STC4737-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01792-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Terravilla S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma capital, as\u00ed como los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00b0 2022-00346. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abpresent\u00f3 demanda declarativa en contra de la sociedad JJME COLOMBIA S.A.S.\u00bb, la cual admiti\u00f3 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 18 de agosto de 2022, ordenando \u00abnotificar a la parte demandada de conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 8 de la Ley 2213 de 2022\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 29 de agosto de 2022 procedi\u00f3 a realizar la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica del auto admisorio (\u2026), mediante el servicio de correo electr\u00f3nico certificado de Servientrega\u00bb, y con la respectiva comunicaci\u00f3n, adjuntando \u00abauto admisorio, demanda y sus respectivos anexos\u00bb, y al establecerse que la parte demandada \u00abguard\u00f3 silencio\u00bb, solicit\u00f3 \u00abse tuviera por no contestada la demanda y, en consecuencia, se profiriera sentencia anticipada\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 12 de octubre de 2022, el juzgado [dispuso que] no tiene en cuenta la notificaci\u00f3n personal\u00bb, por lo que interpuso recurso de reposici\u00f3n el cual fue decidido favorablemente, pues \u00abpor auto del 24 de octubre de 2022 (\u2026) tuvo por no contestada la demanda y program\u00f3 fecha y hora para la audiencia inicial\u00bb. <\/p>\n
Que el 25 de octubre de 2022, \u00abmisma fecha en que se notific\u00f3 el auto del 24 de octubre, el demandado le confiri\u00f3 poder al abogado para asumir su representaci\u00f3n\u00bb, siendo ello \u00abprueba de que el demandado ya estaba enterado y debidamente vinculado al proceso, pues estaba incluso realizando la respectiva vigilancia judicial sobre el mismo\u00bb, pues, \u00aba tan solo 1 d\u00eda de notificado el auto del 24 de octubre de 2022, el apoderado del demandado present\u00f3 la solicitud de nulidad\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abcopia de la solicitud de nulidad fue enviada al correo electr\u00f3nico del apoderado de la demandante, lo que demuestra que el demandado -desde el momento de la notificaci\u00f3n personal- tuvo acceso a la demanda (ac\u00e1pite de notificaciones) y a los memoriales subsiguientes que envi\u00f3 el extremo activo\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abpor auto del 01 de febrero de 2023, el juzgado neg\u00f3 la nulidad\u00bb, y en virtud al recurso de apelaci\u00f3n que su contraparte interpuso, \u00abpor auto del 24 de marzo de 2023, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la anterior providencia, y, en consecuencia, decret\u00f3 la nulidad\u00bb, se\u00f1alando \u00abque en la notificaci\u00f3n desplegada no se hab\u00eda especificado la fecha de la providencia y la advertencia de cu\u00e1ndo se consideraba surtida la misma\u00bb. <\/p>\n
Que el ad quem, actu\u00f3 en contrav\u00eda de lo previsto en la normativa aplicable, en particular, \u00abel art\u00edculo 8 de la Ley 2213 [el cual] se\u00f1ala expresamente que la notificaci\u00f3n personal no requiere env\u00edo de citatorio o aviso f\u00edsico, lo que excluye los requisitos del CGP\u00bb, aunado a que \u00abpresumi\u00f3 inconstitucionalidad [de la disposici\u00f3n en cita], con fundamento en una supuesta omisi\u00f3n legislativa relativa (\u2026), y acto seguido, se aventur\u00f3 a realizar una integraci\u00f3n o adici\u00f3n normativa (para lo cual carece de competencia)\u00bb y \u00abentremezcl\u00f3 las disposiciones de la Ley 2213 de 2022 (art\u00edculo 8) con las del C\u00f3digo General del Proceso (art\u00edculos 291 y 292), a pesar de que la jurisprudencia de la Sala [de Casaci\u00f3n] Civil de las Corte Suprema de Justicia ha hab\u00eda determinado la coexistencia pero autonom\u00eda de ambos cuerpos normativos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse deje sin efectos el auto del 24 de marzo de 2023, proferido por [la colegiatura acusada], dentro del proceso con radicado 11001310300820220034601\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n refutada, manifest\u00f3 que la misma \u00abse adopt\u00f3 con estricto apego a los lineamientos sustanciales y procesales\u00bb, y que por ello la presente acci\u00f3n deb\u00eda ser denegada. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, envi\u00f3 el link para acceder al respectivo expediente digital. <\/p>\n
