STC4793-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4793-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01779-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma Ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes de la acci\u00f3n popular de radicad 2019-00151. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 una acci\u00f3n popular contra Scotiabank Colpatria, por cuanto la entidad accionada no cuenta en el inmueble ubicado en la calle 19 No. 5-50 de Pereira con interprete y gu\u00eda de int\u00e9rprete de planta, se\u00f1ales visuales, sonoras y auditivas, tal y como lo ordena la ley. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 13 de enero de 2021, neg\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n, decisi\u00f3n que apelada, fue confirmada \u00edntegramente el 3 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
3. Al respecto, el gestor censura que, el Tribunal tutelado \u00abno pierde competencia, amparado art 121 CGP, pese a que dice fallar mi acci\u00f3n casi dos a\u00f1os despu\u00e9s, pese a que la ley le ordena fallar en 20 d\u00edas, art 37 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, el tutelante pretende que se ordene a la Corporaci\u00f3n cognoscente \u00abaplicar art 121 cgp, en el fallo tutelado de acci\u00f3n popular y se ordene perder competencia al incumplir todos los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que les impone la ley 472 de 1998\u00bb tambi\u00e9n, \u00abcorregir el fallo y dar claridad en derecho a quien se acciona\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala accionada respald\u00f3 lo actuado. Por su parte, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 el enlace del expediente censurado.<\/p>\n
2. Scotiabank Colpatria, se opuso a la prosperidad del amparo por cuanto el actor no acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asuntos Civiles deprec\u00f3 la improcedencia de la tutela por desatenci\u00f3n del presupuesto de la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira vulner\u00f3 el debido proceso reclamado por el accionante, toda vez que, supuestamente, desatendi\u00f3 el t\u00e9rmino previsto legalmente para dictar sentencia al interior de la acci\u00f3n popular promovida por este contra una de las sucursales del Banco Scotiabank Colpatria de radicado 2019-00151. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional invocado contra la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de octubre de 2022, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, dado que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela -4 de mayo de 2023-, se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de seis meses que se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n1. <\/p>\n
Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb2. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, la tutela tampoco cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, pues el actor no acredit\u00f3 haber alegado la perdida de competencia por inobservancia de lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, como tampoco haber solicitado la aclaraci\u00f3n o correcci\u00f3n de la sentencia por el yerro de transcripci\u00f3n se\u00f1alado, con lo cual desperdici\u00f3 la oportunidad que tuvo a su alcance para la prosperidad de sus pretensiones, omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias (CSJ STC949-2023). <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, no sobra resaltar que frente a la pretensi\u00f3n de que se deje sin efecto el fallo de segunda instancia atacado, por haber desatendiendo el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del estatuto procesal vigente, porque seg\u00fan la afirmaci\u00f3n del promotor, dicha autoridad \u00abtard\u00f3 en resolver la apelaci\u00f3n, casi dos a\u00f1os, pese a que la ley le ordena fallar en 20 d\u00edas\u00bb, la eventual mora que se pudo presentar en la definici\u00f3n de la instancia fue superada con la expedici\u00f3n de la providencia, de ah\u00ed que no exista actualmente una situaci\u00f3n de agravio que amerite adoptar una medida de protecci\u00f3n; de manera que no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda especial invocada situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb. (CSJ STC4221-2023). <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver cita CSJ STC2282-2022. <\/p>\n
2\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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