STC4722-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4722-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02639-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por Sala de Casaci\u00f3n Penal el 24 de enero de 20231, que neg\u00f3 la tutela de Andr\u00e9s Antonio Mart\u00ednez M\u00e9ndez frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, desde el 5 de abril de 2017 se encuentra descontando pena de 90 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abdesplazamiento forzado\u00bb, cuya vigilancia est\u00e1 a cargo del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas de Cartagena. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, ante dicha agencia judicial solicit\u00f3 la concesi\u00f3n de libertad condicional, misma que le fue negada con providencia del 8 de noviembre de 2021, posteriormente confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena el 30 de septiembre de 2022, que refrend\u00f3 las argumentaciones del a quo en torno a la gravedad de la conducta para denegar el subrogado deprecado. <\/p>\n
Acus\u00f3 las anteriores determinaciones de constituir v\u00eda de hecho por defecto procedimental absoluto y desconocimiento de precedente, \u00abtoda vez, que sustentaron la negativa de conceder la libertad condicional [\u2026] \u00fanicamente porque, supuestamente, a su juicio, la conducta punible era grave, sin tener en cuenta otras consideraciones o aspectos favorables para el condenado\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal como el AP2977-2022 (entre otros), se indic\u00f3 que no es suficiente para negar un subrogado penal la alusi\u00f3n a la lesividad de la conducta punible, ya que ese aspecto debe ser una de las facetas de an\u00e1lisis, al igual que las circunstancias de menor y mayor punibilidad, los agravantes y atenuantes, es decir, comprender un examen integral. <\/p>\n
Sumado a ello, adujo que se omiti\u00f3 apreciar que el establecimiento carcelario conceptu\u00f3 favorablemente para el otorgamiento de su libertad, fundado en que el tratamiento penitenciario ha sido positivo, pues \u00abno registra faltas disciplinarias vigentes, no presenta riesgo de fuga ni de tentativa de fuga y su conducta se encuentra en grado ejemplar\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que, \u00abse revoquen las decisiones tomadas por el Juzgado 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena y el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Penal, y en su lugar se conceda la libertad condicional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Tercera de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, luego de dar cuenta de los fundamentos sobre los cuales edific\u00f3 la negativa censurada, se\u00f1al\u00f3 que esta se encuentra debidamente argumentada y cimentada en los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales vigentes y aplicables al caso, sin que le haya sido cercenado o amenazado derecho fundamental alguno, pues ha obtenido repuesta a su petici\u00f3n y ha podido manifestar sus inconformidades o reparos, dentro del curso de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda porque los pronunciamientos reprochados los advirti\u00f3 razonables y se apoyaron en la normativa y precedentes aplicables sobre la materia. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado del querellante reiterando los alegatos del escrito inicial en el sentido de acusar las providencias que le negaron la libertad condicional de ce\u00f1irse exclusivamente en la valoraci\u00f3n de la conducta punible, desconociendo el tratamiento penitenciario y las condiciones personales del recluso, con lo cual, insiste, se desatendi\u00f3 el precedente judicial citado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (AP2277-2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron las garant\u00edas reclamadas por el actor al negarle la libertad condicional deprecada, con fundamento \u00ab\u00fanicamente\u00bb en el factor subjetivo de la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible por la que fue condenado, dejando de lado el an\u00e1lisis de otros elementos preponderantes para adoptar la determinaci\u00f3n, conforme se indica en el auto AP2277-2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal citado como precedente. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 30 de septiembre de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
De la razonabilidad del prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n del tribunal censurado, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
