STC4723-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4723-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00578-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 11 de abril de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nubia Marlen Guerrero Rozo contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de esta ciudad y la Sociedad Importaciones y Exportaciones F\u00e9nix S.A.S. -Imporf\u00e9nix S.A.S.-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2018-00063. <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, \u00abm\u00ednimo vital y buena fe\u00bb, presuntamente vulnerados por las enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Nubia Marlen Guerrero Rozo promovi\u00f3 ordinario laboral contra Imporf\u00e9nix S.A.S., en procura de que se declarara la existencia de \u00abun contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido, desde el 29 de enero de 2008 al 15 de agosto de 2017; (\u2026) [y que] su despido fue ilegal al encontrarse en tratamiento m\u00e9dico\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 el reintegro y el pago de \u00ablas diferencias salariales [teniendo en cuenta todos los ingresos percibidos, esto es el beneficio de movilizaci\u00f3n y horas extras] e indemnizaci\u00f3n por despido discriminatorio\u00bb2; cuyo estudio correspondi\u00f3 al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la alzada propuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 lo fallado por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que: (i) no se acredit\u00f3 \u00abuna falencia sustancial en la salud de la accionante al momento del fenecimiento del contrato de trabajo\u00bb; y, (ii) que no hab\u00eda lugar al reajuste pretendido. <\/p>\n
Inconforme, la gestora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, pues evidenci\u00f3 que la formulaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n \u00abcontiene (…) diferentes falencias t\u00e9cnicas que impiden su estudio\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio de la censora omitieron que \u00abfue reubicada en dos ocasiones por orden m\u00e9dica, aunque en ese entonces no hab\u00eda sido calificada\u00bb. Adicional a ello, precis\u00f3 que \u00abla Sala laboral de la HH Corte Suprema de Justicia (\u2026) no menciona nada sobre los cargos de la casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, fue condenada en costas \u00abcon una suma exorbitante que no se compensa con la pretensi\u00f3n principal de la demanda\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se profiera \u00abla sentencia que en derecho corresponda\u00bb y se condene a \u00abIMPORTACIONES Y EXPORTACIONES F\u00c9NIX S.A.S., al pago de las costas y agencias en derecho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abno se realiz\u00f3 examen probatorio alguno, toda vez que el mismo no se expuso en la impugnaci\u00f3n presentada, pues solo se hicieron referencias generalizadas de la visi\u00f3n subjetiva de la actora sobre el caudal probatorio, mas no se present\u00f3 reparo concreto y definible sobre la valoraci\u00f3n realizada por el ad quem\u00bb. As\u00ed mismo destac\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo no supera el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00absi la trabajadora deseaba evitar tales erogaciones [condena en costas], debi\u00f3, en caso de que hubiere lugar, haber solicitado en su momento el amparo de pobreza, por lo que ser\u00eda improcedente exonerarlas de su pago\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio. <\/p>\n
Del fallo del a quo constitucional se extrae la siguiente contestaci\u00f3n: <\/p>\n
3. \u00abEl representante Legal de la Sociedad Importaciones y Exportaciones F\u00e9nix S.A.S. y la apoderada judicial de esa empresa, quien particip\u00f3 en el proceso laboral promovido por la actora, resaltaron la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, en tanto que se agotaron las instancias procesales, por lo que, de prosperar esta v\u00eda, se vulnerar\u00eda el principio constitucional de la seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n cuestionada contiene argumentos razonables pues, para arribar a la conclusi\u00f3n, (\u2026) fund\u00f3 su postura en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la imposici\u00f3n de costas en el tr\u00e1mite ordinario, se\u00f1al\u00f3 que \u00abde considerarse alta dicha sanci\u00f3n, lo cual ocurre en este caso, se precisa