STC4794-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4794-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01791-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecisiete de mayo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quien dice representar, presuntamente vulneradas en el juicio ejecutivo de radicado 520013103003202000203 (01). <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados se establecen los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, Medinuclear S.A.S. adelanta proceso ejecutivo en contra de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Nari\u00f1o, tr\u00e1mite en el que el 17 de junio de 2021 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, conden\u00f3 a la parte ejecutada al pago de las costas procesales y dispuso la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito conforme lo establecido en el art\u00edculo 466 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.2. El 14 de octubre siguiente, entre otros, orden\u00f3 el embargo y secuestro de los veh\u00edculos de placas AVE-550, y AVK-662. <\/p>\n
2.3. Surtidos algunos tr\u00e1mites el 17 de mayo de 2022, el apoderado de la parte demandada de dicha contienda solicit\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los automotores referenciados. <\/p>\n
2.4. El 13 de junio de 2022, el juzgado del circuito cognoscente neg\u00f3 el levantamiento de las cautelas deprecadas, porque no se \u00abacredit\u00f3 que con la medida cautelar decretada [\u2026] se est\u00e9 afectando el pago del subsidio familiar, ya sea en dinero o especie, ni se demostr\u00f3 que se colocara en riesgo papable la normal operaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb. Frente a ello, el extremo pasivo de dicha causa compulsiva, interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; no obstante, con prove\u00eddo del 28 de julio de la misma anualidad mantuvo la postura y concedi\u00f3 en el efecto devolutivo el recurso de apelaci\u00f3n impetrado. <\/p>\n
2.5. El 6 de febrero de 2023 el Tribunal querellado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
3. El actor cuestiona que no se hubiera accedido al levantamiento de las medidas cautelares porque los bienes adquiridos por las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar con \u00abrecursos del 4% de la parafiscalidad [\u2026] son inembargables\u00bb; en tanto que los recursos de la Comfamiliar, \u00abno son de propiedad privada de ella misma, menos de los empleadores, por el contrario, pertenecen es a un grupo o sector especial y son los trabajadores remunerados, en tanto se entiende que no son derechos subjetivos sino colectivos\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, pretende que se deje sin efecto la providencia proferida por el Tribunal accionado el 6 de febrero de 2023, que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar de embargo y secuestro de unos veh\u00edculos y, que se ordene el levantamiento de las cautelas impuestas. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RELEVANTES RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n acusada, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto y quien dijo ser la apoderada de Medinuclear S.A.S., en escritos separados, respaldaron la legalidad del auto que se cuestiona. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende la protecci\u00f3n de los derechos de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Nari\u00f1o, presuntamente vulnerados por el Colegiado accionado, al confirmar la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el marco del proceso ejecutivo censurado. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que el promotor no est\u00e1 legitimado para instaurar la presente tutela, dado que no alleg\u00f3 poder especial, otorgado en debida forma, que la faculte a intervenir en esta causa. <\/p>\n
2.1. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n1. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la Caja de Compensaci\u00f3n familiar de Nari\u00f1o, sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto, aunque el documento precisa la autoridad accionada y los derechos invocados, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra el Tribunal convocado, lo cual impide analizar el fondo del asunto2. <\/p>\n
3. A lo anterior se suma que no se acredit\u00f3 la legitimaci\u00f3n Carlo Marcelo Marcantoni Chamorro como representante legal de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Nari\u00f1o; ello, por cuanto no est\u00e1 demostrado que este sea el representante legal actual de aquella, pues no aport\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, que para el caso de las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar es expedido por la Superintendencia de Subsidio Familiar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que, en este caso, no se acredit\u00f3, en debida forma, la legitimaci\u00f3n para interponer la tutela de la referencia en nombre de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Nari\u00f1o y, por tanto, no es procedente analizar el fondo del asunto. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares ver CSJ STC2529-2023, CSJ STC3112-2023, CSJ STC3116-2023. <\/p>\n
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