STC4721-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4721-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00301-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 28 de febrero de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Duv\u00e1n Hernando Hern\u00e1ndez Aguilar contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, cumple una pena de 300 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhomicidio en concurso con homicidio tentado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb, que vigila actualmente el Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, ante esa agencia judicial present\u00f3 solicitud de permiso administrativo de 72 por fuera del penal, la cual le fue negada mediante auto de 23 de agosto de 2021, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en prove\u00eddo de 28 de septiembre de 2022, con fundamento en las insatisfactorias calificaciones de conducta por parte del establecimiento penitenciario en el que se encuentra y en la prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 199 de la ley 1098 de 2006, por tratarse de delitos contra menores de edad. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las referidas determinaciones por desconocer jurisprudencia de la Corte Constitucional y de Corte Suprema de Justicia que establecen que, \u00abel estudio del juez para aprobar el beneficio administrativo no puede fundarse exclusivamente en la gravedad de la conducta punible\u00bb; as\u00ed mismo, que evalu\u00f3 todo lo relacionado con las condiciones personales, y que no le fueron deducidas \u00abcircunstancias de mayor punibilidad\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, adujo que las sanciones disciplinarias de las que ha sido objeto por parte del centro carcelario no pueden ser el \u00fanico motivo para no acceder a la petici\u00f3n pues su conducta actual ha sido calificada como buena, \u00abde suerte que se tiene que evaluar de forma integral el actuar del penado durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00abse dejen sin efecto las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales [\u2026] se ordene al Juzgado 21 de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1 que resuelva de nueva la solicitud de permiso administrativo por 72 horas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintiuno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que Hern\u00e1ndez Aguilar, de la pena que le fue impuesta, ha descontado un total de \u00ab141 meses y 19,5 d\u00edas\u00bb. Sostuvo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno puesto que, al tomar en la decisi\u00f3n reprochada \u00abse observaron los principios y garant\u00edas constitucionales\u00bb y el penado tuvo la posibilidad de hacer uso de los recursos legales para controvertirla. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto lo que se observa es que el tutelante pretende utilizar este mecanismo como instancia adicional. Adjunt\u00f3 copia digital de la providencia recriminada. <\/p>\n
3. El INPEC solicit\u00f3 ser desvinculado del tr\u00e1mite ya que no es \u00abcompetente para pronunciarse respecto de las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante manifest\u00f3 \u00abapelar\u00bb la sentencia de primer grado, sin argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena de prisi\u00f3n de 300 meses de prisi\u00f3n), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, con fundamento en las calificaciones negativas de comportamiento al interior del centro carcelario y en la prohibici\u00f3n legal contenida en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 28 de septiembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, consider\u00f3 el tribunal que adem\u00e1s de las calificaciones negativas durante algunas etapas de la reclusi\u00f3n, deb\u00eda tenerse en cuenta que, como el delito de homicidio por el cual fue condenado recay\u00f3 en un menor de edad, por virtud de la prohibici\u00f3n normativa contenida en el art\u00edculo 199 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, no era posible otorgar el beneficio implorado. <\/p>\n
Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que dicha limitaci\u00f3n ha sido objeto de an\u00e1lisis por la Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos en los que ha indicado que el referido canon no lo ha declarado inexequible la Corte Constitucional. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la calificaci\u00f3n de mala y regular conducta del recluso, soporte de la decisi\u00f3n apelada, precis\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha resaltado que el estudio de los requisitos del art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993 debe comprender \u00abtodo el periodo de privaci\u00f3n de la libertad, y siempre teniendo en cuenta el fin resocializador\u2026 <\/p>\n