que, tal aspecto, puede ser analizado por el juez competente al cual le corresponde efectuar la liquidaci\u00f3n de las costas y agencias en derecho, decisi\u00f3n contra la cual proceden recursos, por lo que la tutela deviene improcedente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00ab[s]i se hubiese revisado el expediente en su totalidad el juez de primera instancia al igual que el de la segunda instancia, otro hubiese sido el fallo, por lo tanto, se incurri\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n con el fin de que casara por las falencias no valoradas por los encargados de partir justicia. Y a su vez la Sala de Descongesti\u00f3n Nro.2 (\u2026) omitieron valorar las pruebas anexadas al expediente. Donde ninguno de los togados especifica con claridad el an\u00e1lisis de las pruebas aportadas en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por la gestora (SL2280-2022, 23 may.), por mantener en firme la decisi\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 24 de septiembre de 2019, 30 de octubre de 2020 y 23 de mayo de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem pues evidenci\u00f3 que la demanda \u00abcontiene (…) diferentes falencias t\u00e9cnicas que impiden su estudio\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el conjuntamente los dos cargos formulados: <\/p>\n
(i) Por la v\u00eda directa \u00aben la modalidad de infracci\u00f3n de [\u2026] los art\u00edculos 21, 22, 23, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 50 de 1990; art\u00edculo 64 modificado por el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 2351 de 1965, modificado por el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 50 de 1990 modificado por el art\u00edculo 28 de la Ley 789 de 2002; art\u00edculo 127, modificado por el art\u00edculo 14 de la Ley 50 de 1990; articulo 143; art\u00edculo 158; art\u00edculo 159; art\u00edculo 161 modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 6\u00ba de 1981, modificado por el art\u00edculo 20 de la Ley 50 de 1990; art\u00edculo 172 modificado por el art\u00edculo 25 de la Ley 50 de 1990, articulo 173 modificado por el 25 de la Ley 50 de 1990; articulo 177 modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 51 de 1983, articulo 249, art\u00edculos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, art\u00edculos 13, 25, 29, 48, 53, 59 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb; y, <\/p>\n
(ii) Por la senda indirecta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los: [\u2026] art\u00edculos 22; 23, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 50 de 1990; art\u00edculo 64 modificado por el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 2351 de 1965, modificado por el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 50 de 1990 modificado por el art\u00edculo 28 de la Ley 789 de 2002; art\u00edculo 127, modificado por el art\u00edculo 14 de la Ley 50 de 1990; art\u00edculo 143; art\u00edculo 158; articulo 159; art\u00edculo 161 modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 6\u00aa de 1981, modificado por el art\u00edculo 20 de la ley 50 de 1990; articulo 172 modificado por el art\u00edculo 25 de la Ley 50 de 1990; art\u00edculo 173 modificado por el art\u00edculo 26 de la Ley 50 de 1990; art\u00edculo 177 modificado por el art\u00edculo 1\u2070 de la Ley 51 de 1983; art\u00edculo 249; art\u00edculos 98 y de la Ley 50 de 1990 art\u00edculos 13, 25, 29, 48, 53, 93 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb; el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[T]al instrumento [impugnaci\u00f3n extraordinaria] cuenta con una t\u00e9cnica especial, la cual debe \u00abajustarse al estricto rigor [\u2026] que su planteamiento y demostraci\u00f3n exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia [\u2026] que de no cumplirse conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable e imposibilita el estudio de fondo de los cargos\u00bb (CSJ SL4569-2015). (\u2026) Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que los cargos presentados, contienen diferentes falencias t\u00e9cnicas que impiden su estudio\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, precis\u00f3 que la proposici\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 incompleta, puesto que \u00absi bien se acusan preceptos relativos al salario y la reliquidaci\u00f3n de acreencias, no sucede lo mismo con lo relativo a la garant\u00eda de