones sociales legales o extralegales. <\/p>\n
Por su parte, el \u00abART\u00cdCULO TRANSITORIO No. 1\u00bb del acta convencional (f.\u00b0318), prev\u00e9: <\/p>\n
La Empresa pagar\u00e1, por una sola vez y en forma extraordinaria, la suma de NOVECIENTOS MIL PESOS ($900.000), a los trabajadores activos en el momento de la firma de la presente Acta Convencional. <\/p>\n
El pago de esta suma no tendr\u00e1 la calidad de salario ni efecto prestacional, de acuerdo a lo consagrado en el art\u00edculo 15 de la ley 50 de 1990. La totalidad de esta bonificaci\u00f3n ser\u00e1 entregada al trabajador. El bono mencionado en esta cl\u00e1usula transitoria no cobijar\u00e1 a las personas que [se] haya desvinculado por cualquier motivo de la Empresa con anterioridad a la firma de la presente Acta Convencional. <\/p>\n
Del texto de los preceptos extralegales trascritos no es posible deducir yerro alguno con car\u00e1cter de evidente y manifiesto por parte del juez colegiado, en la medida en que no se percibe perjuicio, ni eliminaci\u00f3n de un beneficio o prerrogativa para los trabajadores destinatarios, toda vez que es claro que lo pactado consisti\u00f3 en el pago de una \u00fanica suma de dinero, a quienes decidieran suscribir uno u otro acuerdo y en esencia, de la simple lectura su contenido, se observa que guardan similitud, salvo lo relativo al monto y fecha en que se debe efectuar dicho pago, que el acta de 8 de julio de 2011, estableci\u00f3 su inmediatez y en cuant\u00eda superior, adem\u00e1s que precis\u00f3 que no lo recibir\u00edan quienes se encontraran desvinculados de la empresa a esa data, mientras que la convenci\u00f3n 2004-2007, lo condicion\u00f3 al vencimiento de los 15 d\u00edas despu\u00e9s de la firma. <\/p>\n
Se agrega, que ambas normas extralegales, mencionan el car\u00e1cter no salarial ni prestacional del referido bono. <\/p>\n
Cabe destacar que el reproche de los recurrentes, relativo a los cuatro a\u00f1os de vigencia establecido en el art\u00edculo 61 y la presunta eliminaci\u00f3n del auxilio econ\u00f3mico consagrado en el art\u00edculo 40, destinado a las actividades \u00abdeportivas y culturales\u00bb es desacertado, por tratarse de discusiones no abordadas en el fallo, toda vez que la Corte carece de competencia para estudiar temas sobre los que el ad quem, omiti\u00f3 pronunciarse al no haber sido planteados en el recurso de apelaci\u00f3n; la controversia en sede de casaci\u00f3n debe estar en consonancia con la planteada en la alzada (CSJ SL1202-2022). <\/p>\n
Corolario, no se equivoc\u00f3 el Tribunal al concluir que el acta convencional de 8 de julio de 2011, no comport\u00f3 desmejora alguna en las cl\u00e1usulas acabadas de analizar. <\/p>\n
iv) Ineficacia \u2013 nulidad del acta convencional <\/p>\n
Las razones expuestas en precedencia, son suficientes para descartar su ineficacia o invalidez. No obstante, se aclara que los contenidos de ese documento, fueron sometidos a la asamblea celebrada el 1 de abril de 2011, tal como se desprende de los antecedentes y se constata a folios 143 a 219. De dicho documento se deduce, adem\u00e1s, que no se trat\u00f3 de una decisi\u00f3n impuesta, sino que en la misma particip\u00f3 el \u00f3rgano principal del sindicato, es decir la asamblea general. De las discusiones llevadas a cabo en esa oportunidad, tambi\u00e9n se colige que los acuerdos que luego se formalizaron en la mencionada modificaci\u00f3n a la convenci\u00f3n, fueron puestos a consideraci\u00f3n del referido \u00f3rgano, previa su votaci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se desprende del acta de esa reuni\u00f3n (f.\u00b0169), la intervenci\u00f3n del fiscal de la organizaci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
[\u2026] nuestro proceso ya est\u00e1 en maduraci\u00f3n y consideramos que no es justo que se tumbe luego de 10 meses, por ello con el debido respeto le pedimos que se unan a nosotros y que quede en firme nuestra convenci\u00f3n, luego invito a todos los asamble\u00edstas a que votemos y apoyemos los acuerdos que hay en este momento en la mesa. <\/p>\n
De lo trascrito se infiere que lo acordado no devino de una decisi\u00f3n inusitada, sino que se forj\u00f3 tras meses de discusiones, con lo cual es posible afirmar que no se trasgredieron los principios democr\u00e1ticos propios de la negociaci\u00f3n colectiva. Se reitera, el acuerdo a que se lleg\u00f3, cont\u00f3 con la aprobaci\u00f3n, a trav\u00e9s del voto expresado en esa Asamblea, con 201 de los 355 posibles, es decir, se super\u00f3 la mayor\u00eda absoluta. <\/p>\n
