STC4823-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4823-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01962-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticuatro de mayo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Mario Alberto Restrepo Zapata instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradora General de la Naci\u00f3n, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 66601-31-03-004-2022-00186-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara: <\/p>\n
(i)- A la Magistratura confutada \u00abamparar mi acci\u00f3n popular hoy tutelada se consigne en derecho por el tutelado en que parte de la ley 982 de 2005 se dice que, si un accionado en acci\u00f3n popular DICE no tener dinero para cumplir lo ordenado en la ley 982 de 2005 art 8, entonces se le da patente de corso y se inaplica la ley\u00bb. <\/p>\n
(ii)- A la Procuradora General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo \u00abobren en derecho en esta tutela y se pronuncien a mi favor y adem\u00e1s les pido me informen d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a mi nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio, contra la administraci\u00f3n de justicia y aporten copias de TODAS MIS SOLICITUDES DE AMPARO, DONDE LES RUEGO, PIDO, SOLICTO, IMPLORO QUE ME GARANTICEN ART 29 CN, AL NO SER YO ABOGADO, PUES ME ENCUENTRO EN ESTADO DE INDEFENSI\u00d3N JUR\u00cdDICA FRENTE AL TUTELADO\u00bb. <\/p>\n
Como soporte de sus ruegos indic\u00f3 que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2022-00186 que inco\u00f3 contra el Hotel Sajonia aduciendo que no ten\u00eda \u00abgran m\u00fasculo financiero\u00bb para cumplir el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 982 de 2005, determinaci\u00f3n que apel\u00f3, pero el superior confirm\u00f3 por la misma raz\u00f3n. <\/p>\n
Pidi\u00f3 que, de no prosperar el resguardo, se le informe \u00absi debo recurrir a Superman, a los supers\u00f3nicos, a el chapul\u00edn colorado, los super sayayines o ante quien debo pedir auxilio en derecho para que se me garantice art 29 CN (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad se opusieron al resguardo y allegaron el enlace de la lid reprochada. <\/p>\n
El Defensor del Pueblo \u2013 Regional Risaralda inform\u00f3 que el actor no le ha solicitado \u00abque se le otorgue amparo de pobreza o solicitud de orientaci\u00f3n, o asistencia para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela en cuesti\u00f3n\u00bb. Agreg\u00f3 que, \u00aben aras de brindar una asesor\u00eda clara, completa, y en derecho al se\u00f1or Mario Restrepo, ya que en todas sus peticiones argumenta no ser abogado y que requiere que esta entidad lo acompa\u00f1e en sus peticiones; para los d\u00edas 19 y 24 de marzo hoga\u00f1o, se le asignaron citas con las Defensoras P\u00fablicas Luz Amparo Hincapi\u00e9 y Patricia Aristibal, respectivamente, ambas especialistas en derecho administrativo, sin que el se\u00f1or Restrepo asistiera a las mismas, ni informara sobre su inasistencia, con ello afectando a los dem\u00e1s usuarios que asisten a esta entidad, pues los horarios destinados para que fuera atendido el accionante, pudieron haber sido destinados para atender un usuario que as\u00ed lo requiriera\u00bb. <\/p>\n
El Hotel Sajonia precis\u00f3 que se \u00abdeber\u00eda entonces revisarse minuciosamente el actuar del accionante, ya que al ver la cantidad de acciones por \u00e9l incoadas, pareciera que lo que pretende es un manejo desproporcionado de un posible derecho y que lo que busca es solo intereses particulares o individuales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Anticipa la Corte el decaimiento de la salvaguarda, toda vez, que no se evidencia arbitrariedad alguna de la providencia cuestionada y porque el gestor no ha acudido ante las autoridades competentes en busca de la asesor\u00eda que anhela. <\/p>\n
1.1.- En efecto, se avizora que la sentencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira (20 feb. 2023), que convalid\u00f3 la proferida el 22 de noviembre de 2022 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, inicialmente plante\u00f3 como problema jur\u00eddico: \u00ab\u00bfAtendiendo el tama\u00f1o de la empresa accionada es razonable exigir en la prestaci\u00f3n del servicio de atenci\u00f3n al p\u00fablico la presencia de int\u00e9rpretes o gu\u00edas int\u00e9rpretes para atender la poblaci\u00f3n sordas y sordociegas?\u00bb. <\/p>\n
Para solucionar el mismo, trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 982 de 2005 y, explic\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEl \u201cprincipio de igualdad\u201d o de no discriminaci\u00f3n que el apelante invoca para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n impugnaticia debi\u00f3 desarrollarlo para dejar en evidencia el yerro que enrostra a la decisi\u00f3n de primera instancia. Recu\u00e9rdese que, si bien la acci\u00f3n popular tiene rango constitucional, y se caracteriza por la aplicaci\u00f3n del principio de congruencia flexible12, el actor tiene las cargas probatorias y de sustentaci\u00f3n propias de la codificaci\u00f3n adjetiva civil (art. 30 y 37 de la Ley 472 de 1998)\u00bb. <\/p>\n
Luego, asever\u00f3 que en el sub examine, <\/p>\n