3. JJME Colombia S.A.S., se opuso a lo pretendido, aseverando \u00abpor no encontrarse vulnerado ning\u00fan derecho fundamental y menos a\u00fan existir una v\u00eda de hecho por parte del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al momento de declarar la nulidad de lo actuado por indebida notificaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 133 y siguientes del C.G.P., menos cuando dicha decisi\u00f3n no se torna absurda o arbitraria, sin que pueda o deba la Accionante imponerle su interpretaci\u00f3n de las normas procesales al fallador\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado, por regla general, que el referido auxilio no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizada la revisi\u00f3n a los argumentos de la presente queja constitucional y con vista en la informaci\u00f3n que brindan las pertinentes piezas procesales, la Sala establece que el amparo deprecado est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que la decisi\u00f3n criticada constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
3.1. De la coexistencia de reg\u00edmenes para la notificaci\u00f3n personal y exigencias para pr\u00e1ctica virtual. <\/p>\n
Para contextualizar el an\u00e1lisis, es menester recordar que la decantada jurisprudencia de esta Corte ha definido que en trat\u00e1ndose de la notificaci\u00f3n personal, a partir de la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020, replicado en la Ley 2213 de 2022, la parte interesada en practicar dicho medio de enteramiento procesal, \u00abtiene dos posibilidades (\u2026). La primera, notificar a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, como lo prev\u00e9 el canon 8\u00b0 de ese compendio normativo. Y, la segunda, hacerlo de acuerdo con los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso. Dependiendo de cu\u00e1l opci\u00f3n escoja, deber\u00e1 ajustarse a las pautas consagradas para cada una de ellas, a fin de que el acto se cumpla en debida forma\u00bb (CSJ STC7684-2021, 24 jun., rad. 00275-01). <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dilucidado controversias suscitadas en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de los dos sistemas de notificaci\u00f3n personal, esto es, el inicial que regula el estatuto adjetivo y que imperaba cuando el servicio de administraci\u00f3n de justicia era exclusivamente \u00abpresencial\u00bb, y el \u00abvirtual\u00bb que se implement\u00f3 tras la pandemia, conforme al uso de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (TIC), se\u00f1alando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en los tiempos que corren, es necesario armonizar tales reglas con el uso de las TIC, pues es evidente que en el lapso en el que estuvo vigente la emergencia sanitaria que provoc\u00f3 el Covid 19, los usuarios de la justicia, en la mayor\u00eda de las veces, no pudieron acceder a los despachos judiciales. O, en las actuaciones que se desarrollar\u00e1n hacia el futuro, algunos ciudadanos querr\u00e1n interrelacionarse con sus jueces sin necesidad de asistir a las sedes f\u00edsicas. <\/p>\n
2. La principial\u00edstica1 y la teleolog\u00eda de las m\u00e1ximas contempladas en los art\u00edculos 291, 292 y 91 del C\u00f3digo General del Proceso permiten sostener que tales normas procuran por que la parte demandada o el sujeto convocado, en \u00faltimas, conozca (i) de la existencia del proceso; (ii) del contenido del auto de apertura o que lo llam\u00f3 a juicio; y, (iii) de la demanda y de sus anexos. <\/p>\n
As\u00ed, cuando los plazos para que se concreten tales actuaciones fenezcan, inmediatamente empezar\u00e1 el t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia notificada y comenzar\u00e1, seg\u00fan corresponda, a correr el plazo de traslado para contestar la demanda, presentar excepciones de m\u00e9rito o realizar cualquiera de las actuaciones permitidas por la ley en dicho periodo. <\/p>\n