estabilidad reforzada predicada, pues esta se encuentra contemplada en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, sin que se hiciere referencia a la misma en la formulaci\u00f3n de los ataques ni en su desarrollo, por lo que est\u00e1 vedada la Corte para realizar alg\u00fan pronunciamiento sobre el mismo, ya que no se present\u00f3 par\u00e1metro alguno respecto de este t\u00f3pico\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, destac\u00f3 que \u00abpodr\u00eda la Corporaci\u00f3n analizar los cuestionamientos relativos a los ajustes remunerativos deprecados, sin embargo, ello no es viable, dada la existencia de las falencias que se describen a continuaci\u00f3n\u00bb. Luego, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[e]n los reparos (\u2026) la recurrente es reiterativa en enrostrar falencias en la valoraci\u00f3n de pruebas por parte del juez de primera instancia, lo cual resulta irregular y contrario a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, toda vez que por regla general en esta sede solo es posible analizar la decisi\u00f3n de alzada\u00bb. <\/p>\n
Y, respecto del primer ataque, resalt\u00f3 que \u00absi bien la censora acude a la v\u00eda de puro derecho a fin de indicar que se incurri\u00f3 en la infracci\u00f3n directa de las normas enlistadas, en el desarrollo de su planteamiento lo que en realidad enrostra es un reproche f\u00e1ctico frente a lo determinado por el Tribunal al analizar los medios de prueba, en especial la historia cl\u00ednica, los interrogatorios de parte y desprendibles de pago, lo que es ajeno a la senda escogida\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDe omitirse la anterior falencia y prescindirse de los reproches sobre los elementos de convicci\u00f3n, tampoco habr\u00eda lugar a abordar el cargo, debido a que incurre en imprecisi\u00f3n la censora al denunciar la infracci\u00f3n directa de normas que fueron aplicadas como lo son el art. 127 y 128 del CST, de modo que en \u00aben estricta l\u00f3gica no pudo haberse rebelado contra\u00bb ellas o haberlas desconocido (CSJ SL SL476-2022). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, no es posible extraer (\u2026) un reproche de legalidad concreto, pues la censora se limita afirmar lo que a su juicio se encontr\u00f3 probado en el proceso y con ello inferir una trasgresi\u00f3n normativa, sin controvertir ninguno de los fundamentos del juez de alzada que en materia de los reajustes peticionados consisti\u00f3 en encontrar acreditado que el auxilio de movilizaci\u00f3n no se erig\u00eda como salarial al no remunerar directamente el servicio, sin que existiera planteamiento alguno sobre tal aspecto\u00bb. <\/p>\n
Sobre el segundo embate, la Corporaci\u00f3n encartada cit\u00f3 en lo pertinente las sentencias SL2348-2020, 24 jun., y SL2609-2020, 24 jun., y adujo que \u00abpese a que se indicaron dislates probatorios y unos elementos de convicci\u00f3n, no se desarroll\u00f3 argumento alguno que evidenciara la estimaci\u00f3n que sobre los mismos realiz\u00f3 el Tribunal, lo que debe entenderse de estos y su incidencia en la decisi\u00f3n, as\u00ed como se hizo referencia a los mismos de forma gen\u00e9rica, aspectos que impiden estudiar el ataque en comento, al ser requisitos esenciales de la senda seleccionada\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abla censura presenta una argumentaci\u00f3n que se traduce en un cuestionamiento de instancia, m\u00e1s que en la sustentaci\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n, sin observar, como lo ense\u00f1a la jurisprudencia, que para su estudio de fondo debe la acusaci\u00f3n ser completa en su formulaci\u00f3n y suficiente en su desarrollo, lo cual en el asunto bajo escrutinio no se acat\u00f3\u00bb. De esta manera, desestim\u00f3 los cargos. <\/p>\n
De acuerdo con ello, el fallo adoptado, como se anticip\u00f3, no es infundado o arbitrario, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, respecto de los cuestionamientos sobre la condena en costas, colige la Sala que la libelista no los expuso ante la autoridad competente, en la oportunidad prevista para ello, situaci\u00f3n que refuerza la desestimaci\u00f3n del resguardo, ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a la interesada. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 5 de mayo de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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