(\u2026) la valoraci\u00f3n de la buena conducta del condenado en el establecimiento penitenciario no puede depender de un solo lapso, ni de una sola calificaci\u00f3n, sino que debe realizarse, en cada caso concreto, de manera ponderada (principio rector, art\u00edculo 27, Ley 906 de 2004) y en forma integral, con an\u00e1lisis de la evoluci\u00f3n del comportamiento de la persona durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n, con el fin de conocer si ha avanzado o retrocedido en su proceso de resocializaci\u00f3n y, por tanto, si merece ser motivado o incentivado el beneficio. \u2026 <\/p>\n
Lo anterior significa que el legislador otorga un margen razonable de tolerancia frente a posibles errores de comportamiento en que puedan incurrir las personas beneficiadas y no impone la extinci\u00f3n del derecho por una sola falla. Si ello se aplica a quienes ya disfrutan del permiso, con mayor raz\u00f3n debe tenerse en cuenta como criterio de ponderaci\u00f3n (STC1531-2020, rad. 108914)\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 puntualizando que, de conformidad con la cartilla biogr\u00e1fica, contrario a lo manifestado por el sentenciado en relaci\u00f3n a su proceder actual, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se mostr\u00f3 renuente a adoptar una debida conducta dentro del establecimiento de reclusi\u00f3n, puesto que, el desconocimiento de las normas ha sido constante durante todo el lapso que ha estado privado de la libertad y, lejos de mostrar una mejor\u00eda con ocasi\u00f3n de las sanciones que la han sido impuestas, se observa que este opt\u00f3 por mantener las pr\u00e1cticas prohibidas. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, por cuanto recibi\u00f3 once sanciones disciplinarias en el periodo comprendido entre el a\u00f1o 2014 y 2018, correspondientes a perdida de la redenci\u00f3n de la pena y de suspensi\u00f3n de las visitas, a pesar de lo cual, en el a\u00f1o 2019, la conducta fue calificada como mala y regular durante todo el primer semestre de esa anualidad. <\/p>\n
En efecto, v\u00e9ase c\u00f3mo, en los periodos comprendidos entre el 02 de mayo de 2014 y el 01 de octubre de 2015, la calificaci\u00f3n de Duv\u00e1n Hernando Hern\u00e1ndez Aguilar oscil\u00f3 entre mala y regular; posteriormente, si bien tuvo un lapso de tiempo en el que su comportamiento fue bueno y ejemplar, lo cierto es que, en el tiempo entre 03 de septiembre y 02 de diciembre de 2016, nuevamente fue malo. <\/p>\n
Asimismo, se evidencia que, desde el 02 de octubre de 2015 al 02 de septiembre de 2016, el encartado adopt\u00f3 un comportamiento bueno y ejemplar; no obstante, entre el 03 de diciembre de 2018 y 02 de marzo de 2019 el actuar fue malo, y de esa \u00faltima fecha hasta el 02 de junio de 2019, se calific\u00f3 como regular. Conforme a ese contexto, el comportamiento de Duv\u00e1n Hernando Hern\u00e1ndez Aguilar evidencia, sin dubitaci\u00f3n alguna, su renuencia a resocializarse y procurar mantener una buena conducta\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, lo adoptado por el tribunal acusado estuvo acorde con el escenario procesal evaluado, la normativa espec\u00edfica que rige la materia, en cuanto a la calificaci\u00f3n de la conducta durante el tiempo de reclusi\u00f3n2 , en consonancia con lo contemplado en el art\u00edculo 1993 de la ley 1098 de 2006 \u2013 c\u00f3digo de infancia y adolescencia \u2013 que consagra una espec\u00edfica proscripci\u00f3n de concesi\u00f3n de todo de tipo de beneficios punitivos o administrativos para quienes hubiesen sido condenados por delitos dolosos contra la vida, como es el caso del accionante (entre otros). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se halla incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada estuvo sustentada en una hermen\u00e9utica coherente, labor en la que no es viable interferir y, adem\u00e1s, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada, que confirm\u00f3 la negativa del permiso administrativo de 72 horas por fuera del penal, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda al advertirse razonable y ajustada a las preceptivas aplicables. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 4 de mayo de 2023. \u2013 Ingreso al despacho del Magistrado Ponente, 8 de mayo de 2023. <\/p>\n
2\u0002 LEY 65 DE 1993 \u2013 C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario. ART\u00cdCULO 147. Permiso de hasta 72 horas. <\/p>\n
(\u2026) 6. Haber trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante la reclusi\u00f3n y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina. <\/p>\n
3\u0002 ART\u00cdCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, o secuestro, cometidos contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se aplicar\u00e1n las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) 8. Tampoco proceder\u00e1 ning\u00fan otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
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