Con ese marco como faro, es posible armonizar las referidas disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso con las nuevas pr\u00e1cticas judiciales a trav\u00e9s de la virtualidad que incorpor\u00f3 el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, pues no existe discusi\u00f3n que los tr\u00e1mites de notificaci\u00f3n personal y por aviso (arts. 291 y 292) siguen vigentes, que sus reglas no se entremezclan con la nueva y aut\u00f3noma forma de notificar mediante mensaje de datos (art. 8 del decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2022), y habr\u00e1 que reconocer que el asistir a la secretar\u00eda del despacho judicial a retirar la copia de la demanda y sus anexos (art. 91), en adelante, no ser\u00e1 obligatorio y, por tanto, podr\u00e1 realizarse dicha actuaci\u00f3n mediante la interacci\u00f3n remota de los ciudadanos con sus jueces\u00bb (CSJ STC8125-2022, 29 jun., rad. 01944-00). Destaca la Sala. <\/p>\n
En reciente pronunciamiento, adem\u00e1s de afianzar la posibilidad de opci\u00f3n que tienen los sujetos procesales para realizar la notificaci\u00f3n personal, la Sala se pronunci\u00f3 sobre los canales de notificaci\u00f3n y otros aspectos atinentes a la notificaci\u00f3n virtual, refiriendo sobre las exigencias jur\u00eddicas para su realizaci\u00f3n y demostraci\u00f3n probatoria, que: <\/p>\n
\u00abAl margen de la discrecionalidad otorgada para que los litigantes designen sus canales digitales, la ley previ\u00f3 algunas medidas tendientes a garantizar la efectividad de las notificaciones personales electr\u00f3nicas -publicidad de las providencias-: <\/p>\n
i). En primera medida -y con impl\u00edcitas consecuencias penales- exigi\u00f3 al interesado en la notificaci\u00f3n afirmar \u00abbajo la gravedad de juramento (\u2026) que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar\u00bb; adem\u00e1s, para evitar posibles discusiones, consagr\u00f3 que ese juramento \u00abse entender\u00e1 prestado con la petici\u00f3n\u00bb respectiva. <\/p>\n
ii). En segundo lugar, requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de la parte tendiente a explicar la manera en la que obtuvo o conoci\u00f3 del canal digital designado. <\/p>\n
iii). Como si las dos anteriores no resultaran suficientes, impuso al interesado el deber de probar las circunstancias descritas, \u00abparticularmente\u00bb, con las \u00abcomunicaciones remitidas a la persona por notificar\u00bb. <\/p>\n
De lo expuesto, no queda duda que las partes tienen la libertad de escoger los canales digitales por los cuales se comunicar\u00e1n las decisiones adoptadas en la disputa, sea cual sea el medio, siempre que se acrediten los requisitos legales en comento, esto es, la explicaci\u00f3n de la forma en la que se obtuvo -bajo juramento, por disposici\u00f3n legal- y la prueba de esas manifestaciones a trav\u00e9s de las \u00abcomunicaciones remitidas a la persona por notificar\u00bb. <\/p>\n
Tampoco hay vacilaci\u00f3n al indicar que esa elecci\u00f3n, al menos en la etapa inicial del proceso, compete al demandante quien debe demostrar la idoneidad del medio escogido, sin perjuicio de que se modifique en el curso del proceso, conforme lo permiten los numerales 5\u00b0 de los art\u00edculos 78 y 96 del C\u00f3digo General del Proceso y el canon 3\u00b0 de la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
(\u2026) Para la satisfacci\u00f3n de esa carga demostrativa, el legislador no dispuso solemnidad alguna, raz\u00f3n por la que se cumple mediante cualquiera de los medios de prueba enlistados en el canon 165 del C\u00f3digo General del proceso, incluidos, por supuesto, \u00abcualesquiera otros medios que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez. <\/p>\n
(\u2026) Ahora, sobre la forma de acreditar el acuse de recibo \u2013que no es otra cosa que la constataci\u00f3n de que la misiva lleg\u00f3 a su destino- amerita reiterar que el legislador no impuso tarifa demostrativa alguna, de suerte que, como se dijo, existe libertad probatoria, bien sea en el tr\u00e1mite de nulidad o por fuera de \u00e9l. (\u2026)\u00bb (CSJ 16733-2022, 14 dic., rad. 00389-01). <\/p>\n
3.2. Del yerro espec\u00edfico de procedibilidad. <\/p>\n
