STC4726-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4726-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68679-22-14-000-2023-00036-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente, vulnerada por las autoridades convocadas al proferir los fallos de primera y segunda instancia en el juicio de simulaci\u00f3n n\u00b0 2020-00070. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refieren, en s\u00edntesis, que Juan Alipio Fl\u00f3rez Monsalve promovi\u00f3 en su contra la aludida demanda pretendiendo que se declarara la nulidad absoluta de la escritura p\u00fablica n\u00b0 2365 del 14 de diciembre de 2017, otorgada en la Notar\u00eda Segunda de San Gil, a trav\u00e9s de la cual Rita Antonia Bueno vendi\u00f3 el 50% de un inmueble a sus hijos Jerson Andr\u00e9s y Jerly Natalia Fl\u00f3rez Bueno. <\/p>\n
Relatan, que el asunto fue asignado por reparto al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Charal\u00e1, quien dict\u00f3 sentencia favorable a los intereses del demandante el 31 de mayo de 2022, decisi\u00f3n que apelaron, no obstante, fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de ese lugar, el 8 de marzo de 2023. <\/p>\n
Aducen, que las autoridades fustigadas no valoraron adecuadamente las pruebas \u00abdonde aparece claramente (\u2026) el material probatorio, suficiente, para demostrar no solo LA COSA JUZGADA sino tambi\u00e9n la ausencia de mala fe, de la demandada Rita Antonia, de querer perjudicar econ\u00f3micamente a su esposo, todo lo contrario, ella pag\u00f3, como lo relata la demandada, varias de las deudas a nombre de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Enfatizan, que en el asunto debi\u00f3 prosperar la excepci\u00f3n denominada cosa juzgada, debido a que en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal instaurado por Juan Alipio Fl\u00f3rez Monsalve contra Rita Antonia Bueno se debati\u00f3 sobre ese aspecto, en tanto que en esa litis el juez de conocimiento \u00abdecidi\u00f3 negar la recompensa pedida por la venta que nos ocupa, CON FUNDAMENTOS SOLIDOS, plasmados en las paginas 5, 6, 8 \u00faltimo p\u00e1rrafo, 9, 10, 12 final y 13 de la citada providencia, la cual fue confirmada por el superior\u00bb. <\/p>\n
Afirman, que el contrato de compraventa fue \u00ablegalmente celebrado\u00bb, por lo que cumplieron con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 1857 del C\u00f3digo Civil, aunado a ello, sostienen que hubo \u00abausencia de acuerdo simulatorio\u00bb, y no se le caus\u00f3 alg\u00fan perjuicio al all\u00ed convocante. <\/p>\n
3. Pretenden que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se invaliden las citadas providencias \u00aby se ordene, que sean restablecidos sus derechos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Juez Promiscuo del Circuito de Charal\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones adelantas en ese estrado, defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas que reclaman los promotores. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando que la determinaci\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora reiterando lo arg\u00fcido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Charal\u00e1 transgredi\u00f3 las prerrogativas reclamadas por los querellantes al proferir, en sede de apelaci\u00f3n, el fallo de 8 de marzo de 2023 en el proceso n\u00ba 2020-00070-01. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal del mencionado lugar, el 31 de mayo de 2022, fue la determinaci\u00f3n dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de confirmarse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar el fallo de 8 de marzo de 2023 por medio del cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Charal\u00e1, confirm\u00f3 la sentencia de 31 de mayo de 2022 en el juicio de simulaci\u00f3n n\u00ba 2020-00070, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada, en raz\u00f3n de que la referida providencia se ajustan a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, la autoridad acusada para desatar la apelaci\u00f3n, en primer lugar hizo referencia al fen\u00f3meno de la cosa juzgada resaltando que seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n existen tres elementos que deben concurrir para que se estructure \u00abeadem res (objeto), eadem causa petendi (causa), eadem conditio personarum (partes), presupuestos que traducidos literalmente forman la primera secci\u00f3n del art\u00edculo 