Igualmente destaca la Sala, que en la mencionada asamblea hubo oportunidad de escuchar y discutir las posiciones disidentes, como se constata con el contenido del acta de 11 abril de 2011, con las intervenciones de los trabajadores Gonzalo Rinc\u00f3n (f.\u00b0172), en la que argument\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] ellos se acomodaron no a lo de ellos, a lo de la empresa, a donde la empresa lo quiera llevar, es a regalar nuestra convenci\u00f3n colectiva compa\u00f1eros, yo s\u00e9 que ustedes son la gran mayor\u00eda compa\u00f1eros, no me tomen como su enemigo, miremos lo que tenemos acta en la convenci\u00f3n colectiva, nuestro servicio m\u00e9dico que es la columna vertebral, yo pens\u00e9 compa\u00f1eros, recapacitemos no nos dejemos inflar la cabeza de signos pesos, analicemos y miremos en el momento de votar, primero que todo el presidente nos hab\u00eda tenido que decir las reglas para aplicar en proceso de negociaci\u00f3n. <\/p>\n
En el igual sentido aleg\u00f3 Arturo Garc\u00eda (f.\u00b0173): <\/p>\n
[\u2026] c\u00f3mo vamos a someter a la debilidad de los trabajadores a una negociaci\u00f3n de este tipo, dej\u00e1ndonos solamente para que vean que nos van a dar unos pesitos que hoy brillan, ma\u00f1ana est\u00e1n esfumados, compa\u00f1eros esto no es una negociaci\u00f3n, esto es como cuando uno est\u00e1 necesitado y va a la casa de empe\u00f1o con su televisor que es lo \u00fanico que tiene regalarlo [\u2026]. <\/p>\n
Revisada la mencionada acta (f.\u00b0143 a 219), se evidencian las m\u00faltiples alocuciones que se presentaron frente al proyecto de acuerdo convencional presentado. Esas manifestaciones, realizadas a favor y en contra, fueron parte de la discusi\u00f3n previa a la votaci\u00f3n, sin que pueda aseverarse que se indujo de alg\u00fan modo en error, o cualquier otro vicio a los votantes para conseguir la aprobaci\u00f3n por la mayor\u00eda que finalmente se alcanz\u00f3. <\/p>\n
Se reitera, la decisi\u00f3n lograda bajo ese procedimiento, no viol\u00f3 el debido proceso, tampoco fue contraria a la teleolog\u00eda de la acci\u00f3n sindical, que comprende dentro de una de las funciones de estas organizaciones la de propulsar el acercamiento de los interlocutores sociales \u00absobre las bases de justicia, de mutuo respeto y de subordinaci\u00f3n a la ley, y colaborar en el perfeccionamiento de los m\u00e9todos peculiares de la respectiva actividad y en el incremento de la econom\u00eda general\u00bb, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 373 CST. <\/p>\n
De manera que la Asamblea General llevada a cabo el 1 de abril de 2011, s\u00ed constituye un instrumento v\u00e1lido para legitimar el acuerdo materializado en el acta convencional del 8 de julio de 2011, sin que la inconformidad con los puntos alcanzados, por parte de los recurrentes, constituya sustento suficiente para privar de efectos ese instrumento colectivo, pues como se indic\u00f3 antes, dichas razones disidentes tuvieron en su momento oportunidad de ser planteadas y discutidas. <\/p>\n
De todo lo discurrido concluye la Sala, que el sentenciador colegiado no err\u00f3 al considerar la validez y eficacia del acta suscrita el 8 de julio de 2011, as\u00ed como de las cl\u00e1usulas objeto de discusi\u00f3n. En consecuencia, los cargos no salen avante. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, as\u00ed como tambi\u00e9n de la valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, concluyendo que el acuerdo colectivo de 2011 no estaba viciado de ninguna ilegalidad y que adem\u00e1s, exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n as\u00ed como hechos nuevos en la demanda extraordinaria estudiada por parte de los demandantes. <\/p>\n
Es as\u00ed, como tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, espec\u00edficamente el exceso ritual manifiesto, de manera que el reclamo del peticionario no haya recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la especialidad laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Por tanto, se impone mantener el fallo refutado el cual goza de presunci\u00f3n de acierto y legalidad m\u00e1xime trat\u00e1ndose de organismos de cierre a menos que sean visibles los yerros sustantivos, f\u00e1cticos o adjetivos que har\u00edan procedente de manera excepcional este medio de amparo. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4719-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC4719-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00273-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Pedro Pablo Rico Castillo, Mauricio Mancera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73387","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73387"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73387\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}