STC4767-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4728-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00734 011 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 19 de abril de 2023 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Jos\u00e9 Tovar \u00c1lvarez contra los Juzgados Cuarenta y Nueve Civil del Circuito y Treinta y Uno Civil Municipal de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio 2019-00364. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente, vulneradas por las autoridades convocadas en el tr\u00e1mite del compulsivo n\u00b0 2019-00364 seguido en su contra. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que el 15 de octubre de 2001 gir\u00f3 el cheque n\u00b0 BN171006 a favor de Luis Enrique Gaviria Henao, esto con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n crediticia adquirida. <\/p>\n
Afirma, que pese a haber cumplido a cabalidad con el pago de la deuda en el a\u00f1o 2010, Gaviria Henao no le regres\u00f3 el aludido t\u00edtulo valor, y \u00absorpresivamente\u00bb, en el 2019 fue demandado ejecutivamente por la compa\u00f1\u00eda Financial Group GC S.A.S., quien aport\u00f3 como base del compulsivo el referido cheque. <\/p>\n
Relata, que el asunto fue asignado por reparto al Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, quien libr\u00f3 orden de apremio el 10 de abril de 2019, por lo que al enterarse del juicio se pronunci\u00f3 tachando de falso el t\u00edtulo valor, y propuso diversas excepciones, entre ellas (i) prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria; (ii) cobro de lo no debido; (iii) fraude a la ley, entre otras. <\/p>\n
Aduce, que el 20 de febrero de 2020 el precitado despacho dispuso no dar tr\u00e1mite a la tacha de falsedad, decisi\u00f3n confirmada por el ad quem el 28 de febrero de 2023. <\/p>\n
Agrega, que el 25 de agosto de 2021 fueron resueltos desfavorablemente los medios de defensa que plante\u00f3 por lo que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue refrendada en sede de apelaci\u00f3n, por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta capital el 27 de febrero hoga\u00f1o. <\/p>\n
Advierte, que los funcionarios fustigados al proferir las citadas determinaciones desconocieron la regulaci\u00f3n prevista en el canon 269 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual constituye un defecto sustantivo. <\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se invaliden los fallos de primera y segunda instancia, y los incisos 2 al 8 del prove\u00eddo de 7 de febrero de 2020 que fue confirmado el 28 de febrero de esta anualidad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Juez Treinta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del auxilio resaltando que no se acredit\u00f3 ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela frente a decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el recaudo que origina el reclamo, defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que las providencias acusadas se soportan en la normativa aplicable al asunto. A\u00f1adi\u00f3 que este mecanismo constitucional no puede ser utilizado como una \u00abtercera instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Luis Enrique Gaviria Henao, manifest\u00f3 que el resguardo desatiende el requisito de la subsidiariedad, en la medida que \u00abno puede pretender con la acci\u00f3n de tutela revivir t\u00e9rminos que ya se encuentran fenecidos\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el promotor debi\u00f3 diferenciar la falsedad ideol\u00f3gica de la material, enfatizando que \u00abla falsedad ideol\u00f3gica no se tramitaba por la via (sic) de la excepci\u00f3n, toda vez que como su inconformidad se origina en relaci\u00f3n con el contenido del documento y no respecto de la autenticidad del mismo, el mecanismo para su controversia lo constituyen, justamente, las pruebas recaudadas dentro del proceso que permitan desvirtuar dicho contenido\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando que la determinaci\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante reiterando lo arg\u00fcido en el escrito inicial, y agreg\u00f3 diversos cuestionamientos respecto de la valoraci\u00f3n probatoria que efectuaron las autoridades acusadas al proferir las decisiones reprochadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el gestor al proferir, en sede de apelaci\u00f3n, los prove\u00eddos de 27 y 28 de febrero de 2023 en el ejecutivo n\u00ba 2019-00364-01. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra las providencias de 7 de febrero de 2020 y 25 de agosto de 2021, emitidas por el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal del mencionado lugar, fueron las determinaciones dictadas por su superior jer\u00e1rquico funcional las que definieron el asunto. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de confirmarse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Razonabilidad de las providencias acusadas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor cuestiona el auto de 28 de febrero de 2023, proferido por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que confirm\u00f3 el auto de 7 de febrero de 2020, por medio del cual el juez a quo se abstuvo de dar tr\u00e1mite a la tacha de falsedad propuesta, argumentando que no se cumpl\u00eda con lo previsto en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No obstante, la aludida autoridad para resolver tuvo en cuenta que \u00ab(\u2026) el precepto antes referido limita la legitimidad para invocar esa instituci\u00f3n jur\u00eddica por parte de a quien se le aduzca es el autor del documento, para lo cual ha establecido que \u201cLa parte a quien se le atribuya un documento, afirm\u00e1ndose que est\u00e1 suscrito o manuscrito por ella podr\u00e1, tacharlo de falso\u201d, previsi\u00f3n que resalta la necesidad de una condici\u00f3n para validad esa figura, y es que se aduzca que el creador de un documento es determinado sujeto vinculado al proceso, pero que en realidad, ello no corresponde con la realidad\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3, que \u00ab(\u2026) dentro de la contestaci\u00f3n de la demanda en modo alguno se descnoce la rubrica impuesta por el ejecutado, y por el contrario se informa que se entreg\u00f3 a Luis Enrique Gaviria Henao con la excepci\u00f3n de diligenciamiento de la fecha, cuyo espacio permaneci\u00f3 en blanco, situaci\u00f3n que denota la improcedencia de la tacha de falsedad en los terminos de la parce final del inciso 1\u00b0 del canon 270 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00abno cabe duda de la importancia que gravita sobre el instrumento crediticio sobre el cual se edific\u00f3 el proceso ejecutivo, sin embargo, la raz\u00f3n de no tramitar la tacha de falsedad obedece a la improcedencia de su interposici\u00f3n, por cuanto el sustento f\u00e1ctico narrado por la legislaci\u00f3n no encuentra asidero en el expuesto en el escrito, en tanto que no se niega la autor\u00eda del instrumento, y por el contrario la inconformidad solo se expone por el diligenciamiento arbitrario de un espacio en blanco\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Aunado a lo anterior, el convocante reprocha la sentencia de 27 de febrero hoga\u00f1o, a trav\u00e9s de la cual en sede de apelaci\u00f3n se refrend\u00f3 el fallo que despach\u00f3 desfavorablemente los medios exceptivos propuestos y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Para arribar a la anterior determinaci\u00f3n, el estrado acusado se\u00f1al\u00f3 que \u00abel deudor pretendi\u00f3 edificar su defensa en la falsedad del documento, respecto a la fecha en que se emiti\u00f3 el respectivo cheque, sin tener en cuenta que los elementos probatorios aducidos en nada ayudan a tener certeza de su tesis, relatando indicios sobre la cancelaci\u00f3n de la cuenta corriente desde el a\u00f1o 2002 y la sin raz\u00f3n de la emisi\u00f3n de un cheque para el a\u00f1o 2018, no obstante, dentro del mismo expediente se constat\u00f3 que varios de los cheques segu\u00edan en circulaci\u00f3n y a\u00fan cuando el talonario de la cuenta corriente que se exped\u00edan con los formatos se modificaban, lo cierto es que muchos de esos instrumentos nunca se entregaron a la entidad financiera. <\/p>\n
Raz\u00f3n por la cual la responsabilidad de custodia, guarda y expedici\u00f3n de los mismos reca\u00eda sobre el cuentacorrentista, para destacar la anulabilidad de los mismos, o cesar los efectos de su emisi\u00f3n con orden de no pago\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00aben gracia de discusi\u00f3n, n\u00f3tese que impediente (sic) de la fecha que all\u00ed se plasm\u00f3, conforme a las previsiones del canon 171 del C\u00f3digo de Comercio, la naturaleza del cheque concluye en que este ser\u00e1 pagadero a la vista, de donde emerge, que aun cuando la fecha de creaci\u00f3n del instrumento se haya fijado en blanco, tal como acot\u00f3 el propio censor, ese requisito, f\u00e1cilmente habr\u00eda sido saneado, por la estipulaci\u00f3n que en el canon 621 del C\u00f3digo de Comercio, esto es la presunci\u00f3n frente a la entrega del t\u00edtulo, cuya materializaci\u00f3n no se pudo establecer en el dossier, rezagando el aspecto probatorio a la literalidad del instrumento\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, hizo referencia a la caducidad de la acci\u00f3n cambiaria seg\u00fan lo estatuido el precepto 729 del C\u00f3digo de Comercio para rese\u00f1ar que \u00abno existiendo certeza sobre las alegaciones de la parte demandada en lo relativo a la expedici\u00f3n del t\u00edtulo, la data de creaci\u00f3n y\/o entrega, la falencia en el presunto diligenciamiento y la mala fe del acreedor inicial en la elaboraci\u00f3n del mismo, no es otra la suerte que pueda correr la decisi\u00f3n que la preunci\u00f3n (sic) de legalidad que cobija a los t\u00edtulos valores, fundados en su autonom\u00eda, literalidad y fuerza obligacional que le atribuye la norma\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme a lo transcrito, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el convocante, contrario a ello, las providencias censuradas se basan en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, e independientemente de que esta Sala especializada las proh\u00edje, no pueden tildarse de abiertamente caprichosas para que sean objeto de ataque en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Frente a las cr\u00edticas formuladas por v\u00eda de tutela sobre la forma en que los jueces efect\u00faan la valoraci\u00f3n de las pruebas, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. 2016, rad. 00052-01); y, de otro, que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 abr. 2016, rad. 00696-00). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que los prove\u00eddos acusados no constituyen v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al presente asunto se acumul\u00f3 la demanda de radicado n\u00b0 11001-22-03-000-2023-0735-00 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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