3.2.1. Preliminarmente, la Sala encuentra que como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite incidental de nulidad planteado dentro del pleito ordinario, el juzgador de segundo grado, mediante auto del 24 de marzo de 2023 resolvi\u00f3 \u00abrevocar el auto proferido por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 01 de febrero de 2023\u00bb, para en su lugar, \u00abdeclarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 24 de octubre de 2022, por configurarse la causal prevista en el art\u00edculo 133.8 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conforme la documentaci\u00f3n que milita en el dossier, se observa que Teravilla S.A.S., opt\u00f3 por enviar a su contraparte la notificaci\u00f3n prevista en el articulo 8\u00b0de la Ley 2213 de 2022 (\u2026). Empero, si bien con la regulaci\u00f3n nov\u00edsima no se subsumi\u00f3, derog\u00f3 o siquiera modific\u00f3 el tr\u00e1mite previsto en las disposiciones 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cierto es que, a juicio del Tribunal, las normas procedimentales que rigen la materia deben estudiarse de manera arm\u00f3nica y con miras a garantizar el derecho al debido proceso y la contradicci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
As\u00ed, con sustento en la premisa precedente, se tiene que como el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022 no indic\u00f3 textualmente los requisitos que debe contener el acto de intimaci\u00f3n para agotarse en debida forma, habr\u00e1 de volverse sobre la ley procesal general, para concluir que los datos m\u00ednimos de que debe contener una notificaci\u00f3n, cualquiera sea la forma en que se evac\u00fae, son los siguientes: i) el juzgado que conoce del asunto, ii) la naturaleza del proceso, iii) el nombre de las partes, iv) la fecha de la providencia que debe ser comunicad y v) la advertencia de cu\u00e1ndo se considera surtida la misma. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se debe adjuntar la copia de la providencia, el escrito de demanda y los anexos que compongan su traslado. <\/p>\n
Con soporte en lo apenas dicho, err\u00f3 la Juez de primera instancia al denegar la nulidad y continuar con el tr\u00e1mite del proceso, [en tanto que], en la misma que se remiti\u00f3 al buz\u00f3n jameespi@yahoo.com, el cual se obtuvo del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 de la empresa JJME Colombia S.A.S., (\u2026) Terravilla S.A.S., le puso de presente (\u2026), que en su contra se adelantaba un \u201cPROCESO DECLARATIVO VERBAL DE MAYOR CUANT\u00cdA\u201d en el Juzgado 008 Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u201d cuyo demandante y demandado son las referidas personas jur\u00eddicas. <\/p>\n
Sin embargo, en el mensaje al que se alude, omiti\u00f3 la parte actora manifestar, como se afirm\u00f3 en precedencia, la fecha de la decisi\u00f3n que se le notificaba y el momento puntual en la cual se le entender\u00eda por intimado al juicio al cual se le convoc\u00f3. <\/p>\n
Finalmente, sobre los anexos, baste recordar que con la comunicaci\u00f3n se indic\u00f3 que, para ilustraci\u00f3n de la demandada, se adjuntaban los siguientes documentos: [demanda, poder, poder, mensaje de datos, anexos de la demanda y auto admisorio]\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
3.2.2. Seg\u00fan lo que acaba de verse, aunque la colegiatura accionada -actuando en sala unitaria de decisi\u00f3n-, reconoci\u00f3 que \u00aben la actualidad y con avenimiento de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n, existen dos modos de notificaci\u00f3n\u00bb, y que la actora eligi\u00f3 la prevista en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, entendi\u00f3 que no era aut\u00f3noma para otorgar validez a dicho acto procesal, sino que, en su sentir, deb\u00eda acompasarse con las exigencias que prev\u00e9 el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El anterior razonamiento se muestra improcedente porque, a tono con los pronunciamientos jurisprudenciales antes descritos, son dos los sistemas de notificaci\u00f3n y aunque el objetivo fundamental de ambos es que el demandado conozca la existencia del proceso, el contenido del auto admisorio, el de la demanda y sus anexos, son independientes y por ello, para su consolidaci\u00f3n, no se ci\u00f1en estrictamente a las mismas exigencias de ese acto procesal. <\/p>\n
Para el caso revisado, la finalidad en comento se satisfizo a cabalidad, comoquiera que el mensaje de datos que la actora -a trav\u00e9s de su representante judicial- dirigi\u00f3 a la demandada, se hizo sin desconocer lo antedicho, pues adem\u00e1s de que el respectivo mensaje enunci\u00f3 la informaci\u00f3n echada de menos por el tribunal, esta reposaba en los documentos remitida a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico de la sociedad demandada conforme a la norma que para tal prop\u00f3sito acogi\u00f3 la actora. <\/p>\n