4.1. La colegiatura accionada para confirmar el auto de primer grado que neg\u00f3 el pedimento aludido, preliminarmente destac\u00f3 que los requisitos objetivos contenidos en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal se hallaban satisfechos; seguidamente, se detuvo en lo dicho recientemente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el auto \u2013 AP2977-2022 \u2013 cuyo desconocimiento denuncia el actor, el cual, efectivamente explica que, de cara a la procedibilidad de la libertad condicional, no es suficiente con la valoraci\u00f3n de la gravedad del delito, sino ampliar el an\u00e1lisis a otros factores relacionados con el comportamiento del condenado. <\/p>\n
No obstante lo anterior, aclar\u00f3 que, las consideraciones en torno a la conducta punible no implicaban un nuevo examen de la responsabilidad, y en todo caso, no infring\u00eda el principio constitucional del non bis in \u00eddem, sino que se hac\u00eda para establecer la necesidad del cumplimiento cabal de la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
En ese sentido, precis\u00f3 que, el juez fallador estim\u00f3 que el il\u00edcito de desplazamiento forzado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) revest\u00eda tal gravedad al punto que era necesario alejarse del extremo m\u00ednimo del cuarto punitivo de movilidad seleccionado, y fijarlo en el m\u00e1ximo, para lo cual no solo se hizo referencia al natural desarraigo de las v\u00edctimas que representa ese tipo de delitos, sino adem\u00e1s se destac\u00f3 la desintegraci\u00f3n de la unidad familiar que se verific\u00f3 entre la v\u00edctima y sus familiares, que, al desplazarse, se dividieron entre el corregimiento de Nari\u00f1o y Magangu\u00e9. <\/p>\n
Los anteriores aspectos fueron definitorios a la hora de ordenar en favor de las v\u00edctimas el pago por concepto de perjuicios morales, momento en el que el juez de conocimiento hizo alusi\u00f3n al sufrimiento y acongoja de la v\u00edctima reclamante, sentimientos que fueron considerados por el juez de ejecuci\u00f3n de penas para estimar que la conducta punible revest\u00eda, particularmente, de mayor gravedad, conforme a la sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, conforme los razonamientos del juez de conocimiento, concluy\u00f3 el tribunal tutelado que la entidad de la conducta en particular se explicaba tambi\u00e9n desde las consecuencias sufridas por las v\u00edctimas, por lo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la conducta de desplazamiento forzado, junto con sus circunstancias de modo, son particularmente graves en comparaci\u00f3n a la de otro caso similar, en el cual, por ejemplo, el proceso de desplazamiento del sujeto pasivo no hubiese repercutido tanto en su unidad familiar y su \u00e1nimo. En consecuencia, la Sala encuentra que las consideraciones que al respecto esgrimi\u00f3 el a quo para denegar la libertad condicional deprecada son s\u00f3lidas y suficientes, por lo cual, los reproches del apelante frente a este subrogado no consiguen su prop\u00f3sito y, en consecuencia, se impone la confirmaci\u00f3n de su negativa\u00bb. <\/p>\n
4.2. De acuerdo a lo rese\u00f1ado, la magistratura tutelada fue clara en se\u00f1alar que, al margen de lo puntualizado por la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en lo atinente al examen arm\u00f3nico e integral de los requisitos de viabilidad del subrogado, sin que baste para la negativa apoyarse \u00fanicamente en el an\u00e1lisis de la gravedad del delito, explic\u00f3 que, en todo caso, esa valoraci\u00f3n no es posible soslayarla, pero no entendida como un nuevo estudio de la responsabilidad, sino desde la necesidad del cumplimiento de la pena por su trascendencia; entonces, si a esa evaluaci\u00f3n del injusto se atuvo el accionado, no es posible hablar de la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, pues simplemente actu\u00f3 seg\u00fan lo ordena la preceptiva espec\u00edfica y el precedente jurisprudencial consultado. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, cabe recordar que la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo por esta senda, la cual no fue concebida para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC 18 mar. 2010, rad. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 00443-01). <\/p>\n
En definitiva, toda vez que la determinaci\u00f3n recriminada descansa en criterios de interpretaci\u00f3n respetables, no podr\u00eda calificarse de antojadizo o inmotivado el razonamiento efectuado respecto de los requisitos requeridos para hacer merecedor al accionante del subrogado pretendido, por lo que no resulta dable pregonar que con la negativa de otorgarle la libertad condicional se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho que amerite la incursi\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirma la denegaci\u00f3n de la salvaguarda porque la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 4 de mayo de 2023. \u2013 Ingreso al despacho del Magistrado Ponente, 8 de mayo de 2023. <\/p>\n
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