\u00abla forma c\u00f3mo se desarroll\u00f3 el debate evidencia una pugna entre el derecho de libertad de empresa de la accionada y el derecho a la integraci\u00f3n social de las personas sordas y sordociegas. Sin embargo, atendiendo el test aplicado por la primera instancia cuya conclusi\u00f3n, anticipa la Sala, se comparte, resulta razonable la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005 atendiendo su capacidad econ\u00f3mica con base en el tama\u00f1o de la empresa de propiedad de la demandada\u00bb. <\/p>\n
Cit\u00f3 precedente de la Corte Constituci\u00f3n – C022 de 1996 – y record\u00f3 que el a quo con fundamento en el test de razonabilidad sostuvo que, <\/p>\n
\u00abexigir un convenio de int\u00e9rprete para personas con hipoacusia y un gu\u00eda int\u00e9rprete presencial para las disminuidas visuales, bajo el (\u2026) panorama de los comercios regulares (\u2026) sufrir\u00edan un fuerte rev\u00e9s en su presupuesto, al tener que asumir costos para dichas contrataciones que probablemente estar\u00edan en desuso, pero que a la postre, y en un escenario como el actual donde los comercios apenas se est\u00e1n recuperando de los efectos de la pandemia, podr\u00eda generar su desbalance econ\u00f3mico hasta el punto de un cierre\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, precisamente esas herramientas empleadas para balancear lo extremos de la lid que fueron utilizados en la primera instancia, son mecanismos que est\u00e1n encaminados \u00aba definir la aplicaci\u00f3n judicial de la norma en casos concretos, bajo par\u00e1metros sensatos y en aplicaci\u00f3n de otros principios propios de un estado social de derecho, que no se pueden anular de plano\u00bb. <\/p>\n
Esgrimi\u00f3 que el establecimiento de comercio Hotel Sajonia de propiedad de Elizabeth Guti\u00e9rrez Molina, seg\u00fan el certificado de matr\u00edcula mercantil de la citada persona natural, es del tama\u00f1o de una microempresa; entonces, \u00abatendiendo el tama\u00f1o de la empresa accionada debidamente acreditado en el anterior documento, se refuerza la tesis de la instancia anterior en el sentido de que resulta desproporcionado, de cara a su capacidad econ\u00f3mica, obligarla a asumir las cargas previstas en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, si bien, <\/p>\n
\u00ablas acciones afirmativas contenidas en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005 en favor de las personas con hipoacusia, sordas o sordociegas, no solo son exigibles del Estado o de los particulares que prestan servicios p\u00fablicos17\u201d sino que igualmente recae en cabeza \u201cde aquellas personas privadas que ofrecen servicios al p\u00fablico18\u201d, en trat\u00e1ndose de los particulares esta Colegiatura se ha detenido en el estudio de su capacidad econ\u00f3mica en especial el tama\u00f1o de la empresa como un criterio objetivo determinante para esclarecer la posibilidad de este tipo de personas para realizar los comportamientos exigidos en la citada normativa. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que en ese mismo sentido esa Corporaci\u00f3n ha expresado que la obligaci\u00f3n de garantizar \u00abel derecho colectivo a la accesibilidad tambi\u00e9n recae sobre los particulares con capacidad econ\u00f3mica suficiente para asumir la carga. Y en reciente sentencia, esto es, en la providencia SP-023 de 2023, se\u00f1al\u00f3 como un criterio de valoraci\u00f3n de medici\u00f3n objetiva el \u201ctama\u00f1o de la empresa\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, despach\u00f3 \u00abdesfavorablemente este reparo, al compartir por razonable, la conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 en la sentencia apelada. En lo relacionado con el segundo reparo, concluido como qued\u00f3 que para el caso concreto es inaplicable, por mostrarse contrario a un criterio de proporcionalidad, ordenar el cumplimiento de las medidas afirmativas establecidas en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005, deviene totalmente in\u00fatil entrar a examinar si el demandado acredit\u00f3 o no que ofrece el servicio de gu\u00eda int\u00e9rprete pues, tal como se expuso, no le era exigible tal obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que dicho prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de \u00abtercera instancia\u00bb para discutir los fundamentos de la entidad jurisdiccional en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
2.- En lo que concierne con las rogativas tendientes a que la Procuradora General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo \u00abobren en derecho en esta tutela y se pronuncien a mi favor y adem\u00e1s les pido me informen d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentar\u00e1n a mi nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio, contra la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u00bb, no pueden salir avante, toda vez que, se vislumbra que el impulsor no ha acudido ante tales autoridades a requerir las actuaciones que en este sendero especial busca, a fin de que se pronuncien al respecto en el marco de sus funciones, pedimentos que, por tanto, escapan de la \u00f3rbita constitucional, en virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que gobierna la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3.- En conclusi\u00f3n, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Mario Alberto Restrepo Zapata frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Procuradora General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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