Ciertamente, de cara a la notificaci\u00f3n bajo la modalidad elegida en el sub lite, para su verificaci\u00f3n s\u00f3lo era dable exigir los requisitos contemplados en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, el cual, en lo pertinente, precept\u00faa: <\/p>\n
\u00abLas notificaciones que deban hacerse personalmente tambi\u00e9n podr\u00e1n efectuarse con el env\u00edo de la providencia respectiva como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificaci\u00f3n, sin necesidad del env\u00edo de previa citaci\u00f3n o aviso f\u00edsico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviar\u00e1n por el mismo medio. <\/p>\n
El interesado afirmar\u00e1 bajo la gravedad del juramento, que se entender\u00e1 prestado con la petici\u00f3n, que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informar\u00e1 la forma como la obtuvo y allegar\u00e1 las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. <\/p>\n
La notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. <\/p>\n
Para los fines de esta norma se podr\u00e1n implementar o utilizar sistemas de confirmaci\u00f3n del recibo de los correos electr\u00f3nicos o mensajes de datos. <\/p>\n
Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n, la parte que se considere afectada deber\u00e1 manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enter\u00f3 de la providencia, adem\u00e1s de cumplir con lo dispuesto en los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
Esto, bajo el entendido de que el inciso 5\u00b0 del canon 6\u00b0 de la precitada ley de 2022, se\u00f1ala que \u00absalvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibir\u00e1 notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simult\u00e1neamente deber\u00e1 enviar por medio electr\u00f3nico copia de ella y de sus anexos a los demandados\u00bb. Es decir, en el r\u00e9gimen de notificaci\u00f3n personal seleccionado, el env\u00edo de la demanda y anexos s\u00f3lo se exige cuando no se hubiere remitido al momento que se instaur\u00f3 la correspondiente acci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden, si la actora recurri\u00f3 a la notificaci\u00f3n personal de la demandada mediante el tr\u00e1mite regulado por la Ley 2213 de 2022, y para surtirla no se apart\u00f3 de las exigencias all\u00ed establecidas, deviene inviable atender los reparos que plante\u00f3 el fallador ad quem para declarar la nulidad procesal, pues, se itera, estos hacen parte de los que debe contener la \u00abcomunicaci\u00f3n\u00bb prevista en art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, y, por ende, a la otra modalidad de notificaci\u00f3n personal que no eligi\u00f3 la interesada para obtener la vinculaci\u00f3n de su contraparte. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, la supuesta omisi\u00f3n enrostrada a la actora respecto a \u00abla fecha de la decisi\u00f3n que se le notificaba\u00bb, se muestra infundada y s\u00f3lo configura un condicionamiento que adem\u00e1s de no estar contemplado en la norma, deviene inocuo o superfluo, pues para conocer la data del auto, s\u00f3lo basta revisar ese documento por estar anexado al mensaje de datos diligenciado el 29 de agosto de 2022. <\/p>\n
3.2.3. Ahora, sobre el momento a partir del cual se entiende surtida la notificaci\u00f3n que eligi\u00f3 la hoy tutelante y por ende la manera en que debe computarse el t\u00e9rmino para responder la demanda, esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La ley 2213 de 2022, por cierto, replica en su inciso tercero una regla compuesta de dos partes, la primera id\u00e9ntica a la que consagraba el Decreto 806 de 2020 (\u00abLa notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje\u00bb), y la segunda con ciertas modificaciones, orientadas a que el c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos de traslado inicie a partir del momento en que \u00abel iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje\u00bb. <\/p>\n
Como puede verse, en ambos casos la pauta legal diferencia dos fen\u00f3menos muy distintos: la notificaci\u00f3n personal de una providencia que est\u00e1 sujeta a esa especial forma de enteramiento, y el hito inicial del t\u00e9rmino de traslado de la demanda, es decir, el punto de partida del plazo que confiere la ley al demandado para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, prima facie, ambos segmentos de la norma estar\u00edan llamados a operar de forma concatenada; primero se materializa una forma especial de notificaci\u00f3n personal \u2013dos d\u00edas despu\u00e9s del env\u00edo del mensaje\u2013, y a rengl\u00f3n seguido inicia a discurrir el traslado pertinente. No obstante, esa sistem\u00e1tica solo resulta admisible en tanto el demandado tenga a su disposici\u00f3n una copia de la demanda formulada en su contra y sus anexos, pues sin el conocimiento de esas piezas del expediente no es posible concebir una estrategia de defensa arm\u00f3nica con las exigencias del debido proceso. <\/p>\n