303 de la codificaci\u00f3n procesal Civil vigente,2 es decir: \u201cLa sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jur\u00eddica de partes (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que \u00abconsidera acertadas las razones que tuvo el A quo para despachar desfavorablemente el ruego propuesto por v\u00eda exceptiva, pues de una somera verificaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n allegados al proceso se tiene que no existe similitud en el objeto de las acciones, primer elemento de la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada, que por sustracci\u00f3n de materia releva el estudio de los dem\u00e1s requisitos para su configuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, hizo referencia a las pruebas recaudadas en el proceso, subrayando que de las entrevistas rendidas por el extremo pasivo se extrae que \u00ab(\u2026) el valor del contrato en ninguno de los casos fue entregado, ni tampoco se hizo entrega real y material del inmueble, como al un\u00edsono lo manifiestan los demandados, pues en primer lugar la demandada RITA ANTONIA BUENO BUENO refiere que la venta se hizo para asegurar el bienestar familiar y para pagar deudas que se hab\u00edan adquirido en la vigencia de la sociedad conyugal, el dinero fue recibido el 25 de enero de 2018, veintisiete millones de pesos, el que fue pagado por su hijo de una venta que hab\u00eda hecho de una camioneta de su propiedad que le hab\u00edan dejado a su nombre y que no le inform\u00f3 al se\u00f1or JUAN ALIPIO FLOREZ porque desde que se fue de la casa en noviembre de 2017 no respond\u00eda llamadas ni mensajes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abJERLY NATALIA FL\u00d3REZ BUENO dice que no le pag\u00f3 por el predio a su mam\u00e1, porque el pago se hizo con el dinero de su hermano, de la venta de la parte de una buseta que estaba a nombre de su hermano Andr\u00e9s. Dijo que sac\u00f3 un cr\u00e9dito de 8 trece millones que no estaban dentro del negocio primigenio y que se hizo para continuar pagando las deudas que hab\u00eda dejado su se\u00f1or padre. Adem\u00e1s, se recibi\u00f3 el interrogatorio de Jerson Andr\u00e9s Fl\u00f3rez Bueno quien adujo que no conoc\u00eda del proceso de divorcio de sus padres y que no le comentaron a su padre porque no recib\u00eda las llamadas ni ten\u00eda comunicaci\u00f3n con \u00e9l. Que el dinero lo obtuvo de una venta que se hizo de un bien que se puso a su nombre y para el cual no hab\u00eda aportado ning\u00fan precio. De los interrogatorios se evidencia que el predio contin\u00faa en poder de la se\u00f1ora Rita Antonia quien es la que realiza todas las actividades\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, refiriendo que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia (cas. Marzo 26\/1985, mayo 10\/2000, exp. 5366), se\u00f1al\u00f3 que: \u201c\u2026es necesario que: los indicios y las conjeturas tengan el suficiente m\u00e9rito para fundar en el Juez la firme convicci\u00f3n de que el negocio es ficticio; lo cual s\u00f3lo ocurrir\u00e1 cuando las inferencias o deducciones sean graves, precisas y convergentes. Vale decir, la prueba debe ser completa, segura, plena y convincente; de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume en los negocios (In dubio benigna interpretatio ad hibenda est ut magis negotium valeat quam pereat)\u201d, es decir, que cuando se acude a la declaraci\u00f3n de la figura de la simulaci\u00f3n, la prueba, as\u00ed sea la indiciaria, debe ser suficiente para derribar la presunci\u00f3n de sinceridad y seriedad de los negocios jur\u00eddicos bilaterales celebrados, circunstancia que como se dej\u00f3 advertido acontece en este caso concreto, precisamente porque los interrogatorios de parte efectuados a las demandadas lo confirman, adem\u00e1s de las dem\u00e1s probanzas arrimadas\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo transcrito, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la providencia reprochada se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Frente a las cr\u00edticas formuladas por v\u00eda de tutela sobre la forma en que los jueces efect\u00faan la valoraci\u00f3n de las pruebas, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. 2016, rad. 00696-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que el fallo acusado no constituye una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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