Naturalmente que tanto el Decreto 806, como la Ley 2213 (art\u00edculos 6-4 y 6-5, respectivamente), suponen que la demanda y sus anexos fueron remitidos a la parte convocada \u2013por medios electr\u00f3nicos o f\u00edsicos\u2013 antes del inicio del juicio, y con base en esa suposici\u00f3n, consideran suficiente con ponerle de presente el auto admisorio o el mandamiento de pago en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8-3 de esos estatutos, otorgando adem\u00e1s dos d\u00edas h\u00e1biles, siguientes al env\u00edo del mensaje, como lapso prudente para presumir \u2013de derecho\u2013 que el destinatario conoci\u00f3 su contenido . <\/p>\n
Pero como existen m\u00faltiples eventos en los que la parte actora puede obviar \u2013l\u00edcitamente\u2013 la remisi\u00f3n de ese mensaje previo, es imperativo conceder al convocado un lapso prudencial para que solicite y obtenga la informaci\u00f3n que requiere para defenderse. En esos eventos, la parte se considerar\u00e1 cabalmente notificada de la existencia del proceso apenas se verifiquen los supuestos previstos para ello, pero el t\u00e9rmino de traslado solo se contabilizar\u00e1 a partir del d\u00eda siguiente a aquel en el que se le garantice acceso efectivo a la demanda y sus anexos. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, pueden extraerse tres conclusiones principales. <\/p>\n
(i) El art\u00edculo 8-3 del Decreto 806 de 2020 (as\u00ed como la norma \u00eddem de la Ley 2213 de 2022) consagra un modo sustituto de notificaci\u00f3n personal, que se hace efectivo mediante \u00abel env\u00edo de la providencia [a notificar] como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio que suministre el interesado\u00bb, debi\u00e9ndose entender surtido su enteramiento transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir del env\u00edo del mensaje, t\u00e9rmino que el legislador estim\u00f3 suficiente para garantizar la lectura del mensaje por parte del demandado, hasta entonces ajeno por completo a la controversia judicial. <\/p>\n
(ii) Tan pronto se surta la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago, bien sea por la senda indicada previamente, o por las que prev\u00e9n los art\u00edculos 291, 292 o 301 del C\u00f3digo General del Proceso, iniciar\u00e1 el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de traslado de la demanda, a condici\u00f3n de que la persona notificada haya tenido acceso efectivo a la demanda y sus anexos. <\/p>\n
(iii) En caso contrario, es decir, si el demandado fue efectivamente notificado de la primera providencia del proceso, pero desconoce el contenido de la demanda formulada en su contra y de sus documentos anexos, podr\u00e1 solicitar al juzgado \u00abla entrega, en medio f\u00edsico o como mensaje de datos, de copia de la demanda y sus anexos\u00bb, en los t\u00e9rminos del canon 91 del C\u00f3digo General del Proceso. En esos eventos, el t\u00e9rmino de traslado solamente correr\u00e1 a partir del d\u00eda h\u00e1bil siguiente a aquel en el que se suministraron las referidas piezas del expediente a la parte recientemente noticiada\u00bb (CSJ STC10689-2022, 17 ago., rad. 00203-01). <\/p>\n
Sobre el mismo punto, posteriormente precis\u00f3 que a fin de llevar a cabo el procedimiento de notificaci\u00f3n siguiendo las pautas previstas en la Ley 2213 de 2022, tal disposici\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) consagr\u00f3 una serie de medidas tendientes a garantizar la efectividad de una notificaci\u00f3n m\u00e1s c\u00e9lere y econ\u00f3mica, pero con plenas garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n para el demandado. <\/p>\n
i). Como ya se vio, la primera de ellas fue la de exigir al libelista que en su demanda cumpliera las tres cargas descritas en precedencia, esto es, el juramento relativo a que el canal escogido es el utilizado por el demandado, la explicaci\u00f3n de la forma en la que lo obtuvo y la prueba de esa circunstancia. <\/p>\n
ii). La segunda, consisti\u00f3 en otorgar al juez la facultad de verificar la \u00abinformaci\u00f3n de las direcciones electr\u00f3nicas o sitios de la parte por notificar que est\u00e9n en las (\u2026) entidades p\u00fablicas o privadas, o utilizar aquellas que est\u00e9n informadas en p\u00e1ginas web o en redes sociales\u00bb (Par\u00e1grafo 2\u00b0 del art. 8 ibidem). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
iii). La tercera, relacionada con el deber de acreditar el \u00abenv\u00edo\u00bb de la providencia a notificar como mensaje de datos al canal elegido por el demandante. En \u00faltimas, es de esa remisi\u00f3n que se deriva la presunci\u00f3n legal contenida en el canon en cita, esto es, que (\u2026): <\/p>\n
\u00abLa notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje\u00bb (Subrayado y resaltado propios) <\/p>\n
Al respecto, no sobra precisar que una cosa es el momento en el que se entiende surtido el enteramiento -dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo de la misiva- y otra distinta es el inicio del t\u00e9rmino derivado de la providencia notificada que puede verse afectado si se demuestra que el destinatario no recibi\u00f3 el mensaje de datos. (\u2026) <\/p>\n
iv. Tambi\u00e9n se consagr\u00f3 la posibilidad que tienen las partes de \u00abimplementar o utilizar sistemas de confirmaci\u00f3n del recibo de los correos electr\u00f3nicos o mensajes de datos\u00bb, obvia resaltar, sin limitarse al correo electr\u00f3nico como canal de comunicaci\u00f3n posible. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento, aval\u00f3 la opci\u00f3n de \u00abhacer uso del servicio de correo electr\u00f3nico postal certificada y los servicios postales electr\u00f3nicos definidos por la Uni\u00f3n Postal Universal -UPU- con cargo a la franquicia postal\u00bb. <\/p>\n
v. Finalmente, como una de las medidas m\u00e1s garantistas del derecho de defensa y contradicci\u00f3n del demandado, el legislador opt\u00f3 por salvaguardar expresamente el derecho que asiste al destinatario de la notificaci\u00f3n, de ventilar sus eventuales inconformidades con la forma en que se surti\u00f3 el enteramiento mediante la v\u00eda de la solicitud de declaratoria de nulidad procesal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de lo expuesto no queda duda que el demandante debe cumplir unas exigencias legales con el objetivo de dar convicci\u00f3n sobre la idoneidad y efectividad del canal digital elegido, actividad sobre la cual el juez tiene facultades oficiosas de verificaci\u00f3n. Tampoco hay inconveniente en afirmar que para la notificaci\u00f3n personal por medios electr\u00f3nicos es facultativo el uso de los sistemas de confirmaci\u00f3n del recibo de los distintos canales digitales y del servicio de correo electr\u00f3nico postal certificado. Igualmente, no hay problema en admitir que -por presunci\u00f3n legal- es con el env\u00edo de la providencia como mensaje de datos que se entiende surtida la notificaci\u00f3n personal y, menos, con reconocer que no puede iniciar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino derivado de la determinaci\u00f3n notificada si se demuestra que el destinatario no recibi\u00f3 la respectiva comunicaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC16733-2022, 14 dic., rad. 00389-01). <\/p>\n
Seg\u00fan las anteriores premisas, la otra \u00abfalencia\u00bb que la sala enjuiciada endilga a la notificaci\u00f3n, atinente a que no se indic\u00f3 \u00abel momento puntual en la cual se le entender\u00eda por intimado\u00bb, se advierte que independientemente de que esa informaci\u00f3n tambi\u00e9n consta en el auto admisorio puesto en conocimiento de la demandada, es inconducente exigirle a la parte actora que le advierta a su contraparte a partir de cu\u00e1ndo se contabilizar\u00eda el t\u00e9rmino para que ejercer su defensa. <\/p>\n
Esto, porque en trat\u00e1ndose de una situaci\u00f3n legalmente reglada, no puede resultar ajena al litigante, m\u00e1xime cuando por la naturaleza y cuant\u00eda del asunto, su concurrencia demanda acreditar el derecho de postulaci\u00f3n, raz\u00f3n de m\u00e1s para recordar el principio de derecho seg\u00fan el cual, el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa. Aunado a ello, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, ha sido prol\u00edfica en reiterar su adecuado entendimiento. <\/p>\n
3.2.4. As\u00ed, resulta contrario al derecho fundamental al debido proceso de la accionante, que el tribunal, a fin de otorgar validez y eficacia a la notificaci\u00f3n personal realizada al interior del litigio, disponga gestionar la renovaci\u00f3n del referido acto procesal para incluir informaci\u00f3n que la ley no exige y que est\u00e1 anexada a los documentos que remiti\u00f3 a la demandada; igualmente, por sumarle una exigencia no prevista para ese tipo de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, la autoridad convocada actu\u00f3 al margen del procedimiento al haber impuesto a la actora una carga adicional a las previstas en el ordenamiento jur\u00eddico, vulneradora de sus prerrogativas, por lo que habr\u00e1 de removerse mediante la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
Entonces, adicional a desconocer precedentes de esta Sala, el tribunal incursion\u00f3 en un defecto procedimental absoluto por no dar una interpretaci\u00f3n id\u00f3nea a la normativa adjetiva que rige el acto de notificaci\u00f3n personal, y de paso irrumpi\u00f3 en exceso ritual manifiesto, pues desconoci\u00f3 el principio de prevalencia del derecho sustancial, porque en lugar de revisar si los supuestos esbozados y las circunstancias concretas se ajustaban a lo previsto en el texto legal, opt\u00f3 por sujetarse a un riguroso formalismo, lo cual ha sido cuestionado de vieja data por la jurisprudencia, al sostener que los jueces en su labor\u00edo: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jur\u00eddico preestablecido se solucionen los conflictos de \u00edndole material. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obst\u00e1culo para la efectiva realizaci\u00f3n de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal har\u00eda \u00e9ste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administraci\u00f3n de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realizaci\u00f3n del derecho material (art. 228). <\/p>\n
<\/p>\n
De lo contrario se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material\u00bb (CC T-1306\/01). <\/p>\n
Del mismo modo, la Corte Constitucional ha dicho que se incurre en yerro procedimental cuando el juez: \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), y en suma cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Sin necesidad de ahondar en otros criterios de procedibilidad y consideraciones adicionales, se dispondr\u00e1, conforme a lo discurrido, acceder al resguardo implorado. Por tanto, se invalidar\u00e1 el prove\u00eddo del 24 de marzo de 2023 dentro del litigio adelantado por la ac\u00e1 reclamante, y se le ordenar\u00e1 al tribunal que, en el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas, emita nuevo pronunciamiento en sede de apelaci\u00f3n contra el auto proferido por el juzgado a-quo el 1\u00b0 de febrero de 2023, con observancia de las consideraciones plasmadas en el cuerpo de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por la demandante dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la providencia que profiri\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 24 de marzo de 2023 y la actuaci\u00f3n que de ella dependa, dentro del declarativo radicado bajo el n\u00b0 2022-00346. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la magistrada ponente de la decisi\u00f3n confutada, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, resuelva nuevamente el respectivo recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que desat\u00f3 el incidente de nulidad dentro del pleito antes referido, corrigiendo el yerro observado en esta excepcional sede. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 C.G.P. \u00abArt\u00edculo 12. Vac\u00edos y deficiencias del C\u00f3digo. Cualquier vac\u00edo en las disposiciones del presente c\u00f3digo se llenar\u00e1 con las normas que regulen casos an\u00e1logos. A falta de estas, el juez determinar\u00e1 la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
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STC4737-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01792-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Terravilla S.A.S. contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[62],"tags":[],"class_list":["post-73397","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73397